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El discurso del presidente de la Generalidad Carles Puigdemont, que declaró la independencia para a continuación suspenderla, no parece haber calmado a los empresarios, que siguen aprobando cambios de sede social fuera de Cataluña. Este miércoles han sido Bimbo, los dueños de Cola Cao, Applus y Axa los que han seguido los pasos de otra treintena de grandes empresas (y muchas más entre las medianas y pequeñas) que optan por cambiar su domicilio social.

En concreto, Idialia Foods, los dueños de marcas como Cola Cao, Nocilla, Paladín, Okey y Mesura, han confirmado que cambian su sede. "Ante la situación política actual, Idilia Foods ha decidido trasladar su sede social a Valencia", dice la empresa en un comunicado. Hace dos días la compañía ya avanzó que "ante una efectiva declaración unilateral de independencia" tomarían esa decisión "con el fin de mantener la seguridad jurídica". Cola Cao nació en 1946. "En estos más de 70 años, ni la compañía ni la familia propietaria se han posicionado nunca políticamente, centrando su actividad en elaborar excelentes productos para atender la demanda de los consumidores", señala Idilia.

La empresa de bollería, pan de molde y dulces Bimbo también saca su sede española de Cataluña. "Con el fin de mantener la seguridad jurídica necesaria para poder seguir trabajando con normalidad, el consejo de administración de la compañía ha acordado trasladar el domicilio de las sociedades con sede en Cataluña a Las Mercedes (Madrid), desde donde Grupo Bimbo ya dirige la Organización EAA (Europa, África y Asia)", ha confirmado en un comunicado.

La empresa recuerda que su capital es ya mayoritariamente mexicano y que comercializa sus productos en 24 países. En Cataluña tenía hasta ahora el domicilio social español. "La compañía continuará operando como viene haciendo hasta ahora a través de sus oficinas y centros de producción situados en Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, así como a través de sus centros de venta distribuidos por toda la geografía, que dan trabajo a más de 6.000 personas en España", ha explicado.

Bimbo comercializa en España su propia marca (en especial, en pan de molde) y otras como Pantera Rosa o Tigretón. Además, el año pasado la empresa mexicana se hizo con Panrico, que compró al fondo de capital riesgo estadounidense Oaktree, por lo que también comercializa sus marcas, entre ellas, Bollycao, Donettes, Donuts o La Bella Easo.

Salida de aseguradoras

Por su parte, el consejo de administración de Axa España ha aprobado el cambio de domicilio social de las entidades Axa Vida y Axa Pensiones de Barcelona a Bilbao. Según ha informado la compañía en un comunicado, esta decisión viene motivada "por la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y proteger los intereses de los clientes, mediadores, accionistas y empleados ante el contexto actual en Catalunya".

La aseguradora ha manifestado que estos acuerdos representan una aceleración de los procesos de fusión de Axa Vida con Axa Aurora Vida dentro de la estrategia de simplificación de entidades legales que la compañía inició a principios de año.

El sector financiero y el asegurador ha realizado muchos cambios de sede social estos días. El Consejo de Administración del grupo asegurador Catalana Occidente acordó ayer en una reunión extraordinaria el traslado de su domicilio social a Madrid. CaixaBank y el Sabadell fueron los que abrieron el camino y les siguieron Banco Mediolanum, Arquia Banca, GVC Gaesco, EDM y las aseguradoras SegurCaixa Adelas y MGS Seguros. VidaCaixa y la gestora de fondos CaixaBank Asset Management también han traslado su sede social de Barcelona a Madrid.

El Consejo de Administración de la compañía de certificación industrial Applus también ha acordado por unanimidad cambiar su domicilio social a Madrid. La empresa, que cotiza en el mercado continuo, tendrá su domicilio social en el parque empresarial Las Mercedes, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La decisión, según la empresa, se adopta para "mantener la operativa normal de la compañía" y para "proteger el conjunto de los intereses generales de la misma".

