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El pasado 27 de septiembre, Jorge de Esteban, reputado catedrático de Derecho Constitucional, publicaba en “El Mundo” un artículo desconcertante, titulado “El debate del Estado federal”. Inmersos en el maremágnum de la crisis económica, que tiene sus raíces en la crisis de la ética y la legitimidad políticas, el autor opinaba sobre la opción federalista que revolotea por la aturdida cabeza del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quizás azuzado por la crisis “identitaria” del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). Opción a la que los socialistas parecen agarrarse como a un clavo ardiendo, o como quien, para mitigar una jaqueca, ni corto ni perezoso decide arrancarse la cabeza.

La idea básica que transmite el profesor De Esteban, es que el Estado de las Autonomías ya es un tipo sui generis de Estado Federal y que, por tanto, no es posible adoptar lo que ya existe, como parece maquinar el PSOE. Pero puntualizando, además, que para conformar “un Estado federal pleno, y no parcialmente, como lo es ahora, es indispensable la reforma de la Constitución” (en lo que ambos estarían de acuerdo), y añadiendo que dicha reforma habría de suprimir sus actuales anomalías (la “asimetría”) y adelgazar la desproporcionada organización autonómica.

El articulista concluye su exposición precisamente apuntando al meollo de la cuestión. Es decir, abogando por una reforma constitucional, necesidad compartida por los analistas más conscientes del extremadamente grave problema institucional en el que estamos inmersos, pero planteada en dirección equivocada (y peligrosa) hacia un Estado Federal “simétrico”; algo por otra parte difícil de conseguir porque España es un país en sí mismo “diferencial” o “asimétrico”, tanto en el plano territorial como en términos históricos, económicos y culturales. Y ello con independencia de que esa pretendida “simetría igualitaria” no sea, ni mucho menos, el factor determinante del federalismo, dado que en la realidad jurídico-política, es decir en la práctica y no en la teoría, las competencias de los entes “federados” siempre pueden verse minoradas o llevadas a su mayor extremo, de lo que sobran ejemplos en los casi 30 Estados federales que contempla el ilustre catedrático.

Entre los comentarios suscitados por el artículo en cuestión, en el que Jorge de Esteban vuelve a insistir en su conocida reclamación de una urgente reforma constitucional (en eso acierta plenamente), destacan los de Luis María Anson, suscritos como miembro de la Real Academia Española. En su apoyo, concretado en forma de carta pública, destaca un párrafo explosivo:

(…) Lo más sagaz de tu artículo “El debate del Estado federal” es la denuncia que haces de la pusilanimidad del Partido Popular de Mariano Rajoy, incapaz de coger el toro de la crisis política por los pitones que cornean el cuerpo de España. El PP que, “absurdamente no desea ninguna reforma constitucional”, no se da cuenta de que “España se seguirá deslizando por un desfiladero que conduce al abismo, pues no hay futuro sin reformar lo antes posible la Constitución”. No puedo estar más de acuerdo. Desde hace varios años vengo diciendo que el régimen está agotado. O hacemos una reforma constitucional de fondo o tendremos revolución.

Nosotros, como otros muchos medios de opinión informada, también estamos de acuerdo con la urgencia de esa reforma constitucional (algo que reclamamos de forma permanente), orientada a reconducir el ahogado y agotado Estado de las Autonomías. Pero (¡¡atención!!) no hacia el Estado Federal “simétrico” (que es el que parece promover el profesor Jorge de Esteban), hoy por hoy tan gratuito como inviable, ni hacia el “asimétrico”, que sería una apuesta realmente incendiaria, sino hacia un Estado unitario y social-solidario, con toda la descentralización administrativa que pudiera convenir, pero sin duplicaciones o triplicaciones competenciales, aplicando en todos los sentidos y ámbitos administrativos los avances tecnológicos actuales, inexistentes y hasta impensables en el origen del Estado de las Autonomías.

Un Estado encajado sin fisuras, fraudes ni manipulaciones interpretativas, en el impecable Preámbulo de la vigente Carta Magna, llevado a su mejor expresión en el artículo 1.1 del Título Preliminar: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Ni más ni menos…, y reconduciendo, por supuesto, todas las derivas indeseables que se han ido incorporando en el desarrollo normativo del texto constitucional, sólo en razón de los espurios intereses partidistas, realimentados sobre todo por las formaciones mayoritarias (PP y PSOE), cuya constante deslealtad con el interés supremo de España es más que evidente.

