En su habitual práctica decisoria de “ir por libre” y “liarse la manta a la cabeza”, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha cursado una comprometida instrucción a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que operan en el País Vasco, ciertamente sigilosa pero a la que ha tenido acceso Elespiadigital.com.

Se trata del levantamiento de todo el dispositivo antiterrorista en dicha Comunidad Autónoma (que en estos momentos se encuentra con un Gobierno en funciones), desplazándolo a un mínimo de 50 kilómetros de sus límites territoriales, justo antes del 5 de octubre, fecha en la que comenzará la campaña electoral del 21-O para la renovación anticipada del Parlamento Vasco.

Tras retirar casi todas las escoltas de las personas amenazadas por ETA, tanto la Policía como la Guardia Civil han recibido órdenes para mantener únicamente los protocolos de autoprotección del personal.

La decisión ministerial ha sorprendido a los mandos implicados en la lucha contraterrorista, que mantienen operaciones abiertas relevantes no sólo en el ámbito preventivo, ahora perjudicadas por la forzada limitación de su operatividad sobre el terreno.

También llama la atención el hecho de que las medidas desactivadoras del entramado de la lucha antiterrorista en el País Vasco, sin urgencia especial, hayan sido tomadas por el Ministerio del Interior de forma tan inesperada, coincidiendo justo con las conflictivas elecciones del 21-O, que auguran una victoria arrolladora de las dos fuerzas políticas “soberanistas” (Bildu y PNV), y sin la menor coordinación con la Ertzaintza (la Policía de Euskadi). Ello hace suponer que se trata de una decisión política más que técnica, quizás negociada a tres bandas entre el Ministerio del Interior, el Gobierno Vasco y la izquierda abertzale.

No parece de recibo que un repliegue de esta naturaleza se realice con tan poca trasparencia informativa, salvo que responda a intereses políticos encubiertos o a negociaciones ocultas con el entorno etarra. El polémico e incontenible ministro Fernández Díaz, debería dar noticia pública del caso cuanto antes.

En relación con esta decisión del Ministerio del Interior, parece obligado aclarar al mismo tiempo la política de protección policial a altos cargos del Gobierno y otros organismos del Estado. Es evidente que, dada su enorme afectación de medios técnicos y recursos humanos, su sobredimensión tiene poco encaje social en el marco de los actuales recortes presupuestarios, sin compadecerse tampoco con la “desaparición de la amenaza del terrorismo etarra” oficializada prácticamente, y que es la que ha venido justificando los excesos en el aparato de protección institucional.

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