Un “rústico-forestal” asilvestrado al frente del CNI

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ALBERTO SAIZ nació el 9 de agosto de 1953 en Cuenca. Su titulación como Ingeniero Técnico Superior de Montes y su carrera profesional representan la antítesis del cargo por el que se le biografía: Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con su formación específica, Alberto Saiz inició su trayectoria laboral en la Administración en 1982, como técnico contratado en el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). Más tarde, en 1986, se incorporó en condiciones similares a la Dirección General de Montes, Caza y Pesca de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En 1989, a los 36 años de edad, y ya como funcionario de carrera, ejerció como jefe del Servicio de Montes en la provincia de Albacete. Tras ocupar durante seis años ese destino provincial, en 1995 fue nombrado Director General de Medio Ambiente Natural, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la misma Comunidad Autónoma, unidad administrativa que en 1999 pasó a denominarse Dirección General del Medio Natural.

Tras ese itinerario curricular, vinculado de forma exclusiva a tareas medioambientales, en el año 2003 Alberto Saiz fue finalmente nombrado Consejero de Industria y Trabajo del mismo Gobierno Autonómico del que dependió a lo largo de toda su carrera profesional, respaldado por su presidente y valedor político, José Bono. Este apoyo personal tenía origen en la relación de parentesco, como primas carnales, de sus respectivas esposas.

Cuando Bono fue designado ministro de Defensa (18/04/2004), no dudó en imponer, al día siguiente de su nombramiento, a su pariente e incondicional colaborador Alberto Saiz nada menos que como factótum del CNI, frente a cualquier otra sugerencia política más razonada y razonable, decisión que se formalizó por el Real Decreto 607/2004, de 19 de abril. Aquella falta de consenso motivó que el líder de la oposición, Mariano Rajoy, arremetiera contra su nombramiento por ser la “primera vez en la democracia” que se elegía para ese cargo a un “político de partido”, recordando que “nosotros sí hablamos con el Partido Socialista cuando nombramos al director del CNI”, en referencia a Jorge Dezcallar.

La realidad es que la precipitada selección del nuevo titular de los Servicios de Inteligencia, no cumplía ninguno de los requisitos exigidos al efecto; ni siquiera el del conocimiento del idioma inglés, obligado para el entendimiento profesional al más alto nivel dentro de la Comunidad de Inteligencia internacional. De hecho, y al margen de su autoridad directa sobre el complicado entramado funcional de los Servicios de Inteligencia, su nombramiento aparejaba otras responsabilidades bien alejadas de su estricta experiencia previa:

  • Autoridad Delegada de Seguridad de la Información Clasificada OTAN (Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de abril de 2002).
  • Miembro de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia (Ley Orgánica 11/2202, de 6 de mayo, reguladora del CNI).
  • Autoridad de Inteligencia y Contrainteligencia (Real Decreto 436/2002, de 10 de mayo, que establece la estructura orgánica del CNI).
  • Director del Centro Criptológico Nacional (Real Decreto 421/2004, de 12 de mayo, regulador de CCN).
  • Miembro de la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis (Real Decreto 1194/2004, de 14 de mayo, por el que se determina la composición de las Comisiones Delegadas del Gobierno).

La inexperiencia de Alberto Saiz en cargos políticos de mayor recorrido y en el propio funcionamiento de los Servicios de Inteligencia, ha conllevado diversas controversias públicas y poco adecuadas en el entorno de la Seguridad Nacional. Algunas con derivas ciertamente reprobables dentro de una actividad que siempre se ha entendido como “política de Estado”.

Entre todas ellas, la que tuvo mayor trascendencia política, y quizás mayor malicia, fue la que alimentó en su comparecencia ante la Comisión del Congreso de los Diputados que investigaba los atentados del 11 de marzo de 2004. Con independencia del erróneo comportamiento que pudo tener el Gobierno del PP en la gestión de aquella crisis, Saiz desveló en su declaración, de forma parcial y tendenciosa, que el CNI y su antecesor en el cargo no participaron en las reuniones de alto nivel celebradas en relación con los atentados de Madrid, lo que desde luego no les eximía de ejercer todas sus funciones informativas implícitas en el caso, antes y después de los atentados. También sostuvo que el Ejecutivo de entonces (PP) podría haberlos evitado si hubiese prestado atención a los informes del CNI, manifestando: Antes del 11-S y el 11-M, las sociedades democráticas no tenían un sentimiento de falta de seguridad, pero el riesgo existía. Los Servicios de Inteligencia hicieron su trabajo y, a mi juicio, las autoridades políticas no fueron capaces de valorar suficientemente aquella información que, bien utilizada, podría haber servido para evitar estas masacres”.

Esta última valoración, técnicamente falaz y no ajustada a las competencias del cargo por su contenido político, conmocionó a la Comunidad de Inteligencia, que no entendió una implicación de tal calibre en la lucha partidista. Mariano Rajoy, presidente del PP y líder de la oposición, pidió su cese inmediato.

