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Los separatistas tenían previsto desarrollar «herramientas militares» para garantizar la seguridad de la población y solicitar -durante la transición hacia la independencia- la protección temporal de un Estado europeo. Así lo refleja la documentación intervenida por el juez.

Los impulsores de la nueva República catalana habían previsto impulsar al menos cinco unidades policiales que cubrieran las competencias que actualmente tiene el Estado español y que pensaban asumir.

Las propuestas relativas a la defensa de la República vienen recogidas en un informe incautado por la Guardia Civil y titulado La seguridad de la República catalana; primeros planteamientos. Es un estudio teórico amplio que analiza el nuevo escenario de la seguridad en el mundo y estudia sistemas de Defensa tan dispares como los de Austria, Dinamarca, Suiza, Costa Rica y Panamá.

El autor del documento realiza también recomendaciones teóricas para la hipótesis de una sustanciación de la independencia y, curiosamente, da por hecho en la mayor parte de sus planteamientos la necesaria colaboración del Estado español en asuntos importantes.

En el informe se sostiene que «el debate es urgente porque las amenazas no sólo no pararán con la independencia de Cataluña sino que podrían agravarse; y no es recomendable confiar en la colaboración del Estado español». También se insiste en que «los ataques a Cataluña son poco probables pero no completamente descartables» y se pone como ejemplo reiteradamente lo ocurrido entre Rusia y Ucrania tras más de 40 años de tranquilidad. Aún así, en varias ocasiones da por hecho que el Estado español ayudará proporcionando información a las unidades que tengan que luchar contra el yihadismo, o que se coordinará con su incipiente servicio de inteligencia.

Así, para hacer frente a las situaciones diversas relacionadas con la seguridad, «la República tendrá que llevar a término varias actuaciones que le permitan incorporar de forma rápida competencias que ahora ostenta el Estado español». Con este fin, el autor del informe propone crear una unidad específica dentro del cuerpo de Mossos d'Esquadra para luchar contra la delincuencia organizada interna y trasnacional.

Prevé que otra unidad de información luche contra el terrorismo y el narcotráfico. «Cabe -reconoce- prestar especial atención a la importante presencia del yihadismo en Cataluña. Será necesaria la colaboración del Estado español para la transmisión de la información existente. De hecho, las instituciones catalanas tendrán que pedir asesoría y colaboración a las agencias especializadas», argumenta.

Otra unidad especializada estaría destinada a funcionar como policía aduanera y otra al control del espacio aéreo. La quinta unidad prevista debía dedicarse al registro de identidades, para lo cual los teóricos de la República aspiraban a «establecer un mecanismo transitorio con el Estado español para que se produzca el traspaso de información sobre la ciudadanía, sobre los vehículos y las licencias de conducción».

El control de la inmigración y el control de armas son dos aspectos que iban a necesitar también la complicidad transicional de España. E iban a necesitar un servicio de ciberseguridad y un nuevo plan de Protección Civil.

Los redactores del estudio sobre la seguridad en la República catalana consideran fundamental la creación de un servicio de inteligencia propio. «Civil multidisciplinar y de acuerdo con el Estado de derecho. Su función básica será recoger, analizar, interpretar y procesar de forma estratégica la información que favorezca la toma de decisiones por parte de las instituciones y también profundizará en la coordinación de otros departamentos, con el estado español y los organismos europeos».

El autor realiza este planteamiento aunque reconoce que no sabe cómo va a reaccionar España en asuntos de colaboración y esto le provoca incertidumbre. Señala que en aspectos de seguridad es fundamental conocer los plazos de traspaso de competencias porque un vacío es muy peligroso; porque hay que formar a los agentes que van a encargarse de estos asuntos y saber qué se hace con los miles de efectivos de Policía y Guardia Civil en Cataluña.

Y es en este punto, en la previsión de los plazos, cuando se realiza la propuesta de que sea otro país europeo el que se encargue de la protección de los catalanes: «Si Cataluña se independiza y se traspasan las competencias de seguridad antes de que se tenga un cuerpo de defensa en funcionamiento, se necesitará que otro estado dé protección de manera temporal. El desarrollo de un cuerpo de defensa puede tardar entre 5 y 10 años. Algunos estados europeos pueden estar dispuestos a aceptar agentes de las futuras fuerzas de defensa catalanas y garantizar la protección para evitar que Cataluña se convierta en un agujero negro a las puertas de Europa, pero es poco probable que acepten esta carga a perpetuidad», se advierte en el texto.

El autor es consciente de que la seguridad es un concepto amplio y de que no todo puede combatirse mediante la fuerza. No es posible usarla en un conflicto económico, por ejemplo, ni en un ciberataque pero se muestra convencido de que la República necesitará «herramientas tanto civiles como militares» para defender a su población y, dado que pretende convertirse en un «actor internacional», para tener los instrumentos de un «Estado defensor de los derechos humanos» que participe en organismos internacionales.

Enajenados. Puigdemont y los consejeros cesados activan "una estructura estable" en Bruselas

A través de una misiva publicada este jueves titulada Carta desde Bélgica se consideran el Govern legítimo de Catalunya y hacen saber que así se darán conocer al mundo

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los consellers cesados que se encuentran con él en Bruselas han puesto en marcha una "estructura estable" para coordinarse durante su estancia en la capital de la Unión Europea (UE). Lo han informado a través de una carta publicada este jueves en su cuenta de twitter titulada 'Carta desde Bélgica' en la que se consideran el "Govern legítimo de Catalunya" y hacen saber que así se darán conocer al mundo, aunque no especifican en qué consiste la estructura.

Puigdemont y sus consellers Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig acusan al Estado de querer "desmenuzar el autogobierno" catalán que creen que ya había quedado menguado tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut y por las medidas que ven centralizadoras del Gobierno.

El Govern cesado defiende que su situación -varios consellers encarcelados y el resto en un país extranjero para evitarlo- "es claramente contraria al Estado de Derecho i al ordenamiento de la Unión Europea", y rechaza que se disolviera el Parlament por decreto del Consejo de Ministros.

Se trata de una "estrategia desesperada y extrema ante la firmeza democrática de las instituciones y la ciudadanía de Catalunya", aseguran, y reivindican que el Govern cesado ha apostado por dar voz a la sociedad a través de un referéndum -el del 1 de octubre-.

El 21-D, "un reto"

Por ello se plantean las elecciones del 21 de diciembre, convocadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "como un reto para recuperar la plena democracia sin presos, sin venganzas, sin imposiciones, sin furia y llena de futuro, de diálogo y de acuerdo".

Lograr la liberación de los consellers cesados "secuestrados" y de los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium, Jordi Cuixart, es otro de sus objetivos, por lo que instan a los catalanes a mantener el ánimo y a no quedarse inmóviles ante el sufrimiento de los familiares y conocidos de los presos.

"Representan, en este momento, vuestra dignidad individual y colectiva", sostienen, y piden que se participe en la manifestación prevista para el sábado en Barcelona, organizada por la ANC y Òmnium contra la entrada en prisión de los líderes independentistas.

"El tiempo que pasaremos entre rejas o en el exilio no será en vano si estamos unidos más que nunca en la defensa de Catalunya y en la denuncia de la decadencia democrática del Estado español, así como de los abusos de una UE que ha tolerado, incluso amparado de manera vergonzosa, las actuaciones represivas españolas", añaden.

También piden a la ciudadanía que se sobreponga y sostenga la democracia "ahora amenazada por la coalición que ejecutó el 155, de connivencia con la violencia jurídica, policial y de extrema derecha", pero advierten que debe hacerse evitando la violencia.

Fuente: El Mundo, El Confidencial

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