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El secretario de Exteriores británico, Dominic Raab, ha anunciado este martes que Reino Unido ha impuesto sanciones contra el presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, su hijo Víktor y seis altos funcionarios de su Gobierno en respuesta a los resultados de las recientes elecciones presidenciales en el país, que Londres tacha de "fraudulentas".

Un paso similar ha adoptado también Canadá, señaló Raab. "Haremos rendir cuentas a los responsables de la brutalidad desplegada contra el pueblo bielorruso y defenderemos nuestros valores de democracia y derechos humanos", declaró el ministro británico.

Alemania no reconoce la elección de Lukashenko como presidente de Bielorrusia

BERLÍN (Sputnik) — Alemania no reconoce a Alexandr Lukashenko como presidente electo legítimo de Bielorrusia, declaró la canciller alemana, Angela Merkel.

"No reconocemos la elección del presidente Lukashenko. Le llamamos a entablar un diálogo con su pueblo sin que haya intervención de Oriente y Occidente", declaró Merkel en Bundestag.

La canciller añadió que Berlín "condena lo que sucede allí todos los días, a saber, la eliminación del proceso democrático, la violencia contra la oposición".

Asimismo, Merkel confirmó su pronta reunión con la excandidata a la presidencia de Bielorrusia, Svetlana Tijanóvskaya.

"Luego, me reuniré con la opositora Tijanóvskaya. Cuando vemos a mujeres valientes que salen a las calles por una vida libre de corrupción, solo puedo decir que lo admiro", señaló. Como todo el mundo sabe, todas esas “valientes” han salido corriendo de Bielorrusia.

Exteriores ruso denuncia irregularidades por parte de la OPAQ respecto al caso Navalni

MOSCÚ (Sputnik) — La Secretaría Técnica de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) cometió una irregularidad al anunciar la ayuda técnica a Berlín en el caso del opositor ruso Alexéi Navalni sin contar con el consentimiento de Rusia, declaró el Ministerio de Exteriores ruso.

"Se cometieron irregularidades por parte de la Secretaría Técnica de la OPAQ, que reveló el hecho de prestar asistencia técnica sin tener nuestro consentimiento directo", dijo el ministerio ruso, al recordar que "de acuerdo con las declaraciones de Berlín, se trata de los acontecimientos que tuvieron lugar en Rusia y no en Alemania".

La Cancillería rusa subrayó que, de acuerdo con el anexo de privacidad a la Convención sobre las Armas Químicas, el consentimiento es obligatorio.

Los diplomáticos rusos no dudan que el futuro informe sobre la asistencia técnica solicitada por Alemania mencionará "la presencia de los rastros del llamado Novichok en las pruebas biológicas de Navalni recogidas por la Secretaría Técnica en una operación secreta", teniendo en cuenta "la motivación política y la parcialidad que la dirección de la Secretaría Técnica ha mostrado en varias ocasiones".

El ministerio añadió que no ha recibido las respuestas a sus solicitudes ni de Alemania ni de Suecia y Francia, "a cuyos laboratorios los alemanes entregaron las muestras en violación de las normas de procedimiento penal generalmente reconocidas".

También mencionó las tres solicitudes de ayuda legal que la Fiscalía General de Rusia envió a las autoridades alemanas para poder "determinar si hubo elementos de un posible crimen", lo que es "una condición necesaria para abrir un expediente penal, de acuerdo con la legislación rusa".

La Cancillería rusa reiteró que ninguna de las solicitudes ha sido respondida.

El 22 de septiembre, el activista anticorrupción ruso Alexéi Navalni fue dado de alta del hospital universitario Charité en Berlín, tras pasar allí 32 días, 24 de ellos en cuidados intensivos.

Navalni fue trasladado a Berlín tras haber pasado dos días en un hospital de la ciudad rusa de Omsk, en Siberia, luego de que perdiera el conocimiento durante un vuelo de Tomsk a Moscú.

En el hospital de Omsk, Navalni fue inducido en un coma y tratado con atropina, fármaco que suele utilizarse como antídoto para los agentes nerviosos. Sin embargo, los médicos del hospital ruso afirmaron luego que no habían detectado rastros de toxinas en la sangre y la orina del paciente, cuya condición atribuyeron a un "trastorno metabólico".

Según los médicos de Charité, los síntomas de Navalni apuntaban al envenenamiento con un inhibidor de colinesterasa.

Un laboratorio militar de Alemania y, posteriormente, laboratorios de Suecia y Francia determinaron que el opositor ruso había sido envenenado con un agente del grupo del Novichok, una sustancia prohibida por la Convención sobre las Armas Químicas. Alemania proporcionó las muestras correspondientes a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.

Desde Moscú califican de infundada la versión alemana sobre lo ocurrido con Navalni y dicen esperar respuestas oficiales a las solicitudes enviadas a Berlín.