Pero, ¿es posible que, a estas alturas de la historia de España, los políticos hayan perdido el norte de la esencia nacional sólo porque (dictaduras aparte) el régimen franquista la quisiera “una, grande y libre”…? ¿Es que, acaso, hay que compensar aquel déficit de “pluralidad” con un desmadre autonómico indeseado, tanto en su origen como en la actualidad, por la inmensa mayoría de los españoles, que además vienen reclamando sistemáticamente la igualdad de todos los pueblos y regiones de España? ¿Y por qué extraña razón han de imponer su criterio los que son menos a quienes son más…?

Sin ánimo reiterativo, ni tampoco exhaustivo, hemos de recordar algunas de las posiciones y comentarios que hemos venido incluyendo últimamente en nuestras Newsletters sobre el Estado de las Autonomías y sobre su relación inequívoca con la crítica e insostenible situación de la economía nacional. Dicho de otra forma, sobre la razón más profunda de la actual descomposición del Estado.

EL INSOPORTABLE LASTRE DEL JUEGO AUTONÓMICO

El pecado original que nos ha conducido a la actual crisis nacional, es decir el causal de todos los demás, es el del mal entendimiento de la política y del servicio público, en clara confusión con el “servirse de lo público”. Una impregnación deplorable, hoy por hoy acreditada y palpable en las más altas instituciones del Estado (en el entorno de la Corona, en el Tribunal Constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial, en la Policía…) y en la vida ciudadana cotidiana: por ejemplo, en la concesión y recepción de subvenciones públicas bastardas, en el ejercicio de la economía sumergida, en los ERE fraudulentos, en la prevaricación y el cohecho administrativo, en el falseamiento de la acción sindical... Y el otro gran pecado, que no deja de ser consecuencia directa de esa mal praxis política, es la gran mentira del Estado de las Autonomías.

Comentando los componentes de irreversibilidad que alimentan la crisis actual, todavía lamentablemente encubiertos en el debate político, ya hemos advertido que la cuestión de fondo es que los constituyentes de 1978, mal educados en el franquismo por activa o por pasiva, no dejaron el problema de las Autonomías “atado y bien atado”, sino totalmente “desatado”. Gracias a esa imprevisión, que no supo limitar su desarrollo en fondo y forma, fueron tomando cuerpo creciente los desmanes presupuestarios, consolidándose al mismo tiempo el despropósito político-financiero de las cajas de ahorros; dejando además vías abiertas para que en las legislaturas sucesivas el “café para todos” inicial, se acompañara de puros, licores y pastelería al gusto, en régimen de “barra libre”…

Ya vimos como el pasado 10 de abril, Esperanza Aguirre, a la sazón presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y ahora pasada a mejor vida política (¿acaso por su “rebeldía” política?), expuso al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, la urgente necesidad de reconducir a la Administración Central del Estado al menos las competencias transferidas en materia de Educación, Sanidad y Justicia, aunque quedarían otras muchas por recuperar o blindar estatalmente (relaciones internacionales, normativas comerciales, puertos y aeropuertos de interés general, control y autorización de referéndums, seguridad pública nacional…). Con ello, le marcaba un verdadero cambio de rumbo, desoído de forma tan soberbia como estúpida, para atajar el desmadre económico de “carta a los Reyes Magos” al que se ha llegado por el irresponsable comportamiento político conjunto del PP y del PSOE, en orden por supuesto a la normalización del Estado en términos organizativos, funcionales y sobre todo presupuestarios.

Pero es que, aun con todo tipo de resistencias por parte de la clase política (a la que, cosa grave, cada vez se identifica más como “casta política), esa exigencia reformadora crece intensamente. Día a día, han venido aumentando las personas documentadas que advierten sobre la nefasta deriva por la que discurre el Estado de las Autonomías.

Una de las que, como ya hemos comentado, no deja de reiterarse en lo dicho de forma periódica, es la del mismo Jorge de Esteban citado al inicio de esta Newsletter, quien en otro expresivo artículo de opinión titulado “¿Qué hacemos con las autonomías?” (“El Mundo” 19/04/2012) sostenía que, más allá de lo demandado por Esperanza Aguirre al presidente Rajoy, “hay que reformar ya la Constitución para fijar con exactitud las competencias del Estado y de las regiones”. 