Freixenet, "si hay independencia"

En medio de la fuga de empresas de Cataluña, la compañía de cava Freixenet era una de las que había señalado que supeditaba su cambio de sede social a una declaración de independencia unilateral. Tras la comparecencia ayer del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que anunció y suspendió la independencia en el Parlament catalán, hoy el presidente de Freixenet, José Luis Bonet, ha anunciado que propondrá en el próximo consejo de administración, que tendrá lugar "a final de mes", la salida de Cataluña de la sede social de la empresa "si hay independencia" y no se frena antes todo el proceso.

De momento Boneta ha asegurado que la supuesta declaración de independencia de Puigdemont, no es tal, aunque ha pedido al Gobierno central que actúe y de una respuesta "proporcionada". En su opinión, "es una acción que no es acción, porque es una declaración que no es declaración", ha contestado Bonet.

Sobre si la compañía que preside ha notado repercusiones ya por el proceso soberanista, ha respondido que sí que la entidad ha sentido "alguna cosa", pero "nada relevante" hasta el momento, pues la empresa exporta el 80% de su producto, lo que hace que ese movimiento sea "menor".

Qué empresas se han marchado de Cataluña

La incertidumbre provocada por la posible declaración unilateral de independencia de Cataluña ha propiciado que varios bancos y empresas instaladas en la comunidad autónoma hayan cambiado de domicilio social en los últimos días.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha admitido que esta fuga "es de extrema gravedad", según reconoció en una reunión el pasado sábado con el presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado que el hecho de que algunas empresas abandonen Cataluña no se debe a que "contemplen la posibilidad de independencia", sino que es consecuencia de la "irracionalidad" y "radicalidad" de las políticas de la Generalitat.

Las grandes industriales cotizadas con sede en Barcelona podrían aprovechar también el nuevo decreto del Gobierno para agilizar el traslado a otras ciudades españolas. Algunas de las compañías que han decidido mover su sede a otras ciudades españolas son:

Naturhouse

El grupo de nutrición y dietética fue de los primeros en trasladar su sede de Barcelona a Madrid. La empresa tomó esta decisión por "razones estratégicas y también por sentido común", pues, asegura que hace la mayor parte de su negocio fuera de España y critica que el Gobierno catalán no piense en los ciudadanos y que "no mire la economía a largo plazo". "Pues que si nos preguntan a los empresarios catalanes si queremos un mercado de 550 millones de europeos o de siete millones y medio de catalanes, la respuesta es clara", ha manifestado Félix Revuelta, el presidente y fundador de la empresa, muy crítico con el proceso independentista en Cataluña.

Oryzon Genomics

Esta empresa biofarmacéutica también ha decidido trasladar su sede desde Cornellá (Barcelona) a Madrid. Las acciones de la compañía se dispararon desde que tomó la decisión. Según explicó en una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el objetivo del traslado es "optimizar sus operaciones y la relación con sus inversores".

Banco Sabadell

El Consejo de Administración del Banco Sabadell ha aprobado el traslado de la sede de Cataluña a Alicante "por la incertidumbre" y por un principio de seguridad jurídica. "Se trata de una decisión técnica y no política con el objetivo de proteger a nuestros clientes y accionistas", según aseguraron fuentes de la entidad. El mercado premió su salida de Cataluña con fuertes subidas de las acciones, aunque después han vuelto a sufrir pérdidas.

CaixaBank

La entidad financiera más grande Cataluña y la segunda de España, trasladará su sede desde Barcelona a Valencia debido a que la situación política actual en Cataluña supone un riesgo excesivo para sus clientes accionistas y empleados. La entidad presidida por Jordi Gual explica que adopta esta decisión para "salvaguardar plenamente la seguridad jurídica" de su actividad. Es un cambio histórico que se adopta "por unanimidad, ante la actual situación política y social en Cataluña".

Por otro lado, la Fundación La Caixa, accionista único del holding Criteria que agrupa todas las participaciones y cartera industrial del grupo ha anunciado el traslado de ambas instituciones a Palma de Mallorca.Criteria es el accionista de referencia en grupos como Gas Natural o Abertis, Cellnex y Saba, además de controlar un 40% de CaixaBank. El control de todas estas participaciones quedará ahora localizado en Palma de Mallorca.

