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Los pinchazos telefónicos y con micrófonos unidireccionales al abogado Gonzalo Boye, que defendía hasta hace unos días a una red de narcotraficantes liderada por José Ramón Prado Bugallo ‘Sito Miñanco’, pueden poner al descubierto sus conversaciones reservadas con Carles Puigdemont. Las grabaciones al letrado pro independentista habrían registrado las maniobras, estrategias y consignas del ex presidente catalán.

El letrado Boye defiende a Puigdemont desde que se convirtió en prófugo de la justicia en 2017 tras el referéndum ilegal del 1-O, periodo que coincide con las investigaciones de los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Los policías le seguían el rastro por blanqueo de dinero.

El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional instruye desde hace casi dos años una pieza secreta sobre las relaciones del abogado independentista y ex colaborador de ETA con la trama internacional del narco gallego Sito Miñanco.

No es la primera vez que la Policía, a la hora de investigar una trama por narcotráfico, se topa con otras ramificaciones de contenido político como ya ocurrió en Valencia con el "caso Naseiro" o en Madrid con una red argentina de blanqueo, que perjudicaba a altas instancias del poder.

Fuentes del entorno de Gonzalo Boye manifestaron a OKDIARIO que no descartan que el letrado, en ese seguimiento policial, fuera sometido a la grabación con micrófonos direccionales como ya hicieron la UDEF y la UCO de la Guardia Civil en los seguimientos a Ignacio González (Lezo) o Francisco Granados (Púnica).

Boye, que se presenta socialmente como un abogado comprometido con las causas sociales y como defensor de los derechos humanos, mantenía una relación más que sospechosa con algunos de sus clientes narcotraficantes, según fuentes que conocen sus interioridades.

El abogado de Puigdemont ya conoce los efectos directos de la justicia en sus propias carnes: pasó varios años en la cárcel por colaborar en el secuestro del empresario Emiliano Revilla por la banda terrorista ETA, tiempo que aprovechó para estudiar Derecho.

Desde primera hora de esta mañana, su casa en Madrid está siendo registrada en una operación de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito contra la salud pública.

La Policía sospecha que el abogado de Puigdemont ayudó al narco Sito Miñanco a enviar dinero a Colombia

La Audiencia Nacional investiga a Gonzalo Boye, abogado del fugado Carles Puigdemont, al que acusan de un delito de blanqueo de capitales para el narcotraficante Sito Miñanco. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investigan un presunto entramado societario creado por Boye para enviar 889.000 euros de vuelta a Colombia que un año antes habían sido incautados en el aeropuerto de Barajas a unos correos que trabajaban para Miñanco.

Febrero de 2017, aeropuerto de Barajas. Cinco colombianos se disponen a coger un vuelo de vuelta a su país tras una corta estancia ‘vacacional’ en España. Cada uno lleva consigo un maletín. Los hombres llaman la atención de los agentes aduaneros, que proceden a darles el alto y a registrar sus pertenencias. Una rápida inspección visual revela la existencia de un doble fondo en esos maletines. Y ahí se hallan un total de 889.000 euros.

El dinero era propiedad del conocido narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco. Las cinco mulas, como se les conoce en el argot del narcotráfico, estaban presuntamente ‘evacuando’ dinero hacia Colombia por encargo de Miñanco.

Destino a Colombia

Un año después de aquellas detenciones en Barajas estalla la ‘Operación Mito’, una investigación dirigida por los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) que se cobró la detención del famoso narcotraficante gallego, de 62 años.

Miñanco volvía a la cárcel, pero no lo hacía solo. Cuarenta y dos miembros de su banda fueron detenidos, cinco toneladas de droga incautadas y 15 millones de bienes pasaron a ser propiedad pública. En este operativo se comprobó que la residencia habitual del cabecilla se encontraba en Algeciras y mantenía su principal infraestructura en Pontevedra, su ciudad natal.

Fuentes de la investigación explican a OKDIARIO que los 889.000 euros fueron incautados por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) al sospechar del origen ilícito de dicha cantidad.

