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El reverso más oportunista de las virtudes castrenses

JOSÉ ANTONIO SÁENZ DE SANTAMARÍA nació el 15 de diciembre de 1919 en Gijón y falleció en la Clínica Moncloa de Madrid el 25 de agosto de 2003, a los 83 años de edad. Hijo y nieto de ingenieros de minas, su aspiración juvenil, truncada por la guerra civil, fue estudiar arquitectura.

Con quince años se afilió a las juventudes de Falange Española y tras la sublevación franquista, inicialmente fallida en Asturias, se alistó de forma inmediata, el 20 de julio de 1936, en las fuerzas nacionales. Tras combatir en Asturias durante unas primeras semanas, hasta poder evacuarse con la ayuda de las columnas procedentes de Galicia, pasó al frente de Somosierra. Convertido en alférez provisional en marzo de 1938, combatió en las campañas del Ebro y del Maestrazgo, ascendiendo a teniente en marzo de 1939.

Tres años más tarde, en marzo de 1942, alcanzó el empleo de capitán, obteniendo el diploma de Estado Mayor del Ejército en 1948. En febrero de 1949 ascendió a comandante, momento en el que asumió la coordinación de las fuerzas implicadas en la represión contra el “maquis”. En esa dedicación creó una red de confidentes y colaboradores, crucial en el aniquilamiento de la guerrilla, cuyos éxitos informativos, según él mismo reconoció, se debieron en gran medida al uso del pentotal sódico con los detenidos.

Sáenz de Santamaría ascendió a teniente coronel en julio de 1959 y a coronel el 14 de abril de 1968. En este empleo mandó la Zona de Reclutamiento y Movilización nº 77 y posteriormente el Regimiento “Milán” nº 3, acuartelado en Oviedo.

En septiembre de 1971, todavía siendo coronel, fue designado jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, destino que mantuvo cuando el 23 de mayo de 1975 fue promovido a general de brigada. Entonces se encargó de organizar los fusilamientos, dictados en Consejo de Guerra Sumarísimo, de los miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y de ETA ejecutados en Madrid el 27 de septiembre de 1975.

El 3 de enero de 1979 ascendió a general de división, obteniendo el nombramiento de general inspector de la Policía Armada (6 de julio de 1979), destino en el que permanecía durante los acontecimientos del 23-F. Desde el 1 de febrero hasta el 17 de octubre de 1980 compatibilizó dicho cargo con el de delegado especial del Gobierno en el País Vasco, sin la menor eficacia.

Como inspector general de la ya denominada “Policía Nacional”, vivió en primera línea el secuestro de los miembros del Congreso de los Diputados perpetrado por el teniente coronel Tejero el 23-F, cómodamente instalado en el bar del Hotel Palace. Solucionado el conflicto pacíficamente con la rendición de los asaltantes, hizo gala de haber establecido un pequeño e inoperante cordón de seguridad con policías bajo su mando para evitar que se unieran al golpe otras unidades militares, barrera que inmediatamente fue desplazada por miembros de la propia Guardia Civil.

Su declaración posterior como testigo en el juicio correspondiente (Causa 2/1981), motivó un tenso enfrentamiento con el teniente general Milans del Bosch cuando hizo un símil del intento golpista con el secuestro de un avión, momento en el que éste, abandonando la sala, le espetó: “¡Me da asco, me voy!”.

En relación con su actitud durante aquel controvertido suceso, no dejó de sorprender que su nombre apareciera en la lista de quienes iban a formar el eventual gobierno presidido por el general Armada, asociado al Ministerio de Autonomías y Regiones. La relación completa del mismo fue publicada por la periodista Victoria Prego en una edición especial de “El Mundo” dedicada al 23-F en su XXV Aniversario.

A pesar de que sus más generosos biógrafos hayan exaltado con reiteración su “gran aportación a la desactivación del 23-F”, la realidad es que nadie aportó jamás prueba alguna para corroborarlo.

Tras ascender a teniente general el 15 de enero de 1982, José Antonio Sáenz de Santamaría desempeñó brevemente el mando de la VII Región Militar (Valladolid) y después, a partir del inmediato 19 de abril, el de la IV Región Militar (Barcelona). En este último destino pretendió el desprestigio del general Miguel Iñiguez del Moral, a la sazón segundo Jefe de Estado Mayor del Ejército y candidato a JEME, puesto que él mismo ansiaba, filtrando a la prensa la magnificación de un incidente menor y sin consecuencias protagonizado por un oficial hijo de su compañero de armas durante una maniobras en el Pirineo.

El 2 de noviembre de 1983 fue nombrado director general de la Guardia Civil, cargo en el que continuó cuando pasó a la situación de reserva en octubre de 1984, hasta cesar el 31 de octubre de 1986.