A ello se une que SegurCaixa Adeslas, líder en seguros de salud en España, trasladará también su sede de Barcelona a Madrid, según han informado a Efe fuentes de la compañía. El consejo de administración de la aseguradora, integrada en el grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, ha aprobado este fin de semana el cambio de domicilio social.

Eurona

Esta empresa de telecomunicaciones y servicios de Internet desplazará su domicilio de Cornellà de Llobregat (Barcelona) a Madrid. Las acciones de la compañía subieron cerca del 8% tras conocerse la decisión.

Dogi

El Consejo de Administración de la textil catalana Dogi International Fabrics ha acordado iniciar los trámites necesarios para trasladar su domicilio social a Madrid. La empresa pretende con esta medida "optimizar sus operaciones y la relación con sus inversores". Dogi, con domicilio social actualmente en El Masnou (Barcelona), se adelanta a la celebración del pleno del Parlament de Cataluña del próximo lunes.

Gas Natural

Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de trasladar su sede de forma temporal a Madrid por "la inseguridad jurídica" desatada en Cataluña. "Ante los sucesos sociales y políticos que están ocurriendo en las últimas semanas en Cataluña y debido a la inseguridad jurídica que ello provoca, el consejo de administración de la compañía, ha acordado, en tanto se mantenga esta situación, cambiar su sede social a Madrid", señalaba un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Colonial

El Consejo de Administración de la inmobiliaria ha acordado este lunes, por unanimidad, trasladar su domicilio social de Barcelona a Madrid, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Colonial, con unos activos valorados en más de 8.600 millones de euros, tenía su domicilio social en la Avenida Diagonal número 532, y ahora la tendrá en Paseo de la Castellana número 52.

La compañía tiene 42 activos inmobiliarios en España y 21 en Francia, con una superficie sobre rasante en 876.000 metros cuadrados. Sus oficinas están ocupadas al 96%.

Abertis

La concesionaria de autopistas ha acordado esta tarde, en una reunión extraordinaria de su consejo de administración, trasladar su sede social de Barcelona a Madrid. En una comunicación a la CNMV, el grupo catalán ha justificado esta decisión ante "la inseguridad jurídica generada por la actual situación política en Cataluña"

MRW

La empresa de mensajería urgente, con sede en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha anunciado este lunes que traslada su sede social a Valencia. MRW, propiedad de la familia Corrales, nació en 1977 y es actualmente una de las principales compañías españolas de transporte nacional e internacional.

El grupo, que se encarga de una media de 45 millones de envíos anuales, cuenta con más de 10.000 personas vinculadas a la marca en más de 550 franquicias y 47 plataformas logísticas en Andorra, España, Gibraltar y Portugal.

La compañía ha enviado un comunicado anunciando su decisión de mover a Valencia su sede social, aunque no ha proporcionado más información al respecto.

San Miguel

Cervezas San Miguel S.L.U., una de las sociedades de Mahou dedicadas a la actividad industrial propiedad y la única que contaba con domicilio social en Cataluña, ha decidido cambiar su domicilio social a Málaga, donde cuenta con un centro de producción desde 1966.

Trea Asset Management

La gestora independiente española de activos ha decidido trasladar su domicilio social a Madrid. La decisión tiene como objetivo proteger los intereses de nuestros clientes y sus inversores, accionistas y empleados de la gestora, garantizando la permanencia de la gestora en la zona euro bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Freixent y Codorníu

Las dos grandes fabricantes de cava con sede en Cataluña están estudiando las posibles consecuencias de una declaración de independencia. El presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet, José Luis Bonet, ha afirmado que propondrá al consejo de administración de la compañía el cambio de sede social fuera de Cataluña.

Idilia Foods

La propietaria de marcas como Cola Cao, Nocilla, Paladin y Okey, ha aprobado esta mañana trasladar su sede social, actualmente ubicada en Barcelona, a Valencia tal y como dijo que haría si la Generalitat seguía adelante con la declaración unilateral de independencia.

