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La oposición ha acusado durante toda la legislatura a Carme Forcadell de ignorar la neutralidad que se presupone a quien ocupa la presidencia del Parlament, segunda institución de Cataluña. La agenda Moleskine hallada por la Guardia Civil durante los registros de la Operación Anubis, sin embargo, demuestra que la ex presidenta de la Assembla Nacional Catalana (ANC) fue incluso más lejos. Los apuntes entregados al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona evidencian que, aunque Forcadell ya ocupaba el cargo institucional, se implicó en la elaboración de la estrategia partidista que convirtió el Parlament en parte esencial de los planes independentistas.

Según consta en la agenda localizada por la Unidad de la Policía Judicial, Carme Forcadell participó en al menos una reunión del considerado como Comité de Estrategia del procés. La cumbre se celebró el 13 de abril de 2016, y a ella acudieron, en su mayoría, representantes de la dirección de ERC y miembros de la estructura del Govern pertenecientes al partido republicano, según anotó Josep Maria Jové, secretario general de Vicepresidencia y autor de la Moleskine que convirtió en una suerte de dietario del procés.

Durante la cita coincidieron seis personas, tres de las cuales son identificadas por la Guardia Civil en su informe. Se trata de Carme Forcadell; el propio Jové; y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. La identidad de los otros tres participantes en la reunión no se menciona, aunque sí se recogen sus siglas: "JMR, JB, MG".

El apunte de aquel día -bajo el título "Parlament"- arranca con una declaración de intenciones. "Necesitamos una estrategia y de todo lo que implica el proceso a nivel parlamentario" escribe Jové. Y certifica el objetivo de la reunión: "Hay un informe letrado sobre qué pasos seguir si tenemos o en función de las reacciones del Estado". La reunión se celebró 15 días después de que la presidenta del Parlament hubiera protagonizado una de sus actuaciones más sonadas.

Hoja de ruta

El 22 de marzo debían votarse en el Parlament los Presupuestos de la Generalitat, entre cuyas disposiciones adicionales -en concreto la 31- se incluían partidas reservadas al referéndum independentista, por entonces sin fecha concreta todavía. Minutos antes de que comenzara la votación, sin embargo, los letrados de la propia cámara advirtieron a Forcadell de que dicha disposición se incluía en la declaración de nulidad que el Tribunal Constitucional (TC) había acordado con anterioridad. Forcadell, simplemente, ignoró a sus letrados y a los partidos de la oposición -PSC, Ciudadanos y PP- y siguió adelante.

Durante la reunión del 13 de abril con Marta Rovira se trataron todos los pasos que se debían dar si el Estado, como finalmente hizo, actuaba contra los miembros de la Mesa del Parlament o del Govern. "¿Qué hacemos si hay inhabilitaciones o multas", escribe Jové. En aquel momento, apunta el secretario de Vicepresidencia en la Moleskine, todavía no había Gobierno. Rajoy juró el cargo en octubre.

El resto del acta evidencia que las reuniones plasmadas en la agenda Moleskineservían para tomar decisiones que, después, se intentaban llevar a cabo. La página de aquel día finaliza con una hoja de ruta específica: "Govern, Parlament, Proceso Constituyente, Acuerdo con entidades, estrucuturas [de Estado] mínimas".

Falta de imparcialidad

La postura partidista de Forcadell, en todo caso, no dependió de la reunión del 13 de abril. A su decisión de no evitar que se incluyera una partida presupuestaria para el referéndum, sumó el 6 de abril otra de sus actuaciones más polémicas. Cuatro grupos de la oposición -Ciudadanos, PSC, Catalunya si que es Pot y PP- arremetieron contra ella por permitir la tramitación de una moción de la CUP que pedía abiertamente desobedecer al Tribunal Constitucional.

Tras la reunión estratégica con con Marta Rovira, las demostraciones de falta de imparcialidad de Forcadell fueron permanentes y también continuamente denunciadas. De hecho, siete meses después de la cumbre, la ahora número 4 de la candidatura de ERC para el 21-D fue imputada por primera vez por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por haber permitido el debate monográfico sobre la independencia pese a contar con una prohibición judicial expresa. Su causa acabó siendo absorbida por el Tribunal Supremo (TS), que en noviembre decretó libertad bajo fianza para ella de 150.000 euros.

La presidenta del Parlament culminó la lista de actuaciones partidistas en septiembre. Entre los días 6 y 7 fue la protagonista absoluta de los plenos durante los que se aprobó la ley con la que el Govern pretendió dar amparo al referéndum ilegal del 1-O. Hizo una lectura sesgada del reglamento del Parlament y se opuso, de nuevo, al criterio del secretario general de la cámara a continuar con la deriva.

