El rechazo que dentro del PP tiene la imagen que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, viene proyectando públicamente por su afán de protagonismo político y exhibicionismo mediático, está superando los límites soportables. Sobre todo cuando sus excesos poco tienen que ver con posiciones o decisiones estratégicas del Gobierno, como la excarcelación del etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, que se consideran internamente no criticables, aunque nadie dude del daño que pueden causar en términos electorales.

Tras la reciente polémica derivada del asalto al Palacio de Moratalla por parte de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que ya propició un “confidencial” en esta misma web (26/08/2012), el equipo de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el entorno del vicesecretario general responsable de la acción electoral, Carlos Floriano, han puesto el grito en el cielo con la política informativa que sigue el Ministerio del Interior en el “caso Bretón”, impuesta por Francisco Martínez Vázquez, director del Gabinete del ministro titular.

La rueda de prensa oficial convocada el pasado lunes 27 de agosto para justificar el bochornoso fallo de la Comisaría General de Policía Científica que dirige Pilar Allue, al asegurar el pasado 11 de octubre que los restos óseos hallados en la finca de “Las Quemadillas” eran de “roedores y pequeños carnívoros” (11/10/2011), y no de “humanos  de entre dos y seis años de edad”, como finalmente acabaron por confirmar dos científicos de reconocido prestigio, Francisco Etxeberria y José María Bermúdez de Castro, ha sido calificada de torpeza mayúscula, como el hecho de no haber depurado de inmediato las responsabilidades afectas.

Peor consideración aún ha tenido la exhibición mediática del comisario que está al frente de la investigación policial, Serafín Castro, incluyendo varios platós de televisión, autorizada por sus superiores y revelando en ella detalles del caso que han causado hondo malestar al fiscal-jefe de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, quien no ha considerado “adecuado” divulgar de esa manera tan frívola “parte de una causa que está parcialmente decretada como secreta”. Su reflexión fue respaldada por la Asociación de Fiscales (AF), cuyo presidente, Antonio Roma, subrayó de forma taxativa que todos los funcionarios tienen “el deber del sigilo, y no se puede poner en riesgo una investigación”.

Especialmente crítica con el Ministerio del Interior fue la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Su presidenta, María Moretó, advirtió que este caso “se está juzgando en la televisión”, afirmando que no le parecía prudente ni era nada habitual que un mando policial hiciera “declaraciones sobre un caso concreto y bajo secreto”.

La presidenta de la UPF, arremetió directamente contra Jorge Fernández Díaz, señalando que tampoco le parecía habitual que el ministro del Interior convocara una rueda de prensa para tratar este asunto, enfatizando: “Si está secreto, también está secreto para él”. Tras calificar de “absurdo” y “equivocado” el intentar “lavar la imagen [de la Policía] de esta manera”, concluyó que donde se tienen que dar explicaciones es “en sede judicial”.

Por otra parte, y en paralelo con el protagonismo informativo del comisario Serafín Castro en relación con el “caso Bretón”, otro exceso del inquieto Jorge Fernández Díaz, en este caso relativo al “caso Publio Cordón”, dio pie al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez para lanzar contra él una bomba de efectos imprevisibles. El pasado 29 de agosto dictó una providencia que en medios del PP se ha entendido, nada más y nada menos, que como un primer paso para abrir un procedimiento por delito de revelación de secretos contra el propio ministro del Interior y quizás también contra el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa.

Queda por verificar que, tras las averiguaciones pertinentes, el juez Gómez Bermúdez considere si durante la multitudinaria rueda de prensa convocada el pasado 19 de julio por el ministro Fernández Díaz en el Congreso de los Diputados para informar del caso, y reiterada en el Ministerio del Interior al día siguiente, se incurrió o no en el supuesto delito de revelación de secretos, remitiendo los hechos en el supuesto afirmativo al Tribunal Supremo o a los Juzgados de Instrucción, según estén o no aforados los posibles imputados. Aun así, en el PP ya se sienten estigmatizados por la nefasta política informativa de un ministerio tan “sensible” como el del Interior, cuyo titular no deja de “meter la pata” un día sí y otro también.

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