El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, comunicó el jueves desde prisión que “llega el momento de la asamblea de cargos electos”. “El mundo entenderá la voz legítima de los electos si el Estado mata a nuestro Gobierno y a nuestro Parlamento”, añadió. Sànchez se refirió de esta manera a la Asamblea de Electos de Cataluña (AECAT), un organismo que la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) tiene a punto para sustituir a los poderes ejecutivo y legislativo de Cataluña en caso de inhabilitación.

La AECAT es un órgano de nuevo cuño y su autoridad no esta reconocida por ninguna ley. Está compuesto por unos 4.000 cargos electos —la gran mayoría son concejales— que, motivados por su activismo independentista, se han inscrito en una base de datos. La AMI asegura que todo está a punto para que la AECAT se constituya y releve a las instituciones políticas catalanas si estas son inhabilitadas. Sus estatutos y su funcionamiento están ya diseñados y listos para ser ejecutados, pero se mantienen en secreto. Tampoco ha trascendido cuáles serían los lugares de reunión, aunque no se descarta que la operativa dependa sobre todo de una comunicación informática a distancia.

Cada miembro de la AECAT cuenta con una tarjeta personal, con un código QR incorporado que guarda un número de identificación. La AMI está formada por 787 Ayuntamientos —de un total de 948 que hay en Cataluña—. Su presidenta, la dirigente del PDeCAT Neus Lloveras, aseguró el 23 de octubre al semanario El Temps que no creía que llegara a ser necesario constituir la asamblea de electos. La responsabilidad de convocar este foro alternativo sería de la dirección de la Asociación de Municipios por la Independencia. Carles Puigdemont fue presidente de la AMI antes de ser nombrado presidente de la Generalitat en 2016. Fuentes de la ANC indican que la AECAT ha de estar lista “por si es necesario”. “Pero el plan es mantener el Gobierno y el Parlamento operativos”.

La hoja de ruta de la ANC hasta 2018 establece que “llegado el caso de que el Govern o el Parlament no puedan ejercer libremente sus funciones, la AECAT asumirá la máxima representación legítima, soberana e institucional de Cataluña para completar el proceso de independencia, la confección, aprobación y sanción de las normas jurídicas de la nueva legalidad y la convocatoria inmediata de elecciones constituyentes”. La función de la ANC sería facilitar la operativa de la AECAT.

Lo importante de la noticia no es la intención de montar estructuras paralelas (como si quisieran nombrar un gobierno en el exilio), sino la arquitectura informática con la que pretenden hacerlo. Una arquitectura sobre la que construir toda una Administración para la “república independiente” y un sistema para conseguir, recaudar y gestionar fondos teniendo a toda la población de Cataluña controlada y llevándola a convertirla en una especie de paraíso fiscal para toda clase de oligarcas, incluidos los enriquecidos con el crimen organizado.

¿Cuál es origen de la fórmula? Empecemos por el principio…

Estonia y la tecnología 'blockchain'

En 2007 Estonia sufrió un ciberataque sin precedentes por su política de discriminación a la minoría rusa (un 40% de la población). El país, de 1,3 millones de habitantes, emergía digitalmente tras romper con la URSS, creando servicios para que sus ciudadanos pudieran pagar impuestos, pedir una receta médica y hasta votar (el primer escrutinio online se realizó en 2005) a través del ordenador de casa. Este avance se tambaleó cuando un grupo de piratas informáticos de Rusia dejaron en negro las webs del Gobierno. En ese momento, el país más digital de Europa debió regresar a tiempos pretéritos utilizando el fax y el teléfono en sus comunicaciones.

El episodio les llevó a crear proyectos de seguridad para monitorear constantemente sus sistemas informáticos, apoyando sus bases de datos bajo la tecnología Blockchain. Este dinámico sistema, semejante a un libro de contabilidad, se distribuye en la red y originalmente se creó para dar vida a Bitcoin. Usa criptografías y algoritmos para verificar las transacciones, y así seguir la pista de cualquier intercambio que lleve valor, incluida información.

En Estonia no toda información está integralmente en Blockchain, pero se utiliza esta innovación, de momento muy segura ya que no se ha logrado hackear, para respaldar la integridad de los registros.

Toomas Hendrik Ilves, presidente de Estonia entre 2006 y 2016 y artífice de la transformación digital del país, recomienda que "los Gobiernos, al tiempo que ponen mucha información en la nube, por seguridad, busquen maneras de cuidar los datos". En la actualidad, este caballero reside en California como profesor visitante en el Centro Internacional de Seguridad y Cooperación de la Universidad de Stanford, una labor que realiza en paralelo al grupo de trabajo de Blockchain para el Foro Económico Mundial. Vamos, un agente claramente al servicio de los intereses globalistas.

