El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado viernes 7 de septiembre un Real Decreto-Ley por el que se concede al Ministerio de Defensa un suplemento de crédito de 1.782.770.890 euros para atender la deuda acumulada con los proveedores del Departamento durante los años 2010 y 2011, así como los compromisos de pago de 2012 “no contemplados en el presupuesto de Defensa”.

Con este préstamo se da un primer paso para resolver la situación que generan los impagos acumulados por el ministerio que actualmente titula Pedro Morenés en programas especiales de armamento. En realidad, la elevada cantidad adeuda hasta la fecha, que corresponde a material ya entregado, siquiera supone un 6 por 100 sobre el total de los 30.000 millones de euros comprometidos en adquisiciones hasta 2025.

Una de los principales retos del ministro de Defensa, Pedro Morenés, es precisamente el de “gestionar” los compromisos de pago y “reprogramar” los planes de adquisición de armamento en marcha. Una misión difícil de cumplir a tenor de la actual crisis presupuestaria y que le ha llevado a realizar algunas reducciones en el gasto corriente de las Fuerzas Armadas a veces dramáticas y hasta poco comprensibles si se enmarcan en la dimensión general del problema.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se trata de una cantidad muy importante pero relativa a compromisos adquiridos y no abonados, confiando en que esta dotación presupuestaria servirá para hablar con las empresas y que las nuevas obligaciones de pago se puedan atender de forma más sostenible.

La intención del Gobierno es que este suplemento de crédito para afrontar pagos “ineludibles” permita recuperar la credibilidad de España ante los consorcios internacionales y los proveedores nacionales y alcanzar acuerdos dirigidos a reducir los compromisos adquiridos a medio y largo plazo. Para ello se ha diseñado un plan de actuación que contempla la reducción de unidades, el aplazamiento de las entregas y la renegociación de condiciones de las adquisiciones, tratando de aliviar la presión del déficit público durante los próximos años.

Lo sorprendente del caso es que no estando incluida esta importante suma en los presupuesto de Defensa de 2012 (nada menos que 1.782 millones de euros), y teniéndose prácticamente elaborados los de 2013 (de aprobación inmediata según el propio Gobierno), se haya acudido al Decreto-Ley para aprobar “de tapadillo” un crédito tan extraordinario y cuyo efecto de retraso en el pago pendiente ya estaba descontado en la práctica por los acreedores, que son proveedores de referencia sin interés en que se anulen los pedidos pendientes a pesar de las condiciones indemnizatorias que suelen incluir sus peculiares contratos de compraventa de armas, algunas más que discutibles legalmente.

En cualquier caso, la oposición haría bien en solicitar del ministro Morenés, y en su caso de Cristóbal Montoro, titular de Hacienda y Administraciones Públicas, las aclaraciones pertinentes sobre el proceso en curso, incluyendo los acuerdos contractuales del caso, la relación nominal de pagos y las soluciones, evitando con ello cualquier tipo de sospecha sobre eventuales tratos discriminatorios, que es el temor latente en algunos proveedores nacionales más afectados por la crisis frente a los consorcios y grandes industrias internacionales.

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