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Mientras el presidente cesado sigue haciendo declaraciones desde su fuga en Bruselas, la Benemérita hace su trabajo y descubre millonarias cantidades del procés disfrazadas en 33 contratos.

La Generalitat de Cataluña “ocultó” la creación y el desarrollo de estructuras de Estado entre los acuerdos marco y contratos que formalizó entre los años 2012 y 2016 con más de 40 empresas tecnológicas. El informe entregado en el Juzgado número 13 de Barcelona ha seleccionado un total de 33 contratos por valor de 811 millones de euros, en los que podrían estar camuflados los trabajos para dar soporte informático a las nuevas estructuras que preveía crear el Gobierno catalán para dar paso a la República.

Este informe, que se realizó inicialmente por orden de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, incluye los contratos realizados por el CESICAT (Centro de Seguridad de la Información de Cataluña) o a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña (CTTI), con el que el primero tiene un convenio de colaboración, y que han levantado sospechas de los investigadores.

El CTTI es el organismo del Gobierno catalán encargado de la contratación centralizada, la gestión y el suministro de soluciones en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de toda la Administración autonómica.

Según explica la Guardia Civil, que continua su trabajo mientras Carles Puigdemont sigue su escalada de manifestaciones desde Bruselas la última este mismo sábado en un mensaje grabado para los manifestantes, aparte de la licitación pública habitual para la contratación de obras y servicios, el CTTI “ha estado utilizando de manera habitual los denominados Acuerdos-Marco, donde se regulan las condiciones que deben regir los contratos”.

En esos Acuerdos-Marco se contempla la prestación de servicios mediante dos modalidades: recurrentes y bajo demanda. Sin embargo, es esta última modalidad la que permite encargar la prestación de cualquier servicio con la única presentación a la sociedad adjudicataria del contrato, de un orden de trabajo, es decir, “sin necesidad de la publicidad derivada de una licitación pública”.

En el momento de realizar el informe, la Guardia Civil estaba investigando la creación de la Agencia Nacional de Seguridad catalana, considerando que para su desarrollo el CESICAT constituiría una parte “esencial”. Por ello, seleccionó todos los acuerdos marco y contratos formalizados por la Generalitat de Cataluña entre los años 2012 y 2016 a través del CTTI, los que “a juicio” de los investigadores incluyeran la prestación de servicios y “en su marco de desarrollo se hubieran podido ocultar la creación y desarrollo de estructuras de Estado”, entre las que se incluyera la citada Agencia Nacional de Seguridad.

Se trata de 33 contratos con más de 40 empresas tecnológicas, entre las que están grandes sociedades y multinacionales, algunos de ellos se han realizado a través de UTEs (Uniones Temporales de Empreas) y otros, directamente con las sociedades interesadas. La suma de los importes de estos contratos asciende a 811.443.729 euros.

Detenciones

La empresa que logró contratos por un importe mayor fue T-Systems ITC Iberia, que a través de cuatro expedientes contrató por un total de 309,89 millones de euros, divididos en los siguientes importes: 152,788 millones y 53,31 millones del primer expediente; 35,22 millones, 17,53 millones y 25,91 millones de un segundo expediente; 10,63 millones del tercero y 14,49 del último expediente de contratación.

Se da la circunstancia de que la directora general de esta sociedad, Rosa María Rodríguez Curtó, resultó detenida en la operación que llevó a cabo la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre contra todo el entramado que estaba preparando el referéndum del 1 de octubre.

El juez, además, ordenó la entrada y registro en su despacho profesional, con la incautación de toda la documentación de los trabajos de esta empresa para la Generalitat de Cataluña y ordenó, además, el registro de los despachos y dependencias en las que trabajaban tres empleados de su equipo.

Por cuantía de la contratación con el Gobienro catalán, le sigue un contrato de una UTE formada por cuatro empresas, entre ellas, una conocida multinacional, que incluye dos pagos de 130,98 millones de euros y 17,87 millones.

Otra UTE integrada también por una multinacional y otras dos sociedades se adjudicó otro contrato por valor de 62,53 millones de euros. Mientras que una UTE constituida por otras tres empresas logró otro contrato por 66,61 millones.

Pero hay otros muchos contratos de grandes cuantías realizados con el CTTI de la Generalitat de Cataluña con otras UTEs por 45,91 millones; 44,72 millones de euros; 42,66 millones; 21,95 millones. Además, el CTTI contrató directamente con sociedades individuales por 34,40 millones; 211.684 millones, 205.932 millones y por otras cantidades menores, hasta un total de 33 contratos de prestación de servicios TIC que, según la Guardia Civil podrían haber sido utilizados por la Generalitat para “ocultar” la creación de las estructuras de Estado.

Los falsos contratos

Muchos de estos contratos lo son bajo el epígrafe de prestación de servicios de Tecnología de la Información y Comunicación centrales de carácter continuado de la Generalitat de Cataluña para diversos departamentos. Entre ellos, los hay para el aprovisionamiento de infraestructura de proceso de datos; organismos y entes dependientes de la Generalitat; gestión tributaria basada en una solución de mercado y herramientas para su despliegue; servicios de consultoría, cumplimiento normativo y gobierno de riesgo para el CESICAT; servicio avanzado de detección y protección contra ciberamenazas o servicios de apoyo a la actividad derivada de la operación de la seguridad del CESICAT.