Ahí es donde entra la figura de Boye, que hasta hace dos semanas era el representante legal de Sito Miñanco. El abogado, que también representa a Carles Puigdemont, trató de recuperar esta cantidad en manos del Sepblac alegando que se trataba de dinero lícito no relacionado con el narcotráfico.

Para ello, entregó documentación que pretendía justificar el supuesto origen legal del dinero. El objetivo era "hacer creer que esa cantidad no provenía del narcotráfico" y enviarlo a Colombia bajo la fachada de que se trataba de un movimiento de fondos de carácter empresarial, según manifiestan a OKDIARIO fuentes de la investigación.

Sociedades pantalla

Boyé comenzó a entregar al Sepblac numerosa documentación donde aparecen reflejadas múltiples "sociedades pantalla" creadas para justificar unas supuestas remuneraciones de unos servicios que nunca existieron, según sospechan los agentes de la policía.

Los agentes que investigaban el caso comenzaron a detectar irregularidades y las sospechas fueron a más, hasta que alertaron a la Audiencia Nacional de un posible delito de blanqueo de capitales relacionados con el tráfico de drogas, ejecutado por el coordinador de la defensa de Puidemont que se encuentra junto al ex presidente en Bélgica.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 Maria Tardón ha autorizado este lunes la entrada y registro de varias dependencias, incluida la vivienda y del despacho de abogados de Gonzalo Boye. También ha sido interrogada la hija de Sito Miñanco, Rosa María Prado Pouso, que desconoce si está detenida.

Registros a su domicilio

La UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, se encuentra registrando en la casa del ex etarra Gonzalo Boye, abogado y coordinador de la defensa jurídica del ex president Carles Puigdemont, fugado a Bélgica, en una operación contra el blanqueo de capitales ligado al narcotráfico dirigida por la Audiencia Nacional.

Se trata de una operación encargada por la titular del Juzgado Central de Instrucción numero 3 de la Audiencia Nacional María Tardón, quien ha autorizado la entrada y registro de varias dependencias, incluida la vivienda de Boye en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales. Los otros registros se están efectuando en los domicilios de dos supuestos testaferros.

Al parecer la operación no contempla detenciones y Gonzalo Boye, en cuya trayectoria profesional también aparece la defensa del narcotraficante gallego Sito Miñanco, está presente en el registro de su casa.

Las fuentes consultadas apuntan a que la policía ha registrado el despacho de Boye en Madrid y su domicilio en Zarzalejo, municipio situado en la Sierra Oeste. La operación la dirige de forma coordinada la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), agentes que actúan bajo la batuta del juzgado central de instrucción 3 de la Audiencia Nacional. Además de las propiedades de Boye, también se están registrando otros tres despachos relacionados con el narcotraficante gallego y se investiga a dos personas más por los mismos hechos.

A Boye también se le sitúa en una reunión celebrada en junio de 2017 en Madrid con varios miembros de la trama, entre ellos la hija del narcotraficante gallego, a lo que se suma que en conversaciones intervenidas a los colombianos se apunta directamente al abogado como el encargado de recuperar este dinero. Las fuentes consultadas subrayan en este sentido que Boye trató de conseguirlo mediante una serie de pagarés que, según los primeros indicios, eran falsos.

La operación no tiene nada que ver con Puigdemont, pero el 'expresident' no ha dudado en criticar la misma a través de Twitter este viernes: "Guerra jurídica a todo trapo. Cuando alguien les gana las partidas y los deja en evidencia, embisten sin miramientos. Ahora que encaramos la tercera euroorden, a Boye le pretenden hacer difícil su trabajo. No lo conseguirán. Todo el afecto a su familia y trabajadores del despacho".