Debido a esta experiencia del pasado, abrieron la primera embajada de datos del mundo, con sede en Luxemburgo (el paraíso fiscal de la UE). El objetivo es proteger sus servidores para cuando haya una contingencia que no los deje operar desde casa y, así, puedan seguir sirviendo a sus ciudadanos como si nada hubiera pasado.

Estonia es hoy el anfitrión del Centro de Excelencia Cooperativa de la ciberseguridad de la OTAN y de la Agencia de la Unión Europea para los sistemas informáticos de gran escala en el área de seguridad interna. En estrecha asociación con estos y con otros aliados internacionales, se esfuerzan por hacer que la vida digital sea segura todos los días.

Otro exponente de esta tecnología es Martin Ruubel, CEO de Guardtime, quien se ha quedado desde 2007 con Guardtime, una compañía de software que a través de la tecnología Blockchain ofrece soluciones de seguridad y de cadenas de suministros.  Actualmente su compañía vela por la seguridad cibernética de la nación báltica. Además de Estonia, Guardtime tiene como clientes a la OTAN y recientemente a la multinacional estadounidense militar y aeroespacial Lockheed Martin.

Luxemburgo, la retaguardia del poder estonio

Estonia es considerado el Silicon Valley europeo. Pionero en la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación, prácticamente todo el territorio tiene conexión a wifi pública, el acceso a Internet es un derecho fundamental y fue el primer Estado que autorizó la votación por Internet en unas elecciones generales. Es una nación 100% electrónica. Todos los trámites se realizan digitalmente, hasta el extremo de que la Administración ha eliminado el papel. El comercio electrónico es puntero y sus autoridades presumen de que se puede registrar una empresa en apenas cinco minutos. La educación o la sanidad están completamente digitalizadas e Internet es un vehículo de participación política. Los socios comunitarios la han apodado e-Estonia.

Las políticas en favor del emprendimiento han tenido su recompensa, como demuestra el éxito de Skype, un servicio de videollamadas por Internet que nació en 2003 en suelo estonio y ha revolucionado las comunicaciones. Cientos de millones de personas de todo el mundo hablan, ven y envían mensajes instantáneos a otros usuarios por Skype. Y gratis.

El último paso en el desarrollo económico ha sido la implantación de la residencia electrónica, una especie de NIF transfronterizo emitido por el Gobierno de Tallin para ciudadanos que viven fuera del país, pero que quieren operar empresarialmente como si fueran oriundos. Ya  se han registrado decenas de miles de residentes online, procedentes de casi 140 nacionalidades, que han establecido miles de negocios.

Depender de manera extrema de la tecnología hace inevitable temer más que nadie los ataques cibernéticos. Para poner a salvo toda esa infraestructura, Tallin abrió en Luxemburgo una embajada electrónica. También en esto es pionera Estonia. Toda la documentación sensible (desde el censo hasta el sistema de pensiones) está replicada en una copia de seguridad alojada en esta innovadora legación, físicamente ubicada en Luxemburgo, pero técnicamente instalada en la nube. Por estar a la vanguardia de esta tecnología le ha hecho ser sede de dos organismos con ambiciosas metas: la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, y el centro de excelencia de la OTAN para la ciberdefensa.

El Paraíso fiscal virtual: Estonia ofrece residencia virtual y ventajas fiscales a empresas de todo el mundo

En Estonia solo existen tres gestiones administrativas que no se puedan hacer por Internet: casarse, divorciarse y comprar una casa. Todo lo demás está informatizado. Pero el proyecto estrella es la e-residencia, que proporciona una identidad en el país a cualquier ciudadano del mundo que la solicite online y cumpliendo unos pocos requisitos.

Cerca de 21.000 empresas se han afincado virtualmente en el país gracias a la e-residencia, que da derecho, desde finales de 2014, a un carné de identidad para operar en territorio estonio. La oferta persigue generar ingresos, no solo para las arcas del Estado (cuesta 100 euros), sino también para el sector privado. Una pequeña parte de quienes la solicitan crean empresas en el país. La mayoría (consultores, informáticos, vendedores por Internet…) desarrolla desde Tallin una actividad que podría prestar desde cualquier otro lugar del mundo. Hacerlo en este pequeño Estado, uno de los más septentrionales de la UE, proporciona una ventaja nada despreciable: la fiscalidad es muy inferior a la media del club comunitario. Es decir, un paraíso fiscal dentro de la UE… sin que nadie se lo impida.