Pero lo más llamativo en relación con este posicionamiento partidista, sería el contrapunto que tuvo poco después con el informe “desinformador” elaborado por el CNI sobre la muerte de 17 militares españoles bajo la incógnita de que fueran alcanzados por un misil o sufrieran un accidente en Afganistán en agosto de 2005, cuando José Bono era ministro de Defensa. Aquel delicado y enturbiado asunto fue supervisado personalmente por Alberto Saiz, sin que al concluir su ciclo de dirección se hubiera podido aclarar con total certeza qué es lo que pasó con el helicóptero “Cougar” afectado. El 18 de marzo de 2009, el sargento que figuraba oficialmente como secretario del atestado de los hechos, reveló que sólo fue escolta de Bono y del teniente coronel auditor…

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También conviene recordar la desmesura mediática con la que Alberto Saiz presentó el “caso Flórez”, en una multitudinaria rueda de prensa sin parangón en toda la historia de los Servicios de Inteligencia y celebrada en sus propias dependencias. En aquella ocasión (julio de 2007), el inexperto director del CNI detuvo a uno de sus ex agentes secretos, Roberto Flórez, desvelando su identidad e imputándole “a bombo y platillo” la venta de información clasificada a una relevante potencia extranjera, lo que, para empezar, desprestigiaba claramente a su propio Departamento. Aquel, fue realmente un caso sin precedentes en el mundo del espionaje, que además creaba problemas innecesarios con un país teóricamente amigo y de gran importancia en el marco de los intereses estratégicos de España, y que tampoco llegaron a comprender ninguno de sus homólogos al frente de otros Servicios de Inteligencia.

En su comparecencia ante los medios informativos, Saiz explicó sin mayor aporte documental que, después de haberse dado de baja en enero de 2004 de forma voluntaria, el ex agente en cuestión se ofreció a un servicio de inteligencia extranjero (el ruso, según confirmaron fuentes de la propia investigación a la agencia Europa Press) a cambio de “mucho dinero” y que le filtró información clasificada relativa a la organización y procedimientos internos, actividades de contrainteligencia del CNI y “decenas de identidades de agentes españoles”. También señaló que, hasta donde sabían, Flórez no transmitió información relacionada con la lucha antiterrorista.

Tras afirmar que posiblemente el ex agente Flórez reveló los nombres de los siete agentes del CNI asesinados en Irak en noviembre de 2003, acto seguido procuró desvincularle de esas muertes, matizando que sus nombres formaron parte del “paquete” que filtró y que no existía ninguna relación con el ataque que sufrieron en Irak. Y, enredado en un auténtico despropósito informativo, Saiz añadió con gran incoherencia que hacía público el caso porque únicamente afectaba al Centro, por su trascendencia y para evitar especulaciones...

Asegurando que se atenía a los límites de reserva previstos por la ley, explicó que hacía ya dos años, en julio de 2005, después de un acontecimiento que no quiso precisar, datado en la primavera de ese año, ordenó abrir una investigación retrospectiva que llevó a la conclusión de que una serie de “indicios” sobre “fugas de información” de las actividades del Centro no eran “inconexos”, sino que conformaban “serias sospechas” de que se hubieran producido salidas de información “sensible”. “Acontecimientos aparentemente sin trascendencia indicaban que había una fuga de información, que nos llevó a un agujero de seguridad”, especificó.

Atrapado en un confuso enredo de justificaciones, Saiz concluyó: “Esto en principio es un fracaso de la institución, pero si termina bien es un triunfo y me parece que son buenas noticias”. No obstante, aquella incomprensible verbena mediática, políticamente interesada, incluyó alguna carga de profundidad todavía más reprobable.

En el colmo de su disfunción institucional y evidenciando otra vez un partidismo impropio del cargo, el director del CNI no dejó de culpabilizar del caso al PP. Según la cronología que expuso ante los medios informativos, los hechos ocurrieron en la VII Legislatura, durante el Gobierno presidido por José María Aznar y cuando al frente del CNI se encontraba su predecesor Jorge Dezcallar. Aprovechando aquella circunstancia, Saiz indicó que cuando se produjo el relevo, el tema “no estaba en la mesa”, añadiendo que las medidas de seguridad interna de entonces no estaban “a la altura” de lo que se tenía en custodia y que eso era un fracaso de la institución, que en su momento no consideró debidamente todos los riesgos potenciales.

Por su parte, el PP, sin entrar en la polémica, filtró de forma discreta que el supuesto agente doble no abandonó de forma voluntaria el CNI, como afirmó su director en la rueda de prensa, sino que fue expulsado en el año 2004. Las mismas fuentes, próximas al ex ministro Federico Trillo-Figueroa, aclararon que ya se había informado del caso al PSOE durante el traspaso ministerial correspondiente y que el presidente del PP, Mariano Rajoy, quiso contactar con el Gobierno, sin éxito alguno, para clarificar los comentarios de Saiz y obtener alguna explicación al respecto.

