El digital OK Diario ha tenido acceso al sumario del caso Macedonia, un procedimiento judicial por narcotráfico en el que lo más destacable en estos momentos son los agujeros negros que quedaron en evidencia en la investigación y en la que aparecen cargos importantes de los Mozos de Escuadra, especialmente, su actual jefe, Josep Lluis Trapero. Estos son los datos que hasta el momento se pueden poner a disposición del lector.

Los periodistas que han llevado a cabo la investigación son categóricos: La División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra que dirigía Josep Lluís Trapero engañó al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, para proteger a la banda del narcotraficante Manuel Giménez Carbajo (en la imagen a la izquierda).

Al menos así lo sostiene el propio juez Aguirre en un durísimo auto dictado en junio de 2011, en el que imputó al que entonces era el número 2 de Trapero, Antoni Salleras, por omisión del deber de perseguir delitos y ocultación de documentos a la autoridad judicial en el caso Macedonia. Trapero no llegó a ser imputado porque, en su declaración ante el juez, el subinspector Salleras asumió toda la responsabilidad de lo ocurrido.

La Unidad Adscrita de los Mossos que trabajaba bajo la supervisión directa de Trapero se había creado para investigar la mafia de los prostíbulos Saratoga y Riviera de Castelldefels, cuyos propietarios presuntamente pagaban sobornos a agentes de policía para obtener su protección.

En aquella causa actuó como testigo el narcotraficante Manuel Giménez Carbajo, que llegó a entablar con Trapero “una buena relación de colaboración, e incluso de amistad” personal, tal como indican los informes oficiales de la División de Asuntos Internos de los Mossos.

El origen de la historia: El cambiazo en un alijo de cocaína

En 2009, el juez Joaquín Aguirre recurrió a la misma Unidad Adscrita para investigar el robo de un alijo de 54 kilos de cocaína en Barcelona. Como ha informado OKDIARIO, la Guardia Civil detuvo a uno de los miembros de la banda de Carbajo, Juan Miguel Bono, cuando se disponía a recoger 29 “paquetes de cocaína” del maletero de un coche.

Sin embargo, cuando la sustancia fue enviada al Instituto Nacional de Toxicología para su análisis, se constató que sólo había cocaína en uno de los paquetes. En los restantes había yeso y azúcar. Alguien había dado el cambiazo para burlar a la policía.

Tras recibir el encargo del juez Aguirre, la Unidad Adscrita dirigida por Trapero se dedicó a desviar la atención del miembro de la banda de Carbajo y centró sus indagaciones en los dos individuos que le habían vendido la droga: Alfredo López y David Donoso.

Es decir, la Unidad Adscrita de los Mossos se dedicó, casi exclusivamente, a perseguir a los dos traficantes que habían estafado a la banda de Carbajo. Al cabo de unos meses, el magistrado se impacientó y encargó la investigación a la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d’Esquadra. Sólo entonces se comenzó a averiguar lo que había ocurrido realmente.

El juez Joaquín Aguirre descubrió entonces que la Unidad Adscrita le había ocultado las conversaciones telefónicas que acreditaban que el detenido Juan Miguel Bono era un miembro de la banda del narcotraficante Carbajo, el “amigo” de Josep Lluís Trapero.


El juez Aguirre explica en su auto algunos de los datos que le ocultó la Unidad Adscrita (UA) que dirigía Trapero (OK Diario).

Un sargento de los Mossos, José Manuel N., explicó al juez que la Unidad Adscrita de Trapero “sabía desde el principio” que la recogida del alijo era un engaño: Bono había pagado a los dos traficantes 600.000 euros por la  droga, y éstos le engañaron entregándole 29 paquetes con yeso. Según el auto del juez Aguirre, el equipo de Trapero había ocultado estos hechos al juez, para proteger a la banda de Carbajo.

La División de Asuntos Internos también averiguó que un subinspector de los Mossos, que era el número 2 de la Comisaría de Vilanova i la Geltrú, cobraba 1.000 euros al mes de la banda de Carbajo a cambio de proporcionarles “informaciones confidenciales obtenidas de bases de datos policiales, dándoles cobertura con coches patrulla, asesorándoles en caso de posibles seguimientos” e incluso intercediendo para que un protegido del narcotraficante pudiera optar a una plaza de Mosso d’Esquadra.

