Ya se sabe que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha convertido en el “pisacharcos” oficial del Gobierno. Una de sus últimas hazañas ha sido empeñarse de forma infructuosa en que la Audiencia Nacional encausara por “delitos contra las instituciones del Estado” (que pueden ser castigados con penas de hasta cinco años de prisión) a 35 manifestantes detenidos por la Policía el pasado 25 de septiembre, durante la concentración ciudadana convocada con el lema “Rodea el Congreso”.

Sin embargo, la Audiencia Nacional, que sería la competente en esta materia delictiva, consideró que del relato de hechos contenidos en el atestado policial, no se desprendía delito alguno de este tipo, según providencia dictada por el juez Santiago Pedraz. En su resolución, el magistrado señalaba que en el propio escrito de la Policía sólo se recogían referencias de “atentado, lesiones, resistencia, desobediencia y desórdenes públicos”, indicando por ello al órgano dependiente del Ministerio del Interior que “actúe en consecuencia”, es decir que se dirija a los juzgados de instrucción ordinarios competentes al respecto.

El ministerio que dirige Fernandez Díaz, mantuvo la presión para que la Audiencia Nacional aceptara la denuncia incluso después de conocer el rechazo de su petición argumentado por el juez Pedraz, hasta que la fiscalía se adhirió formalmente al criterio del magistrado, rechazando la existencia del ilícito planteado de forma insistente por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

El respaldo social a los convocantes de la concentración del 25-S y, a su vez, el rechazo a la visceralidad con la que ha actuado el ministro del Interior, que aplaudió públicamente y de forma desproporcionada el exceso de las cargas policiales durante aquella manifestación de protesta, ha sido inmediato. En la tarde-noche del sábado 29 de septiembre, se produjo otra concentración mucho más espontánea en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, evidenciando el derecho de los ciudadanos a protestar, entre otras cosas, por la situación de penuria en la que ya viven doce millones de españoles.

Mariano Rajoy haría bien en embridar a algunos portavoces del PP que han llegado a ver en el 25-S nada menos que visos de “golpe de Estado·”, como María Dolores de Cospedal, y en particular al ministro del Interior, que carece obviamente de la sensatez y frialdad necesarias en el cargo.

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