La compañía, con sede en Cataluña desde hace más de 70 años, justifica el traslado por motivos de seguridad jurídica. Idilia Foods aseguró el lunes un comunicado que "en estos 70 años, ni la compañía ni la familia propietaria se han posicionado nunca políticamente, centrando su actividad en elaborar excelentes productos para atender la demanda de los consumidores".

Pronovias

La compañía de trajes de novia también ha amenazado con irse si Cataluña aplicaba la desconexión con España.

Planeta

El Consejo de Administración del Grupo Planeta ha acordado trasladar su domicilio social a Madrid si se produce una declaración unilateral de independencia. Así lo asegura en un comunicado oficial la empresa editora. "El Consejo ha tomado esta decisión ante la inseguridad jurídica que se produciría y para proteger los intereses de sus accionistas, empleados y del proyecto empresarial".

En 2012, el entonces presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, ya dejó claro que "si Cataluña fuera independiente, el Grupo Planeta se tendría que ir a Zaragoza, a Madrid o a Cuenca". "No hay ningún negocio editorial que tenga la sede en un país extranjero o que hable otro idioma", añadió el empresario.

Ballenoil

El grupo de estaciones de servicio ha decidido trasladar su sede social actual de Castelldefels (Barcelona) a las oficinas centrales de Madrid, situadas en Alcobendas (Madrid), por la situación en Cataluña. Esta medida se adoptó el pasado 15 de septiembre y se inscribe dentro de la estrategia de crecimiento del grupo y "dentro del contexto político que se vive en Cataluña".

Service Point

La empresa de reprografía digital ha acordado también trasladar su sede social de Barcelona a Madrid. En una comunicación a la CNMV, regulador bursátil, la compañía ha precisado que la compañía hólding tendrá su sede en el número 2 de la calle Salcedo de Madrid.

Banco Mediolanum

La junta de accionistas de esta entidad ha decidido el traslado de su domicilio social de Barcelona a Valencia por la situación política en Cataluña. El banco ha adoptado esta decisión "como medida para garantizar los intereses de sus clientes, mantener la máxima normalidad y asegurar un marco estable para el desarrollo de su actividad, siempre en el ámbito de supervisión del Banco Central Europeo (BCE)".

Copasa

El grupo constructor ha acordado trasladar a Santiago de Compostela la sede de su filial de medioambiente Pesa, hasta ahora ubicada en Barcelona. Copasa atribuye esta medida a la "situación de inseguridad jurídica, financiera y normativa abierta en Cataluña" y a su objetivo de "garantizar el pleno desarrollo de la actividad de la empresa a todos los niveles en un marco estable y sin incertidumbres".

El grupo Copasa, que tiene su sede social en Ourense, garantiza que el traslado del domicilio de la filial "no implica alteración o cambio alguno en las condiciones o en la prestación de los servicios de las diferentes líneas de negocio en las que opera la firma, tanto en Cataluña como en el resto de mercados".

MGS Seguros

El grupo asegurador ha acordado trasladar su sede social de Barcelona a Zaragoza ante la inseguridad jurídica que supone que el Parlamento catalán pueda declarar unilateralmente la independencia de Cataluña.

Fuentes de este grupo han explicado que se ha optado por la capital aragonesa porque allí están parte de sus servicios centrales y también la sede de su fundación. Hasta ahora, la sede social de la aseguradora estaba en la calle Entença de Barcelona.

DVD Dental

La compañía odontológica ha trasladado su sede social de Barcelona a Madrid, como consecuencia de las tensiones políticas y económicas de Cataluña, según ha informado en un comunicado. Esta empresa española perteneciente al grupo multinacional francés FSH cuenta con presencia internacional en más de 80 países y tiene una plantilla de más de 400 empleados de los que 120 trabajan en España.

GVC Gaesco

La sociedad de valores GVC Gaesco, propiedad de la familia Vallbé, vinculada a Òmnium Cultural, también ha decidido trasladar su sede a Madrid. GVC Gaesco es un grupo financiero radicado en Barcelona que está presidido por Maria Àngels Vallbé, esposa de Joan Hortalà, actual presidente de la Bolsa de Barcelona y ex secretario general de ERC.

