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Miguel Ángel Barrios y Norberto Emmerich

Desde que el hombre dio sus primeros pasos sobre la tierra, buscó sentirse seguro. Siendo el más indefenso de los animales, su sobrevida dependía del abrigo, el calor y la comida que otros le daban. Había nacido débil y se hacía más humano en el contacto con otros animales humanos que lo protegían, lo alimentaban y lo vestían.

Las tribus enfrentaban continuas amenazas de extinción, por catástrofes naturales o por hambrunas. Pero la amenaza más destructiva provenía del primordial dilema de seguridad, el ataque de otros que temían ser atacados. Aunque la guerra anticipatoria es el más avanzado recurso de la posmodernidad, la guerra preventiva es tan antigua como las estrellas. Todos atacaban previniendo ataques, escaseaba la comida pero la seguridad ya estaba allí presente. Antes que la seguridad de las personas, fue la seguridad de la comunidad primitiva. Afuera todo era incierto, adentro todo pretendía ser seguro.

Varios siglos después todos nos sentimos inseguros, afuera y sobre todo adentro: los Estados, las sociedades y los individuos. Ya no es la guerra de todos contra todos, que tanto preocupó a Hobbes, pero no es aún la convivencia pacífica de todos con todos. Cuando el orden parece desmoronarse el caos es aún más difícil de descifrar.

La idea de Estados homogéneos, contenedores de una sociedad nacional constructora de consensos e históricamente pura, está fracasando ante nuestros ojos. No todos somos iguales ante la ley y la ley no es la misma para todos. Nuevamente el problema es el Estado y el retorno de la eterna pregunta de la política ¿por qué obedecemos?

Cuando la ley del Estado pierde el carácter normalizador e invisible con que fuera originalmente concebida busca recuperar autoridad acentuando su carácter coactivo, penal y criminal. Maquiavelo explica el surgimiento del Estado como la epopeya de un príncipe vencedor tras haber obtenido una victoria duradera al fin de la guerra civil originaria, donde la distinción entre lo justo y lo injusto era borrosa e interesada. El Estado entra ahora nuevamente en guerra, como un actor criminal más. Sin ley, todo y nada es delito.

Max Weber definió al Estado como “la comunidad humana que en un territorio determinado reclama para sí con éxito el monopolio legítimo de la violencia”. Afloran en la definición cuatro elementos constitutivos del Estado moderno: monopólico, territorial, coactivo y estable. Pueden mencionarse otros aspectos, como la comunidad humana o la legitimidad, de menor importancia para nuestro análisis, porque la comunidad humana hace referencia a la nación y constituye un ingrediente débil de la definición mientras la legitimidad no es un elemento esencial del Estado, el cual puede existir sin ser legítimo, como los Estados totalitarios o autoritarios.

El concepto de monopólico se refiere al monopolio de la violencia, cuyo objetivo es constituir un poder político único sobre un territorio determinado, sólo un centro de poder hacia adentro, ningún otro poder desde afuera. Este monopolio constructor de soberanía justifica la existencia de la seguridad interior y de la defensa exterior.

Territorial significa que este monopolio soberano de la violencia y del poder se ejerce en un territorio determinado, concreto y específico, demarcado por fronteras que separan el interior del exterior y tabican la sociedad nacional. Dentro de esa frontera se establece un territorio social liso, que no admite diferencias (un centro armado de poder, una moneda, una religión, un idioma, una historia nacional, una educación). Al exterior de esa frontera se alzan los otros Estados, siempre peligrosos, frente a los cuales la guerra es un recurso frecuente y fundante.

La mención del carácter coactivo del Estado indica que la violencia es el mecanismo de constitución del territorio que permite la nivelación al interior y la independencia al exterior, la victoria duradera tras una guerra civil originaria. Esa victoria fue en un doble escenario: contra potencias extranjeras primero y contra sublevaciones interiores después. Las independencias latinoamericanas frente a los imperios europeos fueron sucedidas por guerras civiles contra poderes interiores. El carácter coactivo obtenido por el vencedor constituye al Estado y trae paz, mediante la distinción entre lo justo y lo injusto, imposible de dilucidar en la etapa de guerra de todos contra todos.

