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Recién nombrado presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay, hombre bienintencionado, de buena cabeza, comedido y cabal en sus manifestaciones, echó un buen capotazo al rey Juan Carlos cuando algunos comentaristas demasiado inquietos (y curiosamente monárquicos) pedían que abdicara en favor del Heredero de la Corona, tras el “tropezón” que supuso su cacería de elefantes en Botswana.

El quite de Romay a Su Majestad se resumía perfectamente en un subtítulo destacado de la entrevista que concedió al diario “ABC” (21/05/2012): “No hace falta hacer ninguna ley sobre la familia real. La Corona está muy bien”. Una encomiable sentencia política, que, no obstante, algunos analistas y muchos lectores del diario monárquico entendieron más como un deseo personal del declarante que como una verdad histórica.

Apenas dos meses más tarde, el pasado 7 de agosto, Romay volvió a posicionarse públicamente sobre otra cuestión capital, que hoy por hoy se desvanece con mayor evidencia y rapidez que la Monarquía: el Estado de las Autonomías. Y el caso es que, cuando Romay habla, Rajoy atiende. De hecho, todo el mundo que pinta algo en el PP sabe que si Rajoy tiene algún oráculo, ese es el actual presidente del Consejo de Estado, a quien ha venido encomendando supervisar los temas internos del partido más delicados, incluida su polémica tesorería tras haber quedado en entredicho con el “caso Gürtel”.

Por eso, el hecho de que Romay se haya pronunciado sobre el desastre autonómico justo en este angustioso momento, no deja de ser significativo. El Estado Mayor del PP le escucha como el jefe sioux, “Caballo Loco”, escuchaba a “Manitú”, el dios de las praderas infinitas, antes de arremeter contra el general Custer (en realidad era teniente coronel) y masacrar al 7º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos, bajo su mando en la batalla de Little Bighorn.

EL “COSTE INSOPORTABLE” DE LAS AUTONOMÍAS

Pues bien, el oráculo personal de Rajoy, el “Manitú” de las azules praderas populares, ha hablado alto y con cierta claridad en otra entrevista concedida a Europa Press (07/08/2012): “El desarrollo del Estado Autonómico coincidió también con años de abundancia. Y lo que entonces parecía que se podía, pues ahora nos damos cuenta de que nos hemos pasado y que seguramente también en el diseño del modelo organizativo del Estado autonómico ha habido un crecimiento organizativo y burocrático que ahora vemos que no se puede sostener, que no responde a un estudio muy riguroso de prioridades”.

Tras subrayar que el Estado de las Autonomías es “una conquista” y que ha ofrecido “cosas muy buenas”, Romay admitió por fin que, en él, no todo son “virtudes” y que en este momento es necesario “adelgazar sus estructuras”, un reto al que, en su opinión, quizás un tanto ingenua, ya se están aplicando las comunidades autónomas. En relación con el tema, concluyó: “Si tiene un coste insoportable, como el de la propia Administración central del Estado, tendremos que ajustar esos costes a nuestras posibilidades y tenemos que conseguirlo. Si fuimos capaces de hacer bien la primera parte, espero que seamos capaces de hacer bien esta segunda, que es adaptar eso a las posibilidades que tenga el país en estos momentos”.

En sus declaraciones a Europa Press, el presidente del Consejo de Estado también recordó una de las reflexiones del informe que este alto organismo consultivo elaboró en 2006 a petición del entonces presidente Rodríguez Zapatero y sobre algunos aspectos puntuales de una eventual reforma constitucional, en concreto la relativa a la conveniencia de fijar el techo de las competencias autonómicas. De hecho, el dictamen entendió ya hace seis años que todo el proceso de transferencias a las autonomías había que darlo “por concluido”, sugiriendo la derogación del apartado del artículo 150 de la Constitución que permite al Estado desprenderse de competencias exclusivas.

