El pasado 30 de enero, “El Confidencial Digital” citaba fuentes de la “inteligencia española” para filtrar las bases de la Directiva Anual de Inteligencia, desvelando las nuevas prioridades de trabajo del CNI: las amenazas en el Magreb, los delitos económicos y, en tercer lugar, ETA. Además, se aseguraba que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ya había dado el visto bueno al nuevo plan de actuación de los Servicios de Inteligencia, reproduciendo las palabras que pronunció el martes precedente en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados: “Aprobaremos en febrero la Directiva Anual de Inteligencia, modernizando sus objetivos de acuerdo con las particularidades y necesidades del contexto mundial actual”.

Al margen de que en el momento de la filtración informativa todavía no estuviera aprobada la correspondiente Directiva de Inteligencia, lo que evidencia su naturaleza interesada o “táctica”, conviene precisar al menos dos cuestiones sobre la especial dedicación que, según dicha noticia, prestará el CNI a “combatir los ataques a la economía española”.

La primera, es que la “investigación y persecución de los delitos” en el Estado de Derecho, y por supuesto asegurar sus instrumentos, efectos y pruebas ante los órganos jurisdiccionales, es competencia exclusiva de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía y Guardia Civil), que en el ejercicio de sus funciones tienen a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad, sin perjuicio de la dependencia funcional que las unidades de Policía Judicial tienen respecto de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal.

La segunda es que tal objetivo poco tiene que ver con la finalidad específica de los Servicios de Inteligencia, que la propia Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, establece con toda claridad: “Facilitar al Presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones”.

Esta nueva “reorientación” de las tareas a desarrollar por el CNI (no hace falta señalar otras que han sido bien desastrosas ni precisar las que son genuinas), no deja de mostrar la continua “pérdida de papeles” de los Servicios de Inteligencia, prácticamente desde su creación formal en marzo de 1972 y, sobre todo, desde la reorganización que dio paso al CESID en julio de 1977. De hecho, tras el fracaso de sus últimas direcciones, la inoperante de Jorge Dezcallar y la abiertamente escandalosa de Alberto Saiz, el subsiguiente responsable, Félix Sanz, ya reconoció este continuo desbarajuste funcional durante su intervención en el acto inaugural del II Congreso de Inteligencia organizado por las universidades madrileñas Rey Juan Carlos y Carlos III en noviembre de 20010. Entonces, y según recogió la Agencia EFE (22/11/2010), el director del CNI afirmó que los Servicios de Inteligencia trabajaban en ámbitos donde nunca lo habían hecho, como el tráfico de seres humanos, y en otros que tradicionalmente han sido policiales, como el del crimen organizado o el blanqueo de capitales, reconociendo a continuación: “Algunos riesgos y amenazas se nos vienen encima y nos cogen casi sin experiencia y sin capacidad de reacción”

Por otra parte, al difundir el análisis que se hace desde la ‘Casa’ sobre las principales amenazas”, el citado medio informativo desvelaba también que los equipos operativos y los analistas del CNI dedicarán a partir de ahora una mayor atención a “los ataques especulativos de los mercados financieros contra España”, labor en la que se van a implicar todos los departamentos del Centro. Según las fuentes consultadas, el CNI “trabajará en la línea que se viene aplicando desde el año 2010, cuando se detectaron maniobras en el extranjero -principalmente en Gran Bretaña- destinadas a provocar una crisis de credibilidad respecto a España, que resultó nefasta para la colocación de nuestra deuda”.

Las nuevas aspiraciones competenciales del CNI, además de perjudicar el eficaz desarrollo de sus misiones más auténticas y trascendentales, choca sin duda con los servicios de estudio, control y supervisión del Banco de España y con las competencias del propio Eurosistema (la autoridad monetaria de la zona euro integrada por el Banco Central Europeo y los bancos centrales de los Estados miembros con dicha moneda), e incluso con la función y responsabilidad directa de los ministerios de Economía y Hacienda, que con un modelo más razonable de Servicios de Inteligencia podrían potenciar sus propias unidades departamentales de Inteligencia. Por no hablar de las reacciones negativas que las nuevas tareas asumidas por el CNI producirán muy probablemente en la Policía y la Guardia Civil.

De hecho, hoy por hoy, la verdadera Unidad de Inteligencia Financiera española, no es otra que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (el SEPBLAC), que es donde se centraliza toda la información sobre transacciones financieras inusuales o sospechosas y las declaraciones confidenciales de las entidades financieras, pudiendo asumir fácilmente otras competencias integradas en el mismo ámbito de las amenazas económicas.

La cuestión que subyace en el último “ensayo volatinero” del CNI, es si el Gobierno actual sabe o  no sabe cuál debe ser la función real de los Servicios de Inteligencia y si es o no es capaz de saberla imponer. Sin esta aclaración, es de temer que su dirección y recorrido vital sigan bandeándose de forma lamentable entre la inoperancia, el autobombo y el cultivo de “jardines privativos”, salpicándose, de nuevo, con algún que otro quebranto de corte escandaloso.

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