Confidenciales

Las torpezas políticas cometidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a lo largo de la presente legislatura, han llegado al límite y colmado la paciencia de los altos mandos de Moncloa. Lo que ha terminado de enervarles han sido sus palabras de apoyo a las declaraciones realizadas por el ex presidente José María Aznar en la entrevista que éste concedió a Antena 3 el pasado 2 de mayo, que, como ha reflejado algún comentarista político, supusieron una ‘enmienda a la totalidad’ de la política del Gobierno que preside Mariano Rajoy.

 

Los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos fueron los primeros en rearmar su capacidad de ciberinteligencia al comprobar el impulso dado en China al control de la actividad Ciber, tanto en el ámbito interior como en apoyo de su proyección exterior. Como ha desvelado recientemente la empresa de ciberseguridad MANDIANT, el Ejército Popular Chino no deja de aumentar constantemente la dimensión y el alcance de sus grupos APT dedicados a la ciberguerra: según sus investigaciones, sólo el APT1 dispone de unos 2.000 técnicos especializados en ciberespionaje y ciberataques avanzados que lanzan contra empresas de todo el mundo (existen más de 20 APTs).

Cuando el pasado 7 de abril advertimos en esta misma sección Confidencial que la polémica SGAE (Sociedad General de Autores de España) seguía en entredicho bajo la presidencia de Antón Reixa, señalamos como uno de los asuntos más criticados de su gestión el nombramiento de Juan Carlos Fernández Fasero como director de la entidad en la Zona Noroeste.

Lamentablemente, el CNI no deja de generar noticias que proyectan una pésima imagen institucional dentro y fuera de la Comunidad de Inteligencia, como en los peores momentos de su anterior nomenclatura (el CESID) o de la terrible época que estuvo bajo la dirección de Alberto Saiz. Nuestra última llamada de atención es bien reciente y se publicó en esta misma sección el pasado 28 de abril (El CNI vuelve a proyectar una imagen institucional indeseable, creando gran malestar interno y afectando de forma negativa a la ya deteriorada “marca España).

En un Confidencial previo (“El ‘caso Ziani’ y la salvaguarda de la información clasificada del CNI”) ya criticábamos la innecesaria proyección pública, y por supuesto política, dada a la expulsión de Noureddin Ziani, ciudadano de Marruecos afincado en España, argumentada oficialmente por “amenazar la seguridad nacional (…) y comprometer las relaciones de España con otros países”, señalándole como “un colaborador muy relevante de un servicio de inteligencia extranjero desde el año 2000” (en clara referencia a la DGED marroquí que dirige Yassine Mansouri).

La noticia que publicamos la semana pasada sobre los problemas técnicos aflorados en la construcción de la serie de submarinos S-80 (El desastre de los S-80 de Navantia: les sobran al menos 75 toneladas por errores de cálculo), imprescindibles para garantizar la operatividad y seguridad de la Fuerza de Acción Naval (FAN), dada la precariedad de la actual flotilla de sumergibles, integrada por tres unidades extremadamente obsoletas de la serie S-70, ha creado una gran alarma dentro y fuera de la Armada.

La noticia titulada “El CNI expulsa al marroquí encargado por CiU de predicar el soberanismo”, firmada por el periodista Ignacio Cembrero en El País (12/05/2013), confusa entre otras razones porque el Servicio de Inteligencia español carece de competencia en materia de expulsiones (otra cosa es que las informe o recomiende), deja en evidencia por enésima vez el poco respeto que dicho organismo muestra por la normativa que regula su propio funcionamiento (Ley 11/2002, de 6 de mayo), bien como filtrador directo de operaciones que nunca deberían trascender mediáticamente o como ineficaz en la garantía de los controles de seguridad informativa.

El 26 de octubre de 2012 ya dimos noticia en esta misma sección del afán que tenía el equipo “negurítico” del Ministerio de  Defensa, Pedro Morenés y Pedro Argüelles, también conocidos como “P&P”, por inmiscuirse de forma sospechosa en la promoción de la industria armamentista española, que como es obvio y notorio siempre ha estado bajo la tutela natural del Ministerio de Industria, hoy titulado por José Manuel Soria, al margen de que también el actual ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, tenga algo que decir al respecto (ver Pedro Morenés y Pedro Argüelles se enredan en un “tinglado” para la venta de armamento, impropio de sus competencias).

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