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Sólo llevan un año en Mallorca y ya tienen que mudarse. Juan Miguel y Cristina llegaron desde Canarias con sus dos hijos -de 10 y 16 años, puesto que a él le habían trasladado desde la oficina bancaria en la que trabaja, y su desembarco en la isla no ha sido desde luego el que esperaban.

Poco a poco han visto cómo sus hijos iban empeorando sus notas y rendimiento y les "marcaron" por reivindicar enseñanza también en castellano, puesto que su desconocimiento del catalán es total, claro. La solución que se les ofreció fue que se integraran y aprendieran catalán "como si viviéramos en Francia y tuviéramos que aprender francés", cuenta Juan Miguel a Libertad Digital que les espetó la jefa de estudios. Y se les propuso, en un primer momento, la exención del catalán, que exime al alumno recién llegado de examinarse en esa lengua pero que, a su vez, le obliga a estudiar la práctica totalidad de las asignaturas en ella.

"No hay libertad ninguna", se lamenta. En cambio, él en su trabajo no ha "tenido problemas en términos generales. Cuando la gente ve que no entiendes el catalán cambia al castellano", relata. Pero "lo más triste es que pase esto en el ámbito educativo".

En la primera evaluación, el pequeño -que "sacaba notables y sobresalientes"- suspendió dos asignaturas y el mayor, cinco. El centro de este último se negó a asumir cualquier tipo de responsabilidad: lo achacó a su falta de estudio, pero a la vez recomendaba que se apuntara a clases de catalán por las tardes. Finalmente va a tener que repetir curso. "Ha perdido un año de su vida", se queja el padre que ve cómo sus esfuerzos con el "traductor de Google" por las tardes para tratar de ayudar a su hijo con las materias y deberes no han servido de nada.

Juan Miguel denuncia cómo los españoles de otras comunidades autónomas "no tenemos derecho ninguno". Es "como si viene un chino aquí, que tendrá que apuntarse a clases de castellano y catalán", pero "yo ni soy de Venezuela, ni de Londres, soy español". Y la "lengua oficial de España es el español". No obstante, ni él ni su mujer pretenden que todas las clases sean impartidas en castellano; se conformarían con un punto intermedio. Y en eso están, buscando un colegio que satisfaga estas necesidades.

De momento, Juan Miguel ha tenido que pedir el traslado en su oficina, que ha sido concedido. El curso que viene matriculará a sus hijos en algún colegio concertado de Palma (no hay ni un solo centro público que oferte una educación bilingüe). Para ello contará con la ayuda de la Consejería que dirige Joana María Camps, que ha acabado atendiendo sus demandas -a través de la fundación Círculo Balear-.

No ha querido esperar a escoger la opción que da la Lomce, la famosa disposición trigésimo octava por la cual si el afectado demuestra que no hay una oferta pública de castellano en su zona, la Administración correrá a cargo de los gastos de un centro privado. Y es que no se fía, ya que le costó que la Consejería de Educación le hiciera caso. "¿Por qué tengo que acudir a ese tipo" de soluciones?, se pregunta. El Gobierno, con esto, "está reconociendo que hay un problema; pues que arreglen el problema", reivindica. "Un ministerio en Madrid sabe que estas cosas están pasando. Se deja a la comunidades decidir cómo lo hacen y cómo lo hacen lo estoy viviendo yo".

No son cuatro familias las afectadas, como suelen argumentar los nacionalistas, sino que "hay un montón de padres, pero lo que pasa es que hay mucho miedo", afirma Juan Miguel, a la vez que recuerda que el PP llevaba en su programa el decreto sobre el trilingüismo y ganó por mayoría absoluta en las islas. "El tema de la lengua es una vergüenza y somos los padres los que lo sufrimos".

El presidente de Círculo Balear, Jorge Campos, señala que "lo hay que tener claro es que no es un caso aislado, recibimos reclamaciones continuamente, pero (la mayoría de los padres) no lo hacen públicamente por el miedo que tiene"n. Juan Miguel y Cristina "han puesto el interés de sus hijos por encima de cualquier medida de presión", resalta.

Estos centros y los docentes implicados tienen "varios expedientes disciplinarios abiertos", informa Campos, que espera que finalmente tengan consecuencias en el caso de demostrarse esta vulneración de la ley.

Fuente: Libertad Digital

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