Otra de las partes implicada en el “caso Flórez”, el propio Estado ruso, aseguró a través de su Embajada en España que no tenía “información seria, confirmada y sólida” de que el ex agente del CNI vendiera información clasificada a sus servicios secretos, concluyendo de forma despectiva que la trama era “cosa meramente mediática”. De hecho, España no adoptó medida alguna que se correspondiera con ese flujo de información, como, por ejemplo, una llamada a consulta de su embajador en Moscú…

Pero no todas las polémicas generadas por Saiz estuvieron interesadas en la lucha partidista. Algunas enfrentaron seriamente a los propios ministros del Gobierno socialista. En este sentido destaca la fulminante respuesta dada por el entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso, a las especulaciones del CNI sobre eventuales muertes masivas de emigrantes ilegales en alta mar y a su difusión en el ámbito gubernamental, que dejaban en entredicho su conocimiento y su responsabilidad competencial en la materia, advirtiendo seriamente al presidente Rodríguez Zapatero de su disgusto por el comportamiento del Ministerio de Defensa.

Una controversia que para la opinión informada no dejó de constituir la última causa del cese de su titular, José Bono, en abril de 2006, y que ya se había visto precedida de otras diferencias de alcance interministerial, como las generadas por la falsa agresión que éste denunció a raíz de participar en una manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) el 22 de enero de 2005, manipulando algunas actuaciones policiales.

La tensión latente entre ambos ministerios se exacerbó en marzo de 2006, cuando los medios de comunicación social accedieron al alarmante informe, y no menos especulativo, que el CNI había presentado al Gobierno sobre el tema en cuestión en el precedente mes de diciembre. En él, y bajo el epígrafe “Asunto: Inmigración. Fallecimiento masivo de inmigrantes”, se explicaba que el 19 de diciembre (de 2005) el director general de Seguridad de Mauritania había reconocido la muerte de 105 inmigrantes cuando intentaban llegar en pateras a Canarias. A continuación, la nota advertía sin otro contraste que “se tiene conocimiento de que durante los últimos 45 días entre 2.000 y 2.500 inmigrantes se habrían embarcado en piraguas con el objetivo de llegar a las islas, de los cuales sólo unos 800 ó 900 lo habrían conseguido, lo que supondría que entre 1.200 y 1.700 se habrían ahogado en el Atlántico”.

Conocido el documento públicamente, la Guardia Civil alegó que no había sido elaborado por miembros del Cuerpo y que el subdirector de Operaciones, general García Varela, se limitó a renviar su contenido a los subordinados con responsabilidades afectas. En cuanto a la autoría del mismo, el propio Bono dio a entender que correspondía al CNI al justificar su falta de respuesta ante los periodistas con el manido recurso del “secreto oficial”: “Sobre el contenido de la nota a que hacía referencia, el ministros no puede hablar sin cometer delito; es decir, se trata de una nota clasificada”. “Sepan que el Centro Nacional de Inteligencia informa a todas las autoridades que tiene que informar sobre aquello que sabe y son asuntos de la competencia de las autoridades receptoras de la información”, añadió.

Aún con una respuesta tan críptica, es conocido que las competencias sobre inmigración se repartían entre los ministerios de Interior, Asuntos Exteriores y Trabajo y Asuntos Sociales. Sin embargo, el ministro Alonso sostuvo que el CNI envió el documento directamente a la Guardia Civil sin pasar por su despacho, trámite habitual y especialmente adecuado cuando se trataba de asuntos graves.

Por otra parte, el informe del CNI incluía algunas recomendaciones que, siendo realmente elementales, ya se habían contemplado de oficio tras la llegada de más de 3.500 inmigrantes irregulares a Canarias apenas en un plazo de dos meses y medio. En concreto, se abogaba por la creación de “patrullas mixtas hispano-mauritanas” para vigilancia marítima, por la instalación de centros de retención en Mauritania para albergar a los inmigrantes allí concentrados y por la dotación de vehículos para transportarlos a sus países de origen. La nota concluía afirmando: “Con las anteriores medidas preventivas, Mauritania estaría dispuesta a repatriar a los inmigrantes a sus países de origen, destacando la dificultad para el caso de los de origen asiático”.

En la vorágine de aquella simple torpeza, el entonces portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Alfredo Pérez Rubalcaba, llegó a cuestionar la circulación del documento en declaraciones radiofónicas a “Onda Cero”, “porque si hubiera llegado al Gobierno, se hubiera actuado como se ha hecho ahora”. Al mismo tiempo, fuentes de La Moncloa indicaron sin embargo que el Gobierno tenía en cuenta “todos los informes, los conocidos y los no conocidos, los toma en consideración y atiende sus necesidades”, mientras otros portavoces de Presidencia del Gobierno recordaban en paralelo que Mauritania era un país soberano y que se requería su autorización tanto para atender a los subsaharianos en su territorio, como para realizar patrullas en sus aguas jurisdiccionales.

Finalmente, tras reconocer que, una vez conocido el informe, la Guardia Civil “hizo lo que tenía que hacer y se intensificaron las labores de vigilancia”,  el Ministerio del Interior restó credibilidad al trabajo del CNI, asegurando que la información “no estaba contrastada” y que procedía de fuentes “poco fiables” del Ejército mauritano, concluyendo: “¿Cómo pueden saber cuántos han salido y cuántos se han ahogado?”.