La firma ha enviado recientemente una carta a su red de agentes financieros para informarles de este cambio de domicilio, que no afectará a su operativa ni conllevará ningún traslado de personal. "Comunicó que el consejo de la sociedad hacía semanas que ya había aprobado el cambio y que sólo está pendiente tramitarlo en el registro mercantil", ha asegurado uno de estos agentes.

Catalana Occidente

La aseguradora Catalana Occidente también ha trasladado su sede social a Madrid. Deja así Cataluña. Su consejo de administración acordó "trasladar su domicilio social al madrileño Paseo de la Castellana", donde dispone de un amplio edificio, ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV).

Axa España

"La necesidad de garantizar la seguridad jurídica y proteger los intereses de los clientes" y accionistas también ha motivado la salida, un día después de la 'independencia suspendida' de Puigdemont de otro grupo asegurador que tenía sede en Cataluña. La filial de la francesa Axa ha decidido trasladar las sedes sociales de Axa Vida y Axa Pensiones de Barcelona a Bilbao.

Grifols

La compañía farmacéutica ha abierto las puertas a irse de Cataluña, pero aún no ha tomado la decisión. Es la única empresa con sede social en la Comunidad que queda en el Ibex 35.

En 2015, Grifols ya trasladó a Irlanda la gestión de tres cuartas partes de su negocio por motivos tributarios.

La empresa independentista Unipost presenta un ERE para 2.200 trabajadores, toda su plantilla en España

El operador postal Unipost, que está en concurso de acreedores, ha presentado este miércoles un expediente de regulación de empleo (ERE) para 2.200 trabajadores, la totalidad de su plantilla en España, tras no poder rehacerse de la grave situación económica en la que se encuentra. Unipost fue registrada por la Guardia Civil el pasado 19 de septiembre, encontrándose las notificaciones para las mesas electorales del 1-O.

La dirección de Unipost ha presentado la solicitud de despido colectivo ante el Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, según ha informado el bufete de abogados Jausas, que ejerce de administrador concursal. En un comunicado, el bufete asegura que su objetivo es buscar un comprador para la unidad productiva, que podría ser tanto otra compañía del sector como un fondo de inversión, lo que permitiría mantener los puestos de trabajo de parte de la plantilla, que está repartida por todo el territorio español.

Unipost, que es propiedad de una rama de la familia Raventós y tiene su sede central en Barcelona, presentó el pasado 12 de julio concurso voluntario de acreedores en un juzgado de la capital catalana, con una deuda de 47,4 millones de euros y unos activos de 40,6 millones. La administradora concursal Laia Folguera se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de encontrar un comprador, ya que "en este momento hay varios operadores interesados en la adquisición de la empresa".

Los sindicatos temían que la empresa presentara un ERE para una parte de la plantilla, pero en ningún caso esperaban que los despidos pudieran afectar a todos los trabajadores, según han apuntado fuentes sindicales. De hecho, Unipost, el principal operador privado del país, mantenía negociaciones con los representantes de los trabajadores para aprobar un plan de viabilidad que permitiera redimensionar la plantilla a las actuales necesidades del negocio.

Unipost, fundada en 2001 por la integración de la catalana Suresa, la valenciana Flecha y la aragonesa Urbandisa, ha presentado diversos expedientes de regulación en los últimos años para ajustar su plantilla y, a principios de 2016, logró un acuerdo con la banca para refinanciar su deuda. La compañía, con unos ingresos superiores a los 110 millones de euros, según los últimos datos que recoge su web, gestiona 600 millones de envíos al año para más de 15.000 clientes de todos los sectores y también realiza envíos a más de 200 países gracias a su asociación con DHL Global Mail, el principal operador de correo a nivel mundial.

Vinculación con la independencia

En los últimos años, a la empresa que preside Antón Raventós se la ha vinculado con el proceso independentista. El pasado septiembre, la Guardia Civil se incautó de abundante documentación relacionada con el censo del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, durante el registro de varias oficinas de Unipost en Cataluña.

El grupo de mensajería alegó que en ningún caso conoce el contenido de los escritos y documentos que gestiona para sus clientes, pero el juez sopesa que se desprenden "claros indicios" de la posible participación de los responsables de Unipost en el delito de malversación de caudales públicos por la organización del 1-O.