A pesar de esta tardía jubilación, en diciembre de 1986, el entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, le nombró asesor de su Departamento en materia de Seguridad del Estado, cargo en el que continuó de forma más o menos encubierta con los sucesivos ministros socialistas del ramo. Margarita Robles, secretaria de Estado de Interior entre 1994 y 1999, se vio obligada a declarar en su momento que el general Sáenz de Santamaría no era “asesor” de su ministerio, sino que por sus conocimientos en la lucha contraterrorista acudía al mismo para facilitar datos al respecto…

Hombre de controvertida catadura moral y extremadamente habilidoso para promocionarse en los medios informativos y medrar con cualquier gobierno a lo largo de su dilatada vida profesional, ha sido protagonista de algunas peripecias políticas oportunistas sin duda llamativas. Entre ellas merece la pena destacar la misiva que siendo coronel, en agosto de 1974, envió en forma de “tarjetón” protocolario al “camarada” José Utrera Molina, entonces ministro Secretario General del Movimiento bajo la presidencia de Carlos Arias Navarro, felicitándole por su nombramiento como Consejero Nacional de dicho organismo en designación directa de Franco (uno de los denominados “cuarenta de Ayete”). El texto de su expresiva enhorabuena, difundida en fotocopia por la ultraderecha tras la muerte de Franco, cuando el ya general Sáenz de Santamaría se mostró como incondicional colaborador de la UCD, decía literalmente:

Mí respetado ministro y camarada:

 

Quiero expresarte por estas líneas la profunda satisfacción que me ha producido tu nombramiento como consejero nacional del “Grupo de los 40” por designación directa del Caudillo.

Al felicitarte por ello, me felicito a mi mismo como español porque veo en ti la continuidad en el tiempo de nuestra doctrina y de nuestros principios, actualizados a los nuevos tiempos y nuevas generaciones de las que eres exponente muy cualificado.

Sabes, mi querido ministro, que puedes disponer siempre de tu amigo y camarada que queda a tus órdenes.

 

Más tarde sería también un “fiel servidor” de Rodolfo Martín Villa cuando éste dirigió el Ministerio del Interior en los dos primeros gobiernos presididos por Adolfo Suárez (fase constituyente). Pero ello no obstó para que aquel ministro centrista nos trasladara, en su libro “Al servicio del Estado” (Editorial Planeta 1984), una impresión bien significativa sobre este desaprensivo general con motivo de su posible incorporación al Consejo de Ministros, en uno de los cambios de Gobierno de 1980:

El mismo día en que se nombró el Gobierno, 2 de mayo, me llama (Suárez) para consultarme sobre el nombramiento de Interior. Duda entre Juan José Rosón o el general Sáenz de Santamaría. Le doy mi opinión, que no puede ser otra que la de volver a apoyar el nombramiento de Rosón. Creía, y así se lo dije, que el general Sáenz de Santamaría es hombre inteligente, más bien listo, con gran capacidad de maniobra y cierto ingenio. Opinaba, sin embargo, que no podía fiarse suficientemente de él. En aquel momento recordaba que Fraga, en una interpelación que me hizo en el Congreso, pudo utilizar datos que le había suministrado él, a la sazón jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. En aquella ocasión debí plantear su cese, y no lo hice por la simpatía que despierta la persona del general. Lo cierto es que entonces no cumplí con mi obligación…

Durante catorce años, el general ex franquista Sáenz de Santamaría sirvió con entusiasmo a los diversos gobiernos socialistas, logrando que después de mandar sucesivamente dos regiones militares se le mantuviera al frente de la Guardia Civil, incluso cuando ya había pasado a la reserva.

En la última legislatura presidida por Felipe González, en la que el PP acosaba al PSOE a cuenta de la guerra sucia llevada a cabo por los GAL, Sáenz de Santamaría fue convocado por el Senado (año 1995) para comparecer en relación con lo que, a ese respecto, hubiera podido conocer durante el tiempo que estuvo al frente de la Guardia Civil. Tras amenazar a todo ex cargo del Ministerio del Interior a su alcance con desvelar las desvergüenzas del Departamento, implicando a las más altas jerarquías del Estado en supuestos escándalos políticos de graves e impensables consecuencias, logró que se anulara su comparecencia y que también se disolviera la comisión de investigación que la instaba.

De hecho, el 24 de febrero de 1995, el propio PP tuvo que difundir una durísima nota de prensa con el título “Sáenz de Santamaría es un ejemplo patético de voto cautivo”, motivada por su falaz intento de implicar a la extinta UCD y al propio Manuel Fraga en la guerra sucia contra ETA, durante una lamentable intervención en RNE.

