En el mundillo próximo a los servicios secreto ha causado verdadera sorpresa la decisión del Ministerio de Presidencia de publicar en el BOE nº 13/4/2012, páginas 29491 a 29498, la ORDEN PRE/727/2012, de 30 de marzo, por la que se aprueba el modelo de tarjeta de identidad profesional y la placa insignia del personal estatutario del Centro Nacional de Inteligencia, de la forma en la que se ha hecho, alentada por su máximo responsable, Félix Sanz.

Dicha Orden Ministerial, detalla técnicamente y con total precisión para su producción industrial, el formato del conjunto de elementos que portarán los agentes del CNI para su identificación oficial. En el Anexo I se incluye la descripción milimétrica de la “Tarjeta CNI” y su modelo-soporte, mientras que el Anexo II hace lo propio con la descripción de la placa insignia de la autoridad CNI y la correspondiente cartera porta-documentación de piel negra.

Incluso en medios internos del propio CNI, se ha considerado una temeridad innecesaria esta difusión técnica tan detallada, milimétrica y acompañada de todos los datos necesarios para su falsificación, incluidos los fondos de seguridad de color “Pantone” aplicables en cada impresión. De hecho, dentro de los Servicios de Inteligencia se bromea con la posibilidad de que puedan comprarse acreditaciones falsas y a bajo precio en los bazares chinos, aunque también preocupa seriamente que, con mejor elaboración, se terminen utilizando en actuaciones delictivas que no requieran su contraste exhaustivo inmediato, suplantando a los agentes del CNI dentro y fuera de España.

Más allá de publicar el estricto contenido literario de la norma establecida, no existe razón alguna para que el soporte físico de las acreditaciones del CNI haya tenido esta innecesaria difusión pública.

Si bien es cierto que la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, establece en su artículo 5.3, párrafo segundo, que “sus miembros dispondrán de documentación que les acredite, en caso de necesidad, como miembros del Centro…”, cosa que siempre se ha hecho con la lógica precisión administrativa, su artículo 5.1 blinda previamente su cobertura “secreta” total, de forma incluso abusiva:

“Las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los Acuerdos internacionales o, en su caso, con el mayor nivel de clasificación que se contemple en dicha legislación y en los mencionados Acuerdos”.

A tenor de lo publicado en el BOE de forma tan detallada y precisa, incluso cabría interpretarse que el propio Ministerio de la Presidencia ha podido desvelar una materia expresamente clasificada con el grado de “secreto”, vulnerando así lo establecido en el referenciado artículo 5.1 de la Ley 11/2002. Entonces se podría dar la rocambolesca situación de tener que encausara quien o quienes fueren responsables de dicha conculcación.

No obstante, lo más peregrino del caso es que la concreción con la que se ha publicado la ORDEN PRE/727/2012, que ya se encuentra en vigor, es uno de los ítems incluido, junto a otras bagatelas, en el plan de reformas del CNI propuesto por Félix Sanz a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y que en parte parecen justificar su permanencia en el cargo. Algo ciertamente incomprensible debido a su estrecha vinculación al mismo “zapaterismo” político que durante dos legislaturas seguidas tanto ha perjudicado a las Fuerzas Armadas y al mismo CNI.

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