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RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La procuradora general de la República de Brasil, Raquel Dodge, expresó su preocupación después del rifirrafe judicial ocurrido el 8 de julio, que enfrentó a jueces del mismo tribunal debido a una petición de libertad para el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).

La Fiscalía remarcó en un comunicado que Dodge manifestó "preocupación por las medidas que puedan poner en riesgo la seguridad jurídica y la legislación procesual vigente, que define con claridad la competencia judicial".

Se refiere así a la actuación del juez del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4) Rogério Favreto, que el 8 de julio actuó de forma unilateral al lanzar una orden de puesta en libertad del exmandatario, que posteriormente fue bloqueada por el presidente de ese mismo tribunal, Carlos Eduardo Thompson Flores.

En el comunicado, la Procuradoría General de la República insistió en defender el inicio del cumplimiento de una sentencia después de la decisión condenatoria de la segunda instancia judicial (el caso de Lula).

Defiende que es una forma de "garantizar credibilidad del sistema de justicia y reducir la sensación de impunidad, presente en buena parte de la población".

Además, afirmó que los recursos que la defensa de Lula quiera presentar deben dirigirse al Tribunal Superior de Justicia (una instancia superior) y no al TRF-4.

"Un 'habeas corpus' (petición para evaluar la legalidad de un arresto) susceptible de ser aceptado, si está hecho correctamente, es de competencia del TSJ; en caso contrario es un documento inválido", subrayó.

Lula fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por presuntos delitos de corrupción y blanqueo de dinero, y desde el 7 de abril se encuentra en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba (estado de Paraná, sur).

Hasta ahora todos los recursos que sus abogados presentaron ante el TSJ y el Tribunal Supremo Federal para lograr la libertad provisional fueron rechazados.

Lula es el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones generales que Brasil celebrará en octubre y el favorito en todas las encuestas.

Es poco probable que pueda presentarse, dado que la legislación brasileña prohíbe candidaturas de condenados en segunda instancia, pero su partido y sus abogados aseguran que recurrirán hasta el final.

Consideran que el exmandatario es un preso político y que está siendo perseguido por la Justicia y los principales medios de comunicación para evitar que vuelva al poder.

Partido de los Trabajadores de Brasil denunciará a jueces y policía por no liberar a Lula

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El opositor Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil denunciará a los jueces y a los agentes de la Policía Federal que no acataron la orden de un magistrado del Tribunal Regional Federal de la 4 Región, Rogério Favreto, de liberar de forma inmediata al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).

"Vamos a presentar una reclamación ante la Corregiduría de la Policía Federal, hay que explicar por qué la Policía Federal no cumplió una decisión judicial y se puso del lado de Sérgio Moro [juez que encabeza la Operación Lava Jato] y de los dos jueces del TRF-4", explicó la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, en rueda de prensa difundida por las redes sociales.

Lula cumple desde el 7 de abril una condena de 12 años y un mes de cárcel por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero.

El 8 de julio estuvo a punto de ser liberado tras la presentación de un hábeas corpus a su favor, pero la orden de liberación fue parte de una guerra judicial que finalmente mantuvo al expresidente tras las rejas.

El juez Favreto (que estaba de guardia el fin de semana) aceptó una petición de libertad mediante habeas corpus presentada por dos diputados del PT y ordenó la inmediata puesta en libertad del expresidente, orden que debía cumplir los agentes policiales de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba (estado de Paraná, sur), donde Lula está preso.

Poco después, otro juez del TRF-4 Joaom Pedro Gebran Neto negó la decisión de su colega argumentando que Favreto no tenía poder para emitirlo, pero éste volvió a publicar la orden y dio a la policía un plazo de una hora para liberar a Lula.

También intervino Moro (que había condenado a Lula en primera instancia), diciendo que Favreto no podía ordenar la liberación de Lula, a pesar de que Moro está subordinado al TRF-4.

Finalmente, el presidente del TRF-4, Carlos Eduardo Thompson Flores, zanjó la discusión y bloqueó la eventual salida de Lula de prisión.

Tanto Moro como Gebran Neto estaban de vacaciones, dato que los simpatizantes de Lula usan para argumentar que la justicia está persiguiendo al expresidente, puesto que no deberían haberse pronunciado, respetando el rito procesal.

"Moro llamó a la Policía Federal para que no cumpliera la orden [de liberar a Lula], y después articuló la entrada de otro juez que también estaba de vacaciones [Gebran Neto]; ayer inauguramos una justicia que decide mientras está de vacaciones", criticó en la rueda de prensa el diputado del PT, Paulo Teixeira.

La presidenta del PT explicó que los abogados del exmandatario están estudiando "todas las acciones posibles" para defenderlo de lo que consideran un nuevo atropello.

Hoffmann adelantó que el partido prepara para este viernes un día de movilización nacional para exigir la liberación del líder izquierdista mientras, el 16 de julio los principales sindicatos protestarán frente a la sede del TRF-4 en Porto Alegre (estado de Río Grande do Sul, sur).

"No aceptaremos más violencia contra Lula y haremos más denuncias; el mundo no entiende por qué la justicia brasileña se comporta de esta manera", aseguró Hoffmann, en referencia a la amplia repercusión internacional que tuvo la posible salida de Lula de prisión.

Lula continúa siendo el candidato del PT para las elecciones generales que Brasil celebrará en octubre y es favorito en todas las encuestas.

Es poco probable que pueda presentarse, dado que la legislación brasileña prohíbe candidaturas de condenados en segunda instancia, pero su partido y sus abogados aseguran que recurrirán hasta el final, dado que consideran que es inocente y que está siendo perseguido para que no vuelva a gobernar.

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