Vaya por delante nuestro respeto personal por el general del Aire (r) Eduardo González-Gallarza, sobre todo porque conocemos de antaño su buen corazón y el gran aprecio que siempre le han tenido sus compañeros de armas, entre otras cosas por la generosidad de sus obras benéficas que por discreción no vamos a airear.

Sin embargo, como antiguo Jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA) y actual presidente de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, debería haber sido más comedido en la redacción del editorial que ha publicado en el último número de la revista Tierra, Mar y Aire de dicha asociación, subvencionada por el Ministerio de Defensa. Su opinión personal es muy respetable, pero menos lo es verterla públicamente de la forma en la que lo ha hecho.

En su artículo, González-Gallarza afirma literalmente:  

“En este panorama electoral me preocupa mucho este partido [Podemos] que ha surgido no sé cómo y al que incomprensiblemente se le tolera concurrir a estas elecciones cuando lo que habría que haber hecho es prohibírselo y no sé si incluso declararles fuera de la Ley, por declararse así mismo: anti sistema, en contra de la Constitución que nos hemos dado los españoles, en contra de la Bandera, del Himno Nacional, están dispuestos a suprimir la Semana Santa, a ceder la Catedral de Córdoba a los musulmanes y a no sé cuántos desatinos más”.

Y, para dejar claro cuál es la fuerza política contra la que arremete, añade que se refiere naturalmente a “podemos”, partido -concluye- “al que yo cambiaría la decimotercera consonante por la séptima y sería más correcto el nombre” [quiere decir ‘jodemos’].

Lo lamentable del asunto es que dada su trayectoria y posición militar, la opinión personal del general (de cuatro estrellas), hijo de un notable ex ministro franquista del Aire, puede entenderse con cierto apoyo corporativo, en realidad inexistente. Afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho en el que, sin la menor duda, también cabe la ideología de Podemos, al margen de interpretaciones torcidas o despistadas como las reflejadas en la Editorial de marras.

Y puestos a hacer valoraciones políticas más o menos ‘patrióticas’ habría que recordar la orden que, siendo JEMA con Federico Trillo-Figueroa de ministro de Defensa, González-Gallarza dictó a finales de mayo de 2003 tras el terrible accidente del Yak-42 en el que perdieron la vida 75 personas, 62 de ellas militares españoles, en un viaje de regreso deplorable tras haber cumplido sus misiones en Afganistán y Kirguistán:

“Asunto: declaraciones accidente Yakolev.

Quedan prohibidas las declaraciones, por personal de este ejército no expresamente autorizado, sobre el tema del asunto, incluyendo las opiniones, comentarios y observaciones en torno a dicho accidente”.

Así de contundente y autoritario fue el texto de la orden que remitió a todos sus subordinados cuatro días después del accidente del Yak-42, entre cuyas bajas se encontraban 21 miembros de la propia Fuerza Aérea, limitando entonces fuera de toda normativa el derecho constitucional de libertad de expresión de los militares.

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