Todavía menos edificante fue el comportamiento que Alberto Saiz tuvo con la Comisión de la Eurocámara que investigaba el tema de los vuelos de la CIA para trasladar secretamente presos a Guantánamo. Carlos Coelho, eurodiputado portugués y presidente de esa Comisión, definió al director del CNI en junio de 2006 como “el peor ejemplo” posible. Coelho fue, incluso, más lejos al afirmar: “Es la única persona de esta Comisión que, después de dos meses, no nos han contestado diciendo sí o no”. Y concluyó: “No puedo aceptar la ausencia de ninguna contestación”.

Para vergüenza propia y ajena, un mes después, en julio de 2006, Alberto Saiz reconoció en el Congreso de los Diputados que el CNI no investigó los vuelos de la CIA hasta que fueron publicados en la prensa. La primera noticia sobre esos vuelos surgió en marzo de 2005 en el “Diario de Mallorca”.

Otro de los enredos protagonizados por Alberto Saiz, no menos descriptivo de su falta de rigor y consecuencia al frente del CNI, es el del desbarajuste organizativo y funcional provocado con su política de nombramientos. El periodista Casimiro García-Abadillo advirtió en “El Mundo” (19/01/2009) que desde abril de 2004 había relevado a 31 altos cargos, 20 de los cuales eran subdirectores y 11 directores técnicos.  En dicha información se precisaba que Saiz “ha nombrado y ha destituido en menos de cinco años a tres responsables de la Secretaría General (María Dolores Vilanova, Esperanza Casteleiro y Elena Sánchez), cuatro directores técnicos de Inteligencia (Miguel Sánchez, Felipe Carrera, Agustín Cassinello y Raquel Gutiérrez) y cuatro directores técnicos de Recursos (Juan Luis Repiso, Myriam Serrano, Felipe Carrera y Antonio de Cea)”.

Como el citado periodista narraba con todo lujo de detalles, esta práctica de desestabilización interna llegó a su cenit en noviembre de 2008, creando una situación realmente intolerable en un organismo sobre el que pivota la Seguridad Nacional. Sin entrar a valorar las capacidades objetivas del personal afectado, nombrar y revocar a los tres meses nada menos que al director de Inteligencia, al que había extraído previamente de su destino en Londres, y acompañando además su decisión con el cese del director de Operaciones, otro departamento clave, evidencia una ligereza impropia del cargo. Aunque quizás fuera peor haber reconocido in voce ese tremendo error ante sus propios subordinados, aumentando el trauma ambiental y confirmando su escasa capacidad de liderazgo.

Lo absolutamente cierto es que la información interesada afirmando que el cese del coronel Cassinello como director de Inteligencia del CNI se había debido a un “déficit continuado de información en la zona de Afganistán”, que “habría tenido consecuencias directas” en la comisión del atentado que costó la vida a dos soldados españoles, fue filtrada al diario “ABC” directamente por el entorno próximo de Alberto Saiz. Entonces, el propio afectado remitiría un escrito al mismo periódico intoxicado con la falsa noticia, que fue recogido en su edición del 22/11/2008 en los siguientes términos:

El mando del CNI Agustín Cassinello niega que su relevo al frente de la División de Inteligencia Contraterrorista de esta agencia responda a un “déficit continuado de información en la zona de Afganistán”, que “habría tenido consecuencias directas” en la comisión del atentado que costó la vida a dos soldados españoles. En un escrito remitido a este periódico expresa lo siguiente:

“En la edición de sábado 15 de noviembre de 2008 de este diario, en portada y en la página 14, se atribuía el cese de don Agustín Cassinello como responsable de inteligencia y contraterrorismo del CNI al atentado que recientemente costó la vida al brigada Juan Andrés Suárez García y al cabo Rubén Alonso, en Afganistán. Dicha información es errónea y carece de fundamento, siendo lo cierto que el cese de don Agustín Cassinello no ha tenido ninguna relación directa o indirecta con la comisión del atentado, o con ningún déficit de información, tal y como su periódico señalaba. El 15 de noviembre el CNI comunicó que el relevo en su cargo de don Agustín Cassinello se debe a razones de organización interna y no tiene relación alguna con el atentado a las tropas españolas en Afganistán”.

Entre los argumentos que esgrime el ya ex responsable de la División Contraterrorista del CNI están los elogios que la ministra de Defensa, Carme Chacón, hizo el pasado día 17 de la actuación de los agentes de inteligencia una vez producido el atentado. La ministra manifestó, según el escrito que Cassinello ha remitido a ABC, “que el personal de nuestros servicios de inteligencia se desplazó inmediatamente a la zona, que se ha logrado identificar al terrorista suicida y disponer de valiosa información sobre el grupo al que pertenecía”.

También califica de inverosímil esperar que “unos meses de gestión como jefe contraterrorista del CNI” -tal y como publicó ABC- “puedan superar un ‘déficit continuado de información’ sobre la situación de la guerra afgana, al punto de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha expresados en sus resoluciones más recientes su preocupación por el aumento de las actividades terroristas de los talibanes, Al Qaeda y otros grupos armados ilegalmente”.

