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El representante especial de Estados Unidos para Irán y Venezuela, Elliott Abrams, ha aseverado que el Gobierno estadounidense destruirá los misiles iraníes de largo alcance si Teherán decide enviarlos a Venezuela.

"El traslado de misiles de largo alcance de Irán a Venezuela no es aceptable para Estados Unidos y no será tolerado ni permitido", comentó Abrams a Fox News. "Haremos todo lo posible para detener los envíos de misiles de largo alcance, y si de alguna manera llegan a Venezuela, serán eliminados allí", agregó el funcionario del Departamento de Estado.

Ni Abrams ni otros funcionarios gubernamentales proporcionaron información que corroborre la intención del Gobierno iraní de vender armas al país latinoamericano en un futuro próximo, pero de todas formas no descartan que Teherán y Caracas podrían colaborar en este ámbito.

Según explicó Abrams al citado medio, "Irán ha anunciado su intención de participar en la venta de armas, y Venezuela es un blanco obvio porque aquellos dos regímenes parias ya tienen una relación", sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno de Nicolás Maduro ya "está pagando en oro para comprar gasolina de Irán, y hay una presencia iraní en el país".

"Irán ha enviado misiles a los hutíes, por lo que sabemos que están listos, dispuestos y capaces de enviarlos a Venezuela y a otros posibles compradores", señaló el funcionario, quien tachó "cada entrega de armas iraníes" de desestabilizadora para "Sudamérica y el Caribe" y de "especialmente peligrosa para los vecinos de Venezuela en Brasil, Colombia y Guyana".

Hace poco más de una semana, Irán anunció el levantamiento de todas las restricciones restantes en materia de exportación e importación de armamento y los viajes de ciertos iraníes, impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Como el 18 de octubre de 2020 era el plazo en que se vencían las prohibiciones, su levantamiento fue automático y no requería de ninguna acción adicional.

Las restricciones se levantaron en el marco de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU y el Plan de Acción Integral Conjunto de 2015 (JCPOA, por sus siglas en inglés), que canceló una serie de sanciones de las Naciones Unidas a cambio de controles más estrictos sobre el programa nuclear iraní.

La Administración de Donald Trump estaba en contra del levantamiento de las sanciones internacionales impuestas contra Irán, pero no logró convencer al Consejo de Seguridad de la ONU de extender el embargo.

La situación de 35.000 niños venezolanos víctimas de explotación sexual en Colombia

Lo que viven cerca de 35.000 niñas y niños venezolanos, víctimas de explotación sexual en Colombia, es "para ponerse a llorar", sostiene a la ONU la colombiana Mayerlín Vergara, ganadora del Premio Nansen, vinculado a causas con población refugiada. Ahora, la organización llama a la comunidad internacional a tomar medidas en el asunto.

La docente y psicoorientadora Mayerlín Vergara, ganadora del Premio Nansen 2020, el más alto galardón del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), denunció a la ONU una de las problemáticas que la organización ha calificado como "aterradora": la situación que miles de niños y niñas venezolanas víctimas de explotación sexual viven en Colombia.

Se trata de alrededor de 35.000 niños, de los que un 45% son menores de 11 años, motivo por el que Vergara ha instado a Colombia, así como a la comunidad internacional a tomar medidas en el asunto. Como coordinadora regional de la Fundación Renacer —que ha asistido a más de 22.000 niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de la trata y de otros tipos de violencia sexual y de género— del departamento de La Guajira (norte colombiano) Vergara conoció la situación que a diario atraviesan los infantes migrantes en su país.

"Lo que vimos aquí en La Guajira con los niños y niñas, principalmente con los refugiados y migrantes, era para ponerse a llorar. Una situación deplorable. No solo físicamente hablando, no solo porque no tenían dónde dormir, o donde vivir, o qué comer, sino era la desesperanza en sus ojitos, esos rostros tan apagados, esa tristeza tan profunda”, relató a la ONU.