En su auto de junio de 2011, el juez Aguirre enumera todas las irregularidades en las que incurrió el equipo de Trapero: “No se hizo ninguna investigación patrimonial de Bono para saber de dónde procedían los 600.000 euros que había entregado para comprar la droga. No se hizo ninguna averiguación seria para comprobar cómo iba a distribuir Bono la cocaína que había comprado (y que finalmente resultó ser yeso y azúcar)”.

Siempre según el magistrado, la Unidad Adscrita que trabajaba bajo la supervisión directa de Trapero tampoco “averiguó los llamados teléfonos b que usan los narcotraficantes para sus conversaciones sobre temas de tráfico, sólo intervinieron a Bono los teléfonos empleados para uso corriente con su familia y amigos ajenos a sus negocios”. Tampoco se realizó ninguna indagación sobre el entorno más próximo al detenido Juan Miguel Bono, algo que habría permitido constatar que era un miembro de la banda de Carbajo.

 

La División de Asuntos Internos (DAI) descubrió que un subinspector de los Mossos cobraba 1.000 euros al mes de los narcos (OK Diario).

El propio magistrado había advertido en octubre de 2009 a la Unidad Adscrita que dejara de transcribirle conversaciones insustanciales procedentes de los pinchazos telefónicos y se centrara en los hechos delictivos que eran objeto de la investigación. No fue hasta meses después cuando Aguirre descubrió que el equipo de Trapero le había ocultado centenares de conversaciones grabadas.

El magistrado descubrió entonces que el narcotraficante Manuel Giménez Carbajo estaba en contacto diario y directo con los dos mandos de los Mossos encargados de investigarle: Josep Lluís Trapero y Antoni Salellas. Dos mandos policiales que llevaban meses engañando al juez y desviando la atención.

Además de estar imputado en esta causa, el narcotraficante Manuel Gutiérrez Carbajo ha sido testigo en otro controvertido caso: el robo de un contenedor con más de 200 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona.

Seis mossos siguen imputados

Fue entonces cuando el propio juez Joaquín Aguirre encabezó una comisión, formada con agentes de la Policía Nacional, que registró la sede de los Mossos en Sabadell para requerir una copia digital de todas las llamadas y mensajes SMS que habían sido interceptadas a la banda de Carbajo.

El magistrado ha dirigido esta investigación judicial durante siete años contra viento y marea: su Juzgado ha sufrido dos inspecciones, que mantuvieron paralizada la instrucción durante dos años, y la Fiscalía ha pedido una y otra vez que se levante la imputación sobre el subinspector Antoni Salleras y otros cinco agentes de los Mossos. Hasta ahora, la Audiencia Provincial de Barcelona ha respaldado la actuación del juez Aguirre: los seis agentes de los Mossos continúan imputados en el caso Macedonia en estos momentos.

Los informes judiciales detallan que hubo 220 llamadas entre Trapero y el narco Carbajo


Del sumario queda claro que las intervenciones telefónicas dictadas por el juez Joaquín Aguirre en el caso Macedonia detallan una profunda red de contactos entre el ahora mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y el narcotraficante Manuel Gutiérrez Carbajo.

Una relaciones amplias y dilatadas en el tiempo que, además, no implicarían exclusivamente a Trapero, sino que sus principales mandos dentro del cuerpo de los Mossos estarían también dentro de la enorme red de contactos habituales del narco del puerto de Barcelona.

Los informes de los Mossos trasladados a instancias judiciales detallan un nutrido tráfico telefónico. En primer lugar figura el propio Trapero, en aquel momento responsable de la División de Investigación Criminal de los Mossos. El número total de llamadas detectadas procedentes del alto mando policial con destino a Gutiérrez Carbajo se eleva a 80. A su vez, el número de llamadas recibidas por Trapero procedentes del narco alcanza el nada despreciable número de 144 contactos telefónicos. En total, más de 220 llamadas entre el jefe de los Mossos y el narco, en poco más de un año.

En la lista de llamadas chequeadas dentro de este operativo figura también Antoni Salleres, subinspector jefe de la Unidad Anticorrupción de la Policía autonómica catalana. El número de llamadas que le realizó Gutiérrez Carbajo asciende a 81. Y el número de las realizadas por el mando policial al narcotraficante escala hasta las 61.