La agenda localizada a Josep Maria Jové en su casa el 20 de septiembre sirve para elaborar una guía sobre la hoja de ruta del procés y, como plasman las primeras anotaciones -entre febrero y noviembre de 2015- también para conocer la estrategia que siguió ERC para hacerse con el control del referéndum y poder capitalizarlo políticamente.

El 1 de octubre de 2015 -dos años antes de la votación- Jové apunta: "Que CDC no controle áreas clave vinculadas al procés". El entonces presidente del consejo nacional de ERC también certifica las zonas donde no quieren presencia de sus socios en un Govern de coalición. La desaparecida CDC no debía aparecer en zonas ligadas a "recortes, transparencia".

Una estrategia a través de la que aspiraban a forzar que "el Govern gire a la izquierda". La estrategia de los republicanos antes de que el Govern de Junts pel Sí (JxSí) tomara forma giró, en resumen, en convencer a CDC para que cediera "áreas clave a ERC a cambio de presidencia". "¿La podríamos ceder?", se pregunta.

Conforme avanzaron las negociaciones, sin embargo, las tiranteces internas se hicieron evidente. En diciembre de 2015, Jové recoge su negativa a aceptar el ofrecimiento de sus socios en el área tecnológica del Govern. "Propuesta de CDC: Ellos se quedan todas las direcciones y nos ofrecen subdirecciones. No lo aceptamos porque nos comeremos toda la mierda. Hemos de tener poder real".Antes de cerrar ese capítulo, zanja: "No haremos de palmeros".

Los republicanos también barajaron opciones para llegar a acuerdos, en la forma que ellos deseaban, facilitando la caída de Artur Mas como president. Una exigencia que puso sobre la mesa la CUP cuando se erigieron en pieza clave para la estabilidad del Govern y que, finalmente, lograron. En un apunte escrito en noviembre, Jové evidencia que ERC veía con buenos ojos esa opción: "Moción de censura que no sea constructiva es un activo para la CUP. Les podemos vender que con eso pueden coger de verdad a Mas, es el arma definitiva".

Josep Maria Jové, el 'arquitecto' oculto del 1-O

Josep Maria Jové (Barcelona, 1975) perdió el 20 de septiembre su condición de arquitecto en la sombra del 1-O. Lo sacó del semianonimato a primera hora, esposado y cuando acababa de salir de su casa, la Guardia Civil. Jové fue el primer alto cargo del Govern arrestado aquel día por unos investigadores que, desde que comenzaron a realizar seguimientos y a intervenir teléfonos por orden del Juzgado de Instrucción número 13, le situaron siempre en el centro de la maquinaria para llevar a cabo la consulta considerada ilegal por el tribunal Constitucional (TC).

Oficialmente secretario general del Departament de Vicepresidencia, Economia y Hacienda, oficiosamente era conocido como uno de los cerebros del equipo organizado por ERC para mantener vivo el desafío al Estado. Número dos de la consejería de Oriol Junqueras, Jové pasó del mero trabajo gris de Economía a centralizar gran parte de los trabajos del referéndum. De Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales a motor del 1-O.

Bajo su batuta se coordinaron los secretarios generales y altos cargos implicados en la votación. Su minuciosidad y también cierto relajamiento cuando se creía ya fuera de peligro, sin embargo, también le han convertido en uno de los principales hilos de los que la Unidad de Policía Judicial de Cataluña ha estirado para identificar a quienes formaron parte del Comité Estratégico del referé ndum.

En la agenda Moleskine negra encontrada en su vivienda durante los registros de septiembre constan los nombres y las palabras de quienes participaron en las reuniones de la hoja de ruta independentista. Apuntó nombres, fechas y también frases textuales a través de las que se puede realizar un relato casi completo de la estrategia independenstia. Durante los seguimientos a los que fue sometido por la Guardia Civil, además, rebajó la guardia. Sus movimientos llevaron hasta colaboradores externos del referéndum y sus archivos -incluido su teléfono móvil- forman parte del grueso de la investigación.

Fuente: El Mundo

Los Mossos intentaron quemar pruebas de los seguimientos a políticos del PP

Los Mossos d'Esquadra trataron de destruir en las horas previas a la aplicación del artículo 155 documentos que probaban la existencia de seguimientos a dirigentes del Partido Popular en Cataluña. La información fue interceptada por la Policía y está siendo analizada para incorporarla a la causa que instruye la Audiencia Nacional contra mandos del cuerpo autonómico por su presunta implicación en el dispositivo del Govern para blindar el referéndum del 1-O. Entre los papeles intervenidos también hay archivos relacionados con la controvertida agencia de detectives Método 3, que supuestamente efectuó investigaciones extrajudiciales por encargo de responsables de los Mossos.