En el año 2014, coincidiendo con la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre, Unipost también fue requerida por la Fiscalía para que informara sobre su contrato con la Generalitat para el servicio de buzoneo de la propaganda del proceso participativo.

Fuente: El País, El Mundo, El Confidencial

El desahogo del mayor Trapero sobre el proceso independentista

 

Da por hecho que acabará detenido. Admite presiones de la Generalitat el 1-O. Asegura que siempre ha sido constitucionalista

Hace una semana, José Luis Trapero fue imputado por la Audiencia Nacional por un presunto delito de sedición. El viernes declaró ante la juez que no se avisó con suficiente antelación a los Mossos de los registros judiciales a la consejería de Economía, obstaculizados por una multitud de en torno a 40.000 personas. A la espera de que la Guardia Civil aporte más pruebas en su contra, el mayor ha confesado a su círculo más cercano que aguarda su detención en cuestión de días.

Diversas fuentes del entorno más cercano al jefe de los Mossos aseguran a El Confidencial Digital que Trapero no alberga esperanzas de evitar ir a la cárcel condenado por sedición.

Y aunque no cayera sobre él la pena de 15 años de prisión prevista en el código penal, el mayor asegura a sus allegados que será detenido al menos por un tiempo, como medida cautelar de la juez Carmen Lamela.

La Guardia Civil ha remitido a la AN dos informes en los achaca a los Mossos, y en concreto, al mayor Trapero y al director del cuerpo, Pere Soler, dos acciones graves.

Por un lado, acreditan la inacción de los Mossos durante los tumultos contra los registros judiciales. De otro, la protección que prestaron a miembros del Govern en el proceso ilegal de independencia de Cataluña.

Quiso dar una rueda de prensa el 1-O

Según ha recabado ECD de varias fuentes cercanas a Trapero, el mayor de los Mossos se considera “íntegro” y leal a la Constitución. Asegura que no es independentista, apelando al origen vallisoletano de sus padres: “se define charnego, de hecho, se presenta como José Luis y no como Josep Lluis".

En medio de la vorágine soberanista de la Generalitat, Trapero se ha visto envuelto “en una situación muy dramática y muy complicada”, afirman las mismas fuentes.

La escalada de tensión para el mayor alcanzó su punto álgido el 1 de octubre, día del referéndum de independencia. Los Mossos tenían orden de la Fiscalía General del Estado de impedir la apertura de colegios y cualquier votación.

Trapero ha confesado a sus allegados que varias personas le aconsejaron convocar una breve rueda de prensa para mostrar su adhesión a la Constitución y explicar las medidas que adoptó el cuerpo para evitar la consulta ilegal.

El jefe de los Mossos consideró la propuesta hasta el punto de que la aceptó, y planeó convocar a los periodistas el 1-O en la sede de la plaza de Cataluña. Pensó enviar un mensaje de lealtad a la Constitución de no más de tres minutos, alternando el catalán y el castellano.

Sin embargo, según relata Trapero a sus más cercanos, finalmente decidió no convocar la rueda de prensa por “presiones de la Generalitat”. Miembros del Govern hablaron con el mayor para disuadirle alegando la delicadeza de la situación y las cargas policiales contra los votantes.

Trapero decidió entonces abortar la convocatoria, aunque expresó sus dudas a sus interlocutores del Govern.

Exige al Govern que no use su imputación

Ahora que el referéndum ha quedado atrás, Trapero se considera uno de los grandes perjudicados del proceso independentista, ya que le ha costado la imputación por un presunto delito de sedición.

Fuentes cercanas al mayor afirman que Trapero ha exigido al consejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, que el Govern no haga un uso político de su imputación.

Desde que ha sido imputado por la juez Lamela, Trapero considera que las declaraciones de los independentistas sobre su situación sólo empeorarán su situación procesal.

Por eso, ha sido claro con Forn y le ha exigido que ningún dirigente de la Generalitat haga declaraciones explícitas o implícitas sobre su imputación.