Lo que la cobarde UE no quiere ver: ONU: Israel ha demolido 500 casas palestinas en 2020

El régimen de Israel ha demolido más de 500 edificios palestinos en la Cisjordania ocupada desde principios de 2020, revela un informe de las Naciones Unidas.

Según el reporte publicado el lunes, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), las fuerzas israelíes demolieron 506 edificios de propiedad palestina en Cisjordania con el pretexto de que no tenían permiso de construcción.

De los más de medio millón de estructuras destruidas, 134 se encontraban en la parte oriental de Al-Quds (Jerusalén), ciudad palestina que Israel trata de judaizar y de alterar su tejido demográfico.

La OCAH denunció, además, que los israelíes han derribado 22 edificios palestinos en las últimas dos semanas, desplazando a 50 palestinos y afectando a otros 200. En muchos casos, las autoridades israelíes forzaron a los propietarios a destruir con sus propias manos los edificios para evitar las multas y tasas que les imponen.

Una decena de los edificios demolidos estaban en la Zona C, que representa casi el 61% de la Ribera Occidental ocupada, en Cisjordania.

Israel ocupó Cisjordania y Al-Quds durante la guerra de los Seis Días de 1967. La comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, no reconoce la soberanía israelí sobre los territorios ocupados en 1967.

El régimen de Tel Aviv justifica la demolición de viviendas palestinas diciendo que carecen de permisos de construcción, a pesar de que Israel muy rara vez ofrece esos permisos a los palestinos, pero emite miles de permisos a los colonos ilegales.

Actualmente, más de 700 000 israelíes viven en más de 150 asentamientos ilegales en Cisjordania y Al-Quds.

Francia arresta a 40 000 manifestantes pacíficos en solo dos años

Amnistía Internacional (AI) denuncia que Francia ha detenido en los dos últimos años a más de 40 000 personas que participaban en manifestaciones pacíficas.

La organización pro derechos humanos AI ha denunciado en un informe divulgado este martes el arresto en Francia de miles de manifestantes pacíficos, a quienes en diversas ocasiones se les ha multado, arrestado o incluso procesado.

En su estudio, la oenegé revela que las fuerzas de seguridad francesas han detenido a más de 40 000 personas entre 2018 y 2019, sustentándose “sobre la base de leyes vagas” que contemplan delitos como “desacato a funcionarios públicos”, “participación en un grupo con miras a cometer actos violentos” y “organización de protestas sin cumplir los requisitos de notificación”.

Tras anotar que en abril de 2019 entró en vigor una normativa que prohíbe cubrirse la cara en las manifestaciones, el informe resalta que solamente entre ese mes y octubre fueron detenidas 210 personas por llevar el rostro cubierto, a pesar de que muchas de estas personas se cubrían para protegerse de los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad galas para dispersar a los participantes en dichas marchas.

La participación en una protesta en Francia hoy conlleva el riesgo de exposición a gases lacrimógenos, balas de goma y otras armas peligrosas, recibir una multa, pasar uno o dos días en prisión preventiva, y enfrentar cargos criminales sin haber cometido actos violentos”, advierte el reporte.

La prohibición de cubrirse la cara ha afectado al desarrollo de las protestas en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, ya que las autoridades galas exigen al mismo tiempo que las personas no se cubran la cara en las manifestaciones y, a la vez, instan a los ciudadanos a llevar mascarilla en los espacios públicos.

Ante esa coyuntura, Amnistía Internacional acusa en su nota al Gobierno Francés de “armar el Derecho Penal” con “restricciones desproporcionadas a las reuniones públicas” en el contexto de la emergencia sanitaria con, por ejemplo, la prohibición de reuniones de más de diez personas, cuando incluso esos grupos son permitidos en el transporte público o en conciertos.

Desde 2018, Francia es escenario de protestas casi semanales, muchas protagonizadas por los llamados ‘chalecos amarillos’, un movimiento que surgió a finales de ese año en contra de la desigualdad social.

Polonia y Hungría se unen contra la UE

Polonia y Hungría han decidido establecer una institución para vigilar el estado de derecho en la Unión Europea. Desde el punto de vista de estos dos países, Bruselas utiliza el doble rasero para evaluar la situación de las repúblicas. Además, están cansados de ser "engañados".

Los problemas de los dos países con la democracia pueden privarlos del dinero del fondo de recuperación económica de la UE. Una posible respuesta es bloquear la iniciativa. La respuesta será un grave golpe a la UE mientras continúe la pandemia de COVID-19, escribe el diario ruso Gazeta.

Según el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, Bruselas utiliza un doble rasero hacia Budapest y Varsovia.

"Se ha criticado a Polonia o Hungría por violar el estado de derecho, pero estas acusaciones no se apoyan en nada. Se utilizan como medio de extorsión. El propósito de este instituto de derecho es que no seamos considerados tontos", declaró el ministro húngaro.