Los documentos han sido localizados en la treintena de cajas con diverso material que la policía autonómica querían quemar en una incineradora de Sant Adriá de Besós (Barcelona) el pasado 26 de octubre, solo un día antes de que Carles Puigdemont proclamara en el Parlament la declaración unilateral de independencia (DUI). Fuentes oficiales de los Mossos aseguraron que se trataba de una simple destrucción de archivos antiguos e inservibles que tenía como objetivo liberar espacio en sus instalaciones centrales. Según explicaron, el proceso se realizaba periódicamente y estaba protocolizado. Pero, ante los indicios de que en esa partida podía haber datos comprometedores sobre la actuación del cuerpo en el 1-O, agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional interceptaron las cajas y se las llevaron para revisarlas.

Lo que ha aparecido en su interior va más allá del referéndum. Fuentes cercanas al caso han revelado que los papeles confirmarían la participación de agentes de los Mossos en operativos de vigilancia a dirigentes del Partido Popular en Cataluña. El resultado de estos seguimientos, realizados sin ningún tipo de autorización judicial, se habría plasmado en informes para consumo interno que permitieron a los responsables políticos del cuerpo acceder a detalles sobre los movimientos de sus rivales en el Parlament. De los papeles se desprendería que el espionaje a los cargos del PP afectó incluso a su vida privada.

En el material enviado a la incineradora también había documentos sobre Método 3, la agencia dirigida fundada en 1985 que elaborócentenares de informes sobre los principales personajes de la vida política, económica y social de Cataluña a petición de terceros. Los Mossos figuraban en su larga lista de clientes, según fuentes policiales. También la propia Policía Nacional. De la agencia salió hasta un 'pendrive' con operaciones mercantiles de Jordi Pujol Ferrusola que llegó a la UDEF y ha provocado la apertura de una investigación separada en los Juzgados de Plaza de Castilla para tratar de determinar el origen de esos datos.

En febrero de 2013, la Policía Nacional irrumpió en la sede de la agencia e interrogó a sus detectives para investigar una denuncia presentada por el Partido Popular por la grabación del encuentro que mantuvo la expresidencia de la formación en la comunidad Alicia Sánchez-Camacho con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola en el restaurante La Camarga de Barcelona. Los Mossos intentaron anticiparse a la Policía para apropiarse del caso y de la ingente cantidad de información que había en los archivadores de la agencias, pero finalmente se quedaron fuera de la causa. La Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha descubierto ahora que los mandos de los Mossos, cuando Josep Lluís Trapero aún estaba al frente, trataron de deshacerse de información relacionada con Método 3 solo unas horas antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy asumiera el control absoluto del cuerpo.

Según las fuentes consultadas, estas informaciones sensibles habrían sido obtenidas y gestionadas por un reducido grupo de agentes de la máxima confianza de la cúpula de los Mossos que fueron seleccionados por su militancia inquebrantable en el movimiento independentista. Esos efectivos, alrededor de cuarenta funcionarios, pertenecían a la Unidad Central de Respuesta Operativa (UCRO), una sección semiclandestina encuadrada en la Comisaría General de Información de la policía catalana. Entre las misiones de estos agentes se encontraba precisamente el seguimiento y la vigilancia de dirigentes políticos del bloque constitucionalista, así como el diseño de campañas de propaganda y desinformación en internet y redes sociales para favorecer la hoja de ruta de Junts pel Sí. El temor que desató la inminente aplicación del artículo 155 habría provocado que documentos de la UCRO se incluyeran en las cajas enviadas a la incineradora. Oficialmente, la unidad desapareció este verano, aunque sus agentes habrían continuado realizando la misma labor en una nueva sección llamada UCROINF.

Fuentes policiales aseguran que, además de papeles, en las cajas incautadas también había discos duros de ordenadores. El hallazgo sorprendió porque los soportes digitales de almacenamiento pueden ser reutilizados casi hasta el infinito, aunque los borrados no eliminan el rastro de los archivos guardados previamente. La única explicación para el intento de destrucción de discos duros es que sus propietarios querían impedir que alguien descubriera la información que habían albergado.

