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Un tribunal marroquí reanudó el lunes el juicio de 25 saharauis acusados de matar a 13 personas, en su mayoría miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes, en el campo GdeimIzik del Sáhara Occidental en 2010.

Las muertes supuestamente ocurrieron durante los disturbios que estallaron cuando las fuerzas de seguridad despejaron un campamento cerca de la ciudad de Laayoune en noviembre de 2010.

El Tribunal de Apelación de Sale, cerca de la capital, Rabat, estaba lleno de abogados, familiares de víctimas y acusados, observadores, periodistas y fuerzas de seguridad para la audiencia.

La sala estaba dominada por una pantalla gigante que transmitía la audiencia. Cuchillos, hachas, letreros y discos duros fueron presentados como evidencias.

Afuera, los partidarios de los dos campos, separados por una línea de policías, intercambiaron eslóganes e insultos.

“¡No a la impunidad de los asesinos!”, gritaban decenas de familiares de las víctimas, agitando banderas marroquíes y fotos de soldados que habían muerto.

“¡Libertad para los presos políticos!”, gritaba una multitud de activistas saharauis.

Un tribunal militar en 2013 sentenció a los 25 acusados a penas de cárcel que van desde 20 años hasta cadena perpetua tras un proceso legal de alto perfil.

Las ONG internacionales condenaron el juicio como “injusto” y en julio el Tribunal de Casación ordenó un nuevo juicio en un tribunal civil.

El lunes, el Frente Polisario pidió a las Naciones Unidas que intervengan “urgentemente para la liberación inmediata e incondicional de estos detenidos”.

En una carta al jefe de la ONU, Antonio Guterres, el líder del Polisario, Brahim Ghali, condenó una “nueva serie de violaciones” y el “juicio injusto de presos políticos saharauis inocentes y víctimas del tribunal militar ilegítimo marroquí”.

Los abogados de la defensa dijeron que tenían poca fe que el nuevo juicio proporcionaría justicia.

Marruecos dice que el Sáhara Occidental, una antigua colonia española bajo su control, es una parte integral del reino.

El Frente Polisario, respaldado por Argelia, exige un referéndum sobre la autodeterminación del territorio.

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