Es público y notorio que Pedro Arriola (bautizado como ‘Profesor Bacterio’ por Federico Jiménez Losantos) sigue leyendo las encuestas (las propias y las de otros) como le viene en gana, embaucando a cuantos pelamanillas del marketing político se cruzan por su camino. Pero eso no impide que sea consciente de la realidad pre-electoral y de las amenazas que se ciernen sobre el PP de cara a los próximos comicios municipales y autonómicos (mayo de 2015).

De forma muy especial le preocupan los sondeos y previsiones en relación con el bastión electoral de Madrid, cuyas dos mayorías absolutas (en el Ayuntamiento capitalino y en la Asamblea) son vitales en sí mismas y para poder afrontar con posibilidades de éxito los comicios generales previstos para noviembre de 2014. Sin olvidar otros casos no menos emblemáticos y sometidos al mismo riesgo electoral, como el que se da en la Comunidad Valenciana.

Al margen de las obligadas inyecciones de ‘motivación interna’ necesarias para engrasar el aparato electoral del PP (del tipo ‘seguimos siendo el partido con mayor expectativa de voto’), hay cuestiones imposibles de soslayar en su estrategia y planeamientos electorales. Una de ellas ha sido tener que admitir -¡por fin!- el desastre que supondría mantener a Ana Botella como candidata a la Alcaldía de Madrid, circunstancia agravada con el dato de que, a tenor de las encuestas, el PP ya tendría que dar por perdida la mayoría absoluta tanto en ese ayuntamiento como en la CAM, y por la indiscutible condición de motor o arrastre electoral que aquél tiene sobre ésta.

Ahora se trata de que la situación no empeore con decisiones equivocadas sobre la composición del cartel electoral correspondiente. Y esa evaluación previa de las posibles candidaturas es la que se han puesto obligadamente sobre la mesa de Mariano Rajoy, con independencia de las moralinas e intoxicaciones internas con las que Arriola aderezó la reunión ‘secreta’ de los dirigentes del PP celebrada en el Parador de Sigüenza (los días 6 y 7 de septiembre), vendiendo optimismo a mansalva y dudosas ‘tocadas de fondo’ electoral.

Eso es lo que ha generado de forma inaplazable la renuncia de la actual alcaldesa madrileña para repetir como candidata en las elecciones del próximo mes de mayo. Ella no asistió a la reunión de Sigüenza, pero sí que tuvo exacto conocimiento de la falta de apoyo de su candidatura por parte de la dirección del partido, lo que inmediatamente la llevó a comunicar su decisión a Rajoy el lunes 8, haciéndola pública el martes 9.

La decisión de Ana Botella supone considerar seriamente la candidatura de Esperanza Aguirre a la Alcaldía de Madrid, entre otras cosas porque es la persona mejor valorada incluso en las mediciones personales de Arriola, aunque ya ningún nombre garantiza la mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento y mucho menos en la CAM. La nueva ‘Operación Cibeles’, anticipada el 22 de junio por ElEspíaDigital.Com (ver La ‘Operación Cibeles’: ¿Quiénes y por qué la mueven…?), sigue su curso.

El entorno empresarial, profesional y político que discretamente apoya la recuperación de Aguirre como candidata del PP en Madrid (un grupo con gran capacidad de adquisición informativa y no poca influencia en muchos ámbitos profesionales), ha hecho llegar por diversas vía a la dirección del partido informaciones reservadas que apuntan a un complot interno para boicotear su nominación, intentando en estos momentos transformar su incidente de tráfico (una falta administrativa) en una acusación formal de ‘delito’, sin más pretensión que la de perjudicar su imagen pública y dificultar su nominación electoral.

Una torpeza tremenda en la que pueden quedar comprometidos algunos partícipes próximos al entorno de los ministros Alberto Ruiz-Gallardón y Jorge Fernández Díaz (y algún ex ministro descolocado y conocido por su extensa relación de protegidas políticas). En estos delicados momentos, al PP sólo le falta que se descubran maniobras internas de ese torpe y sucio calado, cosa extremadamente fácil porque, pese a quien pese, Esperanza Aguirre genera muchas adhesiones y simpatías entre el funcionariado judicial y policial que podría desvelarlo.