A raíz de esto, en 2019 Vergara abrió un hogar para menores en el municipio colombiano de Riohacha, en la frontera oriental con Venezuela. "Escuchar a las niñas decir que no quieren vivir, que no quieren abrir sus ojitos en la mañana porque ya no tiene sentido la vida. Verlas intentar suicidarse, tener estrés postraumático, cuadros depresivos tan profundos, es lo más duro que yo he visto en toda mi historia y mi trayectoria en la Fundación Renacer", confesó.

Desde su apertura, allí se han atentido a más de 75 sobrevivientes de violencia sexual, algunas de solo 7 años. La mayoría, según contó, son halladas trabajando en bares, burdeles, hogares abusivos y las calles colombianas.

"Hay adolescentes de 12, 14 años que uno creería que una muñeca no les va a emocionar, y les llevamos una muñeca a las niñas pequeñas y ellas terminan llorando porque también querían una. Es una cuestión de vulnerabilidad, es haberles negado la posibilidad de ser niños y ser niñas, y en el hogar ellos pueden hacer eso, gritar, jugar y saltar, sin miedo a ser juzgados o cuestionados", subrayó.

¿De dónde vienen las víctimas?

Actualmente en Colombia viven alrededor de 1,7 millones de venezolanos. Los más pequeños, a menudo son captados por organizaciones criminales que se dedican a insertarlos en redes de trata y explotación sexual. Vergara asegura que las situaciones de amenaza en estos casos son habituales. Algunas de las víctimas más comunes son las jóvenes y niñas que migran solas desde Venezuela y que, una vez en las calles, son alcanzadas por proxenetas y explotadores.

"Hay niñas y niños que han venido solitos. Es decir, se vienen grupitos, se viene la amiga, la prima, la prima un poquito más grandecita, una de 19 con otra de 17 con otra de 15 y con otro de 5. Incluso nos hemos encontrado niñas que vienen con la vecina porque la mamá las mandó porque era mejor que estuvieran acá, y que no estuvieran pasando hambre allá. Entonces hay como una diversidad de situaciones", explica.

Otras, en cambio, son traídas desde su país por estos delincuentes y trasladadas al norte colombiano. "Hay niñas que han sido encerradas en casas de pueblos más pequeños con una proxeneta cobrando y los explotadores entrando. Yo creo que por eso tienen tanto daño, no solamente emocional, sino todas las afectaciones mentales, porque un cuerpo tan chiquito no puede aguantar tanto", señala.

"Por eso para mí son doblemente valientes, porque soportan todo ese doble impacto de la migración, de dejar su casa, su familia, su escuela, su colegio, pero también todo el impacto de la violencia sexual y de sentirse tan vulnerables y aquí, en un lugar que ni siquiera es su territorio y su país", evalúa.

En búsqueda de un cambio

"Yo diría que tenemos que reaccionar, que esto no puede seguir siendo parte del día a día. Es muy triste ver las estadísticas y ver que cerca del 90% de los delitos sexuales en general son cometidos contra mujeres y contra niños y niñas. No es posible que este delito haya sido creado para atentar contra la vida de los niños y de las niñas", alertó.

En una entrevista que dio al diario colombiano El Espectador, se mencionan dos medidas legislativas que el país adoptó con el fin de brindar mayor protección a las poblaciones infantes a los fines de protegerlos de la explotación sexual.

​Por un lado, la pena mínima obligatoria de 14 años de prisión para todo aquel que facilite o promueva la explotación sexual de menores, y también la Ley 1.336, que establece el delito de proxenetismo, castiga la tenencia de pornografía infantil, y establece códigos de conducta obligatorios para el personal hotelero y empresarial para evitar la promoción de explotación sexual en sus establecimientos.

Vergara resaltó la educación sexual como un elemento central a la hora de evitar este tipo de situaciones, así como también destacó la necesidad de políticas públicas que apuesten a informar a la población sobre esta problemática, con el fin de que cualquiera pueda aprender a identificar un posible caso, ya que estos ocurren "en todas las ciudades del país", concluyó.

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