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El domingo 29 de abril cerró la semana con un registro pobre en la asistencia a las manifestaciones convocadas por UGT y CCOO (apoyadas por el PSOE, IU y medio centenar de organizaciones sociales afines) contra los recortes en los servicios públicos decretados por el Gobierno de Rajoy. La respuesta ciudadana fue discreta y, quizás por ello, la agresividad verbal exhibida por Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo en su acto central de Madrid, también fue menor que en ocasiones anteriores (movilizaciones contra los ajustes del 19 de febrero, el 11-M y de la huelga general del 29 de marzo).

En todo caso, estamos ante un exceso de agitación callejera que amenaza con agotar el escaso crédito social que todavía puedan tener unos sindicatos de lamentable transmisión partidista, tras su continuada connivencia con los anteriores gobiernos de Rodríguez Zapatero, directos responsables de la creciente espiral de derroche económico legada al Gobierno del PP.

El sindicalismo español, constitucional y que como tal nadie discute, lo primero que tiene que hacer es auto-reformarse con urgencia, y a fondo, para trasladar al conjunto de la sociedad una imagen de mayor grandeza, responsabilidad y eficacia en el ejercicio de sus legítimas funciones. Aunque ésta no deje de ser una misión casi imposible habiendo llegado al límite de desprestigio social al que han llegado, abusando de las subvenciones, de las liberaciones y de todo tipo de mamandurrias políticas.

No haber querido pactar la necesaria e inevitable reforma laboral con los empresarios de forma responsable, encastillados en su resentimiento ideológico, es una oportunidad perdida de muy alto costo a futuro. Como acertadamente ha señalado el comentarista Ignacio Camacho en las páginas de “ABC” (02/05/2012), “A la presunta ‘mayoría social’ le falta masa crítica; no despegan ni con un viento de 250 parados por hora”.

Paréntesis: El Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, ha sido entendido tradicionalmente más festivo que reivindicativo. No obstante, el conjunto de las fuerzas sindicales optaron por darle un marcado cariz de contestación antigubernamental con el lema oportunista que abría sus manifestaciones (“Trabajo, Dignidad y Derechos”), claro está que devaluado por un cerrilismo demagógico, y en el fondo antisocial, que ha conseguido retrotraer a mínimos históricos la adhesión ciudadana a esta emblemática celebración.

RAJOY SE SUBE A LA TARIMA

Precisamente por esa falta de credibilidad social, la respuesta de Rajoy a la nueva movilización sindical del domingo 29 de abril ha sido directa y dura, lanzando a UGT y CCOO una clara advertencia de que no le van a frenar, aprovechando su intervención en el Congreso Regional celebrado ese mismo domingo por el PP madrileño: “Las reformas no pararán hasta el fin de la legislatura”. Y afeando, también con razón, la postura de la oposición (“Lo menos que podían hacer [los socialistas] es callarse”), que apuesta ostensiblemente por la agitación callejera, en contra del sentido de Estado del que a menudo ha hecho gala gratuita.

La actitud del presidente del Gobierno reafirmando su política, y la consigna que ha dado a los miembro del Ejecutivo para que sean más claros y convincentes en la exposición pública de sus reformas, evitando más contradicciones internas y actuaciones en “fuera de juego” como las ya habituales del ministro del Interior, conforman una acertada “señal a navegantes” sobre su decisión personal y sobre quien está al mando de la política nacional. Precedida, como es sabido, por la advertencia sobre su legitimación social (mayoría absoluta) que él mismo hizo a los periodistas acreditados en el Congreso de los Diputados al concluir el debate de las enmiendas de totalidad a los Presupuestos.

Otra cosa es que el ejercicio de ese mando, imprescindible y siempre necesitado de un Estado Mayor, de fuerzas operativas y de apoyos logísticos adecuados, pueda ganar o perder las batallas pendientes.

EL ENCUENTRO GALLEGO

Sin duda alguna, la entrevista de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y los ministros Luís de Guindos  y José Manuel García-Margallo con Wolfgang  Schäuble, ministro de Hacienda alemán y poder fáctico en la dirección económica europea, celebrada en el marco de un encuentro bilateral auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer en Santiago de Compostela (30/04/2012), ciertamente notable, ha supuesto un importante avance en la credibilidad del Gobierno de España ante sus socios de la UE.

