El periodista José Antonio Zarzalejo, que entre otras cosas dirigió el diario pro monárquico “ABC” casi durante una década (desde 1999 hasta 2008), acaba de publicar un extenso y abrasivo artículo de opinión en el periódico digital “El Confidencial” con el significativo título “Historia de cómo la Corona ha entrado en barrena”.

Inicia su relato destacando la sorpresa que produjo el precipitado regreso del rey Juan Carlos desde Botsuana, remoto país situado al sur del continente africano donde cazaba elefantes sin mayor conocimiento oficial del hecho, para someterse a una operación de urgencia traumatológica en la Clínica San José de Madrid. Así, escribe, se ha desvelado la razón por la que el Jefe del Estado no había aparecido en público desde el pasado domingo de Resurrección, ni siquiera para visitar a su nieto mayor, Felipe Juan Froilán, primer hijo de la infanta Elena, ingresado en la clínica Quirón de la capital tras propinarse accidentalmente un disparo en el pie…”.

El articulista llega a deslizar que, según fuentes del entorno de la Zarzuela y de los dos principales partidos, Su Majestad “ha de elegir entre las obligaciones y servidumbres de la Jefatura del Estado y una abdicación que le permita disfrutar de una vida diferente”.

Sin necesidad de mayores comentarios sobre lo publicado por Zarzalejo (cuya lectura íntegra recomendamos http://www.elconfidencial.com/opinion/notebook/2012/04/15/historia-de-como-la-corona-ha-entrado-en-barrena-9048/ ), sus referencias a la disciplina del Rey en relación con sus funciones, aceptable bajo la presidencia de Felipe González, más endurecida durante la de José María Aznar y laxa con José Luís Rodríguez Zapatero (“Rajoy a este respecto, está inédito”), si que viene al pelo el recordatorio que un ilustre jurista especializado en Derecho Constitucional, y desde luego afecto a la monarquía, acaba de trasladar también al entorno de la Casa Real sobre lo establecido en el artículo 172 de la Constitución de 1812, cuyo bicentenario se celebra precisamente este año. En él se incluyó una restricción de la autoridad del Rey, ordenada como segunda, en estos términos literales: “No puede el Rey ausentarse del Reino sin consentimiento de las Cortes, y si lo hiciere, se entiende que ha abdicado la Corona”.

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