Cuando Javier Calderón fue nombrado Director del CESID por el Gobierno de Aznar, con 65 años cumplidos, ya pareció un hecho inconcebible que para ese singular cargo se rescatará a un militar en situación de segunda reserva. La decisión se tomó en razón de su vieja relación con el PP, y en particular con Manuel Fraga, desde la fundación de GODSA, sin que pueda decirse que su gestión brillara lo más mínimo, hasta el punto de que el mismo gobierno del PP le sustituyó por Jorge Dezcallar en junio de 2001, ya con 70 años cumplidos y reconociendo los directivos del PP en privado que su nombramiento había sido un error.

Prácticamente a esa longeva edad también cesó en el cargo el general Emilio Alonso Manglano, acompañado de numerosas críticas por su dilatada permanencia en el mismo (catorce años), circunstancias ambas -la edad y el apego al despacho oficial- que le llegaron a confundir en el servicio al Gobierno del PSOE y al de determinados círculos grupales con el servicio al Estado.

Y ahora, a esa misma edad de jubilación no es que se cese al Director del CNI, sino que se le ‘renombra’ por un segundo mandato de otros cinco años, en momentos en los que la crisis política e institucional demanda reformas estructurales y también vitales en todos los órdenes. Así, no es raro que en los medios de la Inteligencia y la Seguridad del Estado se especule con las razones que han llevado a esta extraña situación.

Hay quienes apuntan a cierta incapacidad del Gobierno, en concreto de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, de la que depende el CNI, para preparar una alternativa de relevo más razonable y con mayor perspectiva de futuro. Es decir, un fracaso evidente en la capacidad y las esperanzas puestas en la actual ‘número dos’ del Centro, Beatriz Méndez de Vigo, a pesar de todos los años que lleva destinada en el Servicio de Inteligencia y de militancia en el PP, como se había previsto en agosto de 2012 cuando se la puso al frente de su Secretaría General.

Otra lectura, bastante más preocupante, es la de que el propio sistema de Inteligencia esté tan enquistado y burocratizado que impida la evolución del personal para poder extraer internamente una Dirección suficientemente eficaz, lo que permitiría una loable despolitización del organismo. Y otra más, quizás la peor de todas, es que el Gobierno tenga cierta ‘dependencia’ del titular renombrado in extremis en edad emérita y algún temor a que, en su ausencia, estallen o se desmanden públicamente los casos de corrupción y escándalos políticos del momento.

Lo cierto es que esta dependencia personal al límite de la senectud (Félix Sanz debería permanecer en el cargo poco menos que a hasta los 75 años), no tiene precedentes en ningún Servicio de inteligencia de nuestro entorno occidental. Y que en la Comunidad de Inteligencia tampoco se le considera una figura profesionalmente excepcional, sino más bien un advenedizo que llegó al cargo hace cinco años, tardíamente y sin experiencia previa en la materia, nombrado por el inmaduro presidente Rodríguez Zapatero sólo en base al amiguismo político.

Sin embargo, la clave puede ser mucho más simple: el inmovilismo del presidente Rajoy y su incapacidad para asumir decisiones de gobierno.

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