Fuente: El Confidencial

Los Mossos utilizaron el 1-O móviles que no dejaban rastro

El Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell ha descubierto que los mandos de los Mossos d'Esquadra repartieron teléfonos móviles entre las patrullas que acudieron a los centros de votación el pasado 1 de octubre para canalizar todas las órdenes sobre el operativo. Estas conversaciones, a diferencia de lo que ocurre con las mantenidas a través de la centralita del Cuerpo, no quedaron registradas.

Varios agentes han relatado al juez que investiga junto a otros magistrados de Cataluña la actuación de la policía autonómica catalana durante el referéndum ilegal que los responsables del Cuerpo repartieron "un terminal por patrulla". "No nos dieron explicaciones de por qué se nos daba un teléfono móvil", señalaron hace varios días en sus declaraciones como investigados, a las que ha tenido acceso EL MUNDO. "Es el primer operativo en el que vemos que se dan teléfonos móviles a las patrullas", resaltaron.

La indicación de que se comunicaran con sus superiores por esta vía ha provocado que todas las conversaciones mantenidas a través de este canal no hayan quedado grabadas y, por lo tanto, no puedan ser ahora analizadas por la Justicia. No en vano varios juzgados catalanes han requerido las comunicaciones entre los agentes y sus responsables para examinar las instrucciones que distribuyeron los mandos entre sus subordinados.

Precisamente los policías autonómicos que han comparecido ante el juzgado de Sabadell han denunciado la inacción de sus mandos y han provocado con su testimonio su imputación, tal y como reveló este periódico. Estos agentes han detallado que comunicaron a través de los terminales móviles con la Sala Regional de Coordinación para pedir refuerzos e indicaciones de cómo debían actuar al toparse con colegios acordonados por centenares de personas que les impedían el acceso al interior de los mismos.

Estos policías han contado al juez que sus responsables, inspectores, subinspectores y comisarios, les despacharon con un escueto "recibido" y que les abandonaron a su suerte sin medios ni instrucciones concretas durante todo el día. Paradójicamente estos mismos policías han explicado al juez que recibieron de manera extraordinaria un teléfono móvil pero que, sin embargo, no se les entregó siquiera cinta aislante para precintar los colegios electorales. Llegando a ejemplificar que tuvieron que sellar la puerta de uno de los centros con "una pegatina" y que, en otros casos, sólo tras requerirlo les fue facilitada cinta aislante ya muy avanzada una jornada presidida por la "absoluta falta de medios".

Por lo tanto, buena parte de las solicitudes de auxilio por parte de los agentes desplegados y la posterior inacción por parte de los mandos no ha podido ser registrada debido al reparto de los referidos terminales móviles, que fueron devueltos por los agentes al terminar el día.

Otros juzgados catalanes se han encontrado ya con anomalías en lo que respecta a la grabación de las comunicaciones durante el referéndum ilegal. Así, tal y como confirmaron a este diario fuentes judiciales, un magistrado de Gandesa(Tarragona) ha descubierto que han desaparecido de la base de datos de los Mossos gran parte de las comunicaciones mantenidas durante el 1-O.

En este sentido no aparecen estas conversaciones en el programa informático que graba de manera automática todas las llamadas que se producen desde la centralita del Cuerpo, denominado técnicamente WordNet. EL MUNDO ya avanzó que han desaparecido grabaciones correspondientes, por ejemplo, a las unidades de Tarragona y Terres de l'Ebre. Las comunicaciones constituyen asimismo una parte esencial de la causa abierta por sedición contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

Fuentes de los Mossos defienden que tienen en su poder 2.800 horas de grabaciones que ponen a disposición de la Justicia para demostrar que no dieron instrucciones de permitir el referéndum. A su vez, en el caso del reparto de los móviles destacan que la justificación hay que buscarla en "evitar la saturación de las líneas" y que "en ningún momento el objetivo fue que las conversaciones no quedaran registradas".

El Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell dispone además del testimonio de un ciudadano que acudió a comprobar si estaban sus datos en el censo ilegal. Comunicó al personal de los colegios que quería votar, cogió lo que denomina un "justificante para votar" y se dio media vuelta. En ese momento asegura que fue rodeado por un grupo de personas que le instaron a devolver el documento, negándose a entregarlo. Al abandonar el colegio señala que se puso en contacto con los mossos presentes y les preguntó "si creían que era legal lo que estaba pasando". "Los Mossos me dijeron que no podían hacer nada, que tenían órdenes y que pusiese una denuncia". Este ciudadano grabó un vídeo y lo ha puesto a disposición judicial.

