La mala reacción del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ante el asalto del palacio de Moratalla (Hornachuelos, Córdoba) perpetrado el pasado 21 de agosto por miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), acompañados por el diputado andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha mejorado notablemente el record del máximo responsable gubernamental del orden público como “pisacharcos” oficial del Reino.

Para justificar su pasividad (con la guardia Civil in situ) ante el espectáculo tercermundista de la invasión del emblemático palacio (con acampada, barbacoa y baños en la piscina), difundido mediáticamente urbi et orbi, el ministro Fernández y el director de su Gabinete, Francisco Martínez Vázquez, que es un letrado de las Cortes antiguo director de Relaciones Internacionales del Congreso (sin experiencia en la política práctica), no han tenido mejor idea que acusar al propietario víctima del atropello, Ignacio de Medina y Fernández de Córdoba (duque de Segorbe), nada menos que de “connivencia” con los asaltantes.

La respuesta de éste aristócrata, totalmente ajeno a los hechos, ha sido dejar en vergonzosa evidencia al tándem Fernández-Martínez, advirtiendo que jamás ha tenido la menor relación con Sánchez Gordillo ni con los representantes del SAT y lanzando esta dura acusación: “El ministro miente a sabiendas, me calumnia ante toda España” (“El Mundo”, 25/08/2012). Además, aclarando: “Y desgraciadamente, tengo que decir que lo que está diciendo Gordillo de Moratalla es más verdad que lo que ha dicho el ministro”.

Lo que Sánchez Gordillo dijo sobre su connivencia con el duque de Segorbe,  insinuada públicamente por Jorge Fernández, es que en el momento de hacer esa declaración, el ministro del Interior “o estaba borracho o es así de tonto”.

Por su parte, el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, otro personaje político de chicha y nabo con un currículum que se las trae, tampoco ha sabido guardar las formas como corresponde. Ni más ni menos que ha justificado la comisión flagrante de cualquier delito ante la presencia directa de la Guardia Civil, si no media para impedirlo una denuncia previa.

Es decir, que ante esa autoridad, uniformada y armada, los delincuentes pueden asesinar, robar o consumar cualquier fechoría evidente, y que sólo después, una vez interpuesta la correspondiente denuncia, es cuando se debe perseguir el delito consumado (“Sin una denuncia del dueño la Guardia Civil [testigo impasible de los hechos por orden superior] no podía intervenir”). Hay que joderse con el “pavo”.

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