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MOSCÚ (Sputnik) — Militares filipinos estiman que hasta 100 insurgentes siguen oponiendo resistencia en Marawi, capital de la provincia de Lanao del Sur atacada por los yihadistas a finales de mayo pasado.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, general de brigada Restituto Padilla, evaluó entre 80 y 100 el número de los rebeldes, al mencionar que entre ellos hay algunos adolescentes y terroristas extranjeros.

Padilla, citado por el canal de televisión CNN Philippines, subrayó que los militares no están librando una guerra religiosa en la ciudad.

"Estamos combatiendo a la gente que llevó el desorden a Marawi", puntualizó durante una conferencia de prensa celebrada en Manila.

Dentro de unos días, dijo, los militares volverán a evaluar la situación sobre el terreno y pasarán al ministro de Defensa, Delfin Lorenzana, la recomendación acerca de la conveniencia de prorrogar la ley marcial en la isla de Mindanao.

Por su parte, la portavoz adjunta de la Presidencia filipina, Ana Marie Banaag, actualizó las bajas de la operación en Marawi.

Según la última información disponible, en los enfrentamientos murieron 379 terroristas, 89 militares y 39 civiles.

Unos 1.720 civiles, que los yihadistas habían capturado como rehenes, fueron liberados.

Más de 60 personas fueron detenidas por presuntos vínculos con los insurgentes, algunas sin una orden de arresto gracias a la ley marcial que en vigor.

La capital de la provincia filipina de Lanao del Sur, Marawi, fue atacada el 23 de mayo por los rebeldes del grupo Maute, una formación yihadista vinculada a Abu Sayyaf que debe su nombre a los hermanos Omarkhayam y Abdullah Maute y busca establecer en el sur de Filipinas una provincia del llamado Estado Islámico, o Daesh (organización terrorista proscrita en numerosos países, entre ellos Rusia).

Prácticamente todos los habitantes de Marawi, con una población estimada en más de 200.000 personas, fueron realojados a otras áreas o huyeron de los enfrentamientos.

El presidente Rodrigo Duterte decretó ley marcial en la isla de Mindanao a raíz del ataque. La medida, convalidada en julio por la Corte Suprema de Filipinas, suspende en particular el procedimiento del hábeas corpus, lo que permite a la policía realizar arrestos de sospechosos de terrorismo sin orden judicial.

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