No hay precedente alguno en la historia de los Servicios de Inteligencia que se pueda asimilar al berenjenal en que se ha metido el CNI (Centro Nacional de Inteligencia) al interponer una querella por un presunto delito de injurias contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, presentado por la prensa como ‘el pequeño Nicolás’ (los amigos le llaman ‘Fran’ o ‘Paco-Nico’).

Una judicialización cuestionada por algunos altos ejecutivos del CNI que la consideran gratuita y contraproducente, apuntando que se trata de una imposición del Gobierno a su director, Félix Sanz Roldán. Ello significa que habría sido alentada (más que autorizada) por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, de la que depende la Inteligencia del Estado, y desde decidida con conocimiento expreso del Consejo de Ministros presidio por Mariano Rajoy, quizás sin sopesar sus consecuencias de forma adecuada.

Lo llamativo del caso es que, estando implicadas tantas instituciones y personalidades relevantes, haya tenido que ser el CNI (el ‘servicio secreto’) quien asumiera esa acusación formal contra el pequeño Nicolás. Y que, siendo como es consciente de que el querellado no supone ningún tipo de amenaza para el Estado, la sustanciara sólo en base a un presunto delito de injurias por haber declarado que el Servicio de Inteligencia podía estar implicado en alguna operación ‘alegal’, adjetivo que alude a lo desprovisto de sentido legal, a lo ‘no regulado ni prohibido’, sin nada que ver con lo ilegal.

Así, la acción ‘alegal’ no tiene amparo legal ni condenación explícita. Por tanto, difícilmente se puede entender este término como una ‘injuria’. La injuria se define en el Código Penal español (art. 208) como “la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”, advirtiendo el mismo texto que “solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves”.

¿Qué pueden esperar entonces el Gobierno y el CNI de su querella por injurias…? En los medios informados de la Inteligencia -y también en los judiciales- se estima que muy poca cosa, por no decir que ninguna. Sin embargo, el riesgo de que durante la instrucción y la eventual vista oral de la causa surjan recuerdos y flecos poco honorables de su historia reciente (bajo la nomenclatura del CESID), es evidente.

Baste considerar en ese sentido los desafortunados hechos delictivos del 23-F; el encausamiento judicial de dos directores generales del Centro (los generales Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón); la dimisión forzada de otro (Alberto Saiz); la defenestración política de un ministro de Defensa (Julián García Vargas) y la de todo un vicepresidente del Gobierno (Narcís Serra), de quienes dependía el CESID; las condenas de algunos de sus miembros por haber transgredido la ley en su ejercicio profesional; el rosario de escándalos protagonizados por el mismo Servicio de Inteligencia y difundido urbi et orbi por los medios informativos (ahí está la hemeroteca); las gruesas acusaciones vertidas en varias ocasiones contra el CESID en el Congreso de los Diputados (recogidas también en el Diario de Sesiones), mucho peores que cualquier cosa dicha por el querellado.

Y todo ello al margen de que, considerando el escenario institucional y los protagonistas del caso, los excesos verbales (u otro tipo de enredos) del joven Gómez Iglesias se podían haber zanjado perfectamente con un buen tirón de orejas en el despacho oficial adecuado. De hecho, el propio director del CNI ha admitido que la relación del organismo con el atrevido Nicolás es un “cuento” y que el enredo sólo les “tomó interés hasta que lo pusimos en manos de la justicia”.

Pero, si la cosa en tan banal, ¿a santo de qué ha venido la excepcionalidad de interponer una querella por injurias…? ¿Es que acaso el CNI lo ha hecho antes, a pesar de las barbaridades que se han escrito históricamente sobre las prácticas ilegales de los Servicios de Inteligencia…? ¿Y no terminará siendo peor el remedio que la enfermedad…?

No menos extraño ha sido el aparatoso operativo policial montado para la detención del pequeño e ‘inofensivo’ Nicolás, ni más ni menos que con tres vehículos y seis agentes -apoyos de contra vigilancia aparte-, claramente intimidatorio. Cuando se le podía haber detenido con mucha más discreción y sin tratarle poco menos que como un terrorista o el enemigo público nº 1.

¿Y por qué, en todo caso, esa detención no fue realizada por la policía judicial o por la comisaría de barrio ordinaria, en vez de intervenir la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que dirige Marcelino Martín-Blas, sin que hubiera ningún policía implicado en los hechos determinantes…?

Dicha unidad policial, teóricamente debe investigar sólo a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía sobre los que existen indicios de delito. Según la orden interna 28/2013 de la Dirección General de la Policía que titula Ignacio Cosidó, la competencia específica de Asuntos Internos se limita a “investigar y perseguir las conductas funcionariales constitutivas de infracciones penales y aquellas otras contrarias a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de los funcionarios destinados en el centro directivo”.