Junto a la puesta en valor político del “Plan de Estabilidad 2012-2015” y del “Programa Nacional de Reformas 2012” anexo, los ministros españoles dejaron sobre la mesa algunas ideas para reorientar el Banco Europeo de Inversiones (BEI), dotándole con mayores fondos destinados a “equilibrar el ajuste y el crecimiento”, junto con la conveniencia de lanzar definitivamente los bonos europeos para financiar planes de infraestructuras concretos, con fuertes efectos de multiplicación económica.

De hecho, en el encuentro gallego no ha dejado de subyacer la posibilidad de un “Plan Marshall” europeo. Quizás, la moneda de cambio sea el acceso a la “liberalización” (léase privatización) de las infraestructuras públicas de transporte, primando al capital alemán que es el más disponible dentro de la UE, programa del que precisamente se habló largo y tendido en Santiago de Compostela.

Los beneplácitos del ministro Schäuble sobre los planes españoles (“Lo que está haciendo España es impresionante”, “Apostamos por España, porque necesitamos una España fuerte”), pueden situarse también en esa deriva. Ahora, queda por ver cómo la victoria de François Hollande en las elecciones presidenciales de Francia, condiciona, como se ha dicho, la “Agenda para el Crecimiento” anunciada por Ángela Merkel nada más conocerse la victoria socialista en la primera vuelta de esos comicios tan puntualmente decisivos.

A REY MUERTO, REY PUESTO

El debate “mano a mano” entre Hollande y Sarkozy, que duró casi tres horas y convocó a 18 millones de televidentes, concluyó en una suerte de “partida en tablas”. Estratégicamente, el primero optó por actuar en una pose más “presidencial”, mientras el segundo decidió “ir a por todas”, con mayor agresividad que su oponente, sin duda forzado por la desventaja de siete/ocho puntos señalada por las encuestas del momento.

Durante su intenso forcejeo dialéctico, a veces bastante ácido, ambos contendientes lanzaron varias ideas-fuerza muy medidas y claramente representativas de sus respectivos discursos políticos, dos de ellas fueron especialmente significadas. Hollande declaró con solemnidad: “El día después de mi elección habrá plan para Europa” (usted está vendido a Alemania). Por su parte, Sarkozy, aprovechando que su adversario admitió aspirar a ser un presidente “normal”, no dudó en espetarle lapidariamente: “Su normalidad no está a la altura del reto” (usted no sirve para el cargo).

Encuestas aparte, la realidad es que, concluido el debate, ningún analista se atrevió a pronosticar el resultado final de la elección, salvo los listillos de turno. A toro pasado, las cosas se ven de forma distinta y con François Hollande proclamado vencedor, quien más y quien menos ha considerado que el resultado “se veía venir”, aunque no fuera así.

En todo caso, la alta participación del electorado en esta segunda vuelta, superior en casi tres puntos a la de la primera, ha sido sin duda decisiva para incrementar la ventaja inicial de Hollande, apoyada públicamente a última hora incluso por el centrista François Bayrou.

Por otra lado, la jugada de Marine Le Pen, declarándose abstencionista y dando libertad de decisión a sus seguidores para salir indemne de la batalla librada entre Nicolas Sarkozy y François Hollande (que se maten entre ellos), en línea con la previsión que hicimos en nuestra anterior Newsletter, permite cierta retención de su caudal electoral de cara a los próximos comicios para renovar la Asamblea Nacional, previstos para el mes de junio. En ellos, el Frente Nacional aspira a obtener escaños suficientes para formar grupo parlamentario propio por primera vez en su historia.

Esa inmediata convocatoria del pueblo francés a elecciones legislativas, con resultados evidentemente más complicados y difíciles de calibrar que en una elección presidencial, porque también incorporan una suerte de ballottage (segundo turno de votación cuando los candidatos no obtienen más de la mitad de los votos emitidos) es la que, dada la actual situación de discrepancias sobre cómo resolver la crisis económico-financiera de la UE, marcará definitivamente su política más inmediata.

En cualquier caso, después de lo visto y oído en la campaña presidencial, ya veremos si la entrada de Hollande en el Eliseo puede forzar una política europea de menor austeridad fiscal y, en cualquier caso, alterar en lo sustancial la “hoja de ruta” europea (básicamente escrita en alemán) para adelantar las nuevas políticas de crecimiento. Lo inmediatamente más evidente es que la victoria socialista francesa reimpulsará la oposición del PSOE en España, cuyo discurso político cuenta ahora con un referente europeo de primera magnitud.