Lo cierto es que las empresas allí residenciadas no pagan un solo euro de impuesto de sociedades si reinvierten los beneficios. Y si deciden cobrarlos, abonan al fisco como máximo un 20% de la ganancia. Nada que ver con el 34% de Francia y Bélgica o el 30% de Alemania.

La procedencia geográfica de los e-residentes de Estonia revela que la fiscalidad es solo uno de los motivos para solicitar este estatus. La nacionalidad más común de las 138 presentes en la lista de residentes digitales es la finlandesa (el 15% del total). Finlandia, vecino del norte de Estonia y con un idioma similar, es uno de los Estados más prósperos (y con una fiscalidad más elevada de la UE, aunque el tope del impuesto de sociedades es también un 20%). Asentarse en la pequeña Estonia les permite prestar servicios con pocos trámites —la empresa está lista en un mes— y aún menos impuestos.

Las motivaciones son diferentes para las otras dos nacionalidades con más peso en el registro: rusos (7,5%) y ucranios (casi el 6%). Para ellos supone poner un pie en la UE y ahorrarse trámites para prestar servicios, aunque ese carné de identidad no otorga derechos de ciudadanía, aclaran en el Ejecutivo estonio.

El objetivo del gobierno estonio es tener 10 millones de e-residentes en 2025. Eso supondría tener casi 10 residentes virtuales por cada ciudadano físico. Imaginemos los ingresos que eso genera…

Pero van más lejos. Estonia estudia la posibilidad de lanzar su propia criptodivisa, al modo del célebre bitcoin. El de crear estcoins es un proyecto que está en mente de los gestores para poder hacer realidad una República de Estonia completamente digital. Cualquier persona en el mundo podría acceder a ella a través de su programa de residencia electrónica, pagando con su divisa.

Además, como hemos dicho, ha creado la primera “Embajada de datos”, con sede en Luxemburgo, gracias a un gran servidor que alberga los archivos estonios y que goza de extraterritorialidad, en virtud de la Convención de Viena sobre la inmunidad diplomática. Se trata de un respaldo para cuando sus servidores “no estén operativos en casa, por cualquier incidente”. El Gobierno estonio suele ser muy transparente sobre las labores de asesoramiento a otros países en materia de avances digitales pero, preguntado por EL PAÍS sobre sus contactos con la Generalitat de Cataluña, Sikkut declinó hacer comentario alguno. Tampoco negó que esos contactos se hayan producido.

Kaspar Korjus, director ejecutivo del programa de E-residencia, aclara que el principal beneficio de acogerse a este es la capacidad de poner en marcha una empresa dentro de la UE, independientemente de dónde se encuentren físicamente sus oficinas. “Es probable que podamos alcanzar una tasa de crecimiento respetable, especialmente entre la comunidad de nómadas digitales de rápido crecimiento”, afirma.

Kaspar Korjus, director ejecutivo del programa de E-residencia, aclara que el principal beneficio de acogerse a este es la capacidad de poner en marcha una empresa dentro de la UE, independientemente de dónde se encuentren físicamente sus oficinas.

Y el independentismo catalán quiere emular el “paraíso estonio”

Los líderes independentistas catalanes se han marcado como objetivo que su hipotética nueva república emule a Estonia en su avanzado modelo de Administración digital y también en el modo en el que concede la residencia a personas extranjeras y sus planes de tener una criptodivisa.

El Gobierno estonio suele ser muy transparente sobre las labores de asesoramiento a otros países en materia de avances digitales pero, preguntado por EL PAÍS sobre sus contactos con la Generalitat de Cataluña, Sikkut declinó hacer comentario alguno, sin negar que esos contactos se habían producido.

Pillados por el diario El País, fuentes oficiales de Estonia explican que cualquier labor de asesoramiento tecnológico en Cataluña se centró en el ámbito digital y nunca político. Además, se excusan que el Gobierno estonio, que ocupa la presidencia de turno de la UE hasta finales de este año, apoya firmemente la unidad territorial de los países de la Unión Europea.

Pero la realidad es que los técnicos al servicio de la Generalidad llevaban meses estudiando el sistema estonio y siendo asesorados por sus especialistas.

La República Catalana se materializará primero en Internet. Incluso se podría decir que la estructura básica de esa república ya existe de manera soterrada  entre los muchos millones de enlaces y bits de información que conforman la red. Eso es lo que se deduce de varios documentos encontrados por la Guardia Civil durante los registros que realizó del 21 de septiembre en las sedes de Administració Oberta de Catalunya, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y la Fundación PuntCat, y a los que ha tenido acceso El País.