La reciente condena a Miñanco por blanqueo

José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, fue condenado el pasado enero a cuatro años de prisión y al pago de una multa de seis millones de euros por blanqueo. El histórico narcotraficante, que ha pasado más de 23 años en prisión, fue detenido en febrero de 2018 ante la sospecha de que estaba liderando una nueva organización criminal mientras disfrutaba del tercer grado penitenciario, arresto que se produjo el 5 de febrero en Algeciras en una macrooperación en la que cuatro agentes resultaron heridos.

El juicio se celebró en octubre de 2018 en la Audiencia Provincial de Pontevedra y las primeras sesiones se centraron en los años 80 y 90. Miñanco fue detenido en esa época en una operación por contrabando de tabaco e ingresó en la cárcel, donde conoció a miembros del Cartel de Medellín como Jorge Luis Ochoa. Su salto a la cocaína se gestó a través de estos contactos, origen de su detención en 1994 por introducir 2,5 toneladas de dicha droga, lo que le costaría una pena de 20 años de prisión. Miñanco, sin embargo, lo negó todo ante el juez: “Yo no conocí a ningún miembro de ningún cartel en la cárcel, eso lo inventó la prensa y es una mentira tan grande como esta Audiencia”.

La estrategia de su abogado, Gonzalo Boye, también pasó por poner el foco en su pasado como contrabandista de tabaco y en dejar a un lado su relación con el narcotráfico, argumentos que no convencieron al tribunal: el 23 de enero, Miñanco, su exmujer y una de sus hijas fueron condenados a cuatro años de prisión por blanquear dinero del narcotráfico a través de la sociedad inmobiliaria San Saturnino. Boye, por su parte, fue multado con 2.000 euros por vapear durante la sesión del juicio que tuvo lugar el 12 de noviembre de 2018, actitud que el juez tachó de “irrespetuosa y desconsiderada”.

No es la primera vez que Boye consta como investigado. El abogado, de nacionalidad chilena y licenciado en Políticas y Economía, vino a España en 1987 para trabajar en su propia consultora. En 1992 fue detenido por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, hechos por lo que fue condenado en 1996 a catorce años entre rejas, tiempo en el que aprovechó para matricularse en la UNED y sacarse la licenciatura de Derecho. En 2002, seis años después de ingresar en prisión, fue puesto en libertad.

El oscuro pasado de Boye, condenado por el secuestro de ETA a Emiliano Revilla

De cumplir condena por colaborar con ETA a llevar la defensa de Carles Puigdemont y del 'president' de la Generalitat Quim Torra. Gonzalo Boye siempre ha sido un abogado controvertido. Tanto que se sacó el título en prisión cuando cumplía 14 años de cárcel por el secuestro de Emiliano Revilla, hechos que le llevaron a ser condenado en 1996 por colaboración con ETA.

Boye, ahora exponente del independentismo, era entonces miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Nacido en Chile en 1965, coqueteó con la carrera de Políticas y Economía en Alemania, sin llegar a concluir sus estudios. Recaló en España a finales de los ochenta y fue detenido en 1992: uno de sus compañeros en el grupo de ultraizquierda le traicionó y sentó la base de su condena por colaboración con ETA, en la que se consideró demostrado que vigiló los movimientos del industrial Emiliano Revilla.

El empresario en cuestión permaneció 249 días en un zulo. Fue liberado el 30 de octubre de 1988 después de que la familia pagara un rescate de más de 1.000 millones de pesetas. La participación del grupo chileno al que pertenecía Boye fue una especie de subcontrata con la que ETA les cedió la parte "logística" de los seguimientos. La resolución en su contra, de 14 páginas, asegura que "participó plenamente" en las labores de vigilancia.

Su salto a los titulares culminó con el juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004, en el que representó en la vista a una de las acusaciones particulares. Boye se subió así a una ola mediática de la que ya no se ha bajado. El abogado se encuentra además personado en gran parte de las causas que se siguen contra el Partido Popular, desde la investigación por la caja B hasta la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. En los últimos años, ha participado también en la defensa de Carles Puigdemont y Quim Torra.