El RAYO QUE NO CESA

Mientras Sarkozy y Hollande libraban su particular batalla para alcanzar la Presidencia de Francia, Mariano Rajoy, atento a su propia guerra, seguía vapuleado por una segunda entrada en recesión de la economía española (la primera se produjo en el cuarto trimestre de 2008). Es decir, por un crecimiento negativo del PIB durante dos trimestres seguidos, según los datos de la Contabilidad Nacional publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por otra parte, el mes de febrero registró la mayor caída mensual en la salida de capital internacional (25.548 millones de euros) desde que en 1990 el Banco de España comenzó a registrar puntualmente las estadísticas de la inversión financiera exterior. Sus datos evidencian, además, que, desde el pasado mes de julio, la salida de capitales de España alcanza los 128.000 millones de euros.

Estos datos, añadidos al conjunto de índices negativos que presenta nuestra economía, incluidas las perspectivas de que el crédito bancario al sector privado se hunda un 4 por 100 este año y que el techo de paro se resitúe al alza en un 26 por 100, evidencian la gravedad de su situación. Una economía “comatosa” de muy difícil recuperación, incluso por la nueva vía que apunta el Gobierno de compatibilizar las políticas de austeridad con otras directamente vinculadas al crecimiento, posibilidad que, por otra parte, hoy carece del correspondiente instrumento financiero.

Mucha atención, pues, a las autorizadas voces que cada vez hablan más alto y claro de la “agonía del euro” y de la consiguiente conveniencia, por no decir absoluta necesidad, de que España “salga de la Eurozona ya”, volviendo a la peseta para poder devaluar la moneda, reactivar su capacidad exportadora y recuperar la confianza de los mercados. Una de las más autorizadas es la de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía en 2008 y autor de un libro de obligada lectura al respecto: “¡Acabad ya con esta crisis!” (Editorial Crítica, Barcelona, 2012).

Dada la situación, éste debería ser el “Plan B” que cualquier buen estratega económico tendría que tener, más que guardado en la manga, dispuesto de forma milimétrica para, en su caso, ejecutar manu militari en el tiempo oportuno y de forma adecuada, y no tarde y mal, como quizás se termine haciendo.

LA MALDICIÓN DEL CONQUISTADOR ACORRALADO

Y por si ese escenario no fuera suficientemente incómodo, Rajoy tuvo que desayunarse el Primero de Mayo con un nuevo “caso YPF” en clave boliviana. El “amigo” Evo Morales celebró el Día Internacional de los Trabajadores nacionalizando “sin aviso ni previo” el paquete de acciones tituladas por la empresa Red Eléctrica Internacional (filial de Red Eléctrica Española instalada en Bolivia desde 1997) en la empresa de Transporte de Electricidad (TDE), nada menos que planteando su decisión como “justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano”.

No deja de ser curioso que el presidente cocalero anunciase su enésima nacionalización de forma innecesariamente sorpresiva, pocas horas antes de inaugurar con el presidente de la petrolera española Repsol, Antonio Brufau, la segunda planta procesadora de gas del “Campo Margarita”, situado en el sur de Bolivia, lo que permitirá aumentar las exportaciones a Argentina… La imagen pública del empresario español rindiendo pleitesía al “indito aymara” el mismo día de autos, sin mostrar la más mínima solidaridad con sus colegas nacionalizados rifle en mano, fue casi obscena.

Aunque lo más llamativo del caso es que, con todo, el Gobierno español afirmara de inmediato estar “perfectamente informado” del hecho, que estaba “estudiando” la decisión del presidente de Bolivia y que seguía “con atención” los acontecimientos, después de que las Fuerzas Armadas del país andino ocuparan las instalaciones de la empresa de forma tan prepotente y humillante. Traducido al lenguaje vulgar, eso quiere decir que ni Presidencia del Gobierno ni Asuntos Exteriores tenían “pajolera idea” de la faena que iba a gastarles Evo Morales, a pesar de que practique el mismo juego sucio cada Primero de Mayo, toque a quien toque.

Después de abrir un frente anti-argentino muy duro con el más que dudoso “caso YPF”, ahora el Gobierno de Rajoy se despacha aceptando dócilmente el flagrante “caso TDE”, quizás considerándolo con cierta ligereza de “menor cuantía”. Pero es que, en esta ocasión, se trata de la nacionalización de una empresa que sí es mayoritariamente española (no como Repsol) y en cuya matriz (Red Eléctrica Española) figura la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como socio principal, con un 20 por 100 del capital.