Sobre esta delicada cuestión, Romay matizó: “El Consejo de Estado cree que eso ya hay que darlo por concluido y evitar al Estado el acoso permanente que puede dar lugar el hecho de tener ese portillo abierto para más transferencias”. A continuación añadió que el órgano consultivo había dejado clara en su informe la preocupación de que el Estado se “desapodere de más poderes y capacidades”, porque ahora lo que hace falta es que ese modelo “funcione armoniosamente” y que al Estado “no le falten los medios para ejercer sus funciones de garante de la solidaridad entre los españoles”.

Para  José Manuel Romay, las conclusiones expuestas por el Consejo de Estado en el dictamen requerido por el Gobierno socialista tienen validez permanente, pero advirtiendo que en este momento de crisis no hay “apremio especial” por parte de las autonomías para contar con más competencias, dado que éstas “tienen sus cargas”. Esta última valoración también puede pecar de ingenua, dado que precisamente la “huida hacia adelante” (o la técnica de “atacar para defender”) es una práctica proverbial en la política española.

Entonces, esta percepción de Romay sobre las actuales aspiraciones “periféricas” ¿es real o vuelve a confundirse con un deseo personal, como algunos percibieron en su valoración sobre la salud de la Corona? ¿Y por qué razón esa recomendación del Consejo de Estado sobre la necesidad de dar por cerradas las transferencias a las autonomías y de blindar las competencias estatales, lleva seis años olvidada por el PSOE (que encargó el dictamen) y el PP (que ahora se está comiendo el “marrón” del frangollo territorial)…?

Conociendo el paño de la política y como se las gasta su gente, puede que este reconocimiento del PP no constituya un acto de contrición perfecta, con verdadero propósito de enmienda, sobre su parte de culpa en el “exceso autonómico”, sino una leve atrición para salir del paso, considerando que es un pecado venial y que, en el fondo, se podría seguir con “más de lo mismo”. Un error que, en todo caso, tendrían que rectificar más temprano que tarde.

¿MORIRAN LAS AUTONOMÍAS CON LAS BOTAS PUESTAS…?

Las dudas sobre cualquier propósito de enmienda por parte de los actuales entes autonómicos es bastante razonable, teniendo en cuenta otras dos circunstancias: su comportamiento desde hace seis años, una vez conocido el dictamen del Consejo de Estado y eclosionada ya la crisis por los cuatros costados, y la dependencia que tanto el PSOE como el PP tienen de sus “baronías” y “pesebres” territoriales. Desde que se hizo pública aquella opinión del organismo consultivo y hasta el día de hoy, los gobiernos autonómicos han venido pasando olímpicamente de la crisis, de la prudencia política y de la razón solidaria de España, abanderando impresentables deslealtades con el mismo Estado que les dio generosa carta de naturaleza.

Sin ir más lejos, aun en los últimos días, hemos podido saber que mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores clausuraba dos embajadas (en Yemen y Zimbabue) y tres consulados (uno en Marruecos y dos en Portugal) con el fin de racionalizar el gasto, algunas comunidades autónomas se resisten a reducir drásticamente sus oficinas de representación exterior. Frente a las 118 embajadas de España (ahora 116), el pasado mes de marzo todavía pervivían nada menos que 166 “embajadas autonómicas” después de haber suprimido otras 26, con Cataluña ostentando el record de 65 instaladas en 31 países. Bien expresiva al respecto, una mini-editorial de “El Mundo” (06/08/2012) decía: “… Si ni siquiera la situación de emergencia nacional que afronta el país obliga a redimensionar ese entramado, nacido al calor de las veleidades nacionalistas, difícilmente podrá hacerse ya en el futuro”.

No menos significativo al caso, es que, mientras la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba a principios del pasado mes de julio la desaparición de 80 empresas o fundaciones públicas de titularidad estatal, las 17 comunidades autónomas en bloque ignoraban su llamamiento para hacer lo propio con las casi 4.000 entidades del mismo tipo dependientes de sus respectivos virreinatos. Y ¿cómo se sostiene que, aun hoy, no se hayan desmantelado siquiera las empresas públicas y fundaciones montadas sin necesidad cierta por las comunidades autónomas y los ayuntamientos con déficit presupuestario que gobierna el propio PP…?