Otra voz autorizada, la de Roberto Centeno, catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid, sostiene la misma tesis, pero apoyada por la incidencia de las autonomías en el gasto superfluo y el déficit público. Su acertada “Carta a la Sra. Merkel: exija el fin de las autonomías” (25/06/2012), en su momento reproducida en esta misma web, ha tenido una difusión extraordinaria dentro y fuera de la Red, conectando con los sentimientos más profundos de una ciudadanía que se muestra cada vez más encrespada por los desmanes y la falta de lealtad de los partidos políticos, justo en contra de las mismas bases sociales a las que pretenden representar.  

El profesor Centeno se lo contó con pelos y señales a Ángela Merkel y nosotros se lo recordamos a nuestros lectores: 

(…) A día de hoy, el déficit de las regiones y ayuntamientos asciende a unos 5.000 millones de euros mensuales, y está siendo cubierto por el Gobierno con supuestos “adelantos presupuestarios”, supuestos porque jamás serán devueltos, lo que ha elevado el déficit del Estado en un 50% hasta abril, equivalente al 10% del PIB en términos anualizados”…

(…) Para ellos [los políticos] son más importantes sus ventajas partidistas y personales que los intereses de la nación, lo que les lleva a mantener a toda costa un modelo de Estado cuyo nivel de despilfarro y de corrupción nos conduce a la ruina…

(…) Primero colocaron a decenas de miles, luego a cientos de miles y hoy totalizandos millones de empleados públicos nombrados a dedo --causa principal del brutal nivel de desempleo, ya que en España cada empleo público destruye 2,8 puestos en el sector privado-- y donde para no tener que dar explicaciones a nadie crearían hasta 3.000 empresas públicas, la gran tapadera del despilfarro, una inmensa telaraña de ocultación de deuda y corrupción, empleando a 400.000 personas amigas y con sueldos un 35% superiores a la media del sector privado…

(…) Es por ello Sra. Canciller, que como única persona que está hoy en condiciones de ayudar al pueblo español, me dirijo a Ud. para pedirla que antes de la intervención exija en su lugar la supresión la locura económica que implica la actual administración autonómica y local. La eliminación de un gasto inútil de 120.000 millones de euros anuales, permitiría reducir el endeudamiento y crear empleo significativamente en relativamente poco tiempo, mientras que la alternativa conllevaría una brutal deflación interna con unas consecuencias económica y socialmente devastadoras. Un sufrimiento casi inimaginable para los españoles actuales y futuros, para mantener los privilegios de una oligarquía política parasitaria y corrupta.

En relación con esas exigencias reformistas, sustanciales e inteligentes pero hasta ahora en verdad inéditas, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, un hombre esencialmente tranquilo y ponderado, también advirtió, y no importa repetirlo, que el traspaso de las competencias de Justicia a las autonomías fue un error, mostrándose partidario de que vuelvan al Estado.

Respondiendo a la pregunta que le formuló uno de los asistentes al curso sobre Justicia y Economía organizado por la Universidad de Verano Rey Juan Carlos en Aranjuez (02/07/2012), Torres Dulce afirmó: “Si somos un Estado Federal, somos un Estado Federal, pero tenemos los inconvenientes de un Estado Federal y ninguna de las ventajas, como sucede en el actual desarrollo del Estado de las Autonomías”. Y, con el dedo puesto en la llaga del actual modelo político, puntualizó: “Un Estado en el que no haya un núcleo importante en Justicia, Sanidad y Educación difícilmente podrá funcionar”.

La necesidad de refundar el Estado (sin la manipulación social subyacente en la Transición), particularmente en lo relativo a su actual organización autonómica, a la independencia de los poderes básicos que caracterizan la democracia (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y al sistema electoral y de partidos políticos, es tan obvia y urgente que sólo los déspotas y marrulleros de la política pueden dejar de admitirla. Y, precisamente por eso, está meridianamente claro que para acometer tal tarea histórica, se necesita una clase política más patriótica, más inteligente y más honrada que la que tenemos.

Esta es una desagradable cuestión que tendrá un mal recorrido de forma inevitable, duro y con consecuencias impredecibles, porque no parece que los actuales líderes y aparatos partidistas (que todo lo impregnan y contaminan) quieran apearse de la ahogada y también agotada burra autonómica, ni suprimir los incontables pesebres en los que alimentan a su correspondiente canalla de afiliados “chupa-jornales”, salvo excepciones muy contadas que tampoco se plantan como tendrían que plantarse. Incluso los hay (en el PP y en el PSOE) que quieren más y más de lo mismo. 

