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Nuevo episodio en la crisis pesquera entre Gibraltar y los marineros de la Bahía de Algeciras. La Royal Police Gibraltar (RPG) ha entregado al patrón del barco 'Divina Providencia' una citación judicial para que se persone en los juzgados de la colonia, el próximo 21 de septiembre, acusado de cuatro delitos.

Los hechos han ocurrido mientras que la embarcación, una de las que más acosos ha sufrido por parte de las autoridades llanitas durante los últimos meses, faenaba en las aguas que el gobierno de Picardo considera suyas.

La patrullera británica se acercó hasta la altura del barco pesquero y cuando se pensaba que se trataba de una maniobra de acoso para que abandonase la zona, uno de los agentes se ha dirigido al patrón y la he hecho entrega de un documento en el que se la indica que está acusado de cuatro delitos, según la normativa de la Roca.

Aunque no han trascendido los mismos, algunas fuentes indican que uno de ellos será, previsiblemente, el de la ocupación del territorio. No en vano, la embarcación española ha acudido, en numerosas ocasiones en solitario, al punto caliente de la crisis y ha protagonizado más de un episodio de tensión con los agentes británicos, en una ocasión incluso el pesquero y la patrullera se tocaron. Con ello, los colonialistas siguen expresando su intención de “hacer suyas” unas aguas territoriales que no les pertenecen según el propio Tratado de Utrecht, que deja bien claro que únicamente se ceden las aguas del puerto por lo que las demás aguas son de jurisdicción española, aunque Mr Picardo diga que son tres millas (o lo que se le ocurra en cada momento al pirata de turno).

Otro de los presuntos delitos podría ser el de “perjudicar” al medio ambiente de la colonia, algo también inaudito. Actualmente Gibraltar es el único puerto en Europa que permite el repostaje de combustible (bunkering) a barcos fondeados en la bahía de Algeciras, por lo que es de recochineo que a estas alturas HMG of Gibraltar aplique la designación de la Roca como una Zona de Conservación Especial (ZCE), de acuerdo con la Ley de Protección a la Naturaleza de 1991.

Una vez más se repite el ritual. Un Gobierno en silencio y sumiso dedicado a “recortar” la vida de los españoles y una ciudadanía harta que pide que se tomen medidas adecuadas contra la ocupación del Peñón, como cortar  de inmediato toda clase de suministros, comunicaciones y movimientos de personas y vehículos, así como otras de índole económico.

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