Cassinello denuncia que la publicidad de su nombre y responsabilidad “provoca una evidente situación de riesgo para mi integridad” y causa un “daño personal y profesional”. También lamenta el que se haya podido producir a las familias de los soldados.

En cualquier caso, Alberto Saiz pudo haber pospuesto aquella decisión, imponiendo mientras tanto su autoridad en el funcionamiento interno del CNI, evitando de esa forma mayores desestímulos y frustraciones en el personal bajo su mando. Sin embargo, no quiso arriesgarse a que cualquier incidente provocado por las tensiones internas que él mismo había alimentado, abortara su posible continuidad en el cargo una vez agotado en mandato inicial de cinco años para el que había sido nombrado, que se cumpliría el inminente 20 de abril de 2009.

En esa fecha, Saiz cumplía en efecto un lustro al frente del CNI, hecho significativo porque su ley reguladora establece que dicho mandato “será de cinco años”. La limitación temporal del cargo (esa de cinco años u otra) está políticamente justificada, aunque sólo esté prevista para los de elección parlamentaria (como el Defensor del Pueblo) u otros en teoría independientes (como el Fiscal General del Estado), pudiendo el Gobierno, si lo estima conveniente, relevar al director del CNI cuando quiera y sin necesidad de mayor justificación.

Pero estando el precepto legal vigente, y siendo fruto, además, de un acuerdo parlamentario consensuado entre PP y PSOE, derivado del “síndrome Manglano” (cuya permanencia al mando del CESID durante 14 años no se consideró como una experiencia política positiva), su interpretación jurídica podía tener dos lecturas distintas. Por un lado, la de la voluntad más evidente del legislador de que el mandato sea improrrogable, y, por otro, la más interesada de permitir encadenar mandatos sucesivos titulados por una misma persona.

A raíz de que Saiz fuera culminando los cinco años de mandato al frente del CNI, también se desataron las presiones políticas en orden al nombramiento de su eventual sucesor. En el contexto de esa “guerra sucesoria”, el periodista Miguel González deslizó en “El País” (23/11/2008) sus desavenencias con Carme Chacón, ministra de Defensa de la que dependía, y también las afloradas con el propio Bono, quien ya como presidente del Congreso de los Diputados llegó a reconvenirle seriamente en la sesión de la comisión parlamentaria de secretos oficiales celebrada el 5 de noviembre de 2008.

Miguel González, también destacaba la nueva “adhesión” política de Saiz al entorno de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, con la que coincidía semanalmente en las reuniones dedicadas a tratar el problema de la inmigración, un campo de creciente interés gubernamental en el que el CNI había entrado a fondo. Aunque mucho más significativa fue la advertencia pública del cualificado periodista sobre los dosieres anónimos que entonces circulaban por los medios de opinión informada, pretendiendo salpicar al director del CNI con presuntas malversaciones de su economía.

De hecho, pocos meses después, en abril de 2009, este aparente ejercicio irresponsable del cargo fue denunciado por personal del propio CNI y publicado por “El Mundo”. La noticia se centraba básicamente en las reiteradas reformas realizadas en su domicilio particular con cargo a los fondos del CNI y en la dedicación de Alberto Saiz a las prácticas cinegéticas de alto porte, incluso más allá de nuestras fronteras, aprovechando también para ello los recursos e influencias del Centro.

El conocimiento público de estos hechos permitió al líder del PP, Mariano Rajoy, exigir de inmediato que la ministra de Defensa compareciera en el Congreso de los Diputados para dar las explicaciones correspondientes. En su primera valoración de la noticia, aseguró: “Lo publicado genera inseguridad, incertidumbre y pone en tela de juicio al máximo responsable del CNI”. Lo cierto es que con la misma diligencia Alberto Saiz fue llamado al despacho de su superiora jerárquica, manteniendo con ella una tensa reunión cuyo contenido, que se clasificó como “materia reservada”, sólo trascendió a un pequeño grupo de directivos del CNI.

En paralelo, también se produjeron algunas declaraciones emanadas del staff directivo del Centro reafirmando el comportamiento despótico de Alberto Saiz con el personal bajo su autoridad, como: “No admite ningún tipo de comentario y, a la más mínima diferencia, elimina o aparta de su cargo a cualquiera” o “el Centro se ha convertido en un coladero donde entra cualquier recomendado del señor Saiz sin preparación para el cargo”…

No obstante, es justo reconocer que bajo su cuestionado mandato se registraron también algunos aciertos en la lucha contra ETA. De hecho, en noviembre de 2008, los agentes del CNI facilitaron a la Guardia Civil información clave sobre la forma en la que el jefe militar, “Txeroki”, se comunicaba con su organización, lo que finalmente condujo a su detención. Esa información constituyó uno de los mayores aciertos de los Servicios de Inteligencia españoles en los últimos años, dentro, claro está, de un balance general negativo y a la altura de sus peores momentos, salvando el de su implicación en el golpe del 23-F.

El Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero zanjó las dudas sobre la continuidad o no de Alberto Saiz al frente del CNI el 24 de abril de 2009, mediante la sanción del Real Decreto 725/2009, disponiendo su cese por expiración de mandato, y del sucesivo Real Decret0 726/2009 por el que se le volvía a nombrar en el mismo cargo.