Trapero no quiere influir en la juez ni en el fiscal, pero tampoco quiere que se le relacione más con los promotores de la independencia ni exponerse demasiado a la opinión pública, algo que nunca le ha gustado.

Molesto por el envío de 12.000 efectivos policiales

Fuentes próximas al entorno más cercano a Trapero explican la actuación del mayor los días previos al referéndum y el propio 1-O.

Según aseguran, los Mossos están satisfechos con su actuación durante la consulta porque “cerraron más colegios que la Guardia Civil y la Policía”.

Y añaden un matiz sobre la pasividad y complicidad con los independentistas que se les ha reprochado durante el 1-O: tanto Trapero como los agentes catalanes no entendieron que el Gobierno enviara 12.000 efectivos policiales a Cataluña para frenar el referéndum.

Consideraron la medida un agravio y una falta de confianza del Ejecutivo en la policía autonómica. “Igual que un guardia civil a veces se atornilla el tricornio”, la opinión de Trapero era que el cuerpo competente para solucionar la crisis independentista eran los Mossos.

Las mismas fuentes apuntan al malestar de Trapero para justificar su actuación, calificada de ambigua por la propia Guardia Civil y la Policía. El mayor se sintió muy dolido con la decisión de Moncloa: “no se fían de los Mossos, creen que no estamos con ellos”, se le oyó decir.

Ejército español está listo para entrar en acción en Cataluña

El Ejército de España está preparado para entrar en acción en Cataluña, si así lo requiere Madrid, afirma un alto mando militar.

Durante los últimos días, el Ejército español ha enviado varios convoyes militares a Cataluña (noreste de España) “para estar preparado ante cualquier contigencia”, ha afirmado el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) de España, el teniente general Fernando Alejandre, en declaraciones recogidas por el diario local El País.

El alto mando castrense ha aclarado que los convoyes enviados, hasta el momento, no incluyen fuerzas armadas, sino solo están cargados con material logístico. “Somos militares y nos gusta hacer planes y prever”, ha apostillado.

Estas medidas, agrega Alejandre, son parte de la preparación para respaldar a la Policía Nacional y la Guardia Civil, en caso de que el Gobierno central de España decide llevar a la práctica la llamada Operación Cota de Malla en Cataluña.

“El Ejército no intervendrá en Cataluña si no lo ordena el Gobierno. Lo contrario sería un golpe de Estado”, ha dicho, Pedro Pitarch, un teniente general retirado.

Durante los últimos días, el Ejército español ha enviado varios convoyes militares a Cataluña (noreste de España) “para estar preparado ante cualquier contigencia”, ha afirmado el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) de España, el teniente general Fernando Alejandre.

El 1 de octubre, la región catalana fue a la urnas para votar en un controvertido referéndum sobre la separación de Cataluña de España, pese a que el Tribunal Constitucional español lo había tachado de ‘ilegal’. Según las autoridades catalanas, ganó el sí.

El martes, el presidente de la Generalitat (gobierno regional catalán), Carles Puigdemont, declaró la independencia de Cataluña, pero propuso suspenderla para facilitar el diálogo con el Gobierno central de Madrid, presidido por Mariano Rajoy.

Ante ello, el Gobierno español calificó de “inadmisible” que el Govern pronunciara una “declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita”. Además, insistió en su postura de siempre que el referéndum independentista y la declaración de independencia son “ilegales” de acuerdo con la Constitución española.

Análisis: Crisis y oportunidad

La reacción del Gobierno a la maniobra tramposa de proclamar la independencia dejada inmediatamente en suspenso ha devuelto la pelota al tejado de Carles Puigdemont y ha abierto para España una ventana de oportunidad inesperada y positiva.

El requerimiento del Gobierno de España a la Generalitat obliga al Govern a pronunciarse sin ambigüedad sobre esa supuesta declaración de independencia que ni siquiera fue sometida al voto parlamentario. Y le ofrece al tiempo la oportunidad de situarse todavía del lado de la legalidad, renunciar a las maniobras de desconexión y dar el paso decisivo para demostrar que su cacareada voluntad de diálogo es algo más que propaganda. De lo contrario, quedará claro que la oferta gubernamental ha dejado sin discurso a los independentistas y que su propuesta de diálogo solo admitía la negociación bajo chantaje, en cuyo caso la intervención parcial y gradual de la autonomía catalana mediante el artículo 155 de la Constitución sería el camino más recomendable a seguir y, a estas alturas, el que mejor servicio puede hacer para proteger la maltrecha institucionalidad catalana.

