Los lectores de este portal digital han podido comprobar su crítica posición sobre la extraña continuidad de Félix Sanz al frente del CNI. Sobre todo, por la contradicción que supone mantener en ese cargo de máxima confianza política a una persona estrechamente vinculada al mismo “zapaterismo” que durante dos legislaturas seguidas tanto daño a hecho a las Fuerzas Armadas, en las que ocupó el cargo de Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) sin méritos objetivos para ello, y al propio CNI, degradado funcionalmente hasta extremos insostenibles bajo el mandato de su predecesor, el socialista Alberto Saiz.

En esta misma sección de Confidenciales, se ha planteado, incluso, la incomprensible necesidad de mantener en su cargo a Félix Sanz si el Servicio de Inteligencia satisface, como institución, las expectativas y requerimientos del Gobierno en la materia, y si, de otra forma, el CNI no es capaz de aportar a la acción gubernamental todo lo que debe en una situación tan crítica como la presente, aún extraña más su permanencia al frente del mismo.

El hecho de que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, haya “madrugado” al Gobierno de Mariano Rajoy con la expropiación del 51 por 100 del accionariado de la petrolera YPF en manos de la empresa española Repsol, privada y de cuya política especuladora habría mucho que hablar, ha desatado una injusta campaña contra el CNI, cuya División de Inteligencia Económica se ha visto acusada de “inoperante”. El hecho de que inmediatamente antes de la incautación física de YPF, el ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, declarará que el contencioso bilateral “estaba encauzado”, no podía sino justificar esa errónea interpretación de los hechos.

En honor a la verdad, contrastada en fuentes de absoluta solvencia, hay que decir que el CNI informó puntual y detalladamente al Gobierno de las intenciones de la presidenta argentina, accesibles en fuentes abiertas incluso de ámbito periodístico.

De no ser así, es obvio que el cese de Félix Sanz habría sido automático, debiéndose trasladar por tanto la acusación de inoperancia global al Gobierno español, y en particular al ministro Soria, incapaz de establecer un plan de reacción adecuado y con todas las variables de respuesta inmediata, según fuera la conformación final de la amenaza detectada. Estrategia inexistente, a pesar de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtiera al inicio de la controversia eso de que “las medidas no se anuncian, se adoptan”…

En relación con la polémica sobre si el Gobierno conocía o desconocía el viaje del rey Juan Carlos a Botsuana (obviamente “de caza”), y por tanto si existía o no el plácet correspondiente, es evidente, aunque sólo sea por razones de seguridad y apoyo logístico, que Rajoy, la Casa Real, el CNI… y todos quienes necesitaran saberlo, lo sabían.

Por ello, el artículo del Grupo de Estudios Estratégicos (GEES) titulado “Botsuana – El CNI, los elefantes y el rey” (16/04/2012), que al respecto pone en duda la lealtad y eficacia de la dirección militar del Servicio de Inteligencia, mandando de paso un “recado” de desaprobación contra la vicepresidenta del Gobierno, con aspiraciones implícitas de depositarlo en dirigentes afines (¡Dios nos coja confesados!), no deja de ser una inoportuna patochada que descalifica seriamente a su director, el “neocon” Rafael L. Bardají.

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