Ante los insoportables niveles alcanzados por la corrupción económica en la España democrática, los medios informativos independientes, y en especial los digitales, están circulando un sinfín de informaciones que corroboran el fenómeno y que dejan en constante evidencia a la actual clase política española, particularmente al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y por supuesto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Tras tres años de legislatura con mayoría parlamentaria absoluta del PP, el Gobierno sigue siendo incapaz de ofrecer a la opinión pública un plan creíble para erradicar, al menos, la evasión fraudulenta de capitales y los delitos fiscales consecuentes. Y, peor todavía, utilizando su ‘rodillo parlamentario’ ha impuesto una amnistía fiscal rechazada frontalmente por las demás fuerzas políticas que, en buena medida, puede considerarse causa de ciertas reacciones dentro del funcionariado (jueces y fiscales, cuerpos de Policía y Guardia Civil, inspectores de Hacienda…), que de motu proprio -al margen de directrices gubernamentales- tratan de sanear el insostenible submundo de corrupción en el que estamos inmersos.

En ese marco, merece una especial atención de contraste la forma en la que el régimen dictatorial de Franco trató a los evasores fiscales, según consta en el BOE que adjuntamos: (*Pdf) Boletín Oficial del Estado núm. 58, de 09/03/1959, páginas 3896 a 3904. Por acuerdo del Consejo de Ministros del 5 de marzo de 1959, siendo ministro de Hacienda Mariano Navarro Rubio -conocido miembro del Opus Dei-, el BOE del inmediato día 9 publicó el “resumen general, referido al día de hoy, de las actuaciones del Juzgado Especial de Delitos Monetarios con motivo de la documentación intervenida al súbdito suizo D. George Laurenz Rivara, como representante de la Société de Banque Suisse”.

Las actuaciones judiciales alcanzaban a una larga relación de 872 personas (por supuesto adineradas de la época), agrupando en el apartado C de la lista a las 369 “sancionadas por tenencia ilícita de valores o divisas en el extranjero”. La inmensa mayoría de ellas domiciliadas en Cataluña (más del 80%) y en el País Vasco, y no pocas muy afectas al régimen franquista…

Con este elocuente antecedente de cómo un régimen dictatorial perseguía y afeaba públicamente a la delincuencia de ‘cuello blanco’, cabe preguntarse por qué extraña razón en el actual régimen democrático, y siendo públicas como son las actuaciones administrativas y judiciales (salvo expreso secreto sumarial), el Gobierno de Rajoy resguarda con tanto celo las listas de los evasores de capital e infractores fiscales. ¿Simple ineficiencia, complicidad con el establishment económico, pura autoprotección…?

Mariano Rajoy acaba de anunciar su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el próximo 27 de noviembre, para presentar y defender sus medidas contra la corrupción. Ya veremos de qué va… y de qué no va.

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