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“Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora. Es un dictamen constitucional. Espero que el señor gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado”, anunció el domingo Vázquez a través de su cuenta en Twitter.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció el miércoles su renuncia al cargo, que se haría efectiva a partir del viernes 2 de agosto a las 17:00, hora local, tras varios días de masivas protestas surgidas después de filtrarse un chat en el que intercambiaba comentarios homófobos y misóginos con miembros de su gabinete sobre personalidades y periodistas, entre otros.

El gobernador saliente informó que Vázquez se haría del cargo de la gobernación de manera interina en medio de una lluvia de señalamientos por supuestas negligencia e inacción en su gestión al frente del Departamento de Justicia.

Análisis: Puerto Rico agoniza 121 años bajo el yugo norteamericano

Vicky Peláez

La actual revuelta en Puerto Rico confirma lo que todos los gobernantes de turno se olvidan apenas llegan al poder: no se puede jugar con los intereses del pueblo, desafiarlo, despreciarlo, mentirle y hacerlo sucumbir cada vez en mayor desigualdad y pobreza, como está pasando en Borinquen, como se le llama también a este país.

 

"Qué será de Borinquen mi Dios querido, qué será de mis hijos y de mi hogar"
('Lamento Borincano', Rafael Hernández)

 

Durante 12 días cientos miles de boricuas desbordaron las calles, no solo de la capital San Juan, sino de todos los pueblos de la isla para expresar su indignación acumulada por casos de corrupción revelada tras la filtración de 889 páginas de chats en Telegram entre el gobernador Ricardo Rosselló y los 11 principales asesores y miembros del gabinete utilizando lenguaje soez, machista, sexista, homofóbico y misógino contra sus opositores. Tal fue la cólera de los boricuas, que su gobernador Ricky tuvo que ceder a la voluntad de su pueblo y renunciar a su cargo.

La actual revuelta popular de los puertorriqueños superó las manifestaciones masivas del 2001, cuando los boricuas invadieron las calles del país obligando al gobierno federal de EEUU a ordenar la salida de los marinos de la isla-municipio de Vieques, después de 60 años de permanencia en la isla Nena, convirtiendo aquel paraíso en un desastre ecológico con alta incidencia de cáncer en sus habitantes.

Sin embargo, en aquel entonces la victoria del pueblo fue parcial pues el gobierno federal aseguró su hegemonía en la isla traspasando el poder y el control de su vasto territorio al Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre y no al Estado Libre y Asociado de Puerto Rico.

Ahora, después de 11 años de sufrimiento y silencio, los boricuas lograron otra vez imponer su voluntad logrando la renuncia del Ricardo Rosselló, a quien eligieron en el 2017 creyendo optar por “lo menos malo” resultó inclusive ser peor líder que los anteriores supuestamente "más malos".

Para entender todo este embrollo habría que recurrir a la opinión del analista Salvador Tió Fernández, quien explicó que en Puerto Rico "tenemos una situación de coloniaje bajo un Estado Libre y Asociado a EEUU desde 1952, que no es ni Estado, porque no tenemos un Estado propio, no es libre y no es asociado… Puerto Rico ha sido dejado, dominado, colonizado, abusado y discriminado" durante muchos años por Estados Unidos.

La tragedia de Puerto Rico comenzó desde 1898, cuando las tropas norteamericanas invadieron la Isla del Encanto. El presidente estadounidense William McKinley (1897-1901), tras la invasión de Washington empezó a despojar de su riqueza a la clase criolla mediante la devaluación de la moneda boricua respecto al dólar, formando al mismo tiempo en la isla una administración que seguía al pie de la letra las órdenes del gobierno norteamericano.

Durante todos estos 121 años, la vida y el destino de los puertorriqueños fue determinado por Washington. Hasta ahora, su comercio, relaciones exteriores, política de inmigración, sus recursos naturales, tratados, medios de comunicación siguen estando bajo el estricto control de la Casa Blanca.

