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La deuda conjunta de Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Comunidad Valenciana supera los 105.000 millones de euros. Un agujero brutal que no les impidió sacar de sus cuentas más de 700 millones en 2011 para financiar sus deficitarias televisiones autonómicas. La Generalitat catalana, confiada a sucesivas emisiones de bonos patrióticos para repagar su deuda, no tuvo reparo en subvencionar la suya con más de 278 millones de euros. Se lleva la palma. La ley aprobada por el PP que permite privatizar las cadenas terminará utilizándose por los gobiernos regionales para externalizar determinados servicios. En el fondo, nadie parece dispuesto a renunciar a tan codiciado altavoz político. Que bajen la persiana es una utopía.

Los datos asustan. Telemadrid perdió 116,82 millones el año pasado, montante que el Ejecutivo regional se compromete a cubrir para garantizar la continuidad de la cadena. En esta línea, Radiotelevisión Valenciana (Canal 9) arrojó un saldo negativo de 136,84 millones, si bien el Gobierno valenciano sólo destinó una partida de 77,2 millones para compensarlo y tendrá que afrontar el agujero extra en posteriores ejercicios. Por su parte, José Antonio Griñán y Patxi López otorgan a Canal Sur y ETB subvenciones de explotación por valor de 121,46 y 111,14 millones, respectivamente. Sumas que no les alcanzan, en tanto registraron pérdidas adicionales de 22,48 y 5,64 millones. Un auténtico pozo sin fondo.

Apenas un vistazo a las cuentas de las diferentes cadenas públicas explica porque los números no salen. Y el problema es de origen, en tanto solo los gastos de personal con los que parten duplican la facturación anual. Sin la subvención, la nada. Las cinco televisiones pagaron a sus profesionales el año pasado un total de 327,91 millones de euros, mientras que la cifra de negocio conjunta se quedó en 177,32 millones. TV3 mantuvo una plantilla media en el ejercicio de 2.000 personas, incluso por encima de los 1.959 trabajadores que manejó en 2010. Grupos como Telecinco o Antena 3, que gestionan siete canales tras absorber Cuatro y La Sexta, respectivamente, no se acercan ni de lejos a los mil trabajadores.

De hecho, las privatizaciones no sólo chocan con el interés político de los gobiernos regionales, sino con unas empresas que en 2010 contaban en sus filas con casi 11.000 profesionales. “Para entrar, es imprescindible que se adelgace la estructura y que se reconozca la deuda. A partir de ahí, se podrán producir informativos y programas cultural-divulgativos”, aseguraba recientemente Raúl Berdonés, fundador de Secuoya, uno de los grupos mejor colocados para el proceso tras su acuerdo con N+1. Telemadrid y Canal 9 tienen en marcha sendos expedientes de regulación de empleo. En el primer caso, saldrán de la sociedad entre 700 y 800 trabadores; en el segundo, 1.200. En ambos casos se elimina el 70% de la plantilla.

Auditorías olvidadas

Las auditorias no han permanecido en silencio ante un modelo deficitario que obliga a la mayoría de cadenas a afrontar quiebras técnicas anuales, de las que sólo pueden salir con financiación adicional del gobierno regional de turno. “Como consecuencia de las pérdidas incurridas –reza el informe de KPMG a las últimas cuentas de Telemadrid-, el patrimonio neto de la sociedad a 31 de diciembre de 2011 resulta negativo en un importe de 99.574.746 euros (85.768.116 euros al 31 de diciembre de 2010) y consecuentemente, inferior a la mitad de la cifra de capital social, por lo que, de acuerdo, con el artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, está en causa de disolución”.

Eso sí, la empresa argumenta que “no existe duda en cuanto a la continuidad de las operaciones de la sociedad, dado que el Accionista Único ha expresado por escrito (…) su compromiso de apoyar financiera y patrimonialmente a la sociedad para que pueda ejercer sus actividades con normalidad”. Un patrón que se repite con Canal Sur o con la Radiotelevisión Valenciana. En este último caso, Ernst&Young cuestiona la capacidad de la sociedad para sobrevivir, en tanto “existen incertidumbres significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar su actividad y para realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con que figuran en las cuentas anuales adjuntas”. Incluso la ETB vasca admite que necesita el “apoyo financiero explícito” del Gobierno vasco para restituir su situación patrimonial.

En algunos casos, esas estrecheces han afectado decisivamente al pago a proveedores. Por ejemplo, en el caso de la Televisió de Catalunya el plazo medio de los pagos que han excedido el límite legal se sitúa en 351 días, casi un año. Es más, de los desembolsos efectuados en el ejercicio, que ascendieron a 264,1 millones, un total de 79,67 millones se abonaron fuera de los plazos que estipula la legislación. Todo un indicativo de los problemas de tesorería que atraviesa la casa, y sobre los que no tiene en exclusividad. Canal Nou admite que debe a corto plazo a proveedores la friolera de 160,91 millones de euros. Incluso reconoce que los aplazamientos en los pagos que sobrepasan el plazo legal alcanzan un importe de 117,24 millones. Unas cargas que contrastan con las cuentas a cobrar a corto, que apenas suponen 23,09 millones.

Con estos números, ¿cierre o privatización? “Muchas ya no están a tiempo para llevar a cabo procesos de este tipo –se asegura desde una televisión-. Están abocadas a cerrar. Nunca ha habido un mercado publicitario regional. Sólo lo hay nacional, y en estos tiempos apenas llega para Telecinco y Antena 3. Es lo que hay”. Un ejecutivo del sector, más moderado, se limita a apuntar que están en peligro de extinción: “Lo que la gente quiere ver vale dinero. Y de lo que se está hablando es prácticamente de desguazarlas. Hablamos de audiencias muy bajas. Y de un negocio de márgenes muy pequeños. Para que sobrevivan, habrá que aceptar ese cambio de modelo y acometer EREs brutales. Hacer televisiones con 25 personas, como si de delegaciones se tratara. ¿Qué empresa privada va a entrar en esos canales si no?”.

Fuente: Elconfidencial.com

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