Otros, situados todavía algo más abajo en la escala de la racionalidad política y social, como los ultra nacionalistas vascos y catalanes, sin duda provincianos y acomplejados, incluso presumen de incumplir la legalidad constitucional, rechazan sólo porque sí cualquier tipo de política nacional, imponen inmersiones lingüísticas extemporáneas, amenazan con celebrar referéndums independentistas y practican la patochada política allí donde tienen la menor ocasión, incluidos los partidos de fútbol tele-trasmitidos a medio mundo… Por supuesto, sin considerar, ni por asomo, que tarde o temprano terminarán encontrando la verdadera horma de su zapato. 

De momento, la lucha contra la actual crisis político-financiera, española y europea, se está encauzando, por si alguien todavía no lo sabe, en términos de “más euro” y “más Europa”, es decir “menos España” y “menos autonomías”. Y, a pesar del respiro que pueda dar a nuestra crisis particular el “rescate financiero” concedido al Gobierno español por sus socios del Eurogrupo (todavía por sustanciar), quienes seguirán marcando los pasos, los tiempos y la letra de esa maldita “cuchufleta nacional” en la que todos estamos inmersos, serán los mercados, pese a quien pese. 

No conviene dudarlo: los mercados (no los políticos arrogantes y despóticos) pagan la orquesta del “rescate” y, en consecuencia, eligen la partitura. Por eso, como el Gobierno siga tonteando con la desactivación económica y el derroche presupuestario, condicionado por el insoportable lastre del juego autonómico, volverán a golpear con fuerza sobre nuestra deuda soberana, cada vez que proceda o les convenga.

De la “marca España” y de los inútiles intentos para promocionarla en el exterior, sin desprender previamente al país del orín y la podredumbre político-institucional que lo envuelven, hablaremos en otra ocasión... De momento, baste decir que el papel jugado en este terreno por el presidente Rajoy, y peor todavía por el Jefe del Estado, estando las cosas como están (España emporcada y sin barrer), no deja de parecer profesionalmente baldío y hasta grotesco… 

EL SEGUNDO RESCATE Y LA REFORMA DE LAS AUTONOMÍAS

De hecho, a pesar de que Rajoy y Rubalcaba hayan vendido como un gran éxito político la chafarrinada del “rescate financiero”, sin que conozcamos siquiera las condiciones impuestas por el prestamista (que sin duda serán de tener en cuenta), ni quienes la soportarán como últimos sufridores, los bonos de la deuda soberana (a punto de convertirse en “bonos basura”) siguen, y seguirán, cotizándose con tipos de interés insostenibles. 

Del déficit público y del desequilibrio fiscal, y de su relación con el PIB (en caída de momento imparable), es mejor no hablar; y del crecimiento de las diferencias sociales y del nivel general de pobreza, galopante, todavía menos. Los medios informativos convencionales dan cuenta continuada del desastre propiciado por el vampirismo de nuestra organización política y presupuestaria, realimentando una espiral implosiva de la economía que poco a poco, pero cada vez con más fuerza, nos introduce en un pozo sin fondo. Una lamentable y ya intolerable praxis que, a ojos ciegos y oídos sordos de las más altas magistraturas del Estado, está destruyendo España a golpes de taifas, saqueos, bandidajes y torpezas políticas reiteradas día a día, sin que nadie, del rey abajo ninguno, les quiera poner coto. 

Paréntesis: Al día de la fecha, las Administraciones Públicas ocupan nada más y nada menos que a 3.104.100 personas, lo que supone el 17,8 por 100 del total de puestos de trabajo, detraídos de la economía productiva. A pesar de la normalización funcional y los avances tecnológicos introducidos en la Administración Pública, que lógicamente deberían haber mejorado la productividad funcionarial, dicha plantilla ha registrado un aumento de 440.000 personas en los últimos diez años.