Tras esta redesignación, el director del CNI compareció ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados el 20 de mayo de 2009, con el fin de rechazar las irregularidades de gestión al frente del mismo de las que había sido acusado por algunos de sus más altos colaboradores a través de las páginas de “El Mundo”. Cumplido ese objetivo, reconoció no obstante que el CNI tenía un problema interno… “que tendremos que resolver”, descalificando a los agentes denunciantes con veladas amenazas de represalias internas: “Esto no se resuelve por cuestiones de discrepancias, esto es una cuestión de adhesión al proyecto”. Al mismo tiempo, insistió en que “no todo el personal del Centro está dispuesto a trabajar con ahínco, con esmero, con dedicación, como decía al principio, en sus cosas, pero esto, por un sistema de decantación natural, finalmente se va solventando”, advirtiendo que quien no estaba comprometido y disponible para el proyecto que venía desarrollando desde su acceso al cargo en abril de 2004, “se empieza a descolgar”. “Quien se queda fuera es porque lo decide él y él mismo se está auto eliminando”, concluyó.

Lo cierto es que el funcionamiento interno de los Servicios de Inteligencia volvió a quedar en entredicho, como sucedió con el “caso Flórez”, y esta vez no en el ámbito de la polémica informativa sino ante la propia sede parlamentaria. En paralelo con esta comparecencia, los medios de comunicación desvelaban también que el Gobierno de Cuba expulsaba de su territorio a un equipo de agentes del CNI destacado en el mismo para realizar un seguimiento especial de la colonia de miembros de ETA allí instalada, dado que no se había producido comunicación oficial al respecto.

A continuación, el 24 del mismo mes de mayo de 2009, la opinión pública volvía a tener noticia de otra importante dimisión dentro del CNI: la del responsable del Área de Contraterrorismo. Según se interpretó en los medios periodísticos, dicha decisión, tomada en efecto por el responsable directo de los últimos éxitos del Centro en la lucha contra ETA, se producía por su desavenencia personal con el propio Saiz. Éste no dudó en refrendar el pésimo clima de interrelaciones existente dentro de los Servicios de Inteligencia bajo su dirección, advirtiendo que se estudiaría el contenido de su carta de dimisión por si pudiera ser motivo para la apertura de un expediente disciplinario, según informó “El País” (25/05/2009).

Pero a pesar de las censuras y coacciones internas puestas en marcha para acallar las críticas contra Alberto Saiz, “El Mundo” lanzaría de inmediato una nueva andanada informativa que, por su intensidad y el alcance de sus contenidos, superaría la percepción del desbarajuste interno registrada en enero de 2009, cuando se conoció el cese de 31 de sus altos cargos. Se inició el 16 de junio de 2009, ocupando durante tres días seguidos la portada y la apertura a doble página de la información nacional, e incluyendo multitud de posiciones editoriales sobre el caso.

Además de documentar y ampliar lo ya publicado sobre las prácticas ociosas del director del CNI, se abría todo un abanico de irregularidades que en esta ocasión abarcaba desde la manipulación de fotografías que evidenciaban sus trofeos de pesca en aguas de Senegal (“Operación Photoshop”), apoyado por un notable aparato de escoltas y colaboradores, hasta la imposición de que la logística del Centro comprase la cosecha familiar de patatas, pasando por el nepotismo más flagrante en la contratación de familiares y amigos. En esta última práctica destacaba, por lo que degradaba a las instituciones afectadas, el favor laboral prestado directamente a una hija de Ramón Trillo, magistrado del Tribunal Supremo responsable de ejercer el control judicial sobre el CNI…

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Aquellas lastimosas noticias sobre el CNI se culminaban el cuarto día (19/06/2009), sacando a la luz otras dimisiones en cascada de personal clave en la lucha contra el terrorismo, nuevo ámbito “estrella” del Centro. A las de Andrés Cassinello y el jefe de Área de Contraterrorismo, ya comentadas, siguieron las de dos importantes cargos intermedios, concretamente el jefe de División y el jefe de Departamento. Con el CNI desestructurado en ese campo vital de su actividad, y con esa lamentable polémica abierta al espectáculo público, aquel mismo día se consumarían las amenazas de ETA contra el nuevo gobierno vasco presidido por Patxi López, con el asesinato del inspector de Policía Eduardo Puelles García. Quizás, dadas las circunstancias, el responsable en funciones de la lucha contra ETA en ese momento no fuera otro que el propio Alberto Saiz.

“El Mundo” quiso rematar su nuevo ciclo informativo contra el director del CNI el inmediato domingo 21 de junio, publicando un reportaje conclusivo en el suplemento “Crónica”, pero una nueva torpeza de Alberto Saiz obligó a reabrirlo el mismo lunes 22 de junio. En esta ocasión se desvelaba (en portada, doble página preferente, editorial y varias columnas de opinión) un hecho tan vergonzante como insólito en un Servicio de Inteligencia: someter a sus agentes a la “máquina de la verdad” para detectar a los “topos” informativos. Al “estupor” declarado por el propio Gobierno socialista ante tal comportamiento, se añadió el grave malestar generado por esta nueva torpeza de Saiz  sobre todo en los ámbitos de Defensa e Interior.