Nadie propone montar la mundial con el “caso TDE”, ni que se declare la guerra comercial a Bolivia, como se ha hecho con Argentina. Pero sorprende el tipo de respuesta instrumentada por el Gobierno español para cada una de esas dos expropiaciones: templadita cuando se perjudica al erario público y de rompe y rasga para defender los intereses de La Caixa y del mayoritario capital extranjero presente en Repsol. Claro está que una cosa es el “huevo” y otra bien distinta el “fuero”.

Parece que el cartero del infortunio, la desinformación y la desproporción llama con demasiada frecuencia a las puertas de la Moncloa. Y ya veremos si, además, hay o no hay un tercer “recadito bolivariano” envenenado.

DRAGHI APUNTA A LA BANCA ESPAÑOLA

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCI) celebrado este mes en Barcelona (03/05/2012), también ha servido, como sucedió con el encuentro auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer el lunes precedente en Santiago de Compostela, para verificar la opinión de quienes timonean la política económica europea sobre las medidas adoptadas en España para combatir su desproporcionado déficit público.

El presidente del BCE, Mario Draghi, declaró al concluir el citado Consejo que prevé una recuperación gradual de la economía [europea] a lo largo de 2012 (a pesar del lastre que a ese efecto todavía supone la crisis soberana de algunos socios de la Eurozona), animando a las autoridades españolas a preservar la consolidación fiscal para salir de la crisis. También advirtió a Rajoy sobre la necesidad de dar una solución urgente a la situación de la banca española, lo que, en el fondo, sería arreglar la mitad del problema.

“Tenemos plena confianza en las reformas fiscales y del sistema bancario. La trayectoria del país es buena, no es mala, y no tenemos ninguna duda de que estas medidas se llevarán a cabo”, manifestó Draghi. A continuación lanzó este claro mensaje sobre los problemas específicos de nuestro sector bancario: “Si tienes un problema con el sistema financiero, hay que afrontarlo, si te piden más transparencia en tus presupuestos, hay que solucionarlo”.

Esta elegante pero clarísima referencia del presidente del BCI a la mala situación de la banca española y a la inmediata necesidad de reconducirla, ha sido, sin la menor duda, el punto más importante de los tratados en el Consejo de Barcelona, con un toque de atención sustancial para Mariano Rajoy. No en vano, los pecados del sistema financiero español conforman, junto a los excesos del déficit público y otros lastres derivados del modelo de Estado Autonómico, la otra gran parte del problema, todavía tratada con paños calientes.

Quizás para conjurar las declaraciones de François Hollande durante sus últimos discursos electorales, Draghi siguió llamando a los países del euro a garantizar la estabilidad presupuestaria, aunque declarándola compatible con el crecimiento sostenible en la zona euro. De hecho, remarcó que “no hay ninguna contradicción entre un pacto de crecimiento y un pacto fiscal", tema que los socios europeos abordarán en junio.

Mariano Rajoy se expresó de forma similar en Madrid, horas antes de reunirse con Draghi en una cena con el Consejo de Gobierno del BCE en Barcelona. El presidente del Gobierno se reafirmó en que hay que hacer dos cosas a la vez:“En primer lugar, reducir el déficit, no gastar lo que no tenemos y no seguir endeudándonos” y en segundo lugar, “trabajar para que haya crecimiento económico”.

Pero, aunque el Gobierno aparente controlar la situación, no es así. Como hemos dicho, Mario Draghi puso el dedo en la llaga de la banca española, a la que Rajoy trata con un guante blanco excesivo, al parecer dispuesto a que se vaya de rositas. El presidente del Gobierno habla, incluso, de “repensar” lo de las Autonomías, pero de apretarle las tuercas al sistema financiero español, muy poco. Y la realidad es que hay un buen número de preguntas todavía sin respuesta, que apuntan al meollo de la cuestión y que, en el fondo, evidencian una realidad distinta de la que se muestra oficialmente.

¿Habrá o no habrá “banco malo”? Y, en caso de que lo haya, con ese o con otro nombre, ¿quién pagará los platos rotos? ¿Serán los accionistas, el Estado (que somos todos) o “Perico el de los Palotes”…?