Desde su participación en el juicio del 11-M hasta ahora el listado de clientes del abogado ha ido engordando. Se le coloca como 'ideólogo' de la fuga de Puigdemont a quien, según él mismo ha admitido en alguno de sus artículos, recomendó abandonar España para escapar de la Justicia. Además de llevar la defensa del 'president' y el 'expresident', Boye se ha ocupado de defender al rapero Valtonyc, también huido en Bélgica. Otro de sus clientes es Rodrigo Lanza, acusado del asesinato de un hombre de 55 años por llevar unos tirantes con la bandera de España.

Boye fue fundador, accionista y consejero de ‘eldiario.es’ y socio de Escolar durante 5 años

Gonzalo Boye, a quien los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEF) de la Policía Nacional investigan por blanqueo de dinero, fue fundador, accionista y secretario del consejo de eldiario.es y socio directo de su director, Ignacio Escolar, desde la fundación del periódico en 2012 hasta su nombramiento como abogado del fugado Carles Puigdemont, en 2017.

En aquel año, tras los incidentes del 1-O y la fuga del ex presidente catalán, prefirió asumir la defensa del prófugo y separarse temporalmente de la gestión del periódico. Más tarde, llegó incluso a ser designado por JxCAT como ‘número uno’ de la candidatura de los independentistas catalanes al Parlamento Europeo, tras denegar la Junta Electoral la inclusión en la lista del ex presidente catalán.

Eldiario.es se ha hecho eco en un segundo plano de los registros policiales en el domicilio y despacho profesional de Boye por blanqueo de dinero, pero en ninguno de los párrafos de la información recuerda a sus lectores que el letrado fue fundador del periódico digital y accionista y consejero durante cinco años.

Gonzalo Boye, que también fue editor y fundador de la revista Mongolia, compatibiliza la defensa de Puigdemont con otros trabajos para numerosas organizaciones internacionales de carácter humanitario, la mayoría de ellas financiadas por el especulador de las finanzas George Soros.

Su paso por la cárcel por colaborar con ETA y la defensa de narcos como ‘Sito Miñanco’ nunca fue un impedimento para presentarse en público como un adalid de los derechos humanos o para que el filántropo millonario lo acogiera entre sus brazos.

Boye ha sido colaborador de organizaciones como Rights International Spain, que sólo en 2015 cobró de la fundación Open Society 218.532 dólares para un proyecto humanitario en España, o de la ong alemana European Center for Constitutional and Human Rigths (ECCHR), con sede en Berlín, que también está financiada por Soros.

El accionista y fundador de eldiario.es presenta su trabajo en la página oficial de su bufete Boye-Elbal & Asociados como "un despacho de referencia en el cual la defensa del Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales son un eje sobre el que bascula todo su trabajo".

Así mismo, mantiene que desde 2008 su bufete colabora como "asesor legal de prestigiosas organizaciones no gubernamentales como Observatori Desc de Barcelona, el Center for Constitutional Rights de Nueva York, el European Center for Constitutional and Human Rights de Berlin o el Palestinian Center for Human Rights de Gaza".

Operación policial contra una red corrupta en Cataluña que salpica al consejero Buch

La Policía Nacional está registrando la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas (ACMC) en una operación contra una nueva trama que habría amañado concursos públicos y desviado fondos al procés. Las pesquisas salpican al actual consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Miquel Buch, que fue presidente de la entidad entre 2011 y 2018, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso.

La operación es el resultado de más de un año de investigación de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Además de la ACMC, se está registrando varias empresas, entre ellas, una agencia de viajes de Vic que habría recibido contratos de ese organismo. Los responsables políticos de la entidad se habrían concertado para conceder adjudicaciones por un precio superior al real.

Las indagaciones habrían concluido que una parte de esos sobrecostes habría terminado en los bolsillos de los presuntos cabecillas de la red, pero otra parte habría sido utilizada para financiar actividades e iniciativas relacionadas con la ofensiva independentista. Entre esas actividades se encontrarían los viajes de alcaldes de partidos soberanistas a Bélgica para reunirse con Carles Puigdemont.

