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Un hombre de 34 años, taxista en paro, que protestaba contra el Gobierno de Pedro Sánchez ha resultado herido esta noche en el barrio de Moratalaz de Madrid, tras ser atacado por varias personas en el número 181 de la Avenida de Moratalaz.

La víctima ha recibido un golpe en la cabeza con un objeto contundente y ha sido trasladada con pronóstico reservado por el Samur al Hospital Gregorio Marañón, según ha confirmado Emergencias Madrid.

La Policía Nacional investiga los hechos y asegura que aún no se sabe la identidad del supuesto agresor. Varias personas han explicado que el agredido iba junto a su novia que era la que llevaba la bandera de España y que ha sido increpada por varias personas de ideología contraria que estaban acosando a los que protestaban contra Sánchez con banderas de España y cacerolas. El hombre al tratar de defender a su pareja ha sido golpeado. La agresión ha ocurrido sobre las 21.20 horas.

En ese mismo punto se han producido altercados y cruce de insultos entre radicales de extrema izquierda y ciudadanos que caminaban con cacerolas y banderas de España protestando contra Sánchez.

Varias personas aseguran en las redes sociales que la víctima ha sido atacada por jóvenes de extrema izquierdo pertenecientes a un grupo radical muy conocido en el barrio de Moratalaz.

La undécima jornada de concentraciones y caceroladas contra el Gobierno en diferentes puntos de Madrid ha perdido intensidad y afluencia este miércoles respecto a días anteriores. La calle de Núñez de Balboa, el Paseo de la Habana y la calle de Ferraz han vuelto a ser escenario de protestas, en esta ocasión secundadas por decenas de personas, frente a los centenares de los últimos días.

Nueva jornada de caceroladas en toda España al grito de “Gobierno dimisión”

Lejos de remitir, las caceroladas contra el Gobierno siguen cobrando fuerza a lo largo y ancho de toda España y ya no se limitan a los despectivamente llamados “barrios pijos” de la capital, sino que se ha ido extendiendo a toda la región madrileña y, de ahí, al resto de España. En casi todas las ciudades y municipios más importantes se ha podido ver hoy, de nuevo, a centenares de personas en las calles haciendo sonar sus cacerolas ataviados, muchos de ellos con la bandera de España, y al grito de “Gobierno dimisión”.

Ha destacado hoy la de Barcelona, donde un centenar de personas con banderas españolas se han concentrado en el barrio de la Bonanova de Barcelona contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante la crisis del coronavirus y han gritado “dimisión”.

La convocatoria se ha difundido por las redes sociales, y llamaba a hacer una cacerolada a las 20 horas en el paseo de la Bonanova con la calle Ganduxer. Los Mossos d’Esquadra han desplegado un dispositivo con cinco furgones y también había agentes de la Guardia Urbana.

La policía ha identificado a unos tres manifestantes, y al principio no han cortado el tráfico de la calle, por lo que los concentrados estaban en las aceras.

Media hora después de iniciarse la concentración ha aparecido una quincena de jóvenes que han entonado gritos anticapitalistas y antifascistas, y la Policía catalana también ha identificado a unos dos.

Cuando han aparecido estos jóvenes, los Mossos han procedido a cortar el tráfico en la calle y han establecido un cordón policial para separar a ambos grupos, sin más incidentes en una concentración que se ha disuelto sobre las 21.00 horas.

Importante también ha sido la de Sevilla, similar a la celebrada este pasado lunes en la avenida de la Palmera, que no había sido comunicada y carecía de autorización según han confirmado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno, ha contado con la participación de varias decenas de personas bajo la presencia de la Policía Nacional, que habría solicitado a estas personas que guardasen la debida distancia de seguridad frente a la propagación del Covid-19.

Además, tras avisar los agentes a los manifestantes de que no podían permanecer estáticos, los mismos habrían comenzado a rodear la estatua levantada en memoria de Aníbal González, arquitecto autor del diseño de la Plaza de España.

