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El Gobierno de Marruecos no quiere testigos internacionales en el Sáhara Occidental y volvió a impedir el 11 de abril a una delegación de la Federación Española de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos entrar en El Aaiún, como ya hizo en mayo de 2012.

Esta negativa se produjo justo en el mes en que el Consejo de Seguridad debe decidir la renovación del mandato de la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental (MINURSO)  y si amplía su cometido a la vigilancia de los Derechos Humanos, lo que reclama insistentemente la población saharaui, que es reprimida violentamente por la policía y el ejecito cada vez que sale a la calle en las principales ciudades de la excolonia española.

Precisamente el 9 de abril tenía que haber viajado a El Aaiún una delegación del Parlamento Europeo, pero Marruecos vetó la visita, organizada como consecuencia de la expulsión de cuatro europarlamentarios en marzo de 2013.

La delegación de la Federación Española de DDHH, organismo con estatuto consultivo en el ECOSOC (Consejo Económico y Social) de Naciones Unidas, a la que no se permitió acceder al Sáhara Occidental la integraban Nuria Díaz (CEAR), Sarai Martín (Mundubat), José Taboada y Santiago Jiménez (CEAS-Sáhara) como  representantes de entidades miembros de la Federación, y Carmelo Faleh (AEDIDH).

José Taboada, presidente de CEAS-Sáhara, relató a ElEspiaDigital que el avión de BinterCanarias aterrizó en el aeropuerto de El Aaiún sobre las 13.30 hora española,  y fue rodeado por miembros del ejército y policías de paisano marroquíes, que filmaron y fotografiaron a los pasajeros mientras bajaban las escalerillas.

Humillados y expulsados

Previamente subieron al avión un representante del alcalde de El Aaiún  y varios policías, a los que el comandante del avión manifestó que no podían acceder al pasillo. “No pudimos pisar suelo del Sáhara, ni siquiera bajar las escalerillas. Nos  retiraron los pasaportes ilegalmente y nos los devolvieron 45 minutos después; dijeron  que no eramos personas no grata y partidarios de una de las partes. Nos han humillado y  expulsado sin una razón”,  añadió Taboada.

La intención de la delegación de la Federación Española de DDHH era permanecer cuatro días en los territorios ocupados y entrevistarse con activistas como Aminetu Haidar, así como con las autoridades marroquíes y personal de la misión de Naciones Unidas.

“Queríamos hacer una información sobre la situación de los DDHH de la población civil saharaui, hablar con las autoridades marroquíes sobre su actuación hacia los saharauis, a los que no se permite manifestarse, saber cuántos presos hay en las cárceles  y hacer un informe para Naciones Unidas y el Gobierno español”.

Quienes sí consiguieron acceder al  Sáhara Occidental el 21 de marzo fueron Carmelo Ramírez Marrero, consejero del Cabildo  de Gran Canaria, presidente de FEDISSAH y miembro de la Coordinadora Europea de apoyo al Pueblo Saharaui, y Juan Antonio de la Hoz González, consejero del Cabildo de Lanzarote y miembro del movimiento canario de solidaridad con el Pueblo Saharaui.  En un informe denunciaron graves las violaciones de los Derechos Humanos que comete el Gobierno de Marruecos,  el expolio de los recursos naturales y la destrucción del  patrimonio histórico saharaui.

El día 25 de marzo también viajó a los territorios ocupados una delegación del Colegio de Abogados de Badajoz para asistir como observadores  al juicio contra el preso político saharaui Loumadi Abdeslam, que fue aplazado hasta el 7 de mayo. La directora del Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados,  Rosalía Perera, y los letrados Ángela Rivera y Sidi Mohamed, este de origen saharaui, permanecieron retenidos durante una hora en el aeropuerto de El Aaiún, después de identificarse como abogados y mostrar las credenciales de su misión. Según explicó Rosalía Perera, fueron seguidos en todo momento por agentes la policía secreta marroquí.

La fiscalía de la AN contra el archivo del genocidio en el Sáhara

Un día antes de la expulsión de la delegación de la Federación Española de DDHH se conoció que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone  a que sean sobreseidas  las causas por los crímenes supuestamente cometidos por Marruecos en el Sáhara Occidental, ya que cuando ocurrieron era una provincia española y no les afecta, por lo tanto, la reciente reforma de la justicia universal.

Los fiscales mantienen que España es de iure, aunque no de facto, la potencia administradora del Sáhara hasta que concluya la descolonización del territorio, según establece la Carta de Naciones Unidas.

En la Audiencia Nacional se investiga en un juzgado a exmilitares marroquíes por el supuesto genocidio de cientos de saharauis ocurrido tras la invasión del Sáhara Occidental a finales de 1975, causa a la que se unió el descubrimiento el pasado año de dos fosas comunes con los restos de ochos beduinos saharauis, varios de ellos con documentación española, que fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros del ejército de Marruecos. Cuando la causa del genocidio ya estaba en marcha fue presentada una  denuncia contra oficiales argelinos y miembros del Frente Polisario por la presunta desaparición de disidentes saharauis en los campamentos de refugiados de Tinduf.

En otro juzgado se sigue la causa por la muerte del saharaui Baby Hamday Buyema, con pasaporte español, ocurrida durante el desmantelamiento por parte del ejército y la policía marroquí del campamento Gdeym Izik en El Aaiún, en 2010.

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