El Mundo

El separatismo usa los Ayuntamientos para burlar la neutralidad electoral

 

El independentismo ha aprovechado su poder institucional para, en plena campaña, usar edificios y espacios públicos para exhibir sus símbolos y lemas. Las fuerzas secesionistas han colocado y mantenido en los Ayuntamientos pancartas en favor de los "presos políticos" y lazos amarillos. La oposición lo ha denunciado y las juntas electorales acumulan resoluciones exigiendo su retirada por vulnerar la "neutralidad institucional".

La lista es larga. Una enorme pancarta con el lema "Libertad presos políticos" colgado del balcón principal de la fachada del Consistorio de Sabadell; lazos amarillos hechos con bombillas como parte de las luces navideñas de Vilafranca del Penedès; carteles con lemas como "Sin miedo. Desobedeciendo por la independencia" exhibidos en el tablón de anuncios del gobierno local de La Vilella Alta; o un enorme lazo amarillo de tela colgado del Ayuntamiento de Torrelles de Foix... Son algunos ejemplos de una situación denunciada por Ciudadanos y el PP.

"No se puede hacer uso de las instituciones porque representan a todos los catalanes y no solo a unos cuantos", ha afirmado este martes Manel Losada, candidato al Parlament en la lista liderada por Inés Arrimadas. "Es inaceptable que muchos no hayan acatado todavía la resolución de la Junta Electoral, que insta a la retira de pancartas, banderas y símbolos de carácter político y partidista de los edificios públicos", ha continuado el representante de Ciudadanos, después de que la Junta Electoral de Zona les diese la razón y obligase a los Ayuntamientos de Vic, Torelló, Calldetenes y Tavèrnoles a quitar estos símbolos.

Estos cuatro gobiernos locales han obedecido y retirado los símbolos, según ha informado Europa Press. Pero esta medida, de momento, no se prevé adoptar en Sabadell, donde la junta electoral ha dictado otra resolución para que se quiten estos distintivos "partidistas". "En principio, los mantendremos mientras se resuelve el recurso que hemos presentado", ha comentado a EL PAÍS un portavoz de este Ayuntamiento barcelonés. "Las pancartas y lazos colgados en los edificios municipales no se identifican con ninguna candidatura concreta y solo son una plasmación del ejercicio del derecho a la libertad de expresión que todos tenemos", ha justificado el alcalde, Matías Serracant.

La presencia de pancartas a favor de los "presos políticos" y los lazos amarillos son una constante en los espacios públicos de toda Cataluña. Y la Junta Electoral Central ya se manifestó al respecto la pasada semana: "Durante los periodos electorales, los poderes públicos están obligados a mantener estrictamente la neutralidad política y deben abstenerse de colocar en edificios públicos, y otros lugares de titularidad pública, símbolos que puedan considerarse partidistas. Y deben retirar los que se hubieren colocado antes de la convocatoria electoral", dijo el organismo, que especificó que este criterio se aplicaba a "banderas, lazos, pancartas o cualquier otro símbolo" que se identifique con alguna de las candidaturas.

Batalla política

Esta batería de resoluciones se ha colado también en la batalla dialéctica entre partidos. Alfred Bosch (ERC) calificó de "indecente la decisión de la junta electoral de prohibir que Barcelona iluminase de amarillo las fuentes, color convertido en emblema de los impulsores del procés —de hecho, la ANC ha comenzado a colgar en las calles carteles de este color y sin ningún tipo de lema—. "Que haya gente en prisión por motivos políticos y que el PP, el PSC o Ciudadanos se dediquen a prohibir lacitos, fuentes y pancartas nos parece que roza el ridículo", afirmó el dirigente independentista.

Pero esta no es la única queja de relevancia de la oposición que han aceptado las juntas electorales. También se ha prohibido que los miembros de las mesas electorales del 21-D lleven lazos amarillos; y que los Consistorios de Barcelona y Girona exhiban en sus fachadas pancartas de "Libertad para los presos políticos", así como se instó a retirar las que había en el exterior de la sede de TV3. Una televisión calificada como "negligente" por la Junta Electoral, que ha afirmado que "produce confusión entre la realidad jurídica y otra pretendida realidad" y que ha prohibido a sus periodistas referirse a Carles Puigdemont y consejeros destituidos como "Govern en el exilio".

Rafael Ribó, síndic de greuges, ha cuestionado algunas de estas decisiones. "Podrían enmarcarse fuera de sus competencias e, incluso, traspasar la legalidad constitucional", afirmó el defensor del pueblo catalán, que remachó: "Nos encontramos frente a la censura previa de contenidos y expresiones diversas, en cuanto a los candidatos, medios de comunicación e incluso a la ciudadanía".

Fuente: El País

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