Tras la protesta celebrada en la avenida de la Palmera el lunes, la de la estación de Santa Justa el martes y la de esta jornada, habría más movilizaciones similares el jueves en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y el viernes en Los Remedios.

Este miércoles, además, coincide con la quinta prórroga del estado de alarma que ha salido adelante en el Congreso de los Diputados gracias a los votos de Ciudadanos y PNV. Por tanto, los ciudadanos de toda España seguirán en distintos grados de confinamiento y con limitación de movimientos otros 15 días.

Esta oleada crítica con la actuación de Sánchez e Iglesias comenzó en el barrio de Salamanca en Madrid, en la calle Núñez de Balboa, pero se ha ido extendiendo por otros lugares, como la calle de Ferraz, donde tiene la sede el Partido Socialista, Alcorcón, Pozuelo, donde tiene su residencia privada Pedro Sánchez y Galapagar.

Precisamente en Galapagar es donde se han producido las imágenes más polémicas. Tras la primera cacerolada frente al casoplón de Pablo Iglesias, el ministerio del Interior ha desplegado un fuerte dispositivo para blindar el chalé del líder de Podemos y evitar que los ciudadanos puedan hacer caceroladas delante del mismo.

Las colas del hambre en Madrid: «Nunca me he visto así. Yo no estaría aquí si me hubiesen pagado el ERTE»

Deborah rompe a llorar. «Sinceramente, nunca me he visto así. Me da vergüenza estar aquí». Hace dos meses trabajaba en un salón de juegos, en el centro de la capital. «Antes era una privilegiada, tenía un buen sueldo», asegura. Pero la pandemia y el ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) que la siguió arrasó con ello. «Yo no tendría que estar aquí si me hubiesen pagado en abril y mayo», explica. Desconoce cuánto se demorará dicho retraso, aunque calcula que no cobrará antes de junio. Ayer, Deborah, que vive con su hijo de 8 años, acudió por primera vez a pedir comida.

Sentado frente a ella, en un despacho improvisado, a la entrada del almacén de la parroquia de San Juan de Dios, el padre Gonzalo escuchaba su historia. «Cuando mi hijo me dice: “Mamá, quiero un helado”, se me cae el mundo. No tengo un euro para comprarle un helado». «Tranquila», contesta el párroco, «te daré comida y leche y vienes el próximo sábado. Ojalá me digas que ya está todo arreglado».

Como Deborah, más de una decena de personas aguardaron con calma su turno a las puertas de esta iglesia, en la UVA de Villa de Vallecas, que reparte 70.000 kilos de comida cada mes. Una partida de 50.000 kilos está destinada a las familias que más lo necesitan. Y muchas lo hacen por primera vez. El padre Gonzalo, que gestiona el templo desde hace seis años, da a todo el que llegue con un permiso del párroco de su barrio. Sabe que en su iglesia las bolsas son más grandes. Desde las tres de la tarde, recibe a los que piden sustento sin cesar y sin mirar el reloj. Daría abrazos, si pudiera. No pierde la paciencia. No puede tener más tacto. Con voz pausada, pregunta por la situación de cada persona que entra y ellos se abren sin reparos.

«Es el primer día que vengo aquí, he ido a mi parroquia y dicen que estaban saturados», cuenta Susana, madre de tres hijos, dos de ellos con discapacidad. Su marido, Manuel, trabajaba en el mercadillo de Orcasur, en el distrito de Usera, hasta el pasado marzo. «Habíamos comprado una buena partida de invierno, gorros, guantes, pero pasó todo y nos quedamos estancados», explica. La pareja sale de la iglesia con la comida, después de que el padre Gonzalo les aconseje volver con coche la próxima semana, cuando entregarán más cantidad. «Ya estábamos con estrecheces, pero esto ha sido el remate», añade Susana antes de partir.