Actualmente, más de 15 bases norteamericanas del Comando Atlántico de EEUU operan en la isla, mientras que el país está prácticamente en bancarrota desde 1970 y sus gobernantes no tienen norte ni dirección para aliviar la deuda que ha estado saliendo de su control, no solamente debido a la corrupción y el mal manejo de la economía, sino como resultado de la mal planificada o simplemente descuidada política del gobierno federal aplicada a Puerto Rico.

La economía de la isla, desde la mitad del siglo pasado, ha estado basada principalmente en la industria farmacéutica, pero con la aparición de las maquiladoras en América Central y en Asia las corporaciones norteamericanas iniciaron el abandonó de Puerto Rico.

Además, desde los años 1970, Washington autorizó a filiales de empresas norteamericanas que operaban en la isla a transferir sus ganancias a las empresas matrices sin tener que pagar impuestos federales, lo que debilitó aún más la economía puertorriqueña. La crisis bancaria e hipotecaria, al comienzo de este siglo XXI, fue otro golpe a la economía de la isla.

En el 2006, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, alarmado por el débil crecimiento del PIB, tomó la decisión de suspender la exención fiscal a las corporaciones que todavía estaban funcionando en la isla. El país entró en recesión y la emigración de los boricuas principalmente a Nueva York, Florida, Illinois, Massachusetts, Pensilvania, Connecticut y Nueva Jersey creció alarmantemente.

Se calcula que, actualmente, cerca de cinco millones de boricuas residen en EEUU. De acuerdo a la estadística del Departamento de Educación de EEUU, casi 500.000 puertorriqueños podrían emigrar al continente en 2019 debido a una fuerte crisis económica que se agudizó después de que el huracán María azotara la isla en el 2017 trayendo como consecuencia más de 5.000 muertes durante y después del desastre, según Harvard University Study on Puerto Rico, 2018.

Debido a la ineficiencia tanto del Gobierno federal como las autoridades locales, los habitantes de la isla tuvieron que vivir 11 meses sin electricidad. Según los datos recogidos por el periódico El Vocero.com, la pobreza en el 2018 se disparó al 60%, afectando 1,5 millones de habitantes del total 3,2 millones de boricuas, de los cuales 800.000 estaban en estado de indigencia. El índice de desempleo reconocido por el Gobierno alcanzó el 12%.

La deuda pública se salió completamente de control, lo que obligó al Gobierno de Barack Obama a poner a Puerto Rico bajo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que ordenó en el 2016 fuertes medidas de austeridad. La situación llegó a tal extremo que en el referéndum del 2017, el 97% de los boricuas que participaron en la votación (509.000 del total 2,2 millones de aptos para votar) expresaron su deseo de convertirse en ciudadanos del estado 51 de EEUU, a lo que ni Congreso estadounidense ni la Casa Blanca prestaron ninguna atención.

Ya en enero del 2018 un grupo de 20 prominentes académicos y economistas norteamericanos reclamó al presidente Donald Trump y al Congreso que faciliten un plan fiscal para Puerto Rico que reconozca que la deuda pública de 72.000 millones de dólares es impagable y que la austeridad no puede ser una alternativa y se requieren medidas de inyección económica para la isla.

En respuesta a esta sugerencia, el presidente norteamericano asignó al Gobierno de Puerto Rico 15.000 millones de dólares en febrero del año pasado para mitigar el desastre causado por el huracán María. Recientemente, Donald Trump declaró que "el Congreso de EEUU dio tontamente 92.000 millones de dólares a Puerto Rico para el alivio de los huracanes y la gran parte de dinero fue robada".

No obstante, en realidad nada se sabe de esta cantidad de dinero, pero lo que El Nuevo Herald reveló aclara un poco el panorama. No se sabe cuánto, pero una parte de dinero fue entregada al Gobierno de Rosselló, la otra a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la parte más grande a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).