La Oficina Antifraude de la Generalitat

El tercer mosso de cargo relevante en la lista  es Josep Montenys, inspector jefe de la División de Investigación Criminal de Gerona. En este caso, las llamadas se realizaron en un volumen de 11 procedentes del narcotraficante. Y de diez en sentido contrario, procedentes del policía y con destino al delincuente.

El intenso, habitual y reiterado intercambio de llamadas de altos cargos de los Mossos -en especial, de Trapero- es una de las claves de la alarma que despertaron estas interceptaciones, tanto en la propia división de Asuntos Internos de los Mossos, como en el juez.

A raíz de estas grabaciones, de hecho, esta división policial pudo constatar, en un informe firmado en mayo de 2010, que Trapero “habría mantenido una buena relación de colaboración e, incluso, llegando a ser una relación de amistad” con el narco Carbajo.

Las grabaciones al narco Carbajo: “Mañana como con Trapero, el de los Mossos”

Las escuchas telefónicas ordenadas por el juez permitieron constatar que el narco Manuel Gutiérrez Carbajo tenían excelentes contactos en varios mandos policiales. Según los informes de la Guardia Civil, Carbajo sabía que la Policía le seguía los pasos y pretendía acusar de “corrupto” a uno de los agentes que le estaba investigando.

Así se desprende de la conversación telefónica grabada el 21 de mayo de 2009 entre Carbajo y su número 2, Marco Antonio Crespo. Según la transcripción que obra en el sumario, Carbajo pregunta a Crespo el nombre del “policía corrupto que trabaja en el bar con el rumano, que lo apunte porque se lo va a dar a Boliva (sic) o al Jefe de los Mossos de Esquadra, que van a comer el sábado con la trupe esa de… que él mañana va a comer con José Lluis Trapero, el de los Mossos“, repite.

 

El narco Carbajo comunica a su número 2 que tiene previsto comer al día siguiente con Trapero, según la conversación transcrita por la Guardia Civil en mayo de 2009 (OK Diario).

A continuación, el narco afirma que “no se puede permitir que haya policías ladrones y menos con rumanos y mierda de esa, que eso hay que denunciarlo rápidamente, que uno se lo dará a Boliva (sic) y otro a José Luis Trapero. Que si son corruptos, que se apañen, que no se puede permitir que estén robando con los extranjeros”. Según los informes de la Guardia Civil, el “policía corrupto” al que ambos interlocutores aluden era uno de los agentes que formaban parte del operativo de vigilancia contra los narcos.

Al día siguiente, 22 de mayo, se grabó una nueva llamada telefónica en la que Gutiérrrez Carbajo confirmó a su número 2 que ya se había visto con Josep Lluís Trapero, quien en aquel momento era jefe de la División de Investigación Criminal de los Mossos.

Según la transcripción que obra en el sumario, Gutiérrez Carbajo llama a Crespo y le dice que “esta mañana ha ido a ver a Trapero y ahora le ha invitado a comer la Chipion“. Luego hablan de “temas personales”. Consciente de que la Policía le estaba investigando, Carbajo evitó comentar a su colaborador por teléfono el contenido de la conversación que había mantenido con el comisario de los Mossos.

Apenas unas horas antes, el 20 de mayo, Marco Antonio Crespo había recibido una llamada desde el número de teléfono de la Comisaría de los Mossos de Vilanova. El informe de la Guardia Civil lo explica así: “Parece evidente que Toni mantiene contacto con una persona que pudiera ser Mossos de Esquadra o que trabaja en la Comisaría de Vilanova, y que lo haría de forma habitual: ´Junto al Mc Donalds de la vez anterior´. Se desconoce el tipo de relación entre ambos”.

Al constatar que los narcos tenían contacto con varios mandos de los Mossos, la Guardia Civil señaló lo siguiente en su informe: “Se presume que se haya producido una filtración que ha afectado gravemente y de manera negativa a las actividades policiales tendentes a la detención de los implicados en los delitos citados”. Algo que explicaría por qué los narcos dieron el cambiazo con el alijo de cocaína que la Guardia Civil había intervenido.

 

La Guardia Civil refleja en este informe de mayo de 2009 la relación entre Trapero y el narco Manuel Gutiérrez Carbajo (OK Diario).