Las colas del hambre abundan por la capital. Esperas de ocho horas a las puertas de la Asociación de Vecinos Parque Aluche; padres de familia esperando, a primera hora de la mañana, la comida de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en el distrito de Chamberí; jóvenes y mayores aguardando frente al Centro de Acogida e Integración Social Santiago Masarnau, en Latina. Todos estos servicios sociales han aumentado sus entregas; en este último, han doblado el número de comidas diarias, hasta rondar las 400, y reparten 8.500 platos de comida cada semana. «Esto va a ir a peor, hay muchísima gente que está en paro, que no cobra el ERTE...», asegura María José, voluntaria en la parroquia de San Juan de Dios, que hace muchos años estuvo al otro lado, pidiendo comida.

Cifras exponenciales

La crisis social, multiplicada por la escalada del desempleo y ERTE, apenas acaba de comenzar, pero las cifras de los ciudadanos que no tienen con qué llenar su nevera ya han crecido de forma exponencial en lo que va de cuarentena. Según indicó la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo (PP), el Ayuntamiento de Madrid ya ha invertido 18,6 millones de euros en ayudas alimentarias para asistir a 82.000 personas y 30.000 familias madrileñas. Latina ya da 10.876 menús diarios; Puente de Vallecas, 9.944 y Villaverde, 6.689. Consciente de que estos datos crecerán, el Consistorio, destinará el 20 por ciento del superávit del año pasado, es decir, 70,79 millones de euros, a paliar la crisis económica y social por la que ya está pasando la ciudad.

Las dificultades por las que atraviesan las familias de la capital no son diferentes de las que soportan en el resto de la región. La demanda de ayuda en las Unidades de Respuesta Social, que apoyan a los colectivos más desfavorecidos, han crecido un 125 por ciento, según los datos de que dispone la consejería de Políticas Sociales, que dirige Alberto Reyero. La región dispone de seis de estas unidades, cuatro de ellas abiertas de lunes a viernes, y las otras dos los fines de semana, en las que Cruz Roja atiende a estas personas en situación de vulnerabilidad, merced a un convenio de cofinanciación con la Comunidad deMadrid.

Las seis unidades se encuentran situadas en un hangar de 4.000 metros cuadrados situado en Mercamadrid, y desde allí se atienden a diario las emergencias sociales que se reciben a través del 112 y también las detectadas por los Servicios Sociales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Cruz Roja. Informa Sara Medialdea.

Todo lo arreglan sacándole el dinero a la gente… La Policía podrá sancionar si no se lleva mascarilla con multas de 600 euros mínimo

Con la entrada en vigor de la obligatoriedad del uso de la mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la Covid-19, el Ministerio del Interior ha hecho una serie de indicaciones de cómo la Policía y la Guardia Civil van a controlar que se cumpla con la normativa.

En primer lugar, y como ya hizo cuando entró en vigor el confinamiento estricto por el estado de alarma, los primeros días, los agentes “potenciarán la función pedagógica”, es decir; informarán a aquellos que estén incumpliendo dicha normativa de su obligatoriedad.

Una vez pasada la fase pedagógica, cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tengan conocimiento de la Orden del Ministerio de Sanidad, “requerirán a la persona que cometa ese incumplimiento que proceda a ponerse la mascarilla o que se retire a una zona en la que sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal”. Si el incumplimiento se produce en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público “se requerirá a la persona a que abandone dicho espacio”.

Finalmente, si la persona no atiende al requerimiento, los agentes “podrán proceder a realizar una propuesta de sanción” por la vía del artículo 36.6 de la Ley de Seguridad de Protección de la Seguridad Ciudadana. Dicho artículo indica que “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. Dicha infracción está considerada dentro de las “graves” por lo que la sanción oscila entre los 601 a 30.000 euros. La Policía y Guardia Civil no sancionan sino que proponen para sanción y es la delegación del gobierno quien fija la cuantía de la misma.