El presidente del FROB y subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, puso cifra a las pérdidas que el Estado sufrirá por el rescate de las cajas de ahorros: más de 40.000 millones de euros, cantidad que parece que el Gobierno no podrá recuperar de los 56.181 millones de euros de fondos públicos que inyectó durante la crisis del sector financiero.
Restoy, que compareció en la Comisión de Economía del Congreso, aseguró que hasta la fecha solo se han recuperado 3.092 millones de euros. De ellos, 1.884 millones de euros corresponden a la venta de Novacaixagalicia al grupo venezolano Banesco y a la devolución por parte de CaixaBank de la ayuda pública recibida por Banca Cívica tras la compra de esta entidad por el grupo que preside Isidro Fainé. A esta cifra hay que sumar las recuperaciones previstas a medio y corto plazo por la venta de Catalunya Banc a BBVA, la previsible devolución de los bonos contingentes convertibles (cocos) recibidos por Caja3 ahora en manos de Ibercaja, y de Ceiss, ahora integrada en Unicaja y la ya anunciada por Liberbank. Además, el grupo que preside José Ignacio Goirigolzarri tiene pendiente que BFA ingrese en el FROB los 1.304 millones obtenidos por la venta del 7,5% de Bankia el pasado año, de los que 136 millones son plusvalías.
A estas devoluciones habría que sumar, según explicó Restoy, la previsible venta del paquete del 62% que tiene el Estado en Bankia, que a precio de mercado del lunes estaría en torno a los 9.272 millones de euros (el valor de mercado del 100% de Bankia es de unos 15.000 millones) y la venta del paquete del FROB en BMN, cuyo valor teórico contable será de 1.593 millones de euros. El Estado recuperaría así casi 14.000 millones, cantidad que no cubre ni las ayudas totales de 22.424 millones concedidas a BFA-Bankia.
La venta de Catalunya Banc a BBVA y de la cartera de préstamos hipotecarios a Blackstone (cuyos ingresos están incluidos en la suma de los fondos públicos a recuperar) solo aportará un saldo positivo de 328 millones de euros, que deben restarse a los 12.000 millones de euros que la entidad catalana recibió en ayudas del Estado.
Restoy aprovechó su visita al Congreso para destacar que al final más de 300.000 clientes de las entidades nacionalizadas recuperarán el dinero invertido en participaciones preferentes y deuda subordinada, gracias al proceso de arbitraje impulsado por el Gobierno, lo que supone un 57% de los inversores minoristas que tenían derecho a estos procedimientos y un 72% de los solicitantes. Restoy, que también es subgobernador del Banco de España, destacó que el FROB ha seguido adelante en su denuncia de irregularidades y ha puesto como ejemplo que recientemente ha remitido a la Fiscalía un expediente sobre la extinción de contratos de la alta dirección de Catalunya Banc entre 2008 y 2009. Esta denuncia se suma a los 25 expedientes que el FROB ya envió al fiscal por operaciones inmobiliarias sospechosas de la misma entidad y de Novacaixagalicia, que habrían supuesto un perjuicio de algo más de 1.700 millones; y las supuestas irregularidades en los sueldos de la antigua cúpula de Bankia o las tarjetas black.
Sobre las críticas de algunos pequeños accionistas que reclaman que el FROB se retire como acusación en el caso Bankia, Restoy afirmó que el FROB se ha guiado en todo momento “por los mismos principios que han inspirado su estrategia en el resto de causas en los que está o ha estado involucrado: la contribución al esclarecimiento de los hechos y la defensa del interés público”.
Montan un “teatrillo” con Rodrigo Rato, detenido tras el registro de su vivienda en Madrid
El exvicepresidente del Gobierno, expresidente del Fondo Monetario Internacional, y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha sido detenido durante el registro de su vivienda en el número 33 de la calle Don Ramón de la Cruz, en el barrio de Salamanca de Madrid. Custodiado por numerosos agentes, Rato ha abandonado su domicilio poco después de las ocho de la tarde en un coche policial y ha sido trasladado al número 50 de la calle Castelló, a escasos 200 metros de su domicilio, donde tiene su despacho, para un nuevo registro.
La Fiscalía de Madrid, que ha actuado tras una denuncia presentada hace unos días por la Agencia Tributaria, según fuentes gubernamentales, ha instado a investigar a Rato por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Fuentes de la Agencia Tributaria señalan que “la actuación se está realizando por orden judicial, a petición de la Fiscalía”. Fuentes jurídicas precisan que el registro se produce con autorización del titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, en funciones de guardia hoy.
Las pesquisas, según las fuentes consultadas, afectan a Rato y a “otras personas”. Al frente del Juzgado 35 se encuentra un juez sustituto, Enrique de la Hoz. Otras fuentes, del propio Juzgado de Guardia, han trasladado a eldiario.es que De la Hoz ha decretado el secreto de las actuaciones.
Paralelamente a la detención de Rato, el Servicio de Vigilancia Aduanera también ha registrado un bufete de abogados de Sotogrande, en San Roque (Cádiz), en el marco de la investigación a Rato. Fuentes conocedoras de la investigación han confirmado a Europa Press que varios funcionarios realizan un registro en la tarde de este jueves en el bufete de abogados Plaza, del que han requisado “documentos y ordenadores”.
Las citadas fuentes puntualizan que el objetivo es averiguar si las relaciones entre el mencionado bufete y Rodrigo Rato “tienen que ver o no” con la investigación que se está desarrollando sobre éste por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
La orden llega después de trascender el pasado martes que Rato se acogió a la amnistía fiscal puesta en marcha por el Gobierno en 2012, y de que, esta mañana, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, confirmase que el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, investiga al exvicepresidente por posible blanqueo.
Rato está imputado ya por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en la causa sobre la fusión y la salida a Bolsa de Bankia y en la pieza separada en la que se analizan las ‘tarjetas black’ opacas al fisco en la que los exconsejeros de esta entidad y de Caja Madrid cargaron 15,5 millones de euros, informaron fuentes jurídicas.
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