Pero tampoco deja de ser curioso que el portfolio de clientes que EDIHNOR S.A., empresa constructora representada de alguna forma por el querellado -según sus declaraciones-, publicite en su página web nada menos que 10 ministerios, 16 empresas públicas autónomas y casi una treintena de otras entidades y órganos de la Administración Local y Autonómica (sin hacer la menor referencia a clientes privados). Destacando entre todos ellos, por la exigencia de seguridad y confianza con la que suelen contratar a sus proveedores, el Ministerio de Defensa y el de Interior o las direcciones generales de Instituciones Penitenciarias y de la Policía…

Y también choca que el chalet del lujoso barrio madrileño de El Viso puesto a disposición del querellado por sus padrinos económicos o empresariales, fuera de hecho la ‘vivienda’ del joven Nicolás y que, como tal, sirviera, por ejemplo, para que el controvertido empresario Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE, presidente de CEIM y amigo personal de Esperanza Aguirre, e incluso del rey Juan Carlos I, ‘sesteara’ en ella abstraído de sus grandes responsabilidades profesionales, según se ha visto publicado en diversos medios informativos con el soporte fotográfico correspondiente… ¿Quién más ha podido ‘sestear’ allí, bajo la capciosa grabación de multitud de cámaras de video instaladas en el chalet, no se sabe por quién ni para qué…?

Otra de las cuestiones más comentadas en círculos de Inteligencia, es la coincidencia de que el chalet del pequeño Nicolás (situado en Carbonero y Sol 32) se encuentre próximo a instalaciones muy significativas de diversos organismos de Inteligencia (rusos, israelitas, españoles…) incluidas las del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), emplazado de forma muy discreta exactamente enfrente. ¿Pura coincidencia o algo más…?

También es de relevancia el hecho de que haya sido al estallar el ‘caso del pequeño Nicolás’ cuando se ha publicitado que Carlos García Revenga, que ha desempeñado durante dos décadas el cargo de secretario personal de las infantas Elena y Cristina, dejará de prestar sus servicios en la Casa Real al finalizar el año. Un personaje que -como otros muchos- ha negado con demasiada ligereza tener relación alguna con el jovencito de marras, en contra de las pruebas que, según el pequeño Nicolás, muestran lo contrario, y al que éste dice “tener pillado”.

En esos círculos de Inteligencia también se relaciona el caso con el anuncio de Arturo Fernández de dejar sus cargos de representación empresarial, decisión que ni siquiera se había planteado en situaciones previas de gran desprestigio personal, profesional y político. También se comenta que el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, puede seguir muy pronto por esa misma senda.

La cosa, con tantos desmentidos institucionales (incluidos los de Moncloa y la Casa Real), cuyos contenidos decaen rápidamente rebatidos por el joven Nicolás, va a más día a día. Ahora, lo que tiene curiosamente atentos a los miembros del CNI y a otros Servicios de Inteligencia, es el anuncio realizado por la revista Interviú de la posible trama de relaciones sexuales cuando menos poco edificantes integrada en el caso.

En un reportaje titulado ‘El pequeño Nicolás y el sexo’, la revista Interviú (nº 2.015, 8 al 15 de diciembre) aseguraba que fuentes policiales han alertado a sus superiores de que las posibilidades de que se filtren ciertas informaciones comprometedoras para algunos responsables públicos (que han negado su relación con Paco-Nico de forma ciertamente pánica), tienen una base sólida detrás. Según esas fuentes, las cintas de video u otras pruebas que podrían sustanciar las amenazas proferidas por Gómez Iglesias, existen; y también creen que si éste se siente acorralado por la Justicia o el CNI, saldrán a la luz.

En el párrafo final de esta información, se lee literalmente: “(…) Todas las fuentes consultadas por esta revista coinciden en reconocer que Francisco Nicolás tiene, al menos, un arma real. Las pruebas escritas de una infidelidad cometida por un alto cargo del Gobierno. Los mensajes de alto voltaje erótico que el hombre, casado, se cruzaba con una joven madrileña, entonces menor de edad, amiga personal del joven Francisco y cuyo nombre no es público. Queda por saber si es la última bala de un impostor o la primera venganza de un crío que se siente traicionado”.

Junto a la atención que prestan a esta morbosa vertiente del caso, los profesionales vinculados a la Inteligencia del Estado, también están a la espera de las revelaciones que puedan surgir en la instrucción de la querella del CNI contra este ‘conseguidor’ o recadista institucional, que retrata de forma muy precisa el lamentable sistema político impuesto en el país. Ese es el problema: la querella del CNI ha puesto la bomba encima de la mesa y el pequeño Nicolás anda jugando con la espoleta.

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