Durante el periodo bajo sospecha, la ACMC estuvo controlada por la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, actual PDeCAT, inmersa también en el escándalo del 3%. Con todo, fuentes próximas al caso aseguran que la operación de este lunes se centra en una trama distinta que habría actuado en paralelo. La operación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona, que no ha dictado ninguna medida contra Buch, entre otros motivos, porque está aforado.

Sin embargo, hay una derivada de la trama que está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el órgano competente para investigar a diputados y miembros del Govern. Buch fue elegido alcalde de Premiá de Mar en 2007 y se mantuvo en el cargo hasta diciembre de 2017, cuando concurrió a las elecciones catalanas de ese año en las listas de Junts per Catalunya. En enero de 2018 dejó su cargo en la ACMC y, en mayo de 2018, tras el final del 155, el president del Govern, Quim Torra, lo eligió para hacerse cargo del Departamento de Interior.

Las irregularidades se concentran supuestamente en las adjudicaciones de servicios de pequeños municipios, mancomunidades y comarcas, que son centralizadas por la ACMC por razones de gasto y eficiencia. El organismo habría aprovechado su control de esos procedimientos para pactar las condiciones de licitación con empresarios de su confianza y obtener a cambio un beneficio ilícito.

El aparato de intoxicación de los separatistas catalanes: Torra inyecta 335.446 € al diario ‘Público’ de Roures para que denigre a España

La Generalitat catalana inyectó en 2018 en el diario podemita Público, propiedad del millonario Jaume Roures, un total de 335.446 euros en forma de publicidad institucional para que apoyase el golpe de Estado separatista.

El president Quim Torra ya tenía a su servicio una constelación de diarios digitales, que subsisten casi exclusivamente gracias al dinero de la Generalitat, para promocionar el golpe y difundir sus mensajes de odio contra España. Le faltaba un diario de ámbito nacional, y ya ha encontrado algo parecido.

El diario Público, que dirige Ana Pardo de Vera, recibió en 2017 un total de 25.675 euros en publicidad institucional de la Generalitat. En 2018, ya con Torra en la Presidencia, esta cifra se multiplicó por 13 hasta los 335.446 euros: 10.000 euros para la "edición impresa" del diario Público (que no existe) y los 335.446 euros restantes en publicidad para su edición digital.

Estas cantidades son aún más llamativas si se tiene en cuenta que, en el mismo ejercicio 2018, el diario El País sólo recibió 25.753 euros en publicidad de la Generalitat, El Mundo recibió 10.610 euros, el ABC 12.863 euros y La Razón 11.713 euros.

Recibe 33 veces más dinero que El Mundo

Es decir, un medio residual de extrema izquierda como Público recibió 13 veces más dinero en publicidad institucional de la Generalitat que El País, y 33 veces más que el diario El Mundo. Se trata de las cifras oficiales publicadas por la Comisión Asesora sobre la Publicidad Institucional, que depende del Departamento de Presidencia de la Generalitat.

 

La Generalitat gastó el año pasado 325.446 euros en publicidad en la edición digital del diario Público y otros 10.000 euros en su edición impresa, que no existe.

Estas cifras explicarían por qué, durante los últimos meses, el diario de Jaume Roures ha acentuado su línea editorial de apoyo a los golpistas de la Generalitat. Sirviéndose de informaciones reales que habían sido desveladas en exclusiva por OKDIARIO, Público fabricó el pasado mes de agosto la teoría de la conspiración que los independentistas han utilizado para sostener que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) organizó los atentados yihadistas del 17-A en las Ramblas de Barcelona y Cambrils, que se saldaron con 15 muertos y cientos de heridos.

Para construir esta teoría, el periodista de Roures se apropió de dos exclusivas desveladas por OKDIARIO: que el iman de Ripoll Abdelbaki Es Satty ya había sido investigado en la operación Chacal contra el yihadismo y que había sido captado como confidente del CNI en la cárcel de Castellón, donde cumplía condena por introducir 136 kilos de hachís en Algeciras.

