La noticia publicada por el diario “El País” (01/08/2011) desvelando el contenido de un informe secreto del CNI que advertía al Gobierno sobre la financiación de las organizaciones islamistas radicales instaladas en España, ha provocado un “efecto boomerang” muy perjudicial para las expectativas españolas de negocio bilateral con los países señalados como responsables de dicho “padrinazgo”. De hecho, su inconveniencia fue comentada incluso durante las tertulias informales que se produjeron entre algunos de los empresarios españoles más activos en los mercados árabes, cuando el pasado 24 de enero fueron convocados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, a un almuerzo de trabajo en el madrileño Palacio de Viana, durante el que recabó su colaboración precisamente para mejorar la imagen de España a nivel internacional.

El informe en cuestión, titulado “La financiación del islamismo en España”, fue remitido por el director del CNI, Félix Sanz, a los ministros de Asuntos Exteriores, Interior y Defensa el precedente 16 de junio. Sin embargo, la posterior filtración periodística del tema, que debería haber sido tratado de forma estrictamente política y sin apoyos mediáticos, terminó enervado a las representaciones diplomáticas de los países árabes implicados.

El documentado reportaje de “El País”, firmado por el periodista Ignacio Cembrero, ponía en cuestión las ayudas económicas proporcionadas por Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Libia y Marruecos a los musulmanes residentes en España, que, sin incluir a los incontrolados y a los nacionalizados, ya ascienden a 1,2 millones.

“Las consecuencias de la financiación derivan en actitudes negativas para la convivencia, tales como la aparición de guetos y sociedades paralelas, tribunales y policías islámicas al margen de la legalidad vigente, desescolarización de niñas, matrimonios forzados, etcétera…”, señalaba el documento clasificado del CNI según el citado diario, que en los medios informados se considera especialmente próximo al Ministerio de Defensa. En el informe se afirmaba también que “no existe suficiente control de los flujos financieros que suponen las donaciones y ayudas que desde otros países se prestan a la comunidad islámica de España”.

La trascendencia pública del análisis del CNI, poco documentado pero alarmante, enervó a las bases radicales islamistas que tras los últimos sucesos de Túnez, Egipto, Libia y Siria mantienen una tensa observación sobre los gobiernos citados por el Servicio de Inteligencia de España, que están adjudicando a sus empresas contrataciones multimillonarias. Algunos embajadores árabes acreditados en Madrid calificaron en su momento esta filtración periodística como innecesaria e inconveniente para consolidar las relaciones bilaterales hispano-árabes, que hoy por hoy se consideran vitales para coadyuvar a la recuperación de la deteriorada economía española; otros sugirieron, quizás de forma injustificada, una maniobra “envenenada” en los estertores del último gobierno socialista para complicar la política exterior del entonces ya más que previsible nuevo Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy.

Analistas muy próximos al PP también han considerado que esta filtración al diario “El País” de un informe clasificado del CNI, más que inoportuna, también pudo deberse a una estrategia pre electoral interesada por Pérez Rubalcaba, cuya actuación tras los dolorosos atentados del 11-M provocó un inesperado vuelco de votos a favor del PSOE en los comicios legislativos de 2004. Lo cierto es que dicho medio informativo, que apoyaba de forma muy evidente al candidato presidencial del PSOE, remachaba tenazmente su información en otro amplio reportaje firmado también por Ignacio Cembrero (“El País” 02/08/2011), situando a Marruecos en el centro del problema y desvelando, incluso, actuaciones irregulares de la Fundación Hassan II, presidida por la princesa Lalla Meryem, hermana del rey Mohamed VI.

En su informe, el CNI recordaba que el Ministerio de Asuntos Islámicos de Marruecos financió una reunión en Marraquech a la que asistieron un gran número de imanes y responsables de comunidades islámicas asentadas en España, incluidas las más radicales, a las que se les prometió “financiación para sus asociaciones y mezquitas a cambio de someterse al control del régimen y adherirse a sus postulados”. La estrella de aquel encuentro, añadía el CNI, fue Yassine Mansouri, responsable del principal órgano de inteligencia marroquí, la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), quien ofreció una charla doctrinaria al clero islamista sin desperdicios y que el Servicio de Inteligencia español no llegó a documentar de forma adecuada.

Por su parte, Mohamed Hamed Ali, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), señalada en el informe del CNI como el principal instrumento de Marruecos para controlar a la comunidad musulmana española, criticó duramente su contenido, afirmando que estaba repleto de “incorrecciones y tópicos” (“El País” 09/08/2011).

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