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Mónica, una niña de tres años, natural de Dolores, tiene una plaza concedida y debería de haber iniciado su escolarización. Una traqueotomía, a la que se ve obligada debido a una malformación congénita, una hendidura laringo-traqueo esofágica y la negativa de la Consellería de Sanidad a conceder una enfermera para su supervisión durante las horas lectivas, aunque la ley contempla y da derecho a esta prestación, la figura de la enfermera escolar, le impiden pisar las aulas.

Después de  11 operaciones en su corta vida, Mónica se enfrenta  ahora a otra batalla, la de la burocracia, una batalla de límites autonómicos, luchando contra aquellos que prometieron protegerle y que, lejos de ello, impiden que pueda llevar la vida normal que le corresponde.

Una pequeña piedra puede acabar con su vida. “No hay margen de error, la cánula hay que cambiarla inmediatamente”, indica su padre, a las puertas del centro escolar, para hacernos comprender la gravedad del asunto.

La Consellería de Sanidad del Gobierno autonómico valenciano, ese mismo equipo de Gobierno que conocemos por sus titulares en los telediarios y sus paseos por los Tribunales de Justicia, ese mismo que ostenta cientos de asesores, cargos de confianza, coches oficiales, obras megalíticas… asegura que “sólo hay obligación de proporcionar enfermeras en centros especiales”. Un presupuesto que se contradice con la ley. Además, la  ley afirma que la niña ha de escolarizarse en un centro normal, dado que no presenta características para que no sea así. Su única discapacidad es que no puede hablar. Mónica se comunica con gestos.

Enseñar a un profesor de apoyo a tratar su traqueotomía”, otra flor de la Consellería. O darle plaza en un centro escolar cerca del centro de salud. Sin embargo, aseguran los padres, éste se encuentra a unos doscientos metros, “aunque la educadora saliese corriendo, la niña no llegaría al centro de salud. En dos, tres, cuatro, cinco minutos sin respirar te mueres. O te quedas con secuelas muy graves”. El planteamiento por parte del gobierno autonómico es en sí mismo un disparate.

Los padres han propuesto llevar a la niña media jornada, “podemos adaptarnos, escolarizándola durante medio día, para que la enfermera pueda realizar sus tareas por la tarde”. Es enternecedor que, mientras los padres muestran su total disponibilidad a la adaptación, incluso dispuestos a perder parte de los derechos que corresponden a su hija, el organismo que debería de facilitar la vida de sus ciudadanos, cumplir y hacer cumplir la ley, haga “mutis por el foro”, al más puro estilo república bananera made in spain.  .

El alcalde de Dolores, Hernández, asegura que tocará las puertas necesarias para que se cumplan los derechos de Mónica. Incluso se ha ofrecido a pagar desde la municipalidad, una enfermera que atienda a la niña. Algo que parece en principio harto difícil, debido a que la conselleria debe firmar una renuncia y autorizar al ayuntamiento a que contrate una enfermera escolar. “Actuaremos nos manifestaremos, exigiremos… Es un derecho que le corresponde. No se pueden dar golpes en el pecho por el derecho a la vida, y no hacer caso de la pequeña Mónica”, afirma.

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