El único diálogo y la única mediación posibles son los que se produzcan bajo la legalidad y en el Parlamento, exclusivo marco en el que en una democracia europea se dirimen las diferencias. El acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno con el Partido Socialista y al que se ha sumado Ciudadanos, que incluye una comisión parlamentaria para modernizar y reformar la Constitución, ofrece una salida airosa a Puigdemont si es que de verdad quiere dialogar en beneficio de las reivindicaciones de más autogobierno para Cataluña.

Un elemento fundamental en esta coyuntura confusa es la seguridad ciudadana. Más aún que la política o la economía, constituye requisito previo de estabilidad y bienestar. Por eso es imprescindible que todos los cuerpos e instituciones dedicados a garantizarla estén en disposición de hacerlo. Si el papel de los Mossos d’Esquadra como policía integral y como policía judicial se ve cuestionado por la probada predisposición de la Generalitat a utilizarlos como policía al servicio de una causa, deberá ser el Gobierno quien garantice esas funciones. Podría —y quizá debería— hacerlo sin necesidad de esperar a la aplicación del 155. Pero, en todo caso, este artículo de la Constitución va a dejar amplios recursos en manos del Gobierno para restablecer la estabilidad jurídica y social que tanto se necesita. Puigdemont está todavía a tiempo de impedir esa intervención del Estado que, aun siendo recomendable, representa sin duda un trauma que sería mejor evitar. Para ello, Puigdemont solo tiene que hacer una cosa: poner fin a esta loca aventura en la que ha embarcado a los ciudadanos, a muchos de ellos con engaños y falsedades.

La oferta pactada por el Gobierno y el PSOE es también una oportunidad para el conjunto de este país. Abre un nuevo escenario político que acogemos muy favorablemente. Durante mucho tiempo hemos reclamado una reforma capaz de adaptar la Constitución a las nuevas demandas sociales y reajustar el complejo entramado territorial de un país descentralizado en el que demasiado a menudo se sufren tensiones soberanistas.

Frente a los daños ya causados, empiezan a vislumbrarse algunas consecuencias positivas de esta crisis, como se apreció en el pleno de ayer en el Congreso. PP, Ciudadanos y PSOE se coordinan de momento y por vez primera para emprender una importante tarea de Estado. Reformar la Constitución, aunque ahora se observe como una tarea titánica y lejana, sería un paso esencial para que España pueda renovar el impulso democrático y modernizador que animó en su momento la Transición española.

En contraposición, no podemos más que condenar con toda rotundidad la actuación de Podemos. Que en un momento de aguda crisis política, cuando la vigencia de la Constitución y el Estatuto de Autonomía está en entredicho —y con ellos los derechos y libertades de los catalanes— Pablo Iglesias no solo niegue la gravedad de la actuación del Govern sino que elogie la figura de Puigdemont, resulta del todo preocupante. No cabe ya ninguna duda del servilismo de Iglesias ante el proyecto independentista. La alianza entre el populismo de Podemos y el nacionalismo xenófobo de Puigdemont es hoy una seria amenaza a la Constitución, la convivencia democrática y el futuro común de los españoles. El papel, además, de Ada Colau como puente entre ese proyecto rupturista de extrema izquierda y el independentismo hace el efecto de una terrible pinza que anima a los demócratas a bajar los brazos.

Resulta difícil de entender tanta comprensión hacia un Govern que no ha hecho más que violentar las leyes y abrazar una estrategia más propia de trileros que de un Ejecutivo democrático. Ante un momento tan decisivo y con una oferta de diálogo real, legal y legítimo para renovar el pacto constitucional y reforzar la democracia y el progreso, son muchos los que ahora se van a ver enfrentados a sus contradicciones.

Fuente: El País

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