Un año después, en mayo de 2010, cuando estaba más avanzada la investigación, los propios Mossos grabaron una llamada telefónica en la que Gutiérrez Carbajo se lamentaba, ante un periodista, de que sus amigos en la Policía autonómica ya no le cogían el teléfono y le trataban como un apestado.

La División de Asuntos Internos de los Mossos transcribió de la siguiente forma las palabras del narcotraficante: “Tú tranquilo que yo también sé decir cosas en su momento… yo no necesito a ningún tío mierda de esos, para mi protección (…) De golpe y porrazo un tal Toni (en alusión al subdirector de los Mossos Antoni Salleres) que venía muchas noches, paraba a cenar en mi casa, íbamos a tomar una copa con él, yo no puedo decir nada malo de esta persona”.

Y continúa: “Que no puedo decir nada malo de Trapero (en referencia al comisario Josep Lluís Trapero, tal como acotan los Mossos en su informe), ni puedo decir nada malo de este Toni (en referencia al subinspector Antoni Salleres), de verdad, pero yo lo que veo que son la gente más falsa del mundo, porque de golpe y porrazo, que nos les des una explicación, decirte oye tío, no me llames más porque tú eres un traficante, eres un delincuente, eres un hijo de puta”.

 

El narco Gutiérrez Carbajo muestra su enfado con Trapero, en esta conversación recogida en un informe de los Mossos en mayo de 2010 (OK Diario).

En algunos momentos de la conversación, las palabras de Gutiérrez Carbajo cobran un tono amenazador, al referirse a los mandos de los Mossos que le habían dado la espalda: “No, ese no me ha llamado tampoco. ¿Sabes lo que te digo? Que le den por culo, yo haré lo que tenga que hacer en su momento… y cada uno tomaremos nuestras responsabilidades cuando llegue el momento (…) Tú tranquilo que el que ríe el último siempre ríe mejor“.

El narco Manuel Gutiérrez Carbajo fue detenido en su domicilio de Castdelldefels el 15 de octubre de 2010 por agentes de la Guardia Civil y de la División de Asuntos Internos de los Mossos. El juez Aguirre encargó la operación a esta unidad porque las intervenciones telefónicas previas habían evidenciado que Carbajo mantenía una relación de “amistad” con varios mandos policiales, entre ellos el comisario Josep Lluís Trapero, quien en aquel momento era jefe de la División de Investigación Criminal de los Mossos.

 

Asuntos Internos dice en su informe que el narco Gutiérrez Carbajo ha mantenido “una buena relación de colaboración e incluso amistad” con el comisario Trapero (OK Diario).

Cuando los agentes reventaron la cerradura de la puerta e irrumpieron en su casa, Carbajo les encañonó con una pistola Walter P99CAS cargada con balas de punta hueca, pero cesó en esta amenaza al comprobar que los intrusos eran policías. El propio magistrado Joaquín Aguirre formaba parte de la comitiva policial.

Gutiérrez Carbajo accedió a abrir ante los agentes la caja fuerte de su dormitorio, en la que guardaba algo más de 43.000 euros en metálico y numerosas joyas. Los Mossos descubrieron que el narco había instalado en el interior de su casa un circuito cerrado con cámaras de televisión para protegerse. En el baño ocultaba otro cargador con seis balas calibre 32 de punta hueca y unas esposas.

Carbajo fue acusado de presuntos delitos de asociación ilícita, contra la salud pública, blanqueo de capitales, soborno y tráfico de influencias. En su informe, los Mossos explican que Manuel Gutiérrez Carbajo, conocido entre los miembros de la banda como el abuelo, “forma parte de una asociación delincuencial estructurada jerárquicamente, cuya finalidad es el tráfico de estupefacientes, concretamente cocaína, entre otras actividades ilícitas. Esta organización disfruta de la colaboración de miembros del cuerpo de los Mossos d’Esquadra y de otras personas influyentes en diferentes ámbitos que dan cobertura al grupo en la comisión delictiva”.

Los agentes que participaron en el registro de la vivienda hicieron constar que, al ser detenido, Gutiérrez Carbajo portaba en su billetera una tarjeta de visita del comisario Josep Lluís Trapero. En su informe, lo explicaron con las siguientes palabras: “Se ponen en evidencia los contactos o vínculos del señor Gutiérrez con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre ellos, el jefe de la División de Investigación Criminal del cuerpo de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero Álvarez”.

