El pasado 11 de mayo, el general Vicente Díaz de Villegas, pasaporte español nº BD879065, abandonaba Venezuela. Se había hospedado como “turista” procedente de España en el piso 12, habitación 1231, de un conocido hotel de Caracas propiedad del Estado, donde se suelen reunir personalidades políticas afines al “chavismo” y, en consecuencia, muy controlado por los servicios secretos venezolanos. Nada que objetar si, en efecto, fue “de turismo” (si fue de otra cosa, tendría que haberlo hecho mejor).

El caso es que, días antes, el general Díaz de Villegas viajó a la ciudad de Valencia, al sudoeste de la capital venezolana, alojándose con nombre falso en el Hotel Hesperia y haciéndose pasar por periodista de “Intereconomía”, que en Venezuela es sin duda una mala cobertura. Allí se entrevistó al menos con dos asesores personales de Henrique Capriles en materia electoral y de seguridad, abortándose, al parecer, una reunión directa con éste (en caso de haberse celebrado, los servicios secretos venezolanos no pudieron comprobarlo).

Capriles, actual Gobernador del Estado Miranda, fue elegido el pasado 12 de febrero candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (la oposición a Hugo Chávez) para las elecciones presidenciales que se celebrarán el 7 de octubre de este mismo año. En Venezuela es conocida su vinculación al Opus Dei.

La contra-vigilancia desplegada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en torno a la oposición política venezolana, descubrió entonces  que el “periodista español” detectado en Valencia era el mismo “turista Díaz de Villegas” registrado en el hotel caraqueño. Y, de inmediato, conoció igualmente que Díaz de Villegas era en realidad un general del Ejército español en situación de reserva (adscrito al CNI, según fuentes del SEBIN), con un conflictivo currículum en el que no produjo menor alarma su vinculación al Opus Dei.

En una nota informativa del SEBIN se recoge también la proximidad al Opus Dei del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, junto con datos que reflejan una importante penetración de dicha organización en los círculos más empeñados en desbancar del poder al presidente Chávez.

Por otra parte, hay que recordar el papel que jugó José Bono cuando, recién nombrado ministro de Defensa, se convirtió en el máximo valedor de un millonario contrato de armamento español adquirido por las Fuerzas Armadas bolivarianas, que supuso un importante balón de oxígeno para la cartera de pedidos de Navantia. Incluso mantuvo una reunión “fuera de protocolo” con el presidente Chávez en una remota finca de su propiedad.

Curiosamente, Bono fue también el ministro que “ordenó” el ascenso de Vicente Díaz de Villegas a general de división, en contra de la opinión del Consejo Superior del Ejército…

El tema no ha generado mayor preocupación dentro del SEBIN y del propio Gobierno venezolano. Sin embargo, su ministro de Defensa, Henry Rangel Silva, sí que considera que este tipo de intrigas pueden complicar las relaciones bilaterales y las adquisiciones de armamento español  por cuenta de Venezuela, cuya Armada se encuentra dispuesta a aumentar sus pedidos a Navantia.

De hecho, los medios “chavistas” más agresivos no han tardado en utilizar este incidente para apuntar, quizás con cierta desmesura, algún tipo de connivencia española con posibles intentos golpistas promovidos por la diferencia electoral que vuelve a tener el presidente Chávez respecto del propio Henrique Capriles (ver www.aporrea.org). La posición del embajador de España acreditado en Caracas, Antonio Pérez-Henares, que sustituyó el pasado mes de abril a Juan Ramón Serrat (un diplomático que mantuvo buena sintonía con las autoridades bolivarianas), ha quedado lógicamente en entredicho.

Para empezar, Félix Roldán y Fulgencio Coll (otros dos buenos amigos de Bono) deberían aclarar algunos aspectos del caso. El director del CNI tendría que decir si el general se encuentra o no adscrito a su plantilla y, en su caso, cual habría sido el procedimiento de incorporación, dada la “puerta de atrás” que tiene abierta para incluir en su generosa nómina a militares de alta graduación amortizados. El JEME, tendría, a su vez, que clarificar si, como militar en la reserva (pero no retirado), el polémico general informó o no a sus superiores de su “gira” venezolana y, por supuesto, de su objeto real. Después, ya veremos.

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