Claro está que en el caso de Ruiz-Gallardón las oportunidades de seguir enredando el tema son cada vez más escasas. Una vez que el Gobierno ha decidido desactivar la ‘guerra del aborto’ (otro consejo de Pedro Arriola) por extrema necesidad electoral, la dimisión del ministro de Justicia -con la que él mismo amenazó a Rajoy si el Gobierno no apoyaba su conflictivo proyecto de ley- está cantada y puede confirmarse esta misma semana.

De esta forma, se habría generado un ‘efecto dominó’ con el fracaso político de Ana Botella (a la que Ruiz-Gallardón entregó la Alcaldía de Madrid en bandeja de plata en una operación de ambiciones personales conjuntas absolutamente impresentable), muy provechoso en términos de conciliación con el electorado. Y no menos útil para satisfacer las expectativas políticas de Javier Arenas (pudo ser el sutil inductor de la reunión de Sigüenza) al acecho de un área propia de poder, dejando de incordiar dentro del partido.

El hasta ahora ministro Ruiz-Gallardón representa sin duda alguna el mayor fiasco político del Gobierno de Rajoy, pasando de ser su fichaje ‘estrella’ a verse convertido en el colaborador más contumaz y perjudicial a la hora de presentar reformas legales, realmente desastrosas y que no han dejado de abrir importantes vías de agua en la frágil reserva de votos del PP.

Entre sus conflictivas iniciativas y reformas legislativas, unas consumadas y otras en estados previos, destacan la Ley de Tasas y la Ley de Seguridad Privada; el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana; las reformas de la Ley del Aborto, la del Código Penal, la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, etc… Es decir, todo un record de iniciativas políticas de enfrentamiento social y profesional que por su falta de consenso van a tener, además, muy pocas posibilidades de prevalecer en el tiempo.

Pero después de éstas y otras meteduras de pata en el ámbito legislativo y de tener que soportar la segunda huelga de jueces y fiscales realizada desde la Transición (la primera se llevó por delante al ministro socialista de Justicia Mariano Fernández Bermejo en febrero de 2009), el devaluado Ruiz-Gallardón continuó haciendo de las suyas. Por ejemplo, otro duro enfrentamiento con el Consejo General del Poder Judicial a costa de su proyecto ‘estrella’ de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Gobierno el pasado 4 de abril; o eliminar de un plumazo -sin consulta alguna a los estamentos profesionales adecuados- la llamada ‘justicia universal’, muy contestada por jueces, fiscales y cuerpos de la Seguridad del Estado, que se han visto forzados a respetar la impunidad de los narcotraficantes en aguas internacionales e incluso a excarcelar a muchos de los que ya estaban detenidos y sujetos a causas judiciales.

Todo ello al margen de su pésima gestión del ‘caso Dívar’, del ‘caso Nóos’ y de toda la normativa afecta a la abdicación del rey Juan Carlos I, en algún momento calificada de ‘chapuza’ por el propio presidente de las Cortes Generales, Jesús Posada.

En los medios judiciales se hacen votos para que la dimisión de Ruiz-Gallardón sea efectiva y se consume cuanto antes. Un grupo de miembros de una significada asociación de magistrados preparan una misiva de despedida al ministro que podría concluir con esta frase: “… Alberto, que te vayan dando, y que allí donde vayas encuentres tanta paz como daño dejas”. Se incluía en otra carta de corte similar que una conocida agente de los Servicios de Inteligencia envió a Alberto Saiz cuando su desastrosa gestión al frente del CNI también terminó forzando su defenestración.

Parece que la realpolitik, basada en intereses prácticos y acciones concretas como elementos conformadores de la política, entra en la sede central del PP. Veamos hasta donde llega.