En esta dinámica política, económica y social, de auténtica ruina nacional, hay que añadir, por supuesto, las demoledoras e insalvables cifras del desempleo; la fuga acelerada de capital extranjero (y nacional), con un reflejo negativo claro sobre la actividad económica y la financiación de la deuda pública; el sobrecosto del sistema político autonómico; el continuo desprestigio de las instituciones del Estado… En fin, toda una serie de circunstancias peyorativas que, sin el menor ánimo agorero, conducen de forma inevitable al colapso económico-financiero y a un segundo rescate con mayúsculas, absolutamente necesario aunque tenga consecuencias mucho más dramáticas que el primero… 

Pero la gestión del rescate español en una segunda fase de “rescate total”, más allá del implementado en el ámbito financiero, necesidad hoy por hoy más que evidente a pesar del “despiste” y la remisión de Rajoy para solicitarlo, e incluso para “exigirlo” ante los socios europeos como última y única posibilidad de evitar la bancarrota nacional (porque hay en el Eurogrupo quienes nos lo niegan de forma cautelosa), será el momento clave en el que el nefasto artificio de las Comunidades Autónomas habrá de saltar por los aires, quiérase o no. Atentos al caso, porque esa vía podría exigir la reforma radical de la organización política y administrativa de España que no se quiere abordar de forma más natural y precavida, forzando una obligada modificación de la Carta Magna a trallazos…

Nadie, con dos dedos de frente, puede negar ya que la crisis ha ahogado y agotado su principal origen causal: el Estado de las Autonomías. Cada vez hay menos dudas, por supuesto también fuera de España, de que nuestra clase política sigue enrocada en unas prácticas (tanto del Gobierno como de la oposición) absolutamente impresentables, que están destruyendo el país y que, sin quererse reconocer, nos avocan trágicamente a la desestabilización absoluta: económica, política y social.

Por eso, ha llegado el momento de contemplar algunos aspectos de nuestro modelo de Estado, absurdamente blindados por la Constitución, que están siendo obviados o ignorados por el Gobierno de forma peligrosa; error en el que ha caído por la doble vía de no comprender el alcance real del problema y del secretismo de sus omnímodas actuaciones políticas (de inquebrantable adhesión por los demás). Y ello con independencia de las condiciones de los “rescates” (primero, segundo y los que puedan seguir) y de las imposiciones que conlleven sobre la política económica de España, de fácil seguimiento en el día a día informativo.

EL “NUDO GORDIANO” CONSTITUCIONAL

En definitiva, estamos hablando del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones del Estado (refrendado por las leyes orgánicas que establecen cada uno de los estatutos de autonomía) y del incuestionable principio de soberanía nacional que, por otra parte, titulariza nuestra Carta Magna. Pero ambas circunstancias chocan con la forma instrumental de los “rescates” (sean los que fueren) y con la consiguiente “intervención” de las autoridades europeas.

Este proceso de “más Europa” y “menos España”, colisiona con el espíritu y la letra “autonómicas” del texto constitucional; sin entrar a valorar en estos momentos su conveniencia o inconveniencia política. Por ello, sorprende sobremanera que la decisión del llamado “rescate financiero”, vinculado por supuesto a una cesión de soberanía en el ámbito macroeconómico, no se haya sometido o no se vaya a someter, cuando menos, a la autorización mediante ley orgánica que establece el artículo 93 CE, referente obligado para la celebración de tratados que puedan atribuir a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución Española. Y, más todavía, que nadie plantee lo propio de cara al segundo rescate (el “rescate total”).

Aquí, lo del “yo me lo guiso y yo me lo como”, lo de la chapuza normativa o lo de los “fraudes de ley”, que son prácticas más que habituales de nuestra clase política, no servirá. Y el acuerdo conchabado entre Rajoy y Rubalcaba, tampoco. El rescate del sistema bancario y su condicionalidad (como cualquiera otro) se tendrían que haber planteado y debatido en el Parlamento con luz y taquígrafos, siendo aprobado, en su caso, como ley orgánica, es decir con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

Éste, debería ser un trámite parlamentario insoslayable, simplemente por la trascendencia política que en sí mismo tiene todo “rescate/intervención”. Pero también porque prácticamente todas y cada una de las medidas que está imponiendo el Gobierno (y las que impondrá), nada tienen que ver con el programa electoral previo del PP, ni con las promesas que le permitieron alcanzar la mayoría absoluta en los comicios del 20-N.

El “rescate” (con todo el adorno semántico con el que se quiera maquillar) comporta un importante paquete de medidas sobrevenidas de gran trascendencia en la vida nacional que, como tales, requieren al menos un debate de transparencia, sin que en modo alguno ello impida a priori su validación política. Porque, si en una situación de tan extrema gravedad como la presente, se prescinde del Congreso de los Diputados de forma tan gratuita, ¿para qué puede servir entonces la institución parlamentaria…?