Como ejemplo del doble rasero de Bruselas, Szijjarto señaló las críticas de la UE a la reforma judicial de Polonia, aunque España tiene "exactamente las mismas" leyes. Se trata de la intención de Varsovia de jubilar a los jueces del Tribunal Supremo mayores de 65 años y de cambiar el procedimiento de su nombramiento. La reforma también afecta a la elección de los miembros del Consejo Judicial Nacional, trasladando esta responsabilidad del Poder Judicial al Parlamento.

Esencialmente, los cambios ponen el sistema judicial bajo el control de las autoridades ejecutivas, ya que los jueces de la Corte Suprema pueden conservar su cargo mediante una petición al presidente, y la elección de los representantes del Consejo de la Judicatura queda en manos del partido gobernante.

En conjunto, todo esto preocupa a Bruselas y desde hace varios años se viene debatiendo la cuestión de las sanciones internas contra Polonia. Esto requiere la decisión unánime de todos los miembros de la Unión Europea y, por lo tanto, no es demasiado real debido al apoyo de Budapest a Varsovia.

"Si es bueno en España, ¿por qué es malo en Polonia?", preguntó Szijjarto, subrayando también que es poco probable que el próximo informe de la UE sobre el estado de derecho en los países de la unión se base en hechos.

En general, el establecimiento de una institución en Polonia y Hungría para evaluar el estado de derecho en la UE está relacionado en parte con la preparación de este documento.

La reforma judicial en Polonia es solo la punta del iceberg. Hungría también está siendo investigada por socavar la independencia del Poder Judicial. Ambos países son sospechosos de presionar a los medios de comunicación, las ONG y la oposición. Durante la pandemia del coronavirus, Budapest y Varsovia fueron acusadas de "tomar el poder" debido a las severas restricciones junto con el control total bajo la cobertura de un régimen de emergencia.

La cuestión financiera

Antes de la pandemia, la lucha entre los dos países y Bruselas por su propia visión de la democracia era bastante común, pero recientemente se ha vuelto más feroz. La razón principal es el plan de la Unión Europea para salvar la economía afectada por el coronavirus. A mediados del verano boreal, los líderes de la UE acordaron un presupuesto preliminar de siete años de 1.074,3 billones de euros (1.261,5 billones de dólares) y un fondo extrapresupuestario para la recuperación económica de 750.000 millones de euros (880.000 millones de dólares).

El cumplimiento de los principios del estado de derecho de la UE fue un factor crucial para obtener los fondos. De esto depende la cantidad de las subvenciones a un país. Hungría y Polonia se resistieron a esta aclaración, incluso en la fase de debate.

Según Reuters, debido a las violaciones de los principios democráticos, Polonia corre el riesgo de perder el acceso a 23.000 millones de euros, mientras que Hungría puede perder 6.000 millones de euros. Se trata solo del fondo de recuperación, es decir, no contempla el presupuesto a largo plazo.

Dado que la economía húngara cayó un 13,6% en el segundo trimestre de 2020 —el peor resultado entre los países de Europa Central—, al menos para Budapest, esas pérdidas son extremadamente indeseables.

En la actualidad, se desconocen los criterios por los que las violaciones derivarían en la privación de fondos. Alemania propuso un compromiso: detener la asignación de fondos si se interrumpe la gestión del presupuesto de la Unión Europea o la protección de los intereses financieros de la UE.

Si se acepta la propuesta, los problemas con la democracia en Polonia y Hungría no deberían impedir los pagos del fondo. Sin embargo, un miembro del Parlamento Europeo, Moritz Corner, está seguro de que la propuesta de Berlín no protege el estado de derecho ni la corrección de los gastos del presupuesto de la UE.

Colapso de los acuerdos

La resistencia de Polonia y Hungría puede plantear un problema cuando se apruebe finalmente el presupuesto de la UE y el fondo de recuperación económica. Los dos países podrían vetar el documento final, frustrando el frágil acuerdo preliminar que se logró después de cuatro días de discusiones en la cumbre de la UE.

Los países no se van a desviar de su política interna, considerando las acusaciones de Bruselas de manera negativa.

Al mismo tiempo, el alejamiento de la aprobación, tanto del presupuesto como del fondo, crea riesgos adicionales para la UE, ya que aplaza su puesta en marcha ante graves problemas económicos. En el primer trimestre de 2020, la Oficina de Estadística de la UE registró una caída del PIB solo en la zona euro de un 3,6% en términos trimestrales y de un 3,1% anual. En el segundo trimestre, el PIB de los 27 Estados miembros de la UE se derrumbó un 11,7% en términos trimestrales y un 14,1% anual.

Además, varios países europeos están experimentando una vez más un aumento de las infecciones. Por ejemplo, las autoridades españolas en Madrid han impuesto restricciones adicionales desde el 21 de septiembre debido a la propagación del COVID-19.

La reanudación de las medidas restrictivas en cada país aumenta su necesidad de dinero del fondo de reconstrucción, por lo que cada vez es más necesaria la aprobación final de un plan de rescate.

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