Las informaciones de OKDIARIO apuntaban a una grave negligencia del CNI, que no fue capaz de detectar los planes de Es Satty. Pero sirviéndose de los datos desvelados por este diario, el periódico de Roures decidió dar un paso más para sostener que el CNI controlaba los movimientos de todos los miembros de la célula de Ripoll hasta el mismo día de los atentados, que los servicios de inteligencia españoles decidieron deliberadamente no evitar, para sembrar el terror en Cataluña y abortar el proceso de independencia.

La teoría de la conspiración del 17-A

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ordenó a su conseller de Exteriores que enviara esta información falsa del diario Público a todas las embajadas europeas, para acusar al Gobierno español de haber organizado los atentados yihadistas del 17-A.

Al final resultó que la "investigación" era en realidad un informe anónimo en PDF, que varios periódicos habían rechazado porque estaba lleno de falsedades, y que el diario de Roures publicó casi literalmente sin cuestionar sus conclusiones disparatadas.

Jaume Roures fue en agosto de 2017 el anfitrión de la cena en la que Pablo Iglesias negoció con Oriol Junqueras, Marta Rovira y el editor Oriol Soler el apoyo de Podemos al proceso de independencia. Iglesias acudió a esta cena en casa de Roures tras asistir a la manifestación convocada para condenar los atentados de Las Ramblas y Cambrils, que la ANC y Òmnium convirtieron en un acto de repudio contra el Rey Felipe VI.

Como ha desvelado en exclusiva OKDIARIO, empresas vinculadas a Jaume Roures han estado implicadas en varios casos de corrupción del partido de Quim Torra que investiga la Justicia.

La financiación ilegal del PDeCAT

La productora Triacom Audovisual (en la que el grupo Mediapro de Jaume Roures tenía una participación del 10%) financió ilegalmente al PDeCAT al pagar con fondos de TV3 los trabajos que la empresa Hispart había realizado, por importe de 750.000 euros, para la campaña electoral de Artur Mas en 2010. Triacom justificó estos pagos con facturas falsas cargadas a los programas de TV3 El gran dictat y Fish & Chips, que se grababan en los estudios del grupo Mediapro/Imagina.

La productora Triacom Audiovisual, dirigida por el ex gerente de TV3 Oriol Carbó y participada por el grupo Mediapro de Jaume Roures, también fue utilizada para encubrir el pago de sobornos al ex presidente de la Diputación de Lérida, Joan Reñé Huguet (PDeCAT).

Varias empresas emitieron en 2013 y 2014 facturas falsas que suman un importe de 351.746 euros, por trabajos ficticios realizados para los programas El gran dictat y Fish & Chips de Triacom, para encubrir el pago de comisiones ilegales a Joan Reñé y su partido.

Roures rectifica su última ‘fake news’: atribuyó los disturbios de Barcelona a «infiltrados» de la Policía

Ridículo cósmico del diario de Jaume Roures. Mientras el ministro Fernando Grande-Marlaska cenaba y se tomaba unos mojitos en el ¡Válgame Dios! de Chueca, el presidente Quim Torra comparecía en rueda de prensa para culpar de los disturbios de Barcelona a "infiltrados" de la Policía.

Y el diario que dirige Ana Pardo de Vera se apresuró a respaldar, sin ninguna prueba, el bulo del presidente de la Generalitat. El diario Público lanzaba este viernes una información cuyo titular reproducía, casi palabra por palabra, la mentira de Torra: "Infiltrados policiales provocaron violencia en torno a la Delegación del Gobierno en Barcelona".

El periodista de Roures basaba su noticia en el testimonio y varios vídeos grabados durante los disturbios por un particular, Sergi Cámara, en los que se escuchan dos frases sin que se pueda identificar quién las pronuncia: "Ya está, ya hemos tirado la valla y ahora se va a liar" y "ahora ya podemos hablar castellano, ya no hay problema".

