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BOGOTÁ (Sputnik) — Un exintegrante de la desaparecida guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), identificado como Rafael Polindara, quien estaba en proceso de reintegración, fue asesinado en las últimas horas en una zona rural del departamento del Cauca (suroeste), indicaron las autoridades, informan medios locales.

"Autoridades de municipio de El Tambo informaron que, mientras se encontraba desarrollando actividades en la finca de su propiedad, fue asesinado el señor Polindara", dijo Ricardo Cifuentes, secretario de Gobierno del Cauca, según la emisora local Blu Radio.

Agregó que "el hombre se encontraba dentro de los listados de las personas que se acogieron a todo el tema del proceso de paz y estaba en proceso de reincorporación".

Según versiones de la prensa local, dos hombres en motocicleta dispararon contra Polindara y le causaron la muerte en la tarde del 13 de junio, pero el hecho se conoció al día siguiente sin que aún sean claros los motivos del crimen.

El departamento del Cauca es donde más asesinatos de excombatientes de las FARC se han registrado desde la firma del acuerdo final de paz, en noviembre de 2016, los cuales ya suman 27 en esa región del país.

El pasado abril, el director de la estatal Agencia para la Reincorporación y la Normalización de Colombia, Andrés Stapper, reveló que desde la firma del acuerdo de paz fueron asesinados 128 excombatientes de las FARC en varias regiones de Colombia.

Tribunal administrativo de Colombia: excomandante guerrillero perdió su escaño

BOGOTÁ (Sputnik) — El Consejo de Estado de Colombia, máximo tribunal contencioso administrativo, dictaminó que el excomandante guerrillero Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, perdió su escaño de senador al no haber demostrado voluntad de asumirlo.

"El Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura del señor Luciano Marín Arango por haber incurrido en la causal tercera del artículo 183 de la Constitución Política (no tomar posesión de su cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse)", indicó el organismo en un comunicado.

Para el Consejo de Estado no medió ninguna circunstancia de fuerza mayor que justificara que Márquez no asumiera su escaño.

En el marco del acuerdo de paz firmado en 2016 con el Gobierno, la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se desmovilizó y se convirtió en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, bajo la misma sigla, y adquirió el derecho a tener cinco escaños en la Cámara de Representantes y cinco en el Senado.

Así Márquez fue elegido senador, pero nunca asumió su escaño tras argumentar que no contaba con medidas de seguridad adecuadas en el marco de persecución y asesinatos de decenas de desmovilizados de las FARC.

"La alegada inseguridad jurídica y física no constituye fuerza mayor porque las dificultades en la implementación del acuerdo no eran imprevisibles e incluso a ellas respondió su planeación progresiva", señaló el Consejo de Estado.

Otros desmovilizados sí asumieron sus escaños en el Senado y la cámara baja, pese a los problemas de inseguridad, observó el Consejo de Estado.

"Quienes resulten designados para ocupar estas curules, adquieren obligaciones constitucionales cuyo incumplimiento puede motivar un proceso de pérdida de investidura", dice el fallo.

El 28 de julio de 2018, solo ocho días después de haber tenido que ocupar su escaño, Márquez envió una carta asegurando que renunciaba porque no tenía "garantías" para cumplir con su ejercicio político.

El exguerrillero, quien permanecía en un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en el municipio de Miravalle (Caquetá, centro), abandonó el lugar a mediados de 2018 tras aducir persecución de militares y desde entonces se desconoce su paradero.

Iván Márquez tampoco se presentó a varias citaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal de justicia transicional creado por el acuerdo de paz para entender los crímenes cometidos en el conflicto armado.

Por eso la JEP le abrió un expediente, llamado "incidente de desacato", que de prosperar significaría la pérdida de todos los beneficios emanados del acuerdo de paz para los desmovilizados, incluyendo las penas alternativas por presuntos delitos.

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