El término estable se refiere al concepto originario de “stato”, el estatus medieval que se vinculaba con el poder del monarca (status regis) o con la situación del reino (status regni), consideraciones que luego pasan a concebirse como una concentración de poder separada y objetivada institucionalmente, lo que hoy conocemos como Estado.

La geopolítica de la seguridad afirma que estos cuatro elementos constitutivos del Estado también son característicos de las distintas formas de delito, desde el más organizado hasta el más “común”.

Las “plazas” de narcotráfico o de narcomenudeo no se comparten. A veces, como sucede en el narcotráfico mexicano, se establecen acuerdos entre los grandes carteles. Esos acuerdos suelen referirse a la asunción de compromisos de no intromisión y reparto de zonas de influencia, una especie de política exterior y delimitación de fronteras. En Argentina el acuerdo es con las fuerzas policiales, para “gerenciar” la seguridad y estandarizar los indicadores, manejando la “cifra negra” dentro de un equilibrio de consensos inestables con la delincuencia y el gobierno. En el caso de los delitos “comunes” el territorio está definido por el recorrido total del proceso criminal, desde el arrebato callejero hasta la venta comercial, pasando por la protección policial y el pago de cuotas-parte. La geopolítica de la seguridad no se detiene en el hecho, rastrea el territorio. Es sabido que no hay crimen organizado sin Estado; en realidad no hay ningún tipo de delito sin Estado.

El control territorial es un requisito indispensable de toda conducta delictiva. La venta de drogas se desarrolla con un estricto control territorial, generalmente en acuerdo con las fuerzas policiales. En la producción de cocaína en “cocinas” el control es aún más estricto, con altas dosis de violencia en los ámbitos locales y barriales. Los delitos callejeros, el arrebato o el robo de celulares y bicicletas también tienen un cierto control territorial, más diluido en el territorio del hecho, más cerrado en el territorio institucional. Si los circuitos de corrupción institucional son relativamente conocidos en el crimen organizado, son apenas visibles en el delito común. Los delitos del crimen organizado como el juego clandestino, la piratería del asfalto, la prostitución, el robo de autos o el trabajo esclavo, tienen un control territorial acentuado, pero de un carácter menos físico que el narcotráfico.

La violencia, manifiesta o no, es un recurso siempre presente en todos los mercados del narcotráfico vinculados con droga, aunque menos presente en los mercados de narcotráfico vinculados con dinero o precursores químicos. Este carácter coactivo es un elemento definitorio del narcotráfico porque sin ese monopolio cuasi legítimo de la violencia en un territorio determinado puede haber comercio de drogas, pero no hay narcotráfico. En los delitos comunes, en cambio, la violencia es manifiesta, directa, física, interpersonal, pero desorganizada.

Aunque parezca lo contrario, el delito prefiere entornos estables y no violentos en los cuales establece áreas de estandarización del crimen en acuerdo con las fuerzas policiales buscando escenarios de menor violencia estatal y mejor desempeño económico. Cuando la violencia estatal se descarga en forma de “guerra”, la amenaza sobre la sobrevivencia de las organizaciones obliga a la politización y complejidad, algo no deseado pero cuyo desafío es menester superar para sobrevivir. Pequeñas organizaciones que apenas podían establecer algunas elementales reglas de juego interno, se convierten en organizaciones complejas capaces de acordar con el poder político y repartir áreas territoriales de control monopólico.

Esta estabilidad estatal del delito (mayor en el narcotráfico, menor en organizaciones más débiles) se expresa en rangos generalmente amplios de invisibilidad. Cuanto más se proclama la “evidencia” del narcotráfico como tráfico de drogas y menos como controlador territorial, mejor se oculta, se mimetiza con el ambiente, pasa inadvertido y extiende el horizonte de tiempo.