También hay otros de mantenimiento de aplicaciones del Departamento de Territorio y Sostenibilidad; para la Secretaría General, Secretaría de gobierno, el Gabinete Jurídico Central y la dirección de servicios del Departamento de la Presidencia; o de gestión de sistemas informáticos del departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales.

A ello se añaden los de colaboración entre el sector público y privado para el aprovisionamiento y mantenimiento de aplicaciones de la Generalitat o para el aprovisionamiento de infraestructura de proceso de datos o el de prestación de servicios de Oficina Técnica para el Gobierno y dirección de la planificación, coordinación, seguimiento e implantación de todos los procesos de transición y transformación del nuevo Modelo de servicios TIC.

Fuente: EsDiario

Los casinos de Cirsa financian al independentismo catalán con casi un millón de euros

El grupo catalán del sector del juego Cirsa ha financiado al independentismo catalán, mediante una donación de casi un millón de euros a la antigua CDC: el partido que hoy es el PDeCat que dirige el presidente de la Generalitat Carles Puigemont. En concreto, la multinacional de la familia Lao entregó 900.000 euros a los independentistas después de lograr una operación industrial que le generó un beneficio de 30 millones de euros. No es casualidad que, al hacer los cálculos, la cantidad entregada equivalga a un 3% del resultado final.

Aunque los portavoces de Cirsa niegan que el dinero entregado en concepto de donación tuviera una contrapartida, lo cierto es que salió de las arcas de la empresa del clan Lao justo después de que recibiera el visto bueno de la administración catalana a la adquisición de una fábrica ubicada en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) por el simbólico precio de un euro y que era propiedad de la empresa Sharp, tal como informó El País.

En el sumario del caso ITV se pone de manifiesto que el cierre de Sharp fue uno de los primeros sucesos que implicaron a Oriol Pujol con el entonces gobierno de Artur Mas. El responsable de la consultora Alta Partners, Sergi Alsina (íntimo de Oriol Pujol) intervino en la venta de la fábrica por encargo de la Generalitat. El objetivo era salvar una parte de los empleos y entregar prácticamente gratis la infraestructura a Cirsa.

La empresa de la familia Lao se defiende indicando que la operación fue fruto de “una relación bilateral entre dos grupos multinacionales”, aunque la realidad es que al mismo tiempo que se negociaba el traspaso de la fábrica (en el año 2011) la empresa comenzó a realizar donaciones anuales a dos de los organismos investigados por la financiación ilegal de CDC: CatDem y Barcelona Fórum. La última fue en 2015 y, entre las dos, recibieron 900.000 euros.

“La decisión de realizar donaciones forma parte de la dinámica empresarial propia de cualquier sector. Deben entenderse en un marco de contribuciones que la compañía realiza en cualquier ámbito  público y privado, relacionados con la sociedad civil y la administración pública. Este tipo de contribución es absolutamente legal y completamente desvinculada de cualquier operación empresarial entre dos corporaciones privadas”, señala Cirsa.

Sin embargo los hechos son tozudos y la compañía admite que se reunió con el que era recaudador oficial de CDC: el ex consejero de Justicia de la Generalitat, Germá Gordó, que se reunía con empresarios donantes del partido, según la investigación del “caso 3%” realizada por la Guardia Civil. El dinero recaudado servía para sufragar el independentismo y se cobraba a cambio de concesiones discrecionales de obras públicas e infraestructuras.

Cirsa admite que las reuniones con Gordó se produjeron cuando este político era secretario de la Generalitat pero aclara que los encuentros no tuvieron nada de irregular, sino que se celebraron “para garantizar un marco jurídico estable y una valoración de la industria del juego como sector clave de la actividad económica”.

Fuente: OKDiario

Cataluña aprovechó el caos del 1-O para recortar derechos a sus sanitarios

El pasado 20 de septiembre, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya se publicó una resolución del Instituto Catalán de la Salud en virtud del cual se aprobaba el "convenio marco de alianza estratégica en entre el ICS –Gerencia Territorial de Lleida y Alt Pirineu i Aran- y la empresa pública Gestión de Servicios Sanitarios, adscrita al Servicio Catalán de la Salud". Una disposición que, según denuncian fuentes sindicales, supone una merma "importante en los derechos de los trabajadores" de la región.

El convenio, firmado el pasado 27 de abril, se publicó en mitad del caos informativo en el boletín oficial autonómico, "de manera solapada para intentar desmontar los derechos de los trabajadores" sin montar un "revuelo" mediático, según las mismas fuentes.

Es más, CCOO ya ha anunciado la impugnación del acuerdo después de que la mesa de negociación con el ICS, celebrada este viernes, no haya logrado modificar los aspectos clave que el sindicato reclama para este nuevo convenio que ya está en vigor y afecta a los profesionales.

Entre los derechos que perderán los trabajadores están la bajada generalizada de los salarios, el aumento del número de horas que componen la jornada anual y la supresión de las bonificaciones por movilidad laboral en el mismo día, lo que supone la eliminación de los 70 euros pactados en caso de que un trabajador tenga que trabajar en un centro por la mañana y otro por la tarde, por ejemplo.

"Es el mismo acuerdo que se firmó en Girona el año pasado y cuyo recurso está pendiente de resolución", aseguran las fuentes. Una situación que CCOO impugnará en el caso de Lleida el próximo lunes.

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