Esta última contrató, según el periódico El Nuevo Herald, a empresas para la reconstrucción de la isla sin ninguna experiencia, algunas de las cuales nunca habían realizado trabajos asignados. Todo este embrollo revela no solo la corrupción del Gobierno de Rosselló, sino que implica a varias agencias y departamentos federales norteamericanos.

Finalmente, ha sido el pueblo puertorriqueño el que ha tenido que sufrir las consecuencias y el cinismo generalizado de las autoridades federales y locales. El pueblo se levantó y logró sacar del poder al gobernador Ricardo Rosselló. No obstante, la historia de la lucha de este pueblo por su soberanía, que va desde próceres como Eugenio María de Hostos, Pedro Albizu Campos, Lola Rodríguez de Tió, Ramón Emeterio Betances, Lolita Lebrón, Filiberto Ojeda y otros patriotas, demuestra que todas las revueltas siempre han tenido un resultado limitado.

La unión de los boricuas siempre ha cedido su paso a la desunión a mediano y largo plazo. No hay que olvidar los 121 años del dominio norteamericano y la cada vez más sofisticada y despiadada represión que ha debilitado —si no ha roto ya— el alma de este heroico pueblo.

Por supuesto, la revuelta actual hizo caer al gobernador Ricardo Rosselló, quien dijo que abandonará su terruño el próximo 2 de agosto y se trasladará con su familia al continente. ¿Cambiará algo en el país con su renuncia? Por lo pronto, no hay que esperar serios cambios.

La próxima gobernadora de Puerto Rico, la actual secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, que asumirá este cargo a partir del próximo 2 de agosto, cometió, según la periodista boricua Sandra Rodríguez Cotto, una serie de acciones que la inhabilitan para ser secretaria de Justicia y gobernadora por ser coautora, encubridora y artífice de esquemas de corrupción que precisamente aceleraron la salida del poder de Ricardo Rosselló.

La periodista revela la reluctancia de Wanda Vázquez a iniciar una investigación sobre las 889 páginas de chats de Rosselló, siendo a la vez su abogada; la violación del Artículo 262 del código penal de incumplimiento del deber, el Artículo 263, negligencia en el cumplimiento del deber, y el Artículo 280 de encubrimiento por negarse a investigar las irregularidades y traqueteos relacionados con el programa Unidos por Puerto Rico de ayuda a los damnificados por el huracán María. Resultó que ocho vagones de esta ayuda se extraviaron misteriosamente. La periodista presenta también varios otros casos de violación de la ley que comprometen a la próxima gobernadora.

Tampoco hay que olvidar que la nefasta Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que dictó las medidas de austeridad, incluyendo el recorte de pensiones de jubilados, el cierre de más de 100 escuelas, despilfarró fondos públicos en indebidos salarios y contrataciones, creó conflictos de intereses, se queda intacta en la isla prosiguiendo con su política de acuerdo al modelo neoliberal dictado por Washington.

El pueblo clamó durante 12 días de revuelta: "Ricky renuncia y llévate a la junta". Ricky renunció, pero la junta, la que en realidad daba las órdenes al gobernador, se quedó en su lugar y con su poder omnipotente como si nada pasara. Así es Puerto Rico.

En el libro de Fernando Picó titulado Historia General de Puerto Rico, su autor se pregunta "¿Qué ha pasado a Puerto Rico? ¿Qué somos? ¿Qué queremos ser, si lo que hemos logrado hasta ahora ha sido construir, inconscientes, nuestra propia encerrona? ¿Por qué, con la insistencia inquebrantable de una persona abusada, continuamos todavía subordinados a un Estados Unidos que nunca ha dado muestras explícitas de querer acabar con esta colonia?".

Todo indica que los 121 años de coloniaje y represión sangrienta por parte de EEUU mataron el alma de los boricuas, pero nunca es tarde y ¡ojalá que las nuevas generaciones encuentren respuestas a estas preguntas!

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