Estas cuatro características compartidas entre Estado y delito dan cuenta del acercamiento entre ambos procesos y actores, pero sobre todo definen al Estado y el territorio como los procesos y actores centrales de las problemáticas de seguridad: como actores centrales porque la violencia, el monopolio y la estabilidad se refieren y se realizan sobre un territorio determinado, lo que da carácter estatal a la problemática. Como procesos centrales porque ambos son causa y resultado de las problemáticas de seguridad. El Estado produce inseguridad mediante un proceso de etiquetamiento criminal históricamente construido de los territorios, que reproducen y “nacionalizan” esa inseguridad, haciéndola propia en culturas a-legales de resolución violenta de conflictos. En respuesta, el Estado elabora políticas de seguridad que re-criminalizan los territorios y producen reacciones de aumento organizado de las demandas ciudadanas, sean de mano dura o contra el gatillo fácil.

La mayor o menor medida en que las problemáticas de seguridad reproduzcan dialécticamente las características de territorialidad (y en su interior las de violencia, monopolio y estabilidad) se manifestará en indicadores sobre el mayor o menor grado de estatalidad de cada problemática específica. Las políticas públicas en geopolítica de la seguridad se dirigen al mejoramiento de la estatalidad de dichos indicadores, buscando incidir sobre la reducción de la estatalidad del delito mediante el aumento de la estatalidad del Estado.

La visión de la geopolítica de la seguridad supera el enfoque insuficiente de la criminología crítica y de la gestión técnica en seguridad. Si la problemática de seguridad es política, por estar vinculada íntimamente a la evolución del Estado y a los indicadores de estatalidad, la centralidad se aleja del binomio delitos/delincuentes y se centra en el territorio.

Este entendimiento novedoso y complejo de las problemáticas de seguridad, realizado en coautoría por los doctores Miguel Angel Barrios y Norberto Emmerich, es la preocupación del libro “Geopolítica de la seguridad en América Latina”, que la Editorial Biblos de Buenos Aires está próximo a publicar.

Geopolítica de la seguridad: re-pensar la seguridad desde el principio

Las problemáticas de seguridad saturan las primeras planas de los diarios y los medios de comunicación: drogas, homicidios, ejecuciones, asaltos. La vida cotidiana se ha vuelto más insegura a medida que aumentan las promesas, los presupuestos y la dureza de las leyes. Desde hace más de 60 años todo ha fracasado en seguridad y hasta un recital se convierte en un peligroso viaje a lo desconocido.

Frente a este complicado panorama que no aporta soluciones, los autores de esta nota y coautores del libro “Geopolítica de la seguridad en América Latina”, que próximamente la Editorial Biblos de Buenos Aires pondrá en venta en toda América Latina, planteamos un re-pensar la seguridad desde el principio. A nuevos escenarios, nuevas soluciones.

La geopolítica de la seguridad no es “algo más” sobre seguridad, es la redefinición completa de toda la problemática, donde ya nada es evidente y todo debe ser re-pensado; se trata al mismo tiempo de una nueva disciplina académica y de un nuevo paradigma sobre seguridad. La criminología y la política criminal se basan tradicionalmente en el binomio delito/delincuente y en la omnipotencia de ley, una estructura que ha demostrado con entusiasmo y vehemencia su ineficacia para bajar los indicadores y mejorar la calidad de vida. Por otro lado, la seguridad ciudadana es un paradigma interesante y muy de moda, pero postula un ejercicio co-rresponsable de la seguridad para un desarrollo pleno de los derechos ciudadanos mientras adorna de bellas palabras y corrección política las rutinas operativas de instituciones corruptas desde su origen, como la policía.

Siempre se presentó como evidente que la ley regula el comportamiento de las sociedades y castiga las conductas inadaptadas, regulación y castigo institucionalizados en el Derecho, la legislación, la función pública, los cuerpos policiales y el sistema de justicia penal, un complejo sistema rotulado genéricamente como “seguridad”. Sin embargo, la geopolítica de la seguridad afirma que el más importante actor de la seguridad todavía permanece oculto y sospechado: el Estado, un actor que en su doble rol de garante de seguridad y ofensor criminal ya no puede pretender la continuidad de una inocencia que nunca tuvo; es necesario develar el carácter intrínsecamente criminal del Estado contemporáneo.

