El nombramiento de Arsenio Fernández de Mesa como director general de la Guardia Civil, cuyo curriculum vitae oficial está plagado de títulos y condiciones profesionales sobrevalorados o realmente inexistentes, en línea con la misma deplorable práctica ya ejercida por Luis Roldán (primer civil puesto al frente de la Benemérita), desató un chaparrón de contestaciones ciertamente llamativo aunque superable. Ahora, esa refriega inicial tendrá que irse atemperando, o acrecentando, a tenor de cómo responda a las exigencias del cargo.

Al margen de tener que solventar otros importantes problemas de personal, una de las pruebas de fuego a superar por el nuevo director general será la de reconducir o no reconducir el número de tenientes generales de la Guardia Civil, que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero elevó de cero a cuatro en la VIII Legislatura, tras un proceso continuado de creación de nuevos empleos de general ya de por sí excesivo. La decisión se tendrá que tomar justo en el mismo momento en el que, por razones presupuestarias, las propias Fuerzas Armadas pueden verse sometidas a otra drástica reducción de personal después de la ya impuesta por la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en vigor desde el 1 de enero de 2008.

Si bien la aspiración de la Guardia Civil de contar al menos con un teniente general propio ha sido más que razonable a tenor de su plantilla, hoy cifrada en unos 80.000 efectivos, y de su estructura interna jerarquizada, lo cierto es que sus actuales 34 generales (4 de ellos de tres estrellas, 7 de dos y 23 de una) no dejan de ser excesivos. Y ello con independencia de que durante el franquismo y hasta el 31 de octubre de 1986, el rango de teniente general estuviera reservado exclusivamente a su director general, siempre perteneciente al Ejército de Tierra, es decir situado ya en un nivel político por encima de la organización interna.

Lo cierto es que cuando la larga e insistente batalla política del diputado canario Luis Mardones, iniciada durante la tramitación parlamentaria de la que terminaría siendo Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, para que la Guardia Civil tuviera un teniente general propio al frente de su cúpula interna de mando, alcanzó su objetivo, nada menos que con tres puestos de teniente general, él mismo no dejaría de mostrar cierta sorpresa por tan generosa y repentina decisión. De hecho, después de que la Ley de Presupuestos del año 2006 estableciera la creación del empleo de teniente general en la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil, modificando su Régimen de Personal, el Real Decreto 904/2007, de 6 de julio, dispuso de sopetón que ese rango militar tuviera tres plazas, y no sólo una, para el período comprendido desde el día 1 de julio de 2007 hasta el 30 de junio de 2011, ambos inclusive.

Por si esto fuera poco, dicha normativa fue modificada in extremis con el Real Decreto 1264/2007, de 21 de septiembre, aumentando la plantilla en cuestión a cuatro tenientes generales para que ese mismo día el Consejo de Ministros pudiera ascender a dicho empleo a los generales José Manuel García Varela, Cándido Cardiel Ojer, Pascual Solís Navarro y Atilano Hinojosa Galindo.

Mantener o no mantener la actual dimensión del generalato de la Guardia Civil, sin cuestionar por supuesto sus méritos ni su profesionalidad, y solventar con acierto los ascensos a dicho estamento (y sucesivos), será sin la menor duda una de las pruebas capitales para marcar la talla política de su nuevo, y de momento polémico, director general.

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