En cualquier caso, la carga documental aportada por “El Mundo” había sido ya tan escandalosa que, sólo con la información publicada el primer día, obligó al PP a pedir de nuevo su comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados para explicar las denuncias publicadas.

Dicha comparecencia se produjo el 22 de junio inmediato y tuvo lugar ante la conocida como “Comisión de Secretos Oficiales”, es decir “a puerta cerrada” y con la protección expresa de José Bono, su mentor político, que la presidiría en su condición de máxima autoridad del Congreso de los Diputados. Todo ello aun cuando las múltiples acusaciones vertidas contra el comportamiento personal del director del CNI, no tuvieran relación con materias “sensibles” o clasificadas.

Ese mismo día, “El Mundo” redondeaba su información al reproducir, junto a otros comentarios, un incontestable artículo de Casimiro García-Abadillo en el que se planteaban las 30 preguntas clave a las que Saiz debería dar clara respuesta durante su comparecencia parlamentaria. Como era previsible, el cuestionario quedó orillado por un monólogo reiterativo del director del CNI, empeñado en aportar copias de facturas de sus gastos personales, que quedarían custodiadas oficialmente para “consulta visual” de los miembros de la Comisión.

La realidad es que, el análisis detenido de la documentación aportada por Saiz, terminaría confirmando precisamente la auténtica tramoya de pagos, anticipos y rembolsos privativos que había montado nada menos que en la contabilidad de los Servicios de Inteligencia. Todo un enredo administrativo que serviría como cortina de humo para silenciar o despachar con medias explicaciones el resto de cuestiones denunciadas no vinculadas a sus “gastos personales” (desorganización interna, ascensos y nombramientos interesados, aplicación del polígrafo al personal del CNI, seguimiento a periodistas…).

Justo al día siguiente, la propia ministra de Defensa, Carme Chacón, tendría que reconocer en el Pleno del Congreso de los Diputados las agitadas aguas por las que navegaban los Servicios de Inteligencia: “He solicitado una información completa, de forma reservada, sobre todas las circunstancias y hechos relativos a estas acusaciones anónimas que se han dirigido contra el director del CNI”.

Por otra parte, “El País” (25/06/2009), medio informativo conocido por su proximidad al Ministerio de Defensa y al CNI, advertía: “Fuentes del Gobierno muestran su preocupación por la situación en la que se encuentran los servicios secretos. No tanto por las supuestas irregularidades que consideran que Saiz ha explicado convenientemente, como por las disputas internas que trascienden. El propio Saiz admitió el martes [23/06/2009] en la Comisión de Secretos Oficiales esas disputas. El Gobierno teme que puedan producirse fugas de información o actuaciones que puedan afectar a la eficacia del espionaje”. Al mismo tiempo publicaba una editorial titulada “El CNI es noticia”, señalando que, en efecto, existían problemas internos que su director no sabía resolver.

Quizás para corroborarlo, en esa misma edición (25/06/2009) también daba noticia, bien significativa, del “repliegue” del CNI en Marruecos, forzado por sus malas relaciones con el gobierno alauita. Un hecho ciertamente grave teniendo en cuenta que el Magreb constituye el flanco-frontera más delicado y crucial en el contexto de nuestra propia Seguridad Nacional.

Al día siguiente (26/06/2009), otra información de Miguel González publicada en el mismo periódico anticipaba que “Zapatero decidirá si destituye a Saiz cuando Chacón acabe su investigación”. En ella incluía un párrafo concluyente: Fuentes de Defensa sostienen que no hay plazo para concluir la información. Otras interpretan que el objetivo es ganar unas semanas hasta el paréntesis de las vacaciones de verano. La pregunta, por tanto, no es si Saiz será relevado, sino cuándo”. Quizás podría haberla titulado “Crónica de una muerte anunciada”.

De hecho, y tras la decisión del Gobierno de Cuba de expulsar de su territorio a un grupo de agentes del CNI con la excusa de que realizaban un seguimiento especial a miembros de ETA allí residentes sin advertir a sus servicios secretos, realizado en mayo de 2009, apenas un mes después, el domingo 28 de junio, volvía a tenerse noticia pública de una nueva “cantada” del CNI. En un reportaje a doble página, “El Mundo” titulaba: “Cuba vincula al CNI con sus purgas”. A renglón seguido pormenorizaba con todo lujo de detalles el ridículo que más puede lamentar cualquier servicio secreto: que sus agentes sean “doblados” por el objetivo al que se está espiando, dejando,  además, “vendidos” a sus confidentes.

Por su parte, “El País” profundizaba aún más en la misma herida y titulaba con una frase del propio colaborador del CNI: “El espionaje español conoce tu debilidad y se te va metiendo…”. Aclarando en los subtítulos que “el empresario Conrado Hernández, delegado del Gobierno vasco en Cuba, admite en un video que colaboró con el CNI” y que “la grabación [realizada a los agentes del CNI] sirvió para echar del poder a Lage y Pérez Roque”.

