Confidenciales

Dentro de la campaña diseñada por Zarzuela para promover la imagen del príncipe Felipe como futuro Rey de España, organizada tras el escándalo que en abril de 2012 supuso el accidente sufrido por el Rey durante una cacería de elefantes en Botswana, se ha venido incrementando de forma muy notable su presencia en actos militares sólo con el objetivo, realmente difícil de alcanzar, de ir tomando el relevo de Don Juan Carlos en su estrecha vinculación con las Fuerzas Armadas, de las que sólo el Rey, y no el Príncipe, ostenta constitucionalmente su ‘Mando Supremo’.

Tras el fiasco del Madrid 2020, que literalmente ha abrasado al Príncipe de Asturias (lo de Ana Botella es una pérdida política descontada hace tiempo en el PP), en su entorno más próximo, al que lógicamente no son ajenos el jefe de su Secretaría, el abogado del Estado en excedencia Jaime Alfonsín, ni la propia Doña Letizia, no se ocultan dos grandes malestares: uno contra quienes garantizaron temerariamente el éxito de la candidatura española, con el director del CNI, Félix Sanz, y su madrina-protectora, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, a la cabeza, y otro el de tener que recomponer ahora el estropicio que se ha hecho en la imagen del heredero de la Corona, volcado en la campaña correspondiente.

 

Ángel Carromero, el torpe paniaguado del PP que el 22 de julio de 2012 estrellaba un coche en la provincia cubana de Granma provocando la muerte de los dos disidentes políticos locales que le acompañaban en el vehículo, Oswaldo Payá y Harold Cepero, haría bien de cesar en su absurdo empeño para intentar vender mediáticamente la ‘conspiración’ montada por la Dirección General de Inteligencia castrista (la DGI que depende del ministro del Interior, general Abelardo Colomé Ibarra) para ‘asesinar’ a los fallecidos, que murieron bajo su exclusiva responsabilidad como conductor del vehículo accidentado.

El tremendo escándalo generado con el indulto concedido por el rey Mohamed VI al pederasta de nacionalidad española Daniel Galván Viña, condenado en 2011 por el Tribunal Penal de Kenitra a 30 años de prisión por abusos sexuales a 11 niños de entre 3 y 15 años, acompañado de gran repercusión mediática a nivel internacional, exige que el Gobierno de en el Congreso de los Diputados las explicaciones oportunas sobre el caso nada más reiniciarse el curso legislativo.

En nuestra Newsletter del 23 de diciembre de 2012 (ver “El general Prim, ejemplo de patriotismo y decencia política”), ya reclamábamos una mayor atención y colaboración del Gobierno y de la propia Casa Real en los actos conmemorativos del bicentenario del nacimiento de D. Juan Prim y Prats (1814-1870), promovidos por la entidad privada Sociedad Bicentenario General Prim 2014 (SBGP 2014).

A pesar de que los informadores oficialistas del sector de la Defensa hayan dado una versión edulcorada de la noticia, el “Informe de la fiscalización de las actividades realizadas por la empresa estatal NAVANTIA 2007-2010 y su situación financiera a 31 de diciembre de 2010”, elaborado por el Tribunal de Cuentas (Informe 990), aprobado por su Pleno con notable retraso el pasado 27 de junio, pone no obstante de relieve la insostenible situación industrial y financiera de dicho astillero militar. Y ello sin que el alto organismo fiscalizador haya analizado todavía el fracaso cosechado con el programa del submarino español S-80 (ver nuestra Newsletter 77 titulada Las responsabilidades del Ministerio de Defensa y Navantia en el escándalo de los submarinos S-80).

 

El hijo de un líder de la Hermandad Musulmana en Egipto encarcelado afirma su padre tiene pruebas para llevar al presidente Obama a la cárcel. La afirmación se hizo pública tras la intervención del gobierno de Obama, con la ayuda de los senadores John McCain, R-Ariz., Y Lindsey Graham, y la participación abierta del No. 2 del Departamento de Estado de EE.UU., para hacer un esfuerzo para ver líderes de la Hermandad Musulmana en Egipto que se encontraban en libertad tras el golpe cívico-militar que sacó a los islamistas del poder.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de agosto un Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo a varios Oficiales Generales, constando entre ellos el general auditor del Cuerpo Jurídico Militar D. Jesús Del Olmo Pastor.

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