En declaraciones a Europa Press (29/10/2014), el portavoz de Defensa del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Diego López Garrido, ha anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el crédito extraordinario aprobado el pasado mes de agosto por el Gobierno del PP para atender pagos pendientes de los programas especiales de armamento y que asciende a 883,6 millones de euros.

Con este crédito, decidido por el Consejo de Ministros a través de un simple real decreto, fuera de la partida de Defensa establecida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), se hace frente al pago de programas como el del Eurofighter-Typhoon (430,5 millones de euros), el Airbus A400M de transporte militar (143 millones), el vehículo blindado Pizarro (55 millones), el helicóptero Tigre (144,2 millones), el helicóptero NH-90 (85,8 millones) o el misil anticarro Spyke (22,9 millones).

De esta forma, se evidencia el tinglado presupuestario que oculta el gasto armamentista real, su repercusión sobre el PIB y la desviación irregular de los fondos del Ministerio de Industria para financiar las adquisiciones de Defensa de forma complementaria, malversando en muchas ocasiones los destinados oficialmente a I+D+I, que terminan siendo utilizados para cubrir el déficit financiero y las trapisondas que envuelven desde hace años nuestro irracional gasto en sistemas de armas.

La fórmula, que los especialistas reputan no sólo de irregular sino también de ilegal, porque falsea las partidas y destinos de los PGE,s que han de ser aprobados de forma expresa por las Cortes Generales, viene de lejos. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, la tiene asumida desde el inicio de la legislatura, de forma que ya en el verano de 2012 se cocinó otro crédito extra-presupuestario de más de 1.783 millones de euros y en 2013 otro más de 877 millones, con lo que la totalidad de gastos de defensa sin control parlamentario ya asciende en lo que va de legislatura a 3.544 millones de euros.

Tras la aprobación de los últimos PGE,s, el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, ya adelantó sin el menor sonrojo que el próximo año también se seguirán las mismas prácticas desviacionistas aprobando otro decreto similar. Entonces defendió que el decreto “es un recurso legal al alcance del Gobierno, más flexible que el presupuesto inicial”, y se escudó en un dictamen inconcreto del Consejo de Estado emitido al parecer para una necesidad muy distinta: la eliminación de purines, cuya urgencia se justificó por el grave riesgo de contaminación…

En sus declaraciones a Europa Press, López Garrido, que además de ser un parlamentario experimentado (diputado en cinco legislaturas consecutivas) es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha (en excedencia) y licenciado en Ciencias Empresariales por ICAI-ICADE (Universidad Pontificia de Comillas), afirmó con rotundidad que estos créditos “son inconstitucionales”, recordando que su partido (el PSOE) lleva “mucho tiempo” denunciándolos.

Según ha remarcado el portavoz de defensa socialista, los decretos son una fórmula que se debe utilizar para supuestos de “extraordinaria y urgente necesidad” y, por tanto, imprevistos, y no para cubrir pagos pendientes en un calendario previsto con la industria de defensa desde hace años, por lo que deben incluirse en los PGE,s o tramitarse como proyecto de ley. Por ello, este comportamiento del Gobierno supone, según ha manifestado, “una burla al Parlamento”. En este mismo sentido, López Garrido subrayó: “La enorme transcendencia de este gasto y su peso en el presupuesto de Defensa exigen la máxima transparencia y un debate parlamentario a fondo que el decreto ley cercena”.

El Grupo Socialista anunció que presentaría su recurso el viernes 31 de octubre, y haciéndolo en solitario al contar por sí mismo con las 50 firmas de diputados necesarias para ello. Por su parte, la portavoz de Defensa de UPyD en el Congreso, Irene Lozano, ya había comunicado su intención de recabar de otros grupos parlamentarios las firmas necesarias para recurrir este mismo decreto ante el Tribunal Constitucional, organismo que ante la iniciativa del PSOE ya se verá obligado a pronunciarse sobre la legalidad de los créditos extraordinarios sin aprobación parlamentaria.

Ahora, el Tribunal Constitucional, que preside el ex militante del PP Francisco Pérez de los Cobos, tendrá que pronunciarse sobre la legalidad de los créditos extraordinarios para el pago de los grandes contratos de armamento que el PP viene aprobando de forma sistemática, cada verano, desde que llegó al poder. Otro escándalo, personalmente respaldado por la vicepresidenta para todo y ministra portavoz del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, que no deja de concomitar con la eclosión de la corrupción política que amenaza con hundir tanto al PP como al propio sistema político.

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