¿Qué es esa cosa rara de “segregar los activos inmobiliarios problemáticos de la banca mediante su ‘desconsolidación’ del balance”? ¿Por qué no explica el Gobierno con claridad las consecuencias que esa nueva bromita pesada tendrá para los ciudadanos de a pie…?

¿Por qué incomprensible razón los bancos no han aplicado sus pingües beneficios de los últimos años a sanear sus activos tóxicos, operando bajo una presunción delictiva (por ejemplo en el falseamiento de sus balances) de la que el Banco de España y la Fiscalía General del Estado están pasando olímpicamente…?

¿Pero qué es eso de que cuando gano, gano yo, y cuando pierdo, lo pagan el conjunto de los españoles? ¿Qué responsabilidades va a pedir el Gobierno a los malos gestores bancarios que nos han dejado estos “marrones”, mientras se lo llevan crudo? ¿Es que no habrá siquiera inhabilitaciones ejemplares para que no se repitan tropelías semejantes…?

Etcétera, etcétera, etcétera.

UN CONSEJO DE MINISTROS DE TRÁMITE

Contenido en su papel de “Manostijeras”, quizás porque necesite estudiar con más detenimiento lo que queda por recortar, el viernes 4 de mayo Rajoy presidía un Consejo de Ministros prácticamente “de trámite” y sin acuerdos que pudieran producir especial sobresalto.

Lo más significado fue la aprobación de un Real Decreto Ley de medias urgentes en materia de medio ambiente que, con independencia de otros contenidos, deroga la normativa aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero que permitía a cada Comunidad Autónoma asumir competencias de policía de aguas en los sectores de cuenca hidrográfica de su territorio.

Ahora, según declaró la vicepresidenta Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Estado será el encargado de asumir íntegramente la potestad sancionadora en las cuencas hidrográficas intercomunitarias, evitando duplicidades, solapamientos y actuaciones a menudo contradictorias. Es decir, se reasume el principio de “Unidad de Cuenca” establecido por la Constitución, razón por la que algunos analistas destacan que con esta nueva normativa se inicia el proceso de recuperación de las competencias del Estado que habían sido transferidas de forma poco razonable.

Otro aspecto especialmente práctico de la norma aprobada es el cambio del complejo sistema de notificaciones existente para trasladar residuos entre varias comunidades autónomas, que requería la doble notificación de las comunidades de salida y llegada. Ahora, también se termina con ese exceso competencial y se establece un sistema de notificaciones único, que es más sencillo, más rápido y más barato.

Pero, como nunca llueve a gusto de todos, no es de extrañar que algún político provinciano “venido a más”, como José Ángel Biel, presidente del PAR y socio del PP en el Gobierno de Aragón, ya amenace con llevar estas medidas sobre medio ambiente nada menos que al Tribunal Constitucional, jaleado por otro que tal baila, el reconocido “ecolojeta” aragonés Alfredo Boné…

Sin necesidad de profundizar en aspectos más concretos del Real Decreto Ley en cuestión, hay que señalar, dado su acierto y simplicidad (al margen de críticas oportunistas como las del agonizante PAR), la sorpresa que produce el hecho de que no se haya aprobado antes y junto a otros de similar filosofía y utilidad. Como referencia al respecto, baste señalar la actual profusión de organismos cartográficos oficiales (nada menos que una treintena) y la absurda red de agencias meteorológicas autonómicas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Ya veremos si el próximo Consejo de Ministros vuelve a la tradición del temible “viernes negro” o no. Lo más agradecido sería que no volvieran las contradicciones ni las vaguedades del Gobierno, sustituidas definitivamente por la argumentación y la claridad expositiva, empezando por responder a la pregunta del millón que se hacen los españoles y también las autoridades de la UE: ¿Cuándo se comenzarán a ver los resultados de las reformas acometidas…?

El ministro de Economía y Competitividad dice, sin mucha convicción, que será a principios del próximo año. Pero olvida aclarar a continuación un par de cuestiones esenciales para que su afirmación no se quede en pura fantasía: cuáles son las razones por las que esa reactivación económica comenzará precisamente en esa fecha (no después) y, en su caso, cómo va a producirse. Como decimos, sobran palabras y opiniones gratuitas y faltan explicaciones comprensibles para la opinión pública.

De momento, lo que hay es SANGRE, SUDOR y LÁGRIMAS, con mayúsculas y con la banca “de rositas”.

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