Si en el Estado nace el problema, allí hay que buscar la solución. La violencia legítima fue siempre el elemento que definía al Estado en su intervención sobre las problemáticas de seguridad, es claro que actualmente esa definición es ilegal e inoperante. El elemento del Estado que define ahora las problemáticas de seguridad es el territorio. Se trata de un territorio disputado, fragmentado y criminalizado; un territorio constituyente y significante, pretendido por el Estado y por otros actores no estatales, con pertenencias cada vez más pequeñas y más fuertes, un territorio donde emergen las diferencias y se manifiestan las identidades, donde la ley es construida localmente.

El territorio y la territorialidad tienen una dimensión concreta y una dimensión simbólica, referidas ambas a una relación entre un territorio y los sujetos que lo habitan, con un fuerte carácter edificador de las personas y de las comunidades humanas. En el estudio de las problemáticas de seguridad afirmamos que el territorio ‘es’ el problema. Por eso hablamos de territorio y no de espacio, para priorizar el anclaje físico concreto de la territorialidad, que impacta sobre las personas pero no las constituye pasivamente, porque el territorio no es el espacio subjetivado sino una construcción históricamente significativa e intersubjetivamente definida. En el territorio suceden los hechos pero sobre todo en el territorio se constituyen las personas y la comunidad humana que vive en él. Dado que las sociedades no son homogéneas no hay inadaptaciones sino emergentes singulares para los cuales la ley es un universal abstracto sin rasgos imperativos locales. Estas territorialidades no distinguen clases sociales ni ubicaciones geográficas; todos los supuestos ofensores se sienten territorialmente inocentes frente a una ley que en nombre de representar a “todos” invade los territorios de cada uno sin aceptar diferencias ni disonancias. La defensa de la pluralidad y la diversidad también implica la aceptación de la territorialidad de la seguridad, una característica que es más ofensivamente criminalizada en los barrios periféricos, pobres y re-territorializados de las grandes ciudades.

En la búsqueda de nuevos enfoques teóricos derivados de una cuidadosa observación del mundo real, no basados en falsas premisas nacidas de fantasías bibliográficas, la pregunta realmente pertinente es a qué territorio nos referimos cuando hablamos de las problemáticas concretas y actuales de seguridad.

¿Dónde está el territorio en la ciberseguridad, la corrupción empresarial, el financiamiento de las campañas electorales, el fútbol y otras actividades? El acoso sexual por Internet tiene un carácter territorial difuso, quizás inexistente. Las probables implicancias criminales del desarrollo de la robótica implican un esfuerzo importante de investigación para la resolución de su matriz territorial. El financiamiento de las campañas electorales se refiere a dinero, sin que el territorio tenga allí ninguna incumbencia aparente.

Hasta ahora se ha considerado al territorio como una entidad física concreta con alcances simbólicos y constituyentes. Esa concepción de territorio es útil para una geopolítica de la seguridad que se centra en el estudio de las problemáticas del delito de contacto físico, desde el delito común hasta el crimen organizado, pero resulta insuficiente para el análisis de problemáticas más complejas, ancladas en el desarrollo tecnológico y en los comportamientos intersubjetivos reales, donde el ámbito físico concreto no es evidente y donde la territorialidad depende de la construcción históricamente determinada de universos compartidos que se van haciendo día a día.

El concepto de territorio ampliado refiere a una territorialidad “cargada sobre los hombros”, que los delitos no territoriales van sembrando en su recorrido, dejando “rastros” de territorialidad en los diferentes ámbitos y a través de los distintos actores que participan del proceso criminal. Caso por caso es menester elaborar el mapa territorial anclado en dos referencias: la eventual participación del Estado en cada paso del circuito criminal y los indicadores de estatalidad presentes en cada conducta criminal. Para la geopolítica de la seguridad el territorio no es un dato dado, es un proceso que debe ser reconstruido a partir de datos a veces inconexos y circunstanciales y también en base a las percepciones de territorialidad que cargan en sí los actores de cada etapa del proceso.