El Govern tendría prácticamente lista la sustitución de las estructuras del Estado español por una Administración digital soberana en la que viene trabajando desde hace dos años. Esa Administración digital paralela a la Administración General del Estado estaría diseñada a imagen y semejanza del modelo que funciona a día de hoy en Estonia.

El documento Bases para la Administración Digital de la Nación apela a la necesidad de crear una "sociedad digital catalana" y un "sistema catalán de gobierno digital" como "iniciativas críticas para poder llevar a cabo una visión de país"

El documento que supuestamente habría servido como punto de partida para el diseño e implementación de la administración digital de Cataluña se elaboró por iniciativa de Manel Sanromà, que lidera el consorcio Administració Oberta de Catalunya, entre los meses de junio y noviembre de 2016.

A instancias de Sanromá, un grupo heterogéneo de expertos se reunió en varias ocasiones en lugares apartados de los focos, como el monasterio de Montserrat o La Roca del Vallès, para definir las líneas maestras de un proyecto de gobernanza digital que, según la opinión de los investigadores, representa uno de los ejes centrales en la hoja de ruta del bloque independentista.

Esas sesiones de trabajo acabaron impulsando el llamado Pacto Nacional para una Sociedad Digital, firmado por el consorcio Administració Oberta y la fundación PuntCat en octubre de 2016 y ratificado cinco días antes del referéndum del 1-O. En el documento, la Generalitat reconoce que las redes informáticas son una "cuestión estratégica que condicionará el nivel de competitividad económica del país y su cohesión social y territorial".

Fuentes de las investigaciones abiertas contra la Generalitat en los juzgados de Barcelona consideran ahora que ese pacto buscó, desde el principio, la creación de unas estructuras de Estado digitales con la vista puesta en la declaración de independencia. Ese proyecto pasaría, entre otras cosas, por la elaboración de un registro civil propio —que tomaría sus datos del Registro Central de Asegurados, y que a su vez serviría como base para elaborar un registro tributario y la sustitución de todas las formas de identificación del Estado español (DNI, NIE, CIP, registro mercantil, registro de la propiedad, catastro) por un sistema propio de identificación digital.

El proyecto apela a la necesidad de crear una “sociedad digital catalana” y un “sistema catalán de gobierno digital” como “iniciativas críticas para poder llevar a cabo una visión de país”. Para llegar a esta meta se crea una Agencia de la Administración Digital de Cataluña, que se eleva a la categoría de “estructura de Estado”.

La Generalitat habría trabajado durante los dos últimos años en la elaboración de un registro civil digital como punto de partida para la sustitución de todas las formas de identificación del Estado español (DNI, NIE, etc.) por un sistema propio de identificación digital

A imagen y semejanza del modelo estonio, tras la implementación de esa "sociedad digital" los ciudadanos del Estado catalán dispondrían de una identidad digital única con la que podrían hacer todo tipo de trámites burocráticos a través de internet relacionados con la seguridad social, los servicios sanitarios, las obligaciones tributarias, la enseñanza y otras cuestiones administrativas. Pero ese impulso para la transformación de las instituciones en entes digitales basados en tecnología blockchain también tendría un segundo objetivo: hacerlas invulnerables a cualquier medida de intervención que se pueda tomar desde fuera e incluso facilitar un escenario de autogobierno en Cataluña en el que las nuevas instituciones soberanas podrían mantenerse en funcionamiento desde el exilio, sin tener traducción física sobre el terreno del país.

La hoja de ruta elaborada por Administració Oberta de Catalunya ha fijado un plazo de dos años para el establecimiento definitivo de un sistema catalán de gobierno digital.

Y también haría posible que los separatistas convirtieran Cataluña en otro paraíso fiscal, su criptomoneda y su embajada de datos en Luxemburgo, y captar empresarios ávidos de beneficios fiscales y empresas deslocalizadas lejos del control de los Estados.

¿Es consciente el Estado español de todo esto? ¿Lo va a permitir la UE? ¿A qué se espera para tomar el control de todas las estructuras operativas de las Tecnologías de la Información en manos separatistas?

Por último… ¿alguien puede pensar que los mismos que controlan el centro de excelencia de ciberseguridad de la OTAN y asesoran a los separatistas catalanes, son aliados de fiar?

Y los imbéciles detrás de la “pista rusa”…

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