¿Y cómo se puede entender que en la actual situación de descalabro nacional una dirigente del PP como la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, convenga en mantener el sistema comarcal de su comunidad, con 32 consejos y gobiernos inoperantes, sólo para que su socio político, el PAR, siga empesebrando en ellos a 800 militantes…?

Pero las deslealtades de los gobiernos autonómicos y sus destructivas posiciones numantinas, van mucho más allá. Algunos otros políticos, electos pero verdaderamente impresentables, amenazan la estabilidad del Estado sublevándose contra las directrices de política económica y de control del despilfarro público. Ese es el caso del boicot a los planes del Gobierno para controlar el déficit que plantean los presidentes de la Generalitat de Catalunya, el provocador Artur Mas, y de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, jefe político de los chorizos de los EREs fraudulentos y consocio de los rateros asaltantes de supermercados en la gobernación autonómica.

Otros políticos periféricos, como el presidente de Canarias, Paulino Rivero, simplemente llevan sus amenazas a extremos de verdadera paranoia (“El Mundo” 06/08/2012): “Todos aquellos que aplauden al Gobierno por la supuesta audacia de los recortes están poniendo en la picota un modelo que ha costado muchos años levantar, que arrastrará a la marginalidad a un gran número de familias y que nos va a retrotraer 30 años”.

Una posición “revoltosa” que, claro está, olvida decisiones de despilfarro propio como la creación de una innecesaria Policía Canaria (a la que por cierto no recurre para detener a los pirómanos locales, exigiendo que lo haga la Guardia Civil estatal), la propagandista Televisión Canaria, el desastre de su monumental “burbuja inmobiliaria” o su cuota de infraestructuras faraónicas inútiles. Y que también oculta su absurda oposición a las prospecciones petrolíferas situadas a 60 kilómetros de sus costas, que de ser exitosas supondrían una inversión superior a los 12.000 millones de euros, la creación de 5.000 puestos de trabajo nuevos y una producción de crudo que conllevaría más de 3.000 millones de ingresos fiscales para el Gobierno de Canarias (el 30 por 100 de su presupuesto)…

Pero el cerrilismo autonómico no sólo se acompaña de derroches sin cuento, reclamaciones absurdas, pesebrismos políticos intolerables y vías ilimitadas de corrupción. Una de sus características más notable es la incapacidad general de gestionar su propio territorio y los presupuestos afectos con un mínimo de rigor y eficiencia, contrariando intereses y necesidades de los administrados tan vitales como la defensa del medioambiente (incluida la lucha contra los incendios forestales), la sostenibilidad del sistema sanitario y del educativo, la asistencia social, la promoción del empleo y el desarrollo económico…

Compitiendo absurdamente con otras administraciones (central y local) e intentando abarcarlo y duplicarlo o triplicarlo todo, las autonomías hacen mal casi todo. Sin especulaciones inmobiliarias, cajas de ahorro ni ideas sustitutivas que llevarse a la boca o al bolsillo, lo comprobado es que las taifas autonómicas carecen del management de gestión adecuado para convertirse en los mini-estados que sus líderes más provincianos quieren gobernar como fincas propias.

La inteligencia humana y la capacidad y disposición personal hacia el servicio público, deben derivar (y derivan) por cauces muy distintos a los de la pequeña política, que es la de las autonomías, convertidas en predios caciquiles envenenados y liderados por castas partidistas de quinto nivel. Un sistema sustentado por gentes y políticas de ambición mezquina, sin proyecto de Estado, que se asfixian en sí mismas.

Esa triste realidad es la que lleva a preguntarnos si las autonomías morirán o no “con las botas puestas”, como murió el 7º de Caballería en Little Bighorn, a manos de los guerreros de varias tribus indias comandados por “Caballo Loco” (Montana, 1876). En aquella situación, este sencillo jefe sioux tuvo bien poco que hacer para vencer a Custer (la verdad es que fue un militar cuestionado por politiquero): sólo dejar que el irracional y soberbio temperamento del “rostro pálido de largas cabelleras” le llevara a una muerte anunciado por el penoso planteamiento de su última batalla, dividiendo sus fuerzas y desoyendo el sensato consejo de sus compañeros de armas.