Más tarde, en mayo de 1996, el juez Baltasar Garzón le imputó, junto al teniente general Cassinello y al general de la Guardia Civil Rodríguez Galindo, en el sumario del “caso Oñaederra”, aunque según lo entonces instruido no se le relacionara directamente con los cuatro primeros asesinatos de los GAL que se investigaban, sino con otros hechos conexos con el denominado “terrorismo de Estado”. No obstante, el mismo juez instructor levantó dicha imputación en febrero de 2002, abriendo auto de procesamiento exclusivamente contra los ex guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo, que posteriormente, en enero de 2003, la Audiencia Nacional archivaría por falta de pruebas.

Uno de los últimos descréditos personales de Sáenz de Santamaría fue el que protagonizó en noviembre de 2001 cuando declaró como testigo convocado por la defensa de Rafael Vera en el juicio de los “fondos reservados”. Poniendo en práctica la conocida técnica del “ventilador”, afirmó, sin aportar el menor asomo de prueba (lo que no quiere decir que mintiera), que tras el secuestro de Javier Rupérez perpetrado por ETA en noviembre de 1979, el presidente Suárez en persona ordenó pagar a los etarras 200 millones de pesetas, en una reunión que se celebró en su presencia y en la del entonces ministro del Interior, Antonio Ibáñez Freire, fallecido.

En la misma declaración, también manifestó, sin mayor precisión, haber destinado como delegado especial del Gobierno en el País Vasco una parte de los fondos reservados que le fueron confiados por el Ministerio del Interior en 1980 para pagar gastos electorales del partido gubernamental (UCD), generados en las elecciones autonómicas que se celebraron en marzo de aquel mismo año.

Los caprichos de su particular memoria le hicieron recordar incluso el lejano día en el que Fernando Abril, a la sazón vicepresidente del Gobierno de UCD, le ofreció, según él, nada menos que 2.000 millones de pesetas para administrar “a mi leal saber y entender”, sin que aquél, por supuesto fallecido, pudiera desmentirlo. Lo curioso es que Sáenz de Santamaría no pudiera detallar entonces el destino que había dado a dichos fondos, más allá del pago de confidentes, la compra de dos furgones blindados y la adquisición de diversas propiedades inmobiliarias, sin confirmar tampoco la existencia de escrituras notariales que dieran fe de estas últimas operaciones.

En esa misma línea de intoxicación informativa “ventiladora”, afirmó igualmente que aunque registraba en un libro todos los pagos realizados a confidentes, previsión sin duda de gran valor documental, terminó quemándolo sin ningún testigo presencial... Todo ello, referido al mandato de Juan José Rosón como ministro del Interior quien, fallecido, al igual que los ex ministros Ibáñez Freire y Abril Martorell, tampoco podía desmentirle.

Si bien el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Madrid en la causa de los “fondos reservados” absolvió a los ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera, la innoble declaración de Sáenz de Santamaría, impropia de la dignidad inherente a un teniente general, no pudo impedir las duras penas de cárcel que, entre otras, fueron impuestas al resto de sus amigos encausados (Vera, Sancristóbal, Rodríguez Colorado...). El Tribunal Supremo las hizo firmes el 18 de octubre de 2004.

Aquél mismo año, y con su protagonista ya fallecido (en agosto de 2003), el periodista Diego Carcedo publicó un libro de elocuente título: “Sáenz de Santamaría: El general que cambió de bando” (Ediciones Temas de Hoy). Un legado biográfico post mortem parcial e interesado, enfocado a disolver el “caso GAL” extendiendo las implicaciones del Estado en la guerra sucia contra ETA.

Sáenz de Santamaría recibió la Laureada de Héroes de Campaña como consecuencia de su participación en la guerra civil y, en razón de sus años de vida militar, la Gran Cruz de San Hermenegildo. También fue distinguido con dos cruces del Mérito Militar y con  la Gran Cruz del Mérito Militar, todas con distintivo blanco.

FJM (Actualizado 05/09/2011)

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el general ex franquista Sáenz de Santamaría sirvió con entusiasmo a los diversos gobiernos socialistas, logrando que después de mandar sucesivamente dos regiones militares se le mantuviera al frente de la Guardia Civil, incluso cuando ya había pasado a la reserva.

En la última legislatura presidida por Felipe González, en la que el PP acosaba al PSOE a cuenta de la guerra sucia llevada a cabo por los GAL, Sáenz de Santamaría fue convocado por el Senado (año 1995) para comparecer en relación con lo que, a ese respecto, hubiera podido conocer durante el tiempo que estuvo al frente de la Guardia Civil. Tras amenazar a todo ex cargo del Ministerio del Interior a su alcance con desvelar las desvergüenzas del Departamento, implicando a las más altas jerarquías del Estado en supuestos escándalos políticos de graves e impensables consecuencias, logró que se anulara su comparecencia y que también se disolviera la comisión de investigación que la instaba.

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