En la tramoya de lo sucedido, quedarían pendientes de aclaración lo que el CNI pudo filtrar o no filtrar a la CIA, agencia a la que presta servicios gregarios en la zona, y lo que el Gobierno cubano pudo saber y desbaratar sobre un eventual intento desestabilizador del régimen castrista… Sin duda, un mal trago para la diplomacia española, servido en bandeja de plata por sus propios Servicios de Inteligencia y por el técnico “eco-forestal” que los gobernaba como finca privativa, al estilo del caciquismo rural más recio.

Pero la “tormenta espesa” de las filtraciones internas de los Servicios de Inteligencia, inédita en toda su historia, continuaría demoliendo la figura de Alberto Saiz, arrastrando con ello la imagen del propio CNI hacia terrenos suicidas. Al día siguiente, lunes 29 de junio de 2009, “El Mundo” continuaba su destructiva campaña informativa con un titular de portada que desvelaba: “Saiz paga al policía del ‘caso Bono’ y la mochila de Vallecas”. En síntesis, su extenso reportaje, firmado por Antonio Rubio, recogía:

1.- Rodolfo Ruiz, ex comisario de Policía que fue condenado primero, y absuelto después, de un delito de falsedad documental y detención ilegal de dos militantes del PP en los incidentes que se produjeron en Madrid el 22 de enero de 2005 contra el entonces ministro de Defensa, José Bono, colabora en la actualidad con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de una empresa pantalla y cobra unos 2.000 euros mensuales de los fondos reservados del CNI, según han informado a este periódico fuentes policiales.

 

2.- Ruiz ha conseguido esa colaboración extra en el CNI, siempre según fuentes policiales, gracias a las gestiones realizadas por el que fuera ministro de Defensa y actual presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ante el director de los servicios secretos, Alberto Saiz. Fuentes del Ministerio del Interior, de donde dependía Rodolfo Ruiz hasta abril de 2007, también han confirmado a este periódico que el ex comisario “tiene una empresa que en ocasiones hace colaboraciones para el CNI”.

 

3.- EL MUNDO se ha puesto en contacto con Rodolfo Ruiz para recoger su versión sobre los hechos: “Desmiento que trabaje para el CNI y no tengo nada más que decir”. El ex comisario no quiso hacer ningún otro comentario sobre su empresa y las colaboraciones que está prestando a los servicios secretos.

 

4.- Rodolfo Ruiz era el jefe de la comisaría de Vallecas el 11 de marzo de 2004. Y en aquella comisaría fue donde apareció, de manera sospechosa, la mochila que sirvió para señalar al grupo de Jamal Zougam como los autores de los atentados de los trenes de la muerte. Tras aquellos confusos hechos, Ruiz fue ascendido de categoría por el Ministerio del Interior y fue nombrado jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid.

La información se completaba con un ajustado artículo de opinión de Casimiro García-Abadillo, titulado “El hijo del mecánico”, en el que desmontaba las lamentaciones de Saiz en el Congreso de los Diputados, cuando atribuyó a su origen social las denuncias sobre sus actividades (“todo esto me lo hacen a mí porque soy hijo de un mecánico”). A continuación, una entrevista de Esther Esteban al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se encabezaba precisamente con su autorizada opinión sobre el comportamiento de Saiz con sus subordinados. “No se puede someter a nadie a pruebas que se consideran degradantes, como el polígrafo”. Caamaño declaraba también que “lo que ocurre en el CNI es preocupante”, añadiendo “Chacón tomará la decisión pertinente”.

Finalmente, la edición de “El Mundo” culminaba su bombardeo contra Saiz con un editorial de corte piadoso, titulado “El Gobierno debe poner fin a la agonía de Saiz”. Una sugerencia innecesaria porque él mismo presentó formalmente la dimisión el jueves inmediato (02/07/2009), forzado al desaprobarle el Gobierno su nuevo plan para cesar a otros 60 agentes del CNI “desafectos”.

Apenas habían transcurrido dos meses desde que, el anterior 24 de abril, Alberto Saiz fuera redesignado para un nuevo mandato de cinco años al frente del CNI. Su mejor epitafio como director cesante, quizás sea la expresiva frase final que le espetó una agente del CESID, ya ex subordinada, en una carta abierta de despedida publicada en un conocido periódico digital: “…Alberto Saiz, que te vayan dando, y que allí donde vayas encuentres tanta paz como daño dejas”.

Con el paso del tiempo, el 11 de febrero de 2010, Saiz saborearía el agrio fruto de sus antiguas acusaciones contra el ex gente del CNI Roberto Flórez, objeto de una condena “ejemplarizante” de doce años de prisión por la comisión de un delito de traición, el primero registrado en la historia democrática de España (Sentencia 61/2010 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Primera). Una pena que el Tribunal Supremo consideró excesiva e insuficientemente motivada, rebajándola a nueve años de cárcel, y, a la postre, convertida en victoria pírrica de un director de los Servicios de Inteligencia defenestrado.

FJM (Actualizado 05/09/2011)

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