Lo inevitable es que el Estado de las Autonomías morirá más pronto que tarde, por fas o por nefas, y quizás lamentablemente masacrado como las tropas de Custer. Entre otras razones porque, aparte de la escasa capacidad y visión de sus valedores más conspicuos, también es un invento político mal planteado, divisionista y sin posible recorrido en el mundo actual, y menos todavía en el que se avecina.

De hecho, lo procedente sería acabar con las autonomías mediante una eutanasia política consensuada por los partidos mayoritarios, PSOE y PP, sin mayores torturas ni sufrimientos inútiles y evitando con ello una masacre similar a la de Little Bighorn. Pero para eso hace falta una inteligencia y una grandeza de miras que la actual clase política no tiene ni por asomo.

RAJOY, ENTRE “CABALLO LOCO” Y EL GENERAL CUSTER

La película dirigida por Raoul Walsh y protagonizada por Errol Flynn que hemos introducido en nuestros comentarios, “Murieron con las botas puestas”, permite hilar en efecto ciertas similitudes con la actual situación de las autonomías, aunque sean de interpretación variable.

¿Esta emotiva y alocada leyenda cinematográfica es comparable con el Estado de las Autonomías como leyenda histórica? Posiblemente sí; en ambas se confunden la idealidad y la realidad y ambas enmascaran a héroes y villanos en un contexto de intereses políticos y económicos oscuros, bajo amenazas de sangrientas violencias.

¿Representa la actual crisis económica el “Little Bighorn” del Estado de las Autonomías? Bien pudiera ser; sobre todo si éstas no cantan un mea culpa y rectifican su política ramplona y pesebrera de forma urgente, antes de que se consume el segundo rescate del país que tenemos a la vista.

¿La racionalidad guerrera de “Caballo Loco” (que supo aunar bajo su mando a todas las tribus indias del territorio) y la frialdad con la que cortaba las cabelleras de sus enemigos, es comparable a la actitud de los mercados frente al déficit público, el despilfarro autonómico y la sin razón de su existencia? Desde luego que sí.

¿Custer iba, como han ido las autonomías, exclusivamente “a lo suyo” (en busca de la gloria y el beneficio particular), despreciando intereses superiores? Por supuesto; incluyendo su propia masacre de indios en el río Washita y de sacrificar antes de forma gratuita, en la batalla de Hanover de la guerra de Secesión, todo un cuerpo de élite: la Brigada de Michigan…

¿Y qué papel tendría que jugar Rajoy en este simulacro comparativo? ¿El de “Caballo Loco”, que arregló dignamente su propia cuenta con la historia, o el del “general Custer”, que finalmente murió con sus botas de teniente coronel puestas y embarradas, con su preciosa cabellera arrancada y con más pena que gloria…?

Pero entre las dos opciones del presidente Rajoy para afrontar la batalla de la crisis económica (su personal Little Bighorn), ganarla sin piedad como “Caballo Loco” o sucumbir masacrado como Custer, porque él es quien se enfrenta directamente al problema y quien dispone de los medios para resolverlo, también cabría una postura inteligentemente disuasoria de males mayores. La de las medidas inmediatas que despoliticen las instituciones públicas, saneen el mal funcionamiento de los partidos políticos y repongan en todas sus vertientes la legitimidad del sistema democrático, calmando a los mercados que financian la deuda soberana y extirpando de raíz toda la podredumbre que hoy envuelve nuestro sistema de convivencia.

Una decisión que bien podría inspirarse en el diálogo previo a la escena de la batalla final de nuestra epopeya-guía. Cuando el perverso Sharp pregunta nervioso y temeroso a Custer “¿A dónde va el Regimiento?”, éste le responde: “Al infierno o a la Gloria. Es cuestión de puntos de vista…”.

Pues eso, que Rajoy se aplique el cuento, que ya es mayorcito.

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