 

El diario de Roures aseguraba que "Infiltrados policiales provocaron violencia en torno a la Delegación del Gobierno en Barcelona".

A partir de estas dos frases, el periodista de Roures construyó una información de 1.500 palabras para justificar la afirmación de Quim Torra y acusar a "infiltrados" de la Policía de los disturbios violentos de Barcelona. Enrique Bayo embelleció su relato incorporando detalles imaginarios, extraídos de un tuit, según los cuales un testigo había visto a encapuchados recibir "sobres con dinero" tras provocar incidentes violentos.

 

El diario Público reconoce ahora que la noticia era falsa.

La mentira sólo ha durado unas horas. A las 18:42 de la tarde del viernes, el diario Público se ha visto obligado a rectificar la noticia y reconocer que no tiene ninguna prueba para sostenerla. La noticia ha pasado a titularse "Infiltrados en el espacio de los antidisturbios violentaron el entorno de la Delegación del Gobierno en Barcelona". Los "infiltrados de la Policía" han desaparecido.

La propia directora del medio, Ana Pardo de Vera, aclara en el texto que "esta información se publicó originalmente sin ser sometida a todos los filtros por los que pasa cualquier publicación de este medio antes de salir a la luz (…) Lamentamos haber ofrecido a nuestros lectores una información inexacta. Estamos trabajando para garantizar que no vuelva a ocurrir".

La directora de ‘Público’ dice que la «violencia» de la Policía es mucho más grave que la de los independentistas

 

La directora del diario podemita Público, Ana Pardo de Vera, afirma que es mucho "peor" la violencia de la Policía que la de los "chiquillos" que pegan fuego a las calles de Barcelona y arrancan adoquines de la calzada para arrojarlos contra los agentes.

Pardo de Vera ha realizado estas declaraciones en el programa FAQS de TV3, que cada noche de sábado se convierte en un interminable mitin independentista. Mientras se sucedían las escenas de caos en las calles de Barcelona, TV3 invitaba a la directora del diario podemita para blanquear la violencia de los separatistas.

La que fuera jefa de prensa de José Bono y Gaspar Zarrías aseguró que "no me gusta nunca comparar la violencia de los chiquillos, porque además son muy jóvenes, que se parapetan detrás de los contenedores, con la violencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Y a continuación pasó a comparar ambas formas de violencia: "Siempre he pensado que no siendo legítimas ninguna de las dos, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por el mismo hecho de serlo, su violencia contra la gente es peor que la gente que es violenta contra ellos, porque parten de una situación de fuerza. Sólo hay que ver cómo van unos y otros. Y además tienen el apoyo del Estado, lo cual les hace ser mucho más fuertes".

Desde que se iniciaron los disturbios violentos de Barcelona, hace ahora una semana, los "chiquillos" de Ana Pardo de Vera han destrozado 267 vehículos policiales y han herido a 288 agentes de la Policía Nacional y de los Mossos d’Esquadras. Uno de los agentes se encuentra en estado muy grave, con traumatismo craneoencefálico, varias lesiones en las vértebras y edema pulmonar.

Los "chiquillos" de Ana Pardo de Vera arrancaron los adoquines de la Plaza Urquinaona para arrojarlos a los agentes. También lanzaron a la Policía botellas, bolas de acero, rodamientos, bengalas y otro material pirotécnico.

Por otro lado, la directora del diario de Jaume Roures desconoce que en cualquier democracia los ciudadanos ceden al Estado (y por tanto, a sus fuerzas de seguridad y a su Ejército) el monopolio legítimo de la violencia, para que pueda garantizar la seguridad y la convivencia.

Como ha informado OKDIARIO, Ana Pardo de Vera borró 21.388 mensajes de su cuenta de Twitter cuando Pablo Iglesias le comunicó que sería la nueva presidenta del consejo de administración de RTVE. Tanta limpieza fue en vano, pues al final el cargo fue para la socialista Rosa María Mateo como administradora provisional del ente público.

Fuentes: El Confidencial, OKDiario, El Mundo

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