En el caso de la corrupción empresarial de Odebrecht, el Estado está presente en el núcleo del problema, por ser la empresa cabecera del complejo militar-industrial de una potencia emergente, lo que implica una cosmovisión centro-periferia y una lógica de relaciones internacionales. Sin esa visión territorial ampliada el tema se diluye en pleitos leguleyos, en planteos sobre corrupción y en la defensa del Estado de derecho (liberal), sin ahondar en la centralidad política (estatal-territorial) del problema. La denuncia de corrupción desprovista de una geopolítica de seguridad supone una concepción angelical de la política y no una visión geopolítica con dimensionamiento territorial ampliado.

El financiamiento ilegal de las campañas electorales está cargado de prejuicios y mojigatería, que en muchos casos considera corrupción a conductas legítimas y califica de marketing exitoso a la aceptación de recursos ilegales provenientes del narcotráfico y la trata de personas, siempre volcando todas las energías en el escándalo mediático como mecanismo sancionador. Las leyes que controlan los financiamientos de la política no se cumplen ni se controlan, por su carácter asfixiante y antipolítico, una ética propia del Estado de derecho. Las sociedades reclaman a la política algo que la política no puede otorgar, el ejercicio de una conducta moralmente intachable para la gestión y solución de problemas turbios, conflictivos y humanos. El territorio del financiamiento político no está definido ni delineado, porque los actores necesitan una eliminación previa del carácter prescriptivo de la legislación electoral.

Los delitos cibernéticos, sea que perforen la seguridad bancaria, la seguridad nacional o la intimidad personal, dependen de legislaciones nacionales, políticas de comunicación, culturas de autoprotección y soberanía informática. El espacio virtual es un área de ejercicio de soberanía como el espacio aéreo, el terrestre, el subsuelo o el marítimo, una discusión que debe hacerse desde la geopolítica, no desde el software y el equipamiento informático. Los patrones de vigilancia global tienen base territorial nacional y deben elaborarse programas de políticas públicas de seguridad, porque el espacio virtual es tan real como cualquier otro tipo de espacio.

El fútbol y sus condimentos criminales, tan intocables como mafiosos, es uno de los elementos explicativos del narcotráfico en Rosario y de los problemas de inseguridad en todas las grandes ciudades. El Estado está siempre presente en el comercio de drogas de los barra-bravas, por la complicidad policial y las alianzas políticas. La territorialidad del fútbol, con una presencia estatal tan fuerte, es menos dificultosa de reconstruir.

La robótica y la automatización son novedades apasionantes y arrolladoras que prometen cambiar nuestros modos de vida en muy breve tiempo. Siendo un proceso en construcción que se desarrolla frente a nuestros ojos, su territorialidad es aún indefinida, en virtud de que la lógica de estabilidad que puede obtener es incierta. Pero sí podemos afirmar que el desarrollo de la robótica y la automatización profundizan la brecha tecnológica entre países y al interior de las sociedades. Pobres y ricos tendrán un acceso diferenciado a la tecnología, lo que podría implicar mecanismos abruptamente desigualitarios de acceso y ejercicio del poder y también de calidad democrática. Sea como sea, el territorio y el Estado estarán muy presentes. Que el aumento de la criminalidad sea un resultado esperable de la brecha tecnológica es una conclusión evidente.

En cada comportamiento y en cada proceso criminal la política pública en la geopolítica de la seguridad manifiesta la misma intención: aumentar los indicadores de estatalidad del Estado y disminuir los indicadores de estatalidad del delito. De esta forma se eliminan los incentivos legitimadores de la apropiación ilegal de la renta nacional y se estimulan los comportamientos asociados a un Estado democrático y sustentador de una mejor calidad de vida ciudadana.

Sabemos que el concepto de territorio y territorialidad ampliada merece una investigación y desarrollo mayor, aún pendiente de realizarse. Es el próximo desafío de la geopolítica de la seguridad.

Miguel Angel  Barrios es profesor en Historia y Magister en Sociología. Doctor en Educación. Doctor en Ciencia Política.

Norberto Emmerich es Doctor en Ciencia Política y Licenciado en Relaciones Internacionales.

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