Pero, volviendo a la irracionalidad del proceso, es que, además, el Gobierno de la Nación tampoco puede imponer a las comunidades autónomas decisiones derivadas del rescate del sistema financiero, sin disponer para ello de suficiente título competencial o contraviniendo lo establecido en sus respectivos estatutos de autonomía. De hecho, hay autonomías, incluso gobernadas por el PP, que, con la ley en la mano y a fuer de poder quebrar económicamente, no dejan de mostrar su sonora indisciplina ante las “llamadas de atención” gubernamentales...

La realidad, es que la condicionalidad del denominado “rescate”, se adjetive como se adjetive, o más en concreto la intervención y la cesión de soberanía que conlleva, tienen muy mal ajuste y cabida constitucional. El problema se querrá ver o no ver, pero ahí está, sin que se pueda evitar el tremendo coste político de su mala gestión.

LA NECESIDAD DE UN “GOLPE DE TIMÓN” REFORMISTA

Por eso, ya advertimos también en su momento que el “rescate real” (que es en el que estamos), no el “rescate de favor” pretendido por el presidente Rajoy, obligaría tarde o temprano a una reforma constitucional. Entre otras cosas, para reconducir el Estado de las Autonomías hacia la racionalidad política y la realidad europea: ignorar esta evidencia será volver al “ejercicio de tinieblas” de otros tiempos, con todas sus consecuencias.

Pero, ¿quién le pone ahora el cascabel al gato de las autonomías? Porque, aun cuando la ciudadanía las rechaza de forma mayoritaria, la actual clase política, provinciana y pesebrera, va afanadamente a lo suyo y defenderá los predios caciquiles con uñas y dientes.

Carente Rajoy, aún con mayoría absoluta, de arrestos políticos para liquidar el Estado de las Autonomías (o al menos para comprimirlo), que como todo el mundo sabe (otra cosa es reconocerlo) es el cáncer que corroe España, habrá que esperar para eliminar esa gangrena territorial a una intervención del país por parte de las autoridades europeas, a la consecuente disolución de las Cortes Generales y al inicio de una legislatura constituyente, por mucho que eso asuste a la Corona. Un proceso que, al final, quizás sea el que nos pueda salvar del naufragio histórico en el que estamos inmersos, recuperándonos para la Europa armónica y con futuro, frente al caos nacional realimentado con el “café para todos” mal inventado en el proceso sucesorio del régimen franquista.

La idea que tuvieron los constituyentes de alumbrar, sin duda en un momento ciertamente crucial de nuestra historia, las nuevas taifas autonómicas de España para que la unidad y permanencia del Estado quedara simbolizada en la Corona, ha fracasado. Por eso, la actual coyuntura de crisis, con los problemas que arrastra, no deja de ser un momento procedente para que Gobierno y Oposición convinieran la creación de una “Comisión de Sabios” encargada de estudiar (ya con urgencia) una reforma constitucional adecuada a las necesidades del momento y a la nueva realidad política, económica y social más inmediata.

El “golpe de timón” reformador de las autonomías, es una clara exigencia para la supervivencia y continuidad del actual Estado social y democrático de Derecho, incluida la Monarquía Parlamentaria. Como ha visto y escrito Luis María Anson (“O hacemos una reforma constitucional de fondo o tendremos revolución”), y como de forma insistente están advirtiendo a la clase política las cabezas pensantes más lúcidas del país, si no se conviene ese necesario “golpe de timón” (formulación típica en la historia de la convivencia nacional) la alternativa más probable no será otra que un régimen populista, probablemente con la Corona puesta de montera.

En política (lo hemos dicho en otras ocasiones), la ocultación, la negación y hasta la mentira, están a la orden del día, pero, con ser repudiables, tampoco son irrevocables. Mucho más pernicioso que este conjunto de debilidades, es el error y la equivocación, porque conducen al fracaso de forma irremisible.

A Mariano Rajoy, que en relación con la crisis también ha ocultado, negado y mentido sin cuento, lo que más hay que reprocharle es el haberse equivocado con el tratamiento de paños calientes y tardanzas adoptado para afrontarla, y que en menos de un año nos ha introducido de forma definitiva en un pozo mucho más oscuro y profundo de lo que puedan pensar la mayoría de los ciudadanos. El último Barómetro de Metroscopia (“El País” 08/10/2012) ya le pasa la triste factura de una pésima valoración social, incluso por parte de sus votantes y peor aun que la de sus ministros más negados (Jorge Fernández Díaz, Fátima Báñez, Cristóbal Montoro y José Ignacio Wert), que ya es decir.

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