Un borrador de Real Decreto previsto aprobar el próximo viernes –todavía puede sufrir modificaciones- elevará en más de 40.000 millones el dinero disponible para avales del Estado en 2012, que se utilizan mayoritariamente para garantizar las emisiones de las entidades financieras y del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). De esta forma, el total de avales estatales para este año puede alcanzar 258.278 millones, frente a los 217.043 que recogía la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Para poder “sortear” la citada Ley de Presupuestos, será modificada en una disposición final del citado RD. Hay que señalar que los avales estatales no computan como déficit público salvo que sean ejecutados, esto es, que se produzca un impago de la deuda por parte del emisor, en cuyo caso pasarían a ser un gasto del Estado.

Las garantías para la banca se han disparado ante las necesidades de liquidez. Así, en marzo alcanzaron un máximo histórico de 133.000 millones, con un incremento del 35% respecto a diciembre. En teoría, se trataba de facilitar el acceso a la liquidez ante el cierre puntual de los mercados, pero la prolongación de esta situación durante años ha convertido los avales en una fórmula habitual.

El problema es que estos avales se contemplaban como una ayuda puntual a un sistema financiero sólido, con lo que no había dudas sobre su devolución. Ahora, tras verse obligado el estado a intervenir ocho entidades y las fuertes debilidades de otras muchas, el fantasma de la ejecución del aval es algo real.

Todo hace temer que el Gobierno prevé que tendrá que rescatar a más entidades financieras en apuros y ya suenan por los pasillos algunas candidatas. En cualquier caso, se está a la espera de que la consultora Oliver Wyman determine en septiembre la cantidad exacta de capital que precisa cada entidad para hacer frente a sus pérdidas en un escenario adverso. El primer análisis global realizado por esta consultora y por Roland Berger ya arrojó unas necesidades globales de entre 51.000 y 62.000 millones de euros, a las que habrá que incluir las pérdidas en participadas y deuda pública, no estimadas en la evaluación de las consultoras.

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