El relevo sobrevenido de Carlos Divar al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), saldado el pasado 23 de julio con la toma de posesión de Gonzalo Moliner como presidente de ambas instituciones, reconfirmó ante la sociedad civil la conveniencia de “despolitizar” el Poder Judicial dando un mayor peso al pronunciamiento interno de la “carrera judicial” en la elección de dichos cargos. Ahora, el “paso atrás” marcado al respecto por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha causado un gran malestar en las bases del estamento judicial que consideran su dependencia de los partidos políticos insostenible, frustrante y, sobre todo, anacrónica y discordante con la separación de poderes propia del Estado democrático.

En los círculos internos de la “carrera judicial y fiscal”, se clama contra la maniobra del ministro Ruiz-Gallardón que ha reconducido las exigencias sociales de “despolitizar” el Poder Judicial en sentido contrario a las promesas iniciales del PP de que la propia institución eligiera de forma mayoritaria a sus máximos representantes. En este oscuro proceder, ha sido fundamental el apoyo prestado por el PSOE a través de Antonio Camacho, su predecesor al frente del Ministerio de Justicia, y que pasa por garantizar a Gonzalo Moliner la relección como presidente del CGPJ y del TS en el próximo mandato institucional, apoyado de consuno por los dos partidos mayoritarios.

En este contexto, Gonzalo Moliner ya se ha posicionado abiertamente a favor de una “elección parlamentaria” de los cargos del CGPJ, aduciendo que éste es un órgano del Estado y lo tiene que elegir la ciudadanía (“Cadena Ser” 10/09/2012), afirmando que “la elección por los jueces es una elección corporativa" y que, en su opinión, en una democracia, una elección corporativa no parece que sea lo mejor… Moliner se ha mostrado, por tanto, decidido partidario de que los vocales del CGPJ sean elegidos por el Parlamento y no por los jueces, como inicialmente había propuesto el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Esta nueva imposición partidista (“más de lo mismo”) esta provocando reacciones generalizadas dentro de la judicatura que auguran una aplicación dura y ejemplar de la justicia en los casos con encausamiento de cargos políticos o que afecten a los partidos políticos y sus áreas de influencia. La animadversión parece centrarse de forma especial en el PP, dada su actual mayoría parlamentaria absoluta (que facilitaría las reformas convenientes del sistema) y la especial condición del ministro Ruiz-Gallardón como miembro del Ministerio Público (XXVIII Promoción de fiscales), en  situación de excedencia.

Dicho en términos de caza, parece que prescindir de las asociaciones de jueces y fiscales en el proceso electivo de la cúpula del Poder Judicial, o “ningunearlas”, está marcando el “muflón” de un nuevo “pim-pam-pum” nacional. Quizás sea bueno.

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