Para los miembros de la División de Asuntos Internos, no fue ninguna sorpresa. Ya en las intervenciones telefónicas previas ordenadas por el juez Aguirre, el nombre de Trapero había aparecido en varias ocasiones en boca de los miembros de la banda de narcotráfico liderada por Manuel Gutiérrez Carbajo.

Esto había llevado a la División de Asuntos Internos a incluir el siguiente comentario en otro informe, fechado el 13 de mayo de 2010: “A raíz de las llamadas [telefónicas] que acabamos de transcribir, es evidente que actualmente el señor Manuel Gutiérrez [Carbajo] estaría muy enfadado con ciertos miembros del cuerpo de Mossos d’Esquadra, como el subinspector Antoni Salleres y el comisario Josep Lluís Trapero, con quien anteriormente habría mantenido una buena relación de colaboración e, incluso, llegando a ser una relación de amistad“.

A raíz de estos indicios, el juez Aguirre imputó en 2011 al subinspector Antoni Salleres y a otros cinco miembros de los Mossos d’Esquadra por su connivencia con el narco Carbajo, pero no llegó a imputar a Trapero.

El robo de un contenedor de cocaína

Tras ser detenido, el narco Gutiérrez Carbajo quedó en libertad provisional bajo fianza de 50.000 euros. Además de estar imputado por estos hechos, ha sido testigo en otra polémica causa: el robo de un contenedor con más de 200 kilos de cocaína, en la zona franca del puerto de Barcelona.

La Policía registró la sede de los Mossos porque habían ocultado las llamadas entre Trapero y el narco

La Policía Nacional registró en julio de 2012 la sede central de los Mossos d’Esquadra en Sabadell, para requerir una copia de todas las conversaciones telefónicas grabaciones al narcotraficante Manuel Gutiérrez Carbajo en el marco del caso Macedonia.

El titular del juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, había dictado la orden de entrada y registro ante la sospecha de que la Policía Autonómica le había ocultado decenas de grabaciones, precisamente aquellas en las que Carbajo hablaba con distintos mandos de los Mossos.

Ocultaron cientos de grabaciones

En 2012, el juez instructor de la causa, Joaquín Aguirre, tuvo constancia de que los Mossos d’Esquadra le habían ocultado varios cientos de conversaciones grabadas al narco Carbajo y su entorno: en concreto, en la documentación aportada en varios DVD se habían omitido 708 ficheros de audio, la transcripción de 711 conversaciones y 1.490 mensajes en formato SMS.

Fue entonces cuando el juez Aguirre ordenó a la Policía Nacional que irrumpiera en el llamado complejo Egara de Sabadell, donde tiene su sede central la Policía autonómica catalana, para requisar todas las grabaciones realizadas en el caso Macedonia. Tras permanecer durante cinco horas en las instalaciones, el juez Aguirre abandonó la sede de los Mossos con toda la documentación requerida grabada en un disco duro.

El juez imputó inicialmente a varios miembros de la Guardia Civil, ante la sospecha de que eran conscientes del engaño que se había producido con el alijo de droga. Finalmente los guardias civiles quedaron absueltos. El magistrado Aguirre también imputó al subinspector de los Mossos Antoni Salleres (que en aquel momento era jefe de la Unidad Anticorrupción) y a otros cinco agentes de la Policía autonómica catalana. Como ya hemos indicado, sorprendentemente, Trapero no llegó a ser imputado por estos hechos.

Un perito detectó llamadas telefónicas entre 'narcos' y policías que no se trascribieron

Un informe pericial encargado por el sindicato Manos Limpias hecho público en junio de 2012, sacó a la luz conversaciones telefónicas entre narcotraficantes y policías que la unidad encargada de las escuchas no había grabado o trascrito, pese a la petición el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona.

Las llamadas fueron "modificadas y manipuladas con la clara intención de que no fueran identificadas personas en unos casos, y con la de desviar la atención de las investigaciones de otras determinadas personas en otros casos", indicó el sindicato en el escrito que acompañó al informe pericial remitido al juez.

Una cantidad importante de llamadas telefónicas que no fueron ni trascritas ni señaladas son de uno de los imputados por tráfico de estupefacientes, David D., con un supuesto proveedor de droga con el nombre o alias de 'Tarek'. Algunas de las llamadas entre ellos están transcritas pero sustituyendo la identidad de 'Tarek' por la de algún otro imputado.

"Es más que indiciario de que se está protegiendo y ocultando, por parte de la Unitat Adscrita de los Mossos d'Esquadra, a una persona que se dedica al tráfico de drogas, por lo que esa unidad se convierte en colaboradora de esa persona en su ilícito negocio de tráfico de estupefacientes", añade el escrito.

Todas estas personas que aparecen en las conversaciones, según el sindicato, tenían indicios claros de pertenecer al "entorno delictivo" relacionado con el presunto tráfico de drogas que encabezaba Manuel Gutiérrez Carbajo.

Por eso, Manos Limpias pidió en su día la imputación del comisario subjefe de la Comisaría Central, Jose Luis Trapero, y del subinspector jefe de la Unidad Central Anticorrupción, Antoni Salleras, con quienes Carbajo mantuvo entre el 19 de agosto de 2009 y el 15 de julio de 2010, las casi 400 conversaciones telefónicas, junto a otros doce agentes de Mossos.

El cuarto hombre de las conversaciones telefónicas: Quílez

La Audiencia de Barcelona archivó provisionalmente la causa contra el director del área de análisis de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Carlos Quílez, imputado también por soborno y revelación de secretos a un presunto narcotraficante y confidente policial imputado que no era otro que Carbajo.

Quílez fue nombrado el 30 de septiembre de 2009 para la Oficina Antifraude y fue "imputado en esta causa por un supuesto delito de cohecho (al haber recibido una moto regalo de Carbajo) y de revelación de diarios", publicó El Punt-Avui. "Los dos se declararon antiguos amigos en el juzgado", continúa.

Pero el tribunal consideró que Quílez no cometió delito alguno al aceptar que un narcotraficante comprara una motocicleta para él. El periodista fue imputado por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en el marco del caso Macedonia, pero la Audiencia revocó ese auto y acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

La Sección 21ª de la Audiencia de Barcelona cocluyó que un confidente policial imputado en la causa por tráfico de drogas, Manuel Gutiérrez Carbajo, pagó entre 8.200 y 9.000 euros por una motocicleta para Quílez antes de que este fuera nombrado para el cargo en la OAC. El importe, precisa la resolución, “iba a ser reembolsado en efectivo y sin rastro documental”. Según revelaron Carbajo y Quílez en el careo que ambos mantuvieron ante el juez, se trataba de un “favor personal” sin compensación económica, fruto de una relación de amistad de años. Los magistrados, sin embargos, consideran que sea como sea que se cerró el trato si hubo un cierto “beneficio económico” para Quílez, ya que Carbajo pudo conseguir la moto a buen precio.

El auto señala que las conclusiones a las que llegó el juez Aguirre son “coherentes con las reglas de la lógica y la máxima de la experiencia”, ya que en una conversación telefónica intervenida a Gutiérrez Carbajo este dijo, supuestamente sobre Quílez: “Ahí tenemos un enganche muy bueno”. El problema, sigue la sala, es que Quílez no había sido nombrado aún director de análisis de Antifraude, por lo que no puede haber delito de cohecho. “Otra cosa es que, desde el punto de vista moral o, si se quiere, de la necesidad de preservar la función pública”, la acción de aceptar un regalo en consideración al “cargo futuro” sea reprochable. Pero solo desde un punto de vista “social, no penal”.

El auto que estima el recurso de Quílez también rechazó que este hubiera cometido un delito de revelación de secretos. En una conversación telefónica mantenida la primavera de 2010, Quílez advirtió a Carbajo de que “pudiera estar en peligro”. El juez Aguirre interpretó que le estaba alertando sobre las pesquisas del caso Macedonia, entonces declaradas secretas. La Audiencia de Barcelona, por el contrario, cree que “no hay elementos suficientes para afirmar que ese hecho se ha producido” y considera que las declaraciones de Gutiérrez Carbajo no son suficientes. Los magistrados consideran que la advertencia de Quílez no era en relación con la causa, sino sobre “personas imputadas en otras causas”, ya que “también le expresa su temor de ser él mismo objeto de algún mal”. Además, concluyó el auto, resulta difícil saber por qué vía Quílez –que entonces ya ocupaba su cargo en la OAC- pudo conocer el contenido de las investigaciones.

En 2015, la Policía intentó reabrir la causa contra los Mossos por proteger al mayor narco del puerto de Barcelona

La Policía Nacional remitió en 2015 un informe al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona para tratar de reactivar la investigación del caso Macedonia, cuya instrucción avanza a velocidad de tortuga desde que la trama estalló en 2009 después de una fallida operación antidroga.

El informe, dirigido por el inspector de la UDEF Manuel Morocho, responsable de los casos Gürtel y Bárcenas, concluye que funcionarios de los Mossos d'Esquadra están protegiendo al mayor traficante de drogas del puerto de Barcelona, Manuel Gutiérrez Carbajo, y “no han informado a la autoridad judicial” de los contactos personales y telefónicos que han mantenido con el delincuente. También acusa a agentes de la Guardia Civil implicados en la trama de omitir que acudieron “al senador Jordi Casas de CiU” para pedirle que aliviara su situación procesal y apunta a que, para costear su defensa, pudieron recurrir a la ayuda económica de un empresario, Francisco B., al que previamente habían investigado por tráfico de estupefacientes.

En el procedimiento han llegado a estar implicados agentes de la guardia urbana de Barcelona, 'mossos', policías nacionales y guardias civiles

El documento, al que tuvo acceso El Confidencial, había sido elaborado tomando como referencia informes previos de las respectivas unidades de asuntos internos de cada uno de los cuerpos implicados, también de la Policía Nacional. Sus más de 200 páginas fueron recibidas  por el instructor de la causa, el juez Joaquín Aguirre, que llevaba seis años enfrentándose a todo tipo de obstáculos para tratar de aclarar las conexiones de la supuesta mafia policial con la banda de Gutiérrez Carbajo.

En el procedimiento han llegado a estar implicados agentes de la guardia urbana de Barcelona, mossos, policías nacionales y guardias civiles, y la investigación ha generado graves conflictos entre los diferentes cuerpos, que compartían a Gutiérrez Carbajo como confidente. Este ayudó a los mossos a descubrir la conexión de agentes de la Policía Nacional con los burdeles Saratoga y Riviera, ya condenados en otro procedimiento. Pero la Policía Nacional también averiguó que el célebre narco tenía en nómina a agentes de la policía autonómica.

Contactos con un exsenador de CiU

El citado informe confirmaba la existencia de graves irregularidades en la propia investigación del escándalo. La Policía Nacional confirmaba que los Mossos “no informaron a la autoridad judicial” de que varios de sus miembros “mantuvieron frecuentes contactos con Manuel Gutiérrez Carbajo durante el desarrollo de la investigación”. Asimismo, reprocha a los investigadores de la policía autonómica que “no desarrollaran las vías de investigación conducentes” al traficante, aunque su nombre “aparecía reiteradamente en los hechos que estaban siendo investigados”.

En cuanto a la Guardia Civil, el documento acusa a los funcionarios que estuvieron imputados de “desarrollar un importante despliegue de medios” para su defensa, “acudiendo al senador Jordi Casas de CiU, según consta en los informes del Servicio de Asuntos Internos (SAI)” del Instituto Armado. También señala que “el empresario Francisco B., que había sido investigado” por la unidad contra el crimen organizado en Cataluña de la Guardia Civil, “pudo haber hecho frente a los gastos de la defensa” de los imputados, como también indican “los informes del SAI”. Y, por último, reprocha que los funcionarios del Instituto Armado que participaron en la detención de Bono no hayan tenido ningún tipo de sanción penal "y se desconoce si disciplinarias", a pesar de las "numerosas irregularidades" que cometieron en esa actuación.

La investigación de la Policía Nacional también cargaba contra el antiguo responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, Carlos Quílez. El informe señalaba que un teléfono móvil “atribuido a Quílez mantuvo 586 comunicaciones” con Gutiérrez Carbajo “entre el 20 de octubre de 2009 y el 16 de junio de 2010”, un periodo que coincide con la etapa de directivo en la Oficina Antifraude de la Generalitat.

Tarek, un testigo incómodo… ¿asesinado o huido?

Se llama Tarek Domínguez Mohamed. De profesión: narcotraficante. Vecino de Barcelona, padre de un niño e hijo de una traductora judicial de árabe. A primera hora de la mañana del domingo 12 de enero de 2104 salió de casa vestido con chándal y unas zapatillas camino de una churrería cercana donde comprar el desayuno. En su casa se quedó su novia y sus enseres personales. Tarek nunca más regresó.

Este hombre, conocido traficante de drogas, estaba imputado desde 2013 en el llamado caso Macedonia. El juez del caso le llamó a declarar como imputado. Pesaba sobre él una predecible prisión provisional pero Tarek Domínguez se agarró al flotador que le lanzó el propio juez y se prestó a colaborar con él. Su señoría, ávido de munición incriminatoria, le mantuvo la imputación pero le perdonó la preventiva.

Desde entonces, Tarek se hizo enemigos en todos los frentes. Por un lado, estaba imputado, aunque con paños calientes, en un juzgado. Por otro trascendió (o se filtró a los medios) que había colaborado con la justicia, cosa que le puso en el punto de mira de otros narcos.

Y además, la policía ha acreditado que Tarek, por aquel entonces, estaba frontalmente enfrentado a una potente banda de traficantes de hachís.

La madre y la novia pensaron lo peor. Denunciaron su desaparición ante los Mossos d'Esquadra. El caso llegó a manos del juez instructor número 17 de Barcelona. El juez y el fiscal también pensaron lo peor.

Al cabo de unos meses, el grupo de desaparecidos de los Mossos d'Esquadra concluyó que Tarek Domínguez Mohamed estaba muerto. Le dispararon en la cabeza con una pistola, posteriormente le degollaron y más tarde le trocearon para hacer desaparecer el cadáver.

Un testigo protegido aporta esa versión a los Mossos. Dicen que le dijeron cómo, quién y cuándo mataron a Tarek. El testigo protegido dice que fue una venganza de un clan criminal rival que le debía 200.000 euros a Domínguez por un porte de hachís introducido en Barcelona. Tarek, que reclamaba su parte impagada, se había quedado el piso en la costa y los coches del capo de la banda rival.

Un sicario contratado por 20.000 euros asesinó a Tarek. Eso, y otras pruebas aportadas por los Mossos, hicieron creer a los investigadores que a Tarek le habían asesinado.

El informe de la policía autonómica concluía que "el nulo contacto del desaparecido con su familia, la inexistencia de movimientos en su esfera patrimonial, la pérdida de actividad telefónica y la ausencia de causa aparente que justifique su desaparición, justifican la tesis (junto a la declaración del testigo) de que Tarek Domínguez Mohamed está muerto". El informe de los Mossos recogía incluso la lista en la que aparece el nombre y apellidos de los dos inductores, del autor material (apodado 'Lucas' y que iba alardeando de llevar el reloj marca Rolex de Tarek), un cómplice y un encubridor, papel que precisamente se confiere al testigo protegido.

Pero el fiscal, a pesar de la rotundidad de las afirmaciones de los Mossos, no creyó esa versión. Y no lo ha hecho porque el juez, paralelamente a la investigación de la policía autonómica, puso a trabajar en el asunto al Cuerpo Nacional de Policía, en una decisión sin demasiados precedentes en el proceder judicial. Los policías nacionales, al contario del criterio de los Mossos, creen que el desaparecido ha huido. Dicen que se le ha localizado el Londres. "Se ha identificado en tres ocasiones durante 2014. En primer lugar, durante el mes de marzo y en el Hotel Hilton. En segundo lugar, en un control en la vía pública, y en fecha 24 del XI de 2014, otra vez en el Hotel Hilton. La habitación la paga un ciudadano ruso llamado Ivan Kuznetsov". Así versa el informe 1.571 del CNP entregado en el juzgado el día 10 de marzo de 2016.

El informe añade que la novia de Domínguez visitó Londres en días inmediatamente anteriores. El CNP recuerda que Tarek Domínguez estaba imputado en una causa penal y que el testigo protegido que esgrimen los mossos no es testigo directo de los hechos.

El juez dio por bueno el criterio del fiscal y ya no considera víctima a Domínguez, sino prófugo y por ello dictó orden internacional de detención contra él mientras remite la causa al juez que instruye el llamado caso Macedonia.

Lo que es evidente es que todo esto huele muy mal. ¿Cómo es posible que con estos antecedentes, Trapero fuera nombrado Jefe de los Mozos de Escuadra?

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