Las consecuencias negativas del resbalón del CNI en el caso de Francisco Nicolás Gómez Iglesias (el ‘pequeño Nicolás’), querellándose contra él de forma un tanto gratuita, cuando el propio Félix Sanz, director del Servicio de Inteligencia, reconoció que el querellado no suponía ninguna amenaza para la Seguridad Nacional, siguen vivas.

Ahora, en el entorno parlamentario y en algunos medios informativos se especula con las razones por las que la beligerancia judicial del CNI no se amplía por la posible comisión de un delito de revelación de secreto oficial, afecta al caso, en el que podrían verse implicados funcionarios públicos.

Tras aquella advertencia de extemporaneidad, se produjo la filtración de una conversación telefónica ‘sensible’ mantenida por dos miembros del CNI con el comisario Marcelino Martín-Blas (director de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía) y Rubén López (instructor policial del caso del ‘pequeño  Nicolás’), en la que se comentaban posibles pinchazos ilegales de las comunicaciones y la grave intención de ‘lavar’ rastros poco convenientes para las autoridades implicadas.

 

Un trabajo de alcantarilla cuya trascendencia pública constituye en sí misma un grave delito cometido por su filtrador o sus filtradores, habida cuenta de que el contenido de esa grabación está clasificado como ‘secreto’ según lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.

La norma, que es de una rotundidad aplastante, dice: “Las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los Acuerdos internacionales o, en su caso, con el mayor nivel de clasificación que se contemple en dicha legislación y en los mencionados Acuerdos”.

Así, es difícil de entender que el Gobierno no haya reaccionado ante la flagrante comisión de un delito de este tipo, cuando con tanta facilidad arremetió contra el ‘pequeño Nicolás’ por la vía penal y por una cuestión banal que difícilmente concluirá en sentencia condenatoria.

El mismo entorno del CNI que se mostró molesto con la interposición de aquella inoportuna querella -con posible efecto boomerang-, que fue instada por Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno para todo y autoridad política de la que depende el Servicio de Inteligencia, tampoco entiende que ahora, con motivo de esta revelación de secreto oficial, que es cuestión bastante más grave, no se haya procurado la menor persecución judicial ni administrativa al respecto.

De hecho, el Código Penal vigente establece una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses para este tipo de conductas. Además, cuando afecten a autoridades o funcionarios públicos, el castigo se aplicaría en su mitad superior y con inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.

Y tampoco puede entenderse que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, haya afirmado no conocer la comisión de ningún delito en relación con la conversación telefónica de marras, dando carpetazo incluso a una mínima investigación interna o administrativa del caso.

¿Qué esconde el Gobierno tras este errático